Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 88399
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de queja interpuesto (arts. 433 y ccdtes. del CPP).
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Lucía Anahí Giammatolo, por los fundamentos expuesto al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, sin costas en esta instancia .
C. 88399
En la ciudad de La Plata a los días del mes de del año dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces designados para integrar la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luís María Mancini y Mario Eduardo Kohan, para resolver en la presente causa caratulada “Giammatolo Lucia Anahí s/recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debía observarse el orden MANCINI – KOHAN .
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia de Buenos Aires que hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa, “…y sin que importe adelantar ninguna opinión sobre el fondo del reclamo…” casó el pronunciamiento de fs. 48/51vta. dictado por esta Sala y devolvió las actuaciones a los fines de que se dicte un nuevo fallo conforme las pautas allí establecidas.
Cumplidos los trámites de rigor, y hallándose la causa en estado de ser resuelta, este Tribunal ha decidido plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de queja?
Segunda: En su caso ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Mancini dijo:
Se encuentran reunidos los requisitos relativos tanto al tiempo como a la forma de interposición de la presente queja, por lo que la misma resulta formalmente admisible, conforme lo establecido en el artículo 433 del Código Procesal Penal.
A esta primera cuestión, voto entonces por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el señor juez doctor Kohan dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Mancini dijo:
I. La defensa expresa que la limitación formal que ha invocado la Cámara para denegar la interposición del recurso casatorio, impide que los Tribunales superiores ejerzan el control de constitucionalidad que emerge del art. 31 de la C.N. Citó los precedentes “Strada” y “Di Mascio” de la CSJN.
Alegó que en el caso se han vulnerado el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, el derecho a ser oído y que se han aplicado erróneamente preceptos legales al haberse confirmado la decisión que mantiene el proceso bajo las reglas del juicio por jurado, cuando expresamente su asistida ha manifestado su voluntad de ser juzgada por un Tribunal Oral en lo Criminal.
Alega que la ley 14.543 dispone que se escuche la manifestación del quien se encuentra procesada y que debe prevalecer su voluntad de conformidad con el principió previsto en el art. 1 del CPP.
Sostiene que el derecho de su asistida a elegir el tipo de procedimiento desea ser juzgada no precluyó, y que en el caso no hubo oposición de la fiscal a esa decisión.
Insiste en que es un derecho de su asistida elegir el procedimiento por el que quiere ser juzgada por lo que solicita que se admita la decisión de su asistida de ser juzgada por el procedimiento de Juez técnico y se acepte su renuncia al juicio por jurados.
Al tomar intervención el Defensor Adjunto de Casación Dr. Daniel Aníbal Sureda, propició que se haga lugar a lo solicitado, dijo que la ley 14543 ha establecido un sistema de enjuiciamiento por jurados opcional, reservado a algunos delitos, por lo que la renuncia de la imputada a ese tipo de procedimiento debe admitirse en el caso.
Por su parte, la Sra. Fiscal Adjunta de Casación Dra. Daniela Bersi, también propició el acogimiento del recurso, entendiendo que la decisión cuestionada presenta un excesivo rigor formal.
II. En mi opinión el recurso no prospera.
Las normas que regulan la admisibilidad de la vía casatoria tienen una importante función delimitadora del objeto del recurso que es la consagración legislativa de las razones que procuran conjugar en un adecuado equilibrio dos tendencias opuestas que pugnan por su prevalencia dentro del proceso: por un lado los principios de legalidad y justicia, según los cuales los recursos son garantías para las partes e instrumentos de perfección procesal en el ejercicio de los derechos constitucionales del debido proceso previo y la defensa en juicio; y, por otra parte, las exigencias de certeza y seguridad jurídica, que se obtienen mediante la estabilidad de las resoluciones y tienden al logro de los propósitos de celeridad y economía propios del proceso penal moderno.
En el régimen general de los recursos previstos en el nuevo ordenamiento procesal, las resoluciones judiciales resultan impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley.
Los recursos no se conciben, dado su carácter excepcional, fuera del orden fijado en las leyes. Configuraría un ejercicio autoritario de las propias atribuciones la pretensión de resolver, bajo el argumento de reparar supuestas irregularidades en las resoluciones de los órganos del proceso, cuestiones que excedan las facultades legalmente otorgadas a este Tribunal.
En ese sentido, la resolución impugnada no se trata de alguno de los supuestos establecidos por el art. 450 del CPP y por ende no detenta vocación recursiva a través de este medio de ataque, ello toda vez que el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, no es definitivo, ni equiparable por sus efectos, pues no pone fin a la acción, ni a la pena, ni a una medida de seguridad o corrección, ni imposibilita que continúe la causa, ni se trata de la denegatoria del sobreseimiento solicitado con el fundamento en la extinción de la acción penal específicamente referido en el art. 450 del C.P.P.
