Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 69983
C-69 .983 /IV
Registro nro 1217 Año 2020
En la ciudad de La Plata, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Fernando Luís María Mancini, para resolver el presente recurso de casación interpuesto en favor de FABIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ JARA en la presente Causa N º 69.983 de trámite ante este Tribunal; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI – BUDIÑO.
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de la remisión dispuesta por la SCJBA para que esta Alzada se expida respecto de la procedencia del recurso de casación articulado en favor de Fabián Andrés González Jara, tras la anulación (por falta de fundamentación suficiente) de la sentencia dictada por esta misma Sala IV con fecha 27 de octubre de 2015.
Efectuadas las vistas correspondientes este tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Mancini dijo:
I. En lo que resulta pertinente destacar, el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial Morón resolvió el 10 de febrero de 2005 el sobreseimiento de Fabián Andrés González Jara, en virtud de las previsiones del art. 34 inc. 1º del Código Penal, en orden a los delitos de homicidio simple y lesiones leves por los que venía imputado.
A partir de esa base fáctica, y tras sobreseer al causante, el Juez Garante interviniente, tomando en consideración –entre otros elementos- el dictamen practicado por la médica psiquiatra de la oficina pericial departamental y el informe del médico policía doctor Gallego, mantuvo la internación de González Jara en la Unidad Nº 34, cumplida desde el 7 de noviembre de 2004.
Frente a ello, la defensa de González Jara solicitó el 21 de agosto de 2014 la cuantificación de la medida de seguridad impuesta (invocando para ello el precedente “Antuña” de la CSJN), a resultas de lo cual el 10 de febrero de 2015 el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial Morón resolvió fijar el tope máximo de la medida de seguridad en 26 años, teniendo en consideración la pena máxima establecida en abstracto para el concurso real conformado por los delitos de homicidio simple y lesiones leves.
Esa decisión fue confirmada por este Tribunal de Casación con fecha 27 de octubre de 2015, en un pronunciamiento que fue finalmente anulado por sentencia de la SCJBA en la que se dispuso el reenvío que motiva el dictado de este fallo.
En efecto, el Superior Tribunal provincial, el 8 de mayo de 2019, dictó sentencia disponiendo: “I. Por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial, y en consecuencia, se descalifica el pronunciamiento en crisis por falta de fundamentación suficiente que lo respalde y, se remite –con carácter urgente- el presente expediente a la instancia de grado a efectos que se decida lo que por derecho corresponda. II. Asimismo, con igual carácter, se realice por parte de la autoridad pertinente –y con el auxilio de peritos si fuere menester, arts. 517 del Código Procesal Penal y 34 inc. 1 del Código Penal- un detallado informe científico sobre el estado psicofísico de Fabián Andrés González Jara: con diagnóstico de su enfermedad, pronóstico y tratamiento dispensado, y particularmente sus condiciones de internación, con expresa observación de las pautas y principios relevados en el presente pronunciamiento. Se indique, en su caso, lo que corresponda acerca de la conveniencia o no de su internación y modalidad, o cualquier alternativa que se considere de aplicación de acuerdo a las pautas de la Ley Nacional de Salud Mental (ley 26.657), a fin de que el juez penal, en el marco de su competencia (arts. 34 inc. 1º, Cód. Penal; 24, ley 12.256; 23, ley 26.657), y a tenor de las observaciones aquí expuestas, decida lo pertinente respecto de la situación del interno (doctr. art. 496 y concs., CPP). ”
Luego, y remitida la causa a esta sede, el 19 de diciembre de 2019, la Sala IV del Tribunal de Casación dictó una resolución que, acatando lo dispuesto en el punto II de la sentencia de la SCJBA a la que se aludió en el párrafo anterior, dispuso la remisión del expediente a primera instancia para que se dé cumplimiento a lo allí dispuesto, con carácter de muy urgente.
Dicho trámite, llevado adelante por el a quo , demandó casi la totalidad del año 2020, frente a las dificultades de materializarlo en el contexto de la Pandemia por Covid-19 (ver fs. 285, 289, 379, etc.) y frente a la negativa del causante González Jara de someterse a las pericias pertinentes (ver fs. 290, 380, entre otras).
