Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 102029
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 102029 caratulada “JUAN TOMAS GABRIEL S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 18 de octubre del año 2019, el doctor Luis María R. Surget, como integrante unipersonal del Tribunal en lo Criminal Nro. 2 del Departamento Judicial Azul, previo acordar en forma conjunta el Fiscal, el imputado y su Defensor el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, condenó a Tomás Gabriel Juan a la pena de tres (3) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable de los delitos de estafa (hecho 1), estafa en tentativa (14 hechos) y asociación ilícita, todos en concurso real (arts. 40, 41, 42, 55, 172 y 210 del CP y 375 inc.2°, 530 y 531 del CPP).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Particular, doctor Emanuel Barrionuevo, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 40/47.
La causa ingresó a la Sala con fecha 18/05/2020, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
El recurso fue interpuesto por parte legitimada, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio abreviado en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente.
Al haberse escogido el procedimiento regulado por los arts. 395 c.c. y s.s. del C.P.P., la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo , por existir par conditio entre éste y el Ad Quem , las actas sobre las cuales falló el primero, constan instrumentalmente en el expediente y son las mismas que ahora se someten al examen de la Sala.
Por ello, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de agravio (art. 434 c.c. y s.s. del C.P.P.).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió de esa forma en "Aráoz, Héctor José”, con fecha 17/5/2011, causa nro. 10.410, A.941.XLV (328:3399), al señalar que: "... no se ha dado debido cumplimiento a la revisión de la condena y se ha lesionado el derecho de defensa del recurrente –art. 18, Const. Nacional ...”.
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el cariz que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales, particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamientos de la Corte IDH, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327, Ac. 1-III-2006, P. 87.176, Ac. 6-IX-2006, P. 83.339, Ac. 25-IV-2007, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
Por todo lo expuesto, el recurso es admisible (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Plantea el impugnante la inobservancia de normas adjetivas, sustantivas y constitucionales; el apartamiento de la doctrina sentada por la SCBA y la CSJN (entre ellos, el fallo “ Casal” ); gravedad institucional a consecuencia de la vulneración de las garantías y principios de índole federal -debido proceso, inocencia- y la arbitrariedad de la sentencia. Motiva su agravio en: 1) la errónea calificación legal de la conducta en el tipo penal de asociación ilícita (art. 210 Cód. Penal), pues el fallo no justificó las exigencias típicas ni se produjo afectación al bien jurídico protegido por la norma. Subraya que la figura jurídica aplicada requiere pluralidad de planes delictivos y no meramente pluralidad de delitos, ya que en este caso rigen las reglas de la participación (cfr. fallo “Stancanelli” , de la CSJN). Alega que solo se demostró que dos personas, una mujer y el acusado, -utilizando dos celulares- se involucraron en una serie de defraudaciones. Expone que, en todo caso, se trató de una planificación de delitos determinados en el marco de un posible acuerdo transitorio y que su defendido no fue reconocido “en ninguno de los acontecimientos” por los testigos de cargo -entre ellos menciona a Della Coste y a Villanueva-. Niega la condición de integrante del grupo delictivo por el simple hecho de haber realizado una carga virtual al teléfono de su concubina -Susana Esmeralda Juan-; 2) la inadecuada adopción del concurso real de delitos –tratándose a su parecer de uno ideal- y, 3) ciertos hechos no constituyeron tentativas de estafas, sino que deben ser considerados delitos imposibles –art. 44 CP- porque desde el inicio de las comunicaciones telefónicas entabladas, las víctimas, advirtieron las maniobras engañosas -Nilda Angélica Arrubia, Andrés Alberto Arla y a Elena Bermay- (v. 46 y vta.). Solicita se haga lugar al recurso, se revoque la resolución y se modifique el encuadre legal en la porción cuestionada.
El Fiscal Adjunto de Casación, doctor Jorge Armando Roldán, propicia el rechazo de la impugnación por los argumentos de su memorial de fojas 59/60.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El A Quo tuvo por legalmente acreditado que: “… una banda integrada por al menos una persona de sexo femenino y cuatro personas de sexo masculino, siendo una de estas últimas Tomas Gabriel JUAN, dedicada a la comisión de estafas reiteradas contra personas de edad avanzada en distintos puntos de país, actuando con planificación previa, logística, división de tareas entre sus miembros y utilizando una modalidad específica, el día 15 de junio de 2016 se constituyeron en la ciudad de Azul, alojándose en un departamento de propiedad de Adrián Daniel Delle Coste sito en avenida Juan B. Justo esquina Malvinas. Desde allí, el día 16 de junio de manera sistemática utilizando los números de abonados 2281459120 y 2281511121, aproximadamente entre las 9:00 y las 19:00 horas se comunicaron con los abonados fijos de la ciudad de Azul N° 02281-428347 correspondiente al domicilio de Necochea N°2386 de Azul, manteniendo comunicación con Carina Rosas; N°2281-428993 correspondiente al domicilio de Puan N°989 de Azul, manteniendo comunicación con Nilda Angélica Arrubia, N° 02281-432642 correspondiente al domicilio de Burgos N° 2015 de Azul manteniendo comunicación con Elba María Fucci, N° 02281-425978 correspondiente al domicilio de Santa Cruz N° 311 de Azul manteniendo comunicación con María Carlota Pedestarres de Boris, N° 02281-432170 correspondiente al domicilio de Rivadavia N° 2086 de Azul, manteniendo comunicación con Elena Cristina Bermay, N° 02281-423820 correspondiente al domicilio de Av.
Pellegrini N° 1751 de Azul manteniendo comunicación con María Angelina Garcia de Paterna, N° 02281-429802 correspondiente al domicilio de Burgos N° 621 2° piso depto. “A” de Azul, manteniendo comunicación con Ana Esther Goyeneche, N° 02281-435324 correspondiente al domicilio de Tiro Federal N° 477 de Azul manteniendo comunicación con Dominga Ponce, N° 02281-436228 correspondiente al domicilio de Pellegrini N° 1177 de Azul, manteniendo comunicación con Mirta Leonor Tuminaro, N° 02281-435042 correspondiente al domicilio de Burgos N° 621 10 C de Azul, manteniendo comunicación con Norma Rosa Farina, N° 02281-46543 correspondiente al domicilio de Falucho, N° 523 de Azul, manteniendo comunicación con Aida Labaronnie, N° 02281-426172 correspondiente al domicilio de Santa Cruz N° 593 de Azul, manteniendo comunicación con Ermida Inés Zaffora de Norte, N° 02281-430206 correspondiente al domicilio de Santa Cruz N° 536 de Azul, manteniendo comunicación con Alfredo Luis Lopardo, N° 02281 422846 correspondiente al domicilio de calle Burgos N° 407 de Azul, manteniendo comunicación con Juana Luisa Loholaberry y N° 02281-422926 correspondiente al domicilio de calle Colón N° 382 de Azul manteniendo comunicación con Patricia Olga Guelbenzu, tras lo cual mediante ardid fingiendo ser nietos, hijos o familiares de los damnificados y alegando falsamente que debían cambiar los billetes que tenían en su poder con la excusa que los mismos saldrían de circulación, con el propósito de defraudar patrimonialmente a los mismos, mediante el desapoderamiento de dinero en efectivo, joyas y demás objetos de valor, logrando su cometido respecto de Elba María Fucci, quien le hizo entrega de la suma de 5000 pesos de dinero en efectivo, discriminado en billetes de 100 pesos, una alianza de oro de 18 kilates, un anillo de oro 18 kilates con las iniciales grabadas E.F., un reloj de acero sin marca y un reloj de acero marca Citizen, en oportunidad de constituirse unos de los sujetos de sexo masculino, fingiendo ser el contador del Banco en el domicilio de la nombrada sito en Burgos N° 2015 de Azul.
Que los restantes hechos no pudieron ser consumados al advertir los damnificados que se trataba de un engaño…” (2/2vta.).
Asimismo, atribuyó a Tomás Gabriel Juan la coautoría en los hechos, que calificó como estafa (hecho 1), estafa en grado de tentativa (14 hechos) y asociación ilícita, todos en concurso real (arts. 42, 55, 172 y 210 CP).
El recurso no habrá de prosperar.