Por otro lado, el resolutorio atacado no es de carácter revocatorio, por lo que en el caso se encuentra debidamente abastecido el derecho al recurso y la garantía de doble conforme, en tanto la resolución recurrida es confirmatoria de la adoptada en la primera instancia, lo que excluye a su vez la posibilidad de satisfacer las exigencias del art. 450 del C.P.P.
Sumado a ello, entiendo que no se halla, configurado un supuesto de excepción conforme a la interpretación sustentada.
Al respecto diré que la resolución atacada se encuentra fundada en el texto expreso de la ley, en tanto el art. 22 bis del C.P.P. prevé que la renuncia al procedimiento de juicio por jurados sólo puede hacerse en el plazo previsto en el art. 336 del C.P.P.; y que, vencido ese plazo, encontrándose firme la requisitoria de elevación a juicio –como ocurre en la presente-, tal renuncia no es viable “bajo pena de nulidad”.
En tales condiciones, el plazo perentorio estipulado en la citada norma no puede considerarse -como pretenden las partes- impuesto sólo en función de un rigorismo formal excesivo, sino que tiene un sentido ordenador del proceso evitando retrotraerlo a etapas que fueron debidamente cumplidas; se trata de una manifestación propia de los principios de preclusión y progresividad de los actos procesales.
Además, debe recordarse que -contrariamente a lo que parecen interpretar las partes- el procedimiento de Jurados es la modalidad de juzgamiento consagrada legalmente como regla para el juzgamiento de este tipo de delitos; el Jurado es el “el juez natural” en estos casos, por lo que resulta razonable que la ley reglamente el momento en el que el imputado puede renunciar a ese procedimiento y optar por el de jueces técnicos. Ese criterio de fijación de plazos ordenatorios del proceso no es novedoso en nuestra ley procesal (art. Vgr art. 397 segundo párrafo del CPP).
En definitiva, tal como acertadamente se resolvió en las instancias anteriores, el límite temporal consagrado por el art. 22 bis del CPP no es arbitrario ni fundado en un mero rigorismo formal, siendo además que en el caso la imputada ha tenido plenamente expedita la posibilidad de manifestar su voluntad en el plazo legalmente establecido sin que se haya invocado siquiera algún impedimento para ello.
En suma, la respuesta brindada en las instancias anteriores, que garantizaron el doble conforme, de ningún modo pueden tildarse de arbitrarias o contrarias al derecho vigente como para justificar excepcionar la inadmisibilidad de una tercera instancia que pretende habilitar la defensa.
Finalmente cabe descartar los reclamos de naturaleza federal que intentó argüir la defensa.
En este sentido, no encuentro afectación al debido proceso, bajo sus manifestaciones de defensa en juicio, derecho a ser oído y juez natural, en tanto como dije la norma aplicada por las instancias anteriores -que es derecho vigente y cuya validez constitucional no fue cuestionada oportuna ni suficientemente- es una razonable regulación de la materia en traro, por ello y por lo que expuse más arriba, las decisiones de las instancias anteriores cumplen acabadamente con el deber de fundamentación y de ningún modo pueden tacharse de arbitrarias; máxime siendo que además la consecuencia de su aplicación no es ni más ni menos que la sustanciación del juicio ante los jueces naturales del caso (Jurado), por lo que queda descartada la alegada vulneración de este principio.
En cuanto al derecho de defensa en juicio y a ser oído, tampoco se advierte vulneración alguna en tanto la imputada tuvo expedita la posibilidad de manifestar su renuncia al juicio por jurados, y a pesar de ello no ejerció esa prerrogativa, sin haber invocado impedimento alguno para haberlo hecho en el tiempo y la forma legalmente establecida por la norma procesal.
Por otro lado, tampoco se demuestra ni se advierte violación al recurso en tanto en el caso la doble instancia judicial se ha garantizado desde que la decisión cuestionada ha sido revisada y confirmada por la Alzada Departamental.
En consecuencia, debe descartarse en el caso la concurrencia de circunstancias de gravedad institucional o de arbitrariedad, así como también la vulneración a las normas constitucionales que menciona la defensa, y en consecuencia corresponde rechazar el recurso de casación en trato. Sin costas.
Así lo voto.
Arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.; 8.2.h C.A.D.H., 14.5 P.I.D.C.P.; 14 y 15 de la ley 48; 22 bis, 106, 421, 433, 439, 448, 450, 451, 530 y concords. CPP.
A la misma cuestión planteada, el Juez Kohan dijo :
Sin perjuicio del criterio sustentado por la Sala que integro en relación al alcance del art. 450 del C.P.P., compartiendo el análisis efectuado por el colega preopinante abordando idénticos tópicos en torno a los agravios planteados y la inexistencia, en el caso, de gravedad institucional o infracción constitucional alguna, adhiero a su voto en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
I. DECLARAR formalmente admisible el recurso de queja interpuesto (arts. 433 y ccdtes. del CPP).
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Lucía Anahí Giammatolo, por los fundamentos expuesto al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, sin costas en esta instancia .
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DM
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2020 09:18:47 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2020 09:55:35 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2020 10:12:07 - LADERACH Rafael Alejandro - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia