Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 100133
c. 100.133
En la ciudad de La Plata, a los días del mes de del año dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces que integran la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Fernando Luis María Mancini, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 100.133 de este Tribunal, caratulada "Ferreyra, Alejandra Pamela s/ recurso de casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN - MANCINI , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. En fecha 25 de junio de 2019, en el marco de juicio por jurados, se emitió veredicto de culpabilidad y se dictó –en fecha 13 de agosto del mismo mes y año- la correspondiente sentencia por el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata, condenándose a Alejandra Pamela Ferreyra a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y el pago de las costas del proceso, por haber sido encontrada autora penalmente responsable del delito de lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego, en perjuicio de Walter Ricardo Chiamino (fs. 90vta./91).
II. Contra dicho decisorio, interpuso recurso de casación la señora Defensora Oficial, Dra. María Laura Solari (fs. 97/119vta.).
III. Concedido el recurso por el a quo, se radica en esta Sala V con noticia a las partes (fs. 123 y vta.).
Cumplidos los trámites de rigor y encontrándose la presente causa en condiciones de ser resuelta, el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes:
Primera : ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda : ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
El recurso fue interpuesto tempestivamente contra una sentencia definitiva, mediante escrito fundado en el cual se ha dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en los artículos 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Asimismo, y conforme lo dispuesto en el artículo 454 inciso 1° de dicho cuerpo normativo, la impugnante se encuentra subjetivamente legitimada para recurrir.
Por ello, corresponde declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h" y 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448 bis, 450, 451, 454 inc. 1°, 456, 457, 458 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Mancini, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
I. La Defensa Oficial ha desarrollado su impugnación afirmando que se produjo una variación ilegitima del objeto procesal, afectándose el principio de congruencia con menoscabo del derecho de defensa en juicio (v. fs. 101vta./102vta., acápite III).
Aduce que se modificó la plataforma fáctica intimada a su asistida de manera desventajosa y sorpresiva y que ello fue producto de la petición formulada al juez técnico a la hora de conformar las instrucciones al jurado popular, y que el magistrado, al acceder al pedido, indujo al cuerpo a error (fs. 107vta., tercer párrafo).
Transcribe segmentos del decisorio criticado. Se explaya sobre el tópico formulado con profusión de extractos de jurisprudencia y opiniones doctrinarias (Maier, Ferrajoli) que estima en apoyo de su tesitura. Reclama la absolución de Ferreyra. Efectúa la reserva del caso federal (fs. 118vta./119).
II. El señor Defensor Adjunto de Casación, Dr. Daniel Aníbal Sureda, acompaña su pieza de fs. 127/134vta. en la que introduce nuevos motivos de agravio dirigidos a cuestionar la valoración probatoria del jurado -denunciando vicio de arbitrariedad en dicha tarea-. Requiere la revisión integral del veredicto de culpabilidad y peticiona la inconstitucionalidad del artículo 451 del CPP. Cita normas convencionales y doctrina judicial. Mantiene la reserva del caso federal.
III. Por su parte, la señora Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, dictaminó a fs. 135/141 proponiendo el rechazo de la impugnación.
IV. De manera liminar, es del caso recordar que, como ya lo he sostenido en la causa nro. 75.197, “Castillo, Rodolfo Marcelo s/ recurso de Casación”, de la Sala IV que naturalmente integro, en procesos como el presente se imponen diversas consideraciones previas al abordaje específico de los agravios en cuestión.
No resulta sencilla la tarea para los Jueces de este Tribunal de Casación lo concerniente a la revisión de la sentencia de condena emanada de un veredicto de culpabilidad emitido en un juicio por jurados, por cuanto debemos encontrar un equilibrio entre las distintas normas que regulan el enjuiciamiento debido y el derecho del imputado a recurrir un pronunciamiento adverso.
Sabido es que la decisión del jurado resulta fruto de su íntima convicción y en el que no se expresan los fundamentos o motivos en los que reposa su conclusión. También es obligación de los Jueces técnicos (como lo somos quienes integramos este Tribunal) fundar sus temperamentos, entendido ello como que el decisorio debe contener “…según el caso, la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llegó al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinada o determinadas normas del plexo penal” (conf. Navarro, Guillermo R. - Daray, Roberto, “Código Procesal Penal de la Nación” , pág. 286; D’Albora, Francisco J., “Código Procesal Penal de la Nación” , comentario al art. 123, págs. 135 y 136) . En consecuencia, el camino que escojamos en este punto debe ser respetuoso de la premisa de fundar, pero no puede llegar al extremo de exponer razonamientos que lisa y llanamente importen “sustituir” al jurado popular, desde que la naturaleza del instituto no busca que los Tribunales revisores avasallen las funciones propias de los primeros.
La esencia del jurado, por su propia definición, resulta ser “… la participación del pueblo en una función reservada al Estado en la administración de la justicia penal. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio lo define como el ‘tribunal constituido por ciudadanos que pueden o no ser letrados y llamados por la ley para juzgar, conforme a su conciencia, acerca de la culpabilidad o de la inocencia del imputado, limitándose únicamente a la apreciación de los hechos (mediante un veredicto), sin entrar a considerar aspectos jurídicos, reservados al juez o jueces que, juntamente con los jurados, integran el tribunal’. Determinando que ‘jurado se denomina también a la persona que forma parte de ese tribunal popular’. Según el Dr. Luis Herrero, de la Universidad del Salvador, ‘el juicio por jurado es una institución de naturaleza procesal concebida para preservar la paz social’. Se podría decir que históricamente el jurado aparece como un medio para limitar la autoridad de quienes gobiernan, excediéndose en su poder. En sustancia, el jurado es la intervención popular en la administración de justicia para frenar el absolutismo en los juicios penales de los poderes del Estado ( “Juicio por Jurado”, Serie “Estudios e Investigaciones Nº 13” publicado por la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación).
El jurado, políticamente, no es otra cosa que la exigencia -a efectos de tornar posible la coerción estatal (la pena)- de lograr la aquiescencia de un número de ciudadanos mínimo, que simboliza, de la mejor manera posible en nuestra sociedad de