Con carácter preliminar, no puede soslayarse que se acordó el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, con lo que no solo las partes prestaron conformidad con la calificación legal y la pena solicitada, sino que consintieron el empleo de la evidencia colectada, renunciando al ejercicio de facultades propias del debate (cfr. TCP, Sala VI, c. 57.877, "Saavedra, Sergio Martín s/ Recurso de Casación", sent. del 12 de agosto de 2013, reg. 309/13; c. 56.238, "Encina, Brian Ezequiel y Rodríguez, Walter Daniel s/ Recurso de Queja (art. 433 CPP)", sent. del 30 de agosto de 2013, reg. 367/13).
Es que, a través de la elección del citado procedimiento especial de enjuiciamiento, la parte sustrajo de la consideración del sentenciante la cuestión que ahora esgrime en esta instancia, sin expresar fundamentos novedosos que respalden su pretensión y soslayando que la función que desempeña este Tribunal es eminentemente revisora.
Sin perjuicio de ello, habré de brindar respuesta a los cuestionamientos desarrollados en la presentación recursiva.
En su centralidad, plantea el impugnante la errónea aplicación de la figura de asociación ilícita (art. 210 del CP) y alega que indebidamente se le adjudicó a su defendido la condición de componente de la empresa delictiva; que es incorrecta la concurrencia material de delitos; y que, ciertas estafas tentadas se trataron de delitos imposibles o tentativas inidóneas (art. 44 del CP).
Contrariamente a lo sostenido, para calificar los acontecimientos del modo establecido y asignar a Juan Tomás Gabriel la coautoría en los mismos, el A Quo se valió de una serie de elementos probatorios que han sido analizados de conformidad a las reglas estipuladas por los artículos 210 y 373 del CPP.
Cabe recordar que, el sistema probatorio consagrado por nuestro ordenamiento procesal (arts. 210 y 373 CPP), no prevé formas sacramentales para acreditar un determinado ilícito y su autoría, precisamente porque procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso mediante la libertad probatoria (art. 209 CPP) y, en consecuencia, no hay obstáculo para que el sentenciante pueda edificar la imputación con base en otras testimonios o datos indirectos suministrados en el proceso.
El Juez de grado tuvo por acreditado que al menos cinco personas -entre ellos el acusado-, en organización criminal y con acreditada cohesión, se dedicaban a cometer estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”, al efectuar llamadas al teléfono fijo de individuos de avanzada edad intentando concertar la entrega de dinero y de otros valores, con la excusa de la caducidad de los billetes o de la desvalorización del metal, logrando dicho objetivo en una única oportunidad.
Además, particularizó los instrumentos organizativos empleados por la asociación (dos automotores y varios teléfonos), la distribución de tareas entre los miembros (dos personas entablaban comunicaciones telefónicas con las víctimas, y otras dos se trasladaban a sus viviendas y que un tercer sujeto obraba de apoyo).
Añadió que la agrupación criminal cometió hechos de similares características en distintos puntos del país, dato emergente del descubrimiento de otro proceso que involucró al acusado –y a otros individuos- en ilícitos de similar modalidad, dejando en evidencia la planificación de delitos indeterminados, prolongados en el tiempo.
Sentado lo anterior, examinaré lo prueba que sirvió de sustento al veredicto de condena:
Las víctimas de los acontecimientos relataron en similares términos, que el día 16/06/2009, recibieron llamadas al teléfono fijo de su morada, todas ubicadas en la localidad de Azul. Manifestaron que los interlocutores –en ocasiones una mujer, en otras un varón o ambos- con ardid, simulando un vínculo o relación de parentesco (hijos, nietos) y con la excusa de la pérdida de vigencia de billetes, intentaron obtener la entrega de dinero u objetos de valor, manifestando que otro sujeto –un supuesto agente perteneciente a una entidad bancaria- se presentaría en sus domicilios a recoger el dinero (v. declaraciones de Mirta Leonor Tuminaro, Patricia Olga, Guelbenzo, Juana Luisa Loholaberry, Norma Rosa Farina, Aida Labaronnie, Ermida Inés Zaffora de Norte, Alfredo Luis Lopardo, Juana Soledad Sanguinetti, Nélida Angélica Arrubia, Elba María Fucci, Andrés Alberto Arla, Elena Cristina Bermay, María Alejandra García, María Susana Farina, fs. 3vta./8vta.).
De tales maniobras sólo alcanzó perfeccionamiento la cometida en perjuicio de Elba Fucci. La nombrada explicó los relevantes detalles de lo acontecido, datos que sirvieron para corroborar el número de intervinientes, la coordinación del grupo y la disponibilidad de medios utilizados (teléfonos, autos). Precisó que en un mismo llamado se comunicó, en primer término, un hombre quien fingió ser su nieto y luego, al obtener información sobre su hija, entabló ininterrumpida conversación con una mujer. Expresó que tras acondicionar lo requerido, arribó a su domicilio un automóvil blanco -de “última generación”-, que el sujeto que ocupaba el asiento del acompañante -al que describió- descendió y que este le hizo entrega de una bolsa conteniendo sus ahorros -$5000- y de otras pertenencias –alhajas de oro, relojes- (fs. 4/5 y 9vta).
El Juez de grado, tuvo en cuenta, asimismo, el patrón de selección de las víctimas, elegidas –en la mayoría de los casos- mujeres ancianas registradas en las páginas blancas de la empresa Telefónica de Argentina o similar, con nombres característicos de avanzada edad: Ramona, Ofelia, Josefa, etc. y con domicilios emplazados en una misma calle (Santa Cruz, Brasil, Burgos), v. fs. 11vta./12).
Los informes de comunicaciones practicadas determinaron que todas las llamadas provenían de los números de abonados 0221-459120 y 2281-511121 de la empresa Movistar –prefijo de la localidad de Azul- (IMEI 358249077111150 y 356117062128740); que fueron activados con fines ilícitos –chips prepagos-; que impactaron en las antenas de la empresa Movistar ubicada en la localidad de Azul; que registraron una intensa actividad el día de los acontecimientos ya que entre las 9.00 y 19.00 horas del día 16/06/2016 se efectuaron una cantidad de 200 llamadas salientes a números fijos, incluyendo a las líneas telefónicas de los damnificados (fs. 9vta).
Tales datos obtenidos fueron relevantes para conectar a la agrupación delictiva en otras acciones de equivalente disvalor cometidas en la localidad de Santa Rosa (Pcia. de La Pampa), lugar en el que se produjo el secuestro en poder del acusado -y de sus cómplices Aida Thalia Milano, Cristian Javier Juan, Guillermo Juan y Cristian Cristo- de aparatos de telefonía con los números de IMEI referenciados (con adición del 0 en último término por variar la localidad) siendo los nombrados imputados por la comisión de delitos de idéntica modalidad –estafas en perjuicio de personas ancianas, causa N° 533720/0 caratulada “Millifanti, Genoveva Esther s/Estafa”- (fs. 10 y 11/11vta).
A partir de allí, tareas investigativas policiales lograron recabar los números de telefonía utilizadas por los cinco integrantes de la asociación delictual y la individualización de uno de los dos vehículos en los que se desplazaban -Peugeot color blanco Patente OID 813 de color blanco-. Mediante informes de comunicaciones se constató que los abonados de las cinco personas sospechadas se encontraban en Azul a la fecha de los acontecimientos y mantuvieron comunicaciones entre sí, utilizando celdas con ubicación próxima al departamento en el que se alojaron (fs. 11 y vta).
Adrián Daniel Delle Coste y Angélica Villanueva expresaron que desde el 15/06 al 17/06/2016 alojaron en su departamento –en Azul- a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que se movilizaban en dos vehículos blancos –marca Peugeot 308 y Voyage-. Dicha fecha resultó coincidente con el día de perpetración de los ilícitos y, a su vez, siendo idéntico el color del vehículo visualizado a que observara la víctima Fucci. Ángelica (fs.10 y vta.).
Villanueva también reconoció a Aida Thalia Milano, Cristian Javier Juan y Guillermo Juan como las personas que ocuparon su inmueble, al igual que al automóvil Voyage secuestrado en autos como aquel en el que se trasladaban los intervinientes; referenció que los involucrados le manifestaron que poseían vínculos estrechos –hermano y cuñado-, concordando dichas relaciones con las de los sujetos investigados (fs. 10vta.).
Silvia Noemí Blas afirmó que Aida Thalia Milano y Guillermo Javier Juan efectuaron en su negocio cargas virtuales para los abonados telefónicos utilizados y, asimismo, que dichas personas eran quienes habitaron transitoriamente la vivienda de Delle Coste. Agregó que en su comercio se practicaron cargas al número de abonado 3513691291 (según el ticke
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