A fs. 380/381 obra el informe de fecha 11 de septiembre de 2020 emitido por los Peritos Médicos Psiquiatras Oficiales, de la Oficina Pericial del Departamento Judicial Morón, Dres. Stella Maris Hertel y Remo R. Mandrile, donde se informó que "...en dos oportunidades y dentro las limitaciones impuestas por la cuarentena debido a la pandemia f COVID-19, se trato de examinar al interno de la Unidad 34 de Melchor Romero, González Jara Fabián, a través del sistema Informático TEAMS, con resultado negativo, el mismo se negó rotundamente a ser evaluado psiquiátricamente en las dos oportunidades" (sic). En razón de ello sostuvieron los peritos que, ante "la necesidad de responder a V.S." se procedió al "análisis médico de los informes emitidos por el Servicio Penitenciario obrantes en el expediente", los cuales reseñaron para finalmente concluir que González Jara " es un enfermo mental crónico, con diagnóstico de Esquizofrenia. No impresiona esta grave patología psiquiátrica estar curada, ni el enfermo estar recuperado, siendo un alienado mental, que intrínsecamente, por el diagnostico que el Servicio Penitenciario confeccionara, posee índices médicos de peligrosidad, por lo que no se encuentra bajo el punto de vista psiquiátrico en condiciones de ser dado de alta medica " (sic).
Como consecuencia de la emisión de dicho informe, a fs. 384/386 el Sr. Defensor General Adjunto del Departamento Judicial Morón, con fecha 21 de septiembre de 2020 presentó un escrito donde solicitó un nuevo examen médico integral por entender que el informe de fs. 380/381 " no abastece los términos del Protocolo establecido por la SCBA mediante la Res. 2914/19, por lo que corresponde la realización de un nuevo estudio ". Allí, el letrado concluyó en cuanto a la necesidad de llevar a cabo una "junta médica especializada", con el involucramiento de " todos los actores ligados a la situación de quien patrocino " y " las demás especialidades previstas en la Ley de Salud Mental ".
Con fecha 3 de diciembre de 2020 los autos fueron devueltos desde la instancia de origen, a esta Sala IV del Tribunal de Casación Penal (ver fs. 401 de este legajo) y tras ello se agregaron las actuaciones que estaban reservadas en secretaría, entre las que corresponde ahora destacar un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presentado el 5 de febrero de 2020 por el Sr. Defensor de Casación, doctor Mario Luis Coriolano, contra la resolución de esta Sala dictada el 19 de diciembre de 2019 por la que se había dispuesto la remisión del expediente a primera instancia, ocasión en la que el letrado peticiona al Máximo Tribunal provincial que anulen ese pronunciamiento y reenvíen los autos a esta sede casatoria para que se " cumpla con lo dispuesto por la Excma. Corte en P. 126.897 ".
Finalmente, también fue adunado un escrito presentado por el Dr. Coriolano con fecha 9 de octubre de 2020 donde, peticiona que esta Sala resuelva el recurso de casación oportunamente deducido en favor de Fabián González Jara.
Tales los antecedentes más relevantes de lo acaecido en el expediente, previo al dictado de este pronunciamiento.
Así las cosas, corresponde ahora que me expida de conformidad con la impugnación presentada por la defensa contra el fallo de primera instancia.
II. A fs. 42/46 de este legajo obra el recurso de casación que oportunamente presentara el Sr. Defensor General Adjunto del Departamento Judicial Morón, Dr. Gustavo Giachino, en favor de Fabián Andrés González Jara.
El defensor planteó, básicamente, una falta de motivación en la sentencia cuestionada a la hora de fijar el plazo máximo de duración de la medida de seguridad dispuesta respecto de su asistido, denunciando la violación de los artículos 18 de la CN, 171 de la Const. Provincial y 106 del CPP. En función de ello sostuvo que debería declararse la nulidad del pronunciamiento y disponerse una nueva cuantificación de la medida de seguridad, de conformidad con la doctrina emergente del fallo de la CSJN "Antuña".
Por su parte, el Sr. Defensor Adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, en su presentación de fs. 53/54, acompañó en todo la presentación efectuada por el colega que lo precedió en la instancia, solicitando que se declare admisible y procedente el recurso.
