Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 97656
En la ciudad de La Plata a los 27 días del mes de febrero del año dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa Nº 97.656 de este Tribunal, caratulada: “DÍAZ, Mariano s/ Recurso de Casación interpuesto por Fiscal General” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN- NATIELLO procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llega esta causa por recurso de Casación impetrado por el señor Fiscal General del Departamento Judicial Azul, doctor Marcelo A. Sobrino, contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la mentada Departamental, mediante la cual revocó la decisión del Juez de Garantías del Joven y sobreseyó a Mariano Díaz en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual agravado con acceso carnal.
Denuncia la errónea y arbitraria aplicación e interpretación del principio de irretroactividad de la ley penal –art. 2 del CP-, y del art. 18 de la CN, respecto de los arts. 62 inc. 2 y 67 del CP en relación al art. 323 inc. 1 del CPP.
Considera que la cuestión radica en determinar si corresponde aplicar al sub examine las previsiones vigentes de los arts. 63 y 67 del CP o la versión anterior a la reforma introducida por la ley 27206.
Entiende que el fallo está desconociendo la ley vigente al momento del hecho, la cual a su criterio impone contabilizar el término de prescripción cuando la víctima fuera mayor de edad, porque presupone la capacidad civil para denunciar.
Destaca que la decisión en crisis deja en evidencia un sistema de justicia que cercena la posibilidad de acceso a los seres más vulnerables, los niños víctimas de abusos sexuales.
Señala que si bien los hechos acusados se ciñen entre los años 1999 y 2004, y por ende desde esta última fecha al primer acto interruptivo de la acción penal –el llamado a declaración del art. 308 del CPP del 14 de junio de 2018-, ya habían transcurrido los 12 años establecidos por el art. 62 inc. 2 del CP, no es menos cierto que los presuntos hechos de abuso sexual fueron cometidos mientras la víctima de autos era menor de edad.
Manifiesta que la víctima, al momento de los hechos, entre 1999 y 2004, tenía entre 6 y 11 años, alcanzando la mayoría de edad recién el 17 de agosto de 2011.
Refiere que la doble condición de la víctima –menor y mujer-, hace que se resuelva teniendo en consideración la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Expresa que tratándose de un delito dependiente de instancia privada, es la víctima quien debe promover la acción, pero para ello debe tener capacidad jurídica para hacerlo.
Destaca que la ley establece de modo claro, aunque no lo explicite, que la prescripción de la acción penal se suspende hasta que la víctima pueda ejercer la facultad de instar la acción.
Alega que la automática aplicación de los arts. 2 del CP y 18 de la CN, en materia de irretroactividad de la ley penal y plazo razonable, en lo referente al instituto de la prescripción de la acción penal en este caso en particular, es un acto que no solo acarrea gravedad institucional al configurar el abandono de los intereses de aquellos menores de edad que nunca pudieron darse a oír por los abusos infantiles sufridos –vulnerando el derecho a la tutela efectiva consagrado en el art. 25 de la CADH-, sino también la responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional por la omisión de su compromiso formalmente asumido de combatir cualquier tipo de abuso o maltratos de los niños y de las mujeres.
Hace reserva del cao federal, conforme artículo 14 de la ley 48.
II. Radicado el recurso en Sala, fueron notificadas las partes, pronunciándose la señora Defensora Adjunta, doctora Susana Edith De Seta, por el rechazo del remedio.
III. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala IV del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación?
2da.) ¿Es procedente?
2da.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Tratándose el presente supuesto de un auto dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul, revocatorio del de primera instancia que además imposibilita que continúe la acción, entiendo que la resolución objeto de recurso es susceptible de ser impugnada por esta vía, de conformidad con lo normado por el art. 450 segundo párrafo del C.P.P.-
En consecuencia, visto que el recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma, y que la parte se encuentra legitimada para recurrir, corresponde admitir el presente recurso de Casación (arts. 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 452 y ccdtes. del C.P.P.).
En consecuencia, voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
En primer lugar corresponde destacar que la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul, constituye derivación razonada del derecho vigente.
A saber, la Alzada para decidir revocar el auto en crisis y sobreseer por prescripción al encartado en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual agravado con acceso carnal, se sustentó en los siguientes argumentos: “…el artículo 63 –en su anterior redacción según ley 26705- y el actual art. 67 –modificado por la ley 27206-, ampliaron el plazo a los fines de computar el inicio del término de prescripción de la acción penal, siendo en consecuencia más desfavorable al imputado…teniendo en cuenta las fechas…en que dichas leyes fueron promulgadas (aclaro…que la versión del art. 63 según ley 26705 ha sido derogada), se advierte que dichas reformas fueron posteriores a la fecha en que se consumó el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal y a la que dejó de cometerse el delito de abuso sexual gravemente ultrajante…en el caso en análisis, operan las disposiciones del art. 2 del Código Penal…debido a que resulta la ley más benigna para el imputado cobra ultraactividad el art. 67 del CP en la versión anterior a la reforma de la ley 27206, con lo cual no resulta aplicable la causal de suspensión de la extinción de la acción penal basada en la minoridad de la víctima…fue necesaria primero la reforma –hoy derogada- al artículo 63 del CP por la ley 26705 y luego al art. 67 –actualmente vigente– por la ley 27206 para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal en razón de la minoridad de la víctima, por lo que debe entenderse que antes de dichas leyes sus disposiciones no operaban.
Destaca que interpretar lo contario llevaría a preguntarnos qué sentido tuvieron entonces las reformas analizadas…aplicar retroactivamente el cuarto párrafo del art. 67 del CP, en su actual versión, conculcaría garantías constitucionales relacionadas con el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, con el principio de legalidad y, con ello, con la imposibilidad de aplicar retroactivamente una ley más gravosa para el imputado (reconocidas en el art. 18 de la C.N. y en los tratados y pactos internacionales antes vistos, a lo que se suman, en el caso, las disposiciones previstas en el art. 40 2 b) y iii); y 3 b) de la Convención de los Derechos del Niño)…teniendo en cuenta las escalas penales previstas por los delitos endilgados (art. 119 segundo párrafo y tercer párrafo del CP) debe estarse al plazo de doce años, contemplado en el art. 62 inc. 2 del CP…dicho plazo –conforme lo normado por el art. 63 del CP- comenzó a transcurrir respecto del hecho calificado como abuso sexual ultrajante, desde el año 2004 (fecha en que cesaron de cometerse dichas conductas reiteradas), y, respecto del hecho calificado como abuso agravado por acceso carnal, desde el año 2001 (fecho en que se consumó el mismo)….desde dichas fechas hasta la oportunidad en que se le llamó a declaración al imputado (27/6/2018), han transcurrido más de los doce años previstos por nuestra legislación de fondo como plazo para la prescripción de la acción penal, sin que concurran ninguna de las causales de suspensión o interrupción contemplados por el art. 67 del CP vigente al momento de la consumación de los hechos…”.
(Ver fs. 240/256).
Tal como surge del presente expediente los hechos ocurrieron entre 1999 y 2004, en atención a la denuncia y a la declaración de la víctima, obrantes a fs. 17/18 y 28/30 respectivamente.
Ahora bien, la ley 26.705 que fue promulgada el 4/10/11 agregó dos párrafos al art. 63 del CP, los que disponían: “En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine-, y 130 –párrafos segundo y tercero- del Código Penal, cuando la víctima fuera menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad” -fs. 242 vta./243-.
Por su parte, la ley 27.206, promulgada el 9 de noviembre de 2015, derogó esos dos párrafos e incorporó al art. 67 del CP lo siguiente: “En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine-, 130 –párrafos segundo y tercero-, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad” -fs. 243-.
Si del instituto de la prescripción y su inserción en el plano de la ley penal se trata, en su juego con el principio de mayor benignidad de la misma, corresponde poner de resalto que la norma más benévola que es alcanzada por el art. 2 del Código Penal no es sólo aquella que desincrimina una conducta o la que establece una pena menor, desde que queda abarcada también la creación de una nueva causa de justificación o de inculpabilidad o de un impedimento a la operatividad de la penalidad. Para determinar dicho carácter debe tenerse en cuenta tanto la ley, como sus efectos en el caso concreto. En el primer aspecto, debe comenzarse por la interpretación de la regla de derecho establecida, para luego examinar su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico y su consistencia con los principios y valores constitucionales en juego.
Así tenemos que incuestionablemente la prescripción de la acción penal, y también la de la pena, están alcanzadas por los preceptos del remanido art. 2 del digesto represivo.
En lo que respecta a la vigencia de la ley penal más benigna, el art. 2° del Código Penal define con certeza el alcance de ese principio cuando dice "si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.". Dicha redacción resulta semejante a la prescripta en la legislación internacional. En efecto, el art. 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello”. Por su parte, el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”
En sintonía con los textos legales, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que cuando la ley penal sancionada con posterioridad al hecho incriminado depare, en definitiva, un tratamiento más favorable al imputado, ella debe ser aplicada íntegramente, incluyendo aquellos aspectos que, individualmente considerados, resulten desventajosos con relación a la ley anterior (Fallos, 310:267; 329:5323, entre otros).
De igual forma, el referido Tribunal tiene dicho que es regla de la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional y que en casos no expresamente contemplados ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas (Fallos, 303:248, 578, 600, 957, entre otros).
Ello resulta suficiente como para rechazar el planteo defensista. Ahora bien, se invoca por parte del recurrente la afectación a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, en las previsiones de tal normativa internacional no existe algún tipo de referencia al instituto de la prescripción, o bien al carácter imprescriptible de determinados delitos. Por tanto, la inexistencia de una ley previa no puede ser suplida acudiendo a la interpretación que del artículo 19 del mencionado instrumento del Niño se pretende por parte del quejoso.
Es que al analizar los alcances de las obligaciones que posee el Estado con relación al término “intervención judicial”, inserto en la normativa, el Comité de los Derechos del Niño, ha indicado que “la intervención judicial puede consistir en […] procedimientos penales, que deben aplicarse estrictamente para poner fin a la impunidad generalizada de que gozan, de jure o de facto, los autores de actos de violencia, en particular cuando se trata de agentes estatales” (Observación General n° 13, “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, 18 de abril de 2011, párr. 55, inciso “c”), sin efectuar ningún tipo de consideración acerca de obstáculos normativos de derecho interno que puedan ser considerados inadmisibles al llevar adelante esos procesos penales en general, ni sobre el instituto de la prescripción en particular.
Por tanto, entiendo equivocado interpretar que la sanción de las leyes 26.705 y 27.206 constituyó la reglamentación de aquello que exige la letra del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La consideración de tal posición vendría a representar una solución que no sólo no logra explicar cuál es el sentido de sancionar mediante una ley algo que, a su vez, se afirma, se encontraba ya expresamente previsto en un tratado internacional. Además, esa lectura del artículo 19 de la Convención, por adolecer de todo sustento en la propia letra de la disposición, constituiría, en los hechos, bajo el ropaje de la directa operatividad de una regla contenida en un tratado internacional, la aplicación retroactiva de las disposiciones de las leyes 26.705 y 27.206, lo cual, como se indicara “ut supra” se encuentra prohibido por el principio de legalidad penal.
En sintonía con la posición que se ha desarrollado, un notable fallo de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido con envidiable claridad de la Juez votante, Dra. Laiño, que “El principio de ley más benigna receptado en el artículo 2 del Código Penal de la Nación y en el artículo 7 del actual Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto establecen la ultraactividad de la ley anterior más benigna y la aplicación retroactiva de la ley más favorable al procesado, es un axioma que adquirió jerarquía constitucional con la reforma de 1994, mediante los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este principio de irretroactividad de la ley penal rige como regla en la materia, y reconoce como única excepción la aplicación retroactiva de una ley penal posterior más benigna para el imputado”.
Continúa refiriendo la Magistrada capitalina que “…cuanto vengo sosteniendo se inscribe en lo expresado por nuestros legisladores al sancionar las leyes 26.705 (BO 05/10/2011) y 27.206 (BO 10/11/2015). Las exposiciones dejan en evidencia, de modo claro y a contrario de lo que se afirma, que la cuestión no se hallaba zanjada a nivel interno y que era necesario, luego de la sanción de la “Ley Piazza” en el año 2011 dictar una nueva norma que redefiniera los plazos de prescripción de la acción penal en casos en los que los menores eran víctimas de delitos contra la integridad sexual (Período 129º, HC Senadores, 2ª Reunión, 1ª Sesión Ordinaria 16 de marzo de 2011 y HC Diputados, 8ª Reunión, 6ª Sesión Ordinaria (Especial) 7 de septiembre de 2011) y luego a través de la “Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas y su aplicación” se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad (Período 133º, HC Senadores, 4ª Reunión, 3ª Sesión Ordinaria 27 de mayo de 2015 y 10ª Reunión, 9ª Sesión Ordinaria 28 de octubre de 2015; HC Diputados, 7ª Reunión, 7ª Reunión Ordinaria (Especial), 7 de octubre de 2015)”.
“Es cierto que las leyes 26.705 y 27.206 terminaron por consolidar cuanto establecían las disposiciones de derecho internacional, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” suscripta por el Estado argentino el 6 de octubre de 1994 (en vigor desde el 03/05/1995 y aprobada por Ley 24.632, BO 09/04/1996) y la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por Ley 23.849, BO 22/10/1990), sin embargo, de ello no se colige puedan regir, incluso, de manera previa a tal modificación, pues ello llevaría al absurdo de afirmar que el legislador dictó una ley que carecía de sentido (cfr. CNCCC, Sala 1, voto del juez Bruzzone en causa nº 12490/2015 “Balsa”, Reg. 1129/2017; rta. El 08/11/2017)”.
Sigue en su resolutorio diciendo que “…avanzar en el sentido que proponen los recurrentes implicaría apartarse del art. 27 de la Constitución Nacional que constituye una norma de inestimable valor para la soberanía de un país, en particular, frente al estado de las relaciones actuales entre los integrantes de la comunidad internacional. Esta interpretación preserva -ante las marcadas asimetrías económicas y sociales que pueden presentar los Estados signatarios de un mismo Tratado- el avance de los más poderosos sobre los asuntos internos de los más débiles; en suma, aventa la desnaturalización de las bases mismas del Derecho Internacional contemporáneo, pues procura evitar que detrás de un aparente humanismo jurídico se permitan ejercicios coloniales de extensión de soberanía. El art. 27 impide claramente la aplicación de un tratado internacional que prevea la posibilidad de aplicación retroactiva de la ley penal, en tanto el principio de legalidad que consagra el ‘nullum crimen nulla poena sine lege praevia’ es innegablemente uno de los principios de derecho público más valiosos de nuestra Ley Fundamental. (CSJN Fallos: 328:2056, disidencia del Dr. Carlos S. Fayt). … los tratados internacionales de derechos humanos no pueden desconocer los derechos y garantías expues
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