Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 91100
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 19 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en las causas Nº 91100 (Registro de Presidencia Nº 24286), caratulada “Di Crocce, Lucio Nicolás o Di Crocci, Lucio Nicolás o De Crocci, Lucio Nicolás s/ recurso de casación”, y sus acumuladas Nº 24344 (Registro de Presidencia Nº 91103), caratulada “Di Crocce, Lucio Nicolás o De Crocci, Lucio Nicolás, Puente Rodrigo y Rossi Lucio s/ recurso de casación interpuesto por Fiscal General”; N° 24380 (Registro de Presidencia N° 91104) caratulada “Puente, Rodrigo s/ recurso de casación”; N° 24345 (Registro de Presidencia N° 91105) caratulada “Di Crocce, Lucio Nicolás o De Crocci, Lucio Nicolás, Puente Rodrigo y Rossi Lucio s/ recurso de casación interpuesto por el Particular Damnificado” y N° 24346 (Registro de Presidencia N° 91106), caratulada “Rossi, Lucio s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI – BORINSKY - CARRAL.
1. El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Isidro condenó a Lucio De Crocci a tres años de prisión de ejecución condicional y costas del proceso; a Lucio Rossi a dos años de prisión en suspenso y costas, y a Rodrigo Puente a un año y ocho meses de prisión en suspenso y costas procesales, por encontrarlos autores responsables del delito de homicidio culposo, imponiendo asimismo por los plazos de las condenas el cumplimiento de pautas de conducta según se da cuenta a fs. 57 de la causa 91100 (arts. 26, 27 bis, 29 inciso 3, 40, 41, 45 y 84 del Código Penal).
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso el recurso de casación la defensa particular de Lucio De Crocci, al sostener la pérdida de objetividad del Tribunal, la absurda valoración de la prueba en que se funda el pronunciamiento y la errónea aplicación del artículo 266 incisos 1 y 2 del C.P.P., todo lo que derivó en una sentencia arbitraria sin suficiente motivación, con una errática interpretación de la ley penal y con violación al principio de congruencia.
En síntesis, sostiene que el tribunal, al no encontrar los elementos típicos de la figura del art. 106 del C.P., busca a quién atribuir la obligación de mantener con vida a la víctima, para así enrostrar una figura por la que su defendido nunca fue intimado.
Alega que se pretende arribar a una condena por un delito que nada tiene que ver con lo ventilado ni sustanciado en el proceso, resultando condenado por la omisión culposa como acción típica y antijurídica cercenándose así todo el derecho de defensa del que goza el justiciable.
Afirma que la subsunción de una conducta por otra resulta incompatible, y explica que el sujeto pasivo debió conocer acabadamente la nueva incriminación, así como todos los elementos del tipo que la constituyen.
Manifiesta que el Fiscal, con antelación al debate, no instó ninguna tipificación alternativa respecto de la conducta culposa del art. 84 del C.P., y que la figura del guardador como elemento incriminante surge de sus propios alegatos, por lo que no podría haber sido materia de tratamiento por parte del Tribunal, al exceder el objeto procesal de la intimación contenida en la requisitoria de elevación a juicio.
Explica que para lograr una condena, el Tribunal echa mano de la figura del guardador o garante, pretendiendo subsumir la figura dolosa en la culposa, omitiendo que esta última surge de una obligación delegada por un tercero, aceptada por el guardador y asumida por el custodiado, por lo que en lugar del cambio de figuras, la aplicación del beneficio de la duda debería haber sido la solución correcta.
Prosigue diciendo que tampoco se pudo acreditar la omisión culposa como para justificar la condena, atento que el juicio sólo versó sobre un tipo penal determinado y doloso, mas no sobre una omisión culposa, salvo que el sujeto activo haya estado en calidad de guardador o cuidador de un incapaz, que claramente no resultó el caso.
Al respecto, detalla que Aldana Salama no fue en vida una incapaz, señalando que era adicta a sustancias tóxicas mucho antes de conocerse con Lucio De Crocci, extremo comprobado mediante las testimoniales que detalla.
Acto seguido, manifiesta que si bien no constituye un agravio impugnativo, el hecho de haberse negado el Tribunal a efectuar la grabación de la audiencia -pedido en forma personal e informal por esa parte, y mediando la oposición fiscal- redundó en la violación al art. 370 del C.P.P. ya que el órgano estaba obligado a conceder la medida.
Fundamenta que si bien dicha diferenciación en el tratamiento de las partes no se evidenció ni en el razonamiento del debate ni en el desarrollo del veredicto y sentencia, constituye en sí una manifestación más de la parcialidad manifiesta del decisorio y “su valoración como elemento jurisdiccional válido” (sic) para fundar la condena.
Concluye agraviándose por la falta de congruencia entre la primigenia imputación del delito de abandono de persona seguido de muerte, netamente doloso, y la tipificación final por un delito culposo, por violentar el derecho de defensa en juicio, solicitando la absolución ya sea por falta de requisitos típicos de la figura del art. 106 del C.P., o por falta de prueba que incrimine a su defendido.
3. Contra el mismo pronunciamiento, interpuso recurso de casación el Fiscal departamental, denunciando absurdo en el proceso de valoración de la prueba.
Explica que el Tribunal condenó por la comisión de un delito culposo mientras que en la argumentación del fallo se inclina por la hipótesis sostenida por su ministerio, de abandono de persona seguido de muerte.
Transcribe los párrafos que estima pertinentes para comprobar tal afirmación, resalta la falta de intención de los imputados de ocasionar el óbito, y considera que resulta desacertada la conclusión a que arriban los sentenciantes, al tener por comprobado el abandono y atribuir el resultado final a una figura culposa.
Sostiene que el dolo de abandono se comprobó adecuadamente, siendo un error atribuir el resultado a título culposo, ya que, a su criterio, se está en presencia de una conducta imbuida, al menos, de dolo eventual.
Destaca las contradicciones que encuentra en la argumentación y afirma los elementos típicos de la figura del art. 106 del C.P., como ser que los imputados eran garantes de la situación por haber participado en una comunidad de riesgo, o que tenían la posibilidad material de brindarle asistencia médica necesaria y no lo hicieron, con el objeto de evitar ser descubiertos en sus actividades ilícitas.
Resalta las declaraciones del imputado Lucio Rossi como prueba de tales afirmaciones, entendiendo que todos los sujetos se representaron la posibilidad del resultado final muerte y, sin embargo, siguieron adelante con su accionar desaprensivo, demorándose excesivamente en prestarle a la víctima el auxilio necesario ante la descompensación sufrida en la casa de Rossi. Cita doctrina y resalta la prueba pericial y testimonial y las declaraciones de los imputados en abono de su posición.
Finaliza solicitando la casación de la sentencia, la recalificación de la conducta y la imposición de las penas de efectivo cumplimiento que detalla.
4. Contra la misma sentencia se alza la Defensora Oficial de Rodrigo Puente, señalando, al igual que su colega, que el delito de homicidio culposo por el que viene condenado su asistido no resultó materia de acusación, al no haber sido oportunamente indagado ni haber gozado de la oportunidad de defenderse en juicio, violándose así este derecho apical y la garantía de la congruencia del objeto procesal.
Esgrime la imposibilidad de su parte de alegar respecto de la imprudencia que, con grave perjuicio para su asistido, se resuelve, siendo que en todas las etapas anteriores el proceso resultó instruido y elevado a juicio por el delito contenido en el art. 106 del C.P.
Afirma que lo decidido no resultó causa y efecto de lo sucedido en debate, por lo que la decisión no fue el resultado analítico, causal y consecuente del hecho llevado a juzgamiento.
Alega la arbitrariedad del decisorio, que causa un gravamen irreparable a su asistido, ya que todas las partes se defendieron ante la acusación de una omisión y privación de auxilio, por lo que se debió concluir en la absolución de los involucrados.
Sostiene que aun cuando los imputados demostraron en juicio haber realizado conductas conducentes a evitar la muerte –las que detalla- peligrosamente el Tribunal considera que éstos no fueron ajenos al riesgo creado, sino cooperantes y así “responsables de realizar una prestación positiva de salvaguarda para evitar que aquel peligro se convirtiese en lesión”, denotando esta conclusión el absurdo y la arbitrariedad denunciados.
Concluye afirmando que se produjo un corrimiento del objeto procesal con la consecuente violación del principio de congruencia y de defensa en juicio, citando doctrina y jurisprudencia en apoyo de su posición, y peticionando la absolución de su defendido.
5. Contra la misma sentencia interpone recurso de casación José Andrés Salama, con patrocinio letrado y en su carácter de particular damnificado, alegando al igual que el pretensor público, que se cometió el delito de abandono de persona seguido de muerte, desde que los imputados actuaron deliberadamente, priorizando su seguridad y ocultando la verdad ante el verdadero estado de la víctima.
Considera que lo anterior se encuentra comprobado por las llamadas realizadas por De Crocci al celular de Sebastián Pinilla para consultarle respecto de los pasos a seguir ante el grave hecho, ocultando la gravedad de la situación, así como lo que se había consumido, deteniéndose a elucubrar cómo manejar la emergencia y demorándose en prestarle a su hija el auxilio necesario, lo que provoca el deceso como consecuencia de la demora en recibir una mínima atención médica.
Afirma que resultaba obvio que las convulsiones de Aldana se debían a la ingesta de estupefacientes, por lo que la tardanza en prestarle socorro decanta en una inexplicable actitud de mezquindad y desprecio por la vida humana, demostrando así que la omisión de prestarle auxilio resultó deliberada y dolosa.
Adhiere al recurso del fiscal, pregona la arbitrariedad del decisorio y peticiona la revocación del fallo y el dictado de una nueva condena, aplicando la figura del art. 106 párrafo tercero del C.P. en su máxima cifra.
6. También contra el decisorio se alza el defensor particular de Lucio Rossi, alegando la inobservancia y errónea aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y del Tribunal Apical Nacional.
En consonancia con el resto de las defensas de los imputados, sostiene la trasgresión al derecho de defensa en juicio, así como la violación del principio de congruencia, por la falta de correlación entre el hecho atribuido en la acusación y el descripto en la sentencia.
Explica los alcances de este principio, cita doctrina en su apoyo, detalla que siempre la causa se instruyó por el delito de abandono de persona seguido de muerte y así se elevó a juicio y se debatió, para luego darse por comprobada la falta de elementos típicos de la figura, por lo que se imponía el dictado de un pronunciamiento absolutorio.
Por el contrario, el Tribunal decidió pronunciarse por una figura culposa sin que, a su criterio, se pueda subsumir un delito en el otro.
Agrega la naturaleza dolosa de la conducta enrostrada de manera primigenia, por lo que su parte resultó sorprendida ya que nunca pudo alegar o defenderse respecto de un encuadre culposo.
Acompaña jurisprudencia de este Cuerpo en apoyo de su posición y afirma que no se puede exigir a un individuo que se defienda de todo lo que no esté previsto en el requerimiento que pudiere eventualmente conducir a calificar los hechos de un modo distinto, poniendo los arts. 335 y 371 del C.P.P. el límite a la actuación de los magistrados. Solicita, en consecuencia, la absolución de su defendido.
En subsidio, plantea la prescripción de la acción por lo que deja planteado el sobreseimiento de Rossi respecto del ilícito de homicidio culposo.
6. Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite abreviado, se dispone la acumulación de todos los procesos a la causa 91100 por la que corren (fs. 87).
A fs. 90/98, el Defensor Adjunto mantiene el recurso interpuesto en favor de Rodrigo Puente, solicita la inadmisibilidad de la presentación del fiscal y, en subsidio, mejora fundamentos respecto de la improcedencia tanto del reclamo de la contraparte como del particular damnificado.
A fs. 104 vta./106 vta. el particular damnificado amplia fundamentos respecto al cambio de calificación solicitada en el escrito de origen.
En último término, la Fiscal Adjunta presentó memorial a fs. 111/114 vta., pronunciándose por la procedencia de los recursos intentados por el acuse, y por el rechazo de todos los impetrados por las diferentes defensas.
4. Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes,
Primera : ¿Son procedentes los recursos interpuestos?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
I.-
Llegan estos obrados a conocimiento de este Cuerpo en virtud de los recursos de casación presentados por el acusador, acompañado en su posición por el particular damnificado, así como por todos los condenados por el órgano de primera instancia.
Es en ese orden que se tratarán los reclamos interpuestos, ya que, aunque la lógica indica que primero habría que tratar el tema de la congruencia, en realidad si los recursos presentados por el acusador o el particular damnificado progresan, devendría abstracto el tratamiento del resto de los agravios contenidos en los otros expedientes.
II.-
Entrando ya a conocer en las impugnaciones en el orden enunciado, hay que aclarar que, materia de admisibilidad, el Ministerio Fiscal posee una facultad legal, la de recurrir, conforme los parámetros estrictos que le otorgan los artículos 448 y siguientes del ritual.
En ese andarivel, siendo que en la especie se cumple con el requisito establecido en el art. 452 inciso 2 del mismo texto legal -en tanto se impuso una pena inferior a la mitad de la oportunamente requerida (véase fs. 18 y 56 vta.)- y se esgrimen motivos contenidos en la primera manda de mención, entiendo que corresponde conocer en los agravios interpuestos por el acuse (arts. 448, 452 inciso 2, ss. y ccs. del C.P.P.).
A su turno, el recurso del particular damnificado encuentra amparo legal en las mandas 448, 450, 451, 452 y 453 del C.P.P., por lo que también cabe tenerlo por admisible.
III.-
El agente fiscal ha resistido la calificación endilgada a los hechos que culminaran con el fallecimiento de Aldana Salama, y, por su parte, el particular damnificado adhirió a este reclamo y criticó a la sentencia por entenderla arbitraria, al no ser una derivación razonada del derecho vigente y resultar incongruente, incompleta e inconstitucional.
Sin perjuicio de lo anterior, adelanto al Acuerdo que, en mi opinión, los recursos no progresan.
El Fiscal estima que los jueces han aplicado una resolución criticable en su argumentación porque, en el nivel de los hechos, la valoración del cuadro fáctico no se adecúa a la sana crítica racional de acuerdo a la calificación sostenida por ese ministerio, en violación a lo dispuesto en los arts. 106 y 210 del C.P.P. (fs. 3 del recurso 91103).
En primer término, de la sola lectura del libelo recursivo se desprende con facilidad que el ataque se fundamenta en similares argumentos a los tratados y respondidos en la instancia, sin hacerse cargo de refutar esas afirmaciones o indicar cuáles serían los vicios lógicos del razonamiento que invalidarían el mismo, volviendo sobre lo propuesto en el debate.
De manera tal que, al no hacerse cargo de desvirtuar la respuesta del juzgador, el recurso trasunta sólo una posición subjetiva respecto de la valoración que de la prueba debió efectuar el tribunal, sin que deje traslucir el yerro en que habría incurrido o la arbitrariedad pretendida.
Resulta claro que las consideraciones vertidas trasuntan sólo una diferencia de opinión con lo decidido -sin patentizar el error o el absurdo en que habría incurrido el juzgador-, quedando esto demostrado por el hecho de usar la palabra “desacertada” para referirse a la conclusión arribada por los magistrados (fs. 5 vta.).
Asimismo, las afirmaciones respecto a que el tribunal condena por la comisión de un delito culposo mientras que en sus argumentos se inclina por la hipótesis sostenida y comprobada por su parte, así como que su actividad probó acabadamente el dolo de abandono que tuvieron los imputados, no constituye más que una clara posición subjetiva, que trasunta una mera opinión personal.
Otro yerro que se manifiesta en la presentación es a resultas de la afirmación que “el dolo, en el caso concreto, consiste en el conocimiento y en la voluntad de que se produzca la situación riesgosa, nada más” (fs. 5 vta.), en tanto el verbo típico de la figura pretendida resulta ser el “abandonar” a la persona, por lo que el dolo se debe referir a esto, al abandono del sujeto, no al riesgo.
Acto seguido, el motivo que el recurrente dice que existió para dilatar la búsqueda de ayuda, y que entiende comprobado –la intención de ocultar el consumo de estupefacientes-, sólo lo sostiene en la interpretación que hace el coimputado Lucio Rossi (fs. 6), o sea, no excede el campo de la mera interpretación, sin que se apoye en prueba o en hechos que se hayan percibido; pero además, si la parte va a tomar la interpretación de Rossi como prueba, no se entiende la razón por la que no consideró el resto de su relato, del que surgiría una calificación más leve que la finalmente requerida.
Lo anterior resulta demostrativo que el fiscal hace un análisis fragmentado y arbitrario de toda la prueba existente, porque toma como elemento cargoso la interpretación que hace sólo uno de los coimputados, fragmentando la declaración sólo en los aspectos que abonan su posición, siendo que, si fuera verdad lo que afirma y se lo puede tomar como prueba válida, la calificación resultante para éste imputado debería haber sido mucho más benigna.
Desde otro hontanar, cabe poner de resalto otra falla en la logicidad del razonamiento que se expone.
En cuanto al nuevo cuadro calificatorio pretendido, se tiene que la acción del tipo legal contenido en el art. 106 del C.P. constituye, como primera figura, la de poner en peligro la vida o la salud de una persona colocándola en situación de desamparo.
Así, de la prueba existente se desprende que aquella acción no se cumplió, pues nadie obligó a la víctima a consumir, nadie la “puso en peligro”, habiendo creado Aldana Salama voluntariamente el riesgo para sí, ya que siendo mayor de edad, ingirió sustancias estupefacientes (informes de laboratorio detallados a fs. 42 del recurso 91.103 y declaraciones de todos los coimputados).
Lo anterior significa que no está verificado el primer verbo típico, pues la puesta en peligro no la hicieron los enjuiciados, en tanto ni siquiera el particular damnificado discute que la víctima ingirió, de manera consciente y voluntaria, la droga que a la postre la descompensara.
Por otro lado, la otra conducta típica que el artículo 106 del C.P. define es la de abandonar a su suerte, pero también de los actuados surge que en ningún momento los coimputados dejaron sola a la víctima.
Luego, si la joven no fue colocada en situación de desamparo ni fue abandonada a su suerte, no aparecen fehacientemente probadas ninguna de las dos conductas reprochadas.
Asimismo, el argumento respecto a que se arribó a una sente
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