A la par, rememorando el fallo "Antuña" de la CSJN, hizo especial hincapié en la necesidad de que la medida de seguridad sea determinada respetando la proporcionalidad con el injusto cometido.
En atención a ello culminó su presentación peticionando que " se haga lugar al recurso interpuesto, se revoque la resolución cuestionada y en su caso se remita a la instancia para el dictado de una nueva conforme a derecho ".
III. Deberá hacerse lugar al recurso de casación, aunque con las particularidades que más tarde se determinarán.
Conforme emerge del pronunciamiento dictado el día 10 de febrero de 2015 por el Juzgado de Garantías interviniente, que viene cuestionado mediante la impugnación cuya procedencia se analiza, se estableció que el plazo máximo hasta el que debería extenderse la medida de seguridad impuesta al causante González Jara sería el día 7 de noviembre de 2030, o sea que se fijó un lapso de duración máxima de aquella medida de veintiséis años, puesto que el nombrado se encontraba privado de su libertad en el marco de este proceso desde el día 7 de noviembre de 2004.
Los fundamentos que brindó el a quo , para así decidir, fueron los siguientes:
"...Ahora bien llegada la hora de establecer cual es el tiempo máximo por el cual debería extenderse la medida de seguridad impuesta, debo inferir que la pena máxima con que nuestro ordenamiento sustantivo sanciona el concurso real de delitos por los que Fabian Andres Gonzalez. Aparece sospechado alcanza los veinteséis años de prisión.-
Así teniendo en cuenta la fecha en que fue privado de su libertad, la medida de seguridad impuesta podría extenderse como máximo hasta el 7 de noviembre de 2030, ello para el caso de que el nombrado no recuperara con antelación su cordura y pudiera continuarse la tramitación del proceso.-" (sic).
Y eso fue todo, en cuanto a la motivación de aquella decisión.
Entiendo que los cimientos de la decisión del juez de garantías estuvieron anclados en una fundamentación sólo aparente, en la que exclusivamente se tuvo en cuenta la pena máxima del concurso real emergente de la escala penal eventualmente aplicable al encausado en caso de haber sido capaz de culpabilidad, pero quedando inexplicados los motivos por los cuales el a quo arribó a aquella mesura, y las razones de por qué la entendió proporcional al injusto cometido y pertinente frente a las particularidades del causante al tiempo de emitir la decisión (y, en especial, a las condiciones a las que alude el art. 34 inc. 1º del CP, en su parte final).
Dicho en otras palabras: el tope máximo fijado de manera idéntica al máximo de la escala penal eventualmente aplicable, se alzaba para el a quo como una solución posible, aún bajo el amparo de los precedentes "Antuña" y "R, M.J. s/ insania" de la Corte Federal que usualmente se citan cuando se trata esta temática, pero no resultaba una fijación inexorable en aquella determinación. Va de suyo entonces que, al importar un punto central y determinante en el devenir del proceso y particularmente en el desarrollo vital de González Jara, mereció una mayor profusión de argumentos que, ausentes en el caso, tornan arbitrario el fallo recurrido.
A partir de lo explicado, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de casación, sin costas en esta instancia, anular el fallo impugnado (por inobservancia del art. 106 del CPP) y disponer el reenvío de las actuaciones al órgano a quo , toda vez que el caso muestra como adecuada en la ocasión la necesidad de asegurar la posibilidad de una revisión amplia y sencilla (Art. 8.2.h de la CADH).
En atención a ello, puntualmente propicio al acuerdo el reenvío del expediente al juzgado de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento donde se dé cumplimiento con lo ordenado por la SCJBA a fs. 224/250 para este caso, todo ello asegurando la debida representación y defensa del causante y posibilitando la formulación previa de los planteos que estime pertinente para la resolución del asunto, sin perjuicio del análisis que pudiere merecer el tema en conflictos similares pero ajenos a esta causa en la que el Superior ya ha decidido el temperamento que corresponde adoptar en la situación concreta.
Por último, y frente a lo anteriormente decidido, se torna abstracto dar curso a la presentación extraordinaria del doctor Coriolano recibida en sede casatoria el 5 de febrero de 2020.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por sus mismos fundamentos, con lo cual brindo la mayoría requerida para resolver.
Por fuera de ello, me permito agregar, algunas consideraciones sobre una cuestión que entiendo no debería ser desapercibida a la hora de encarar la tarea jurisdiccional que derivará del reenvío que aquí se decide.
Me refiero concretamente al cambio de paradigma que sin dudas ha existido en nuestro sistema jurídico con relación a la forma en que el Estado debe posicionarse e intervenir frente a la problemática de la salud mental en general y a la de los sujetos incapaces de culpabilidad que cometen un injusto penal, en particular.
Ese cambio se fue vislumbrando a partir de las líneas directrices fijadas en la materia por el fallo “R.M.J. s/ insania” de la CSJN, y luego se consolidó con la sanción de la ley de Salud Mental y la doctrina del -tan nombrado en la presente- fallo “Antuña” del alto Tribunal Nacional. De todo ello se desprende, en lo que aquí interesa, la necesidad de fijar la duración de la medida de seguridad para respetar los derechos de la persona con padecimiento en la esfera de su salud mental y los principios proporcionalidad, razonabilidad e igualdad; pero también se puede derivar de ellos el procedimiento más idóneo para resolver y la finalidad que debe motivar la decisión.
En ese sentido, además de los parámetros fijados jurisprudencialmente, entiendo que la Ley Nacional de Salud Mental (nro. 26.657) no debería ser soslayada –en lo pertinente- a la hora de decidir cuestiones vinculadas a la situación de las personas con padecimientos mentales que se encuentran institucionalizadas en razón de lo normado por el art. 34 inc. 1° del CP; no sólo por tratarse de una ley especial sobre la materia, sino porque la pertinencia de la aplicabilidad de sus principios rectores surge de lo que ella misma enuncia en su art. 1°, cuanto proclama que vino a “… asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional…” ; como así también se propone expresamente adecuar la normativa interna a los estándares internacionales de los derechos humanos, conforme lo consagra en su artículo segundo.
Por otro lado, también debería tenerse en cuenta la reforma introducida en el año 2011 al art. 1° del CPP; que sin dudas se enmarca también en este cambio de paradigma que vengo señalando y en la necesidad de receptar la jurisprudencia de la CSJN sentada especialmente en el precedente “R, M.J. s/ insania”.
En ese sentido, en su actual redacción el art. 1 del CPP dispone que “ …La imposición de medidas de seguridad en los términos del artículo 34 inciso 1º del Código Penal requiere la previa observancia de las normas relativas al juicio previstas en el Libro III de este Código… ". Si bien conforme la norma se refiere puntualmente al momento en que hay que resolver acerca de la imposición de la medida de seguridad –cuestión que aquí no viene discutida y que fue resuelta incluso antes de la vigencia de la mencionada reforma-, entiendo que una interpretación armónica de su sentido y de las normas nacionales y supranacionales que rigen la materia aconseja aplicar ese mecanismo de litigación cada vez que sea necesario resolver no sólo su imposición sino también, por ejemplo, su forma de implementación y duración.
La remisión a las normas del juicio que hace la ley procesal puede y debe ser entendida, esencialmente, como la exigencia de una discusión amplia de las partes frente al órgano jurisdiccional al que le toque resolver cualquier cuestión relevante respecto a una medida de seguridad. Una discusión que debería producirse en el ámbito de una audiencia en la que se analicen los dictámenes periciales interdisciplinarios y en su caso, de ser necesario, se escuche e interrogue a los peritos actuantes a los fines de resolver –en este supuesto- la duración de la medida de seguridad con control del ámbito penal, de modo tal que la decisión que se adopte sea la más compatible con los estándares nacionales y supranacionales en materia de derechos humanos.
Todo ello, sin perder de vista que, en cualquier caso, la disyuntiva no se presenta entre la intervención del sistema penal, por un lado, y la libertad plena, por el otro; sino que, de lo que se trata, es de decidir cómo será la intervención Estatal frente al problema: si a través de la justicia penal o de otro tipo de internación no voluntaria controlada por otro fuero especializado.
Con estas consideraciones que me he permitido a fin de intentar un aporte a la cuestión, reitero mi adhesión al voto del doctor Mancini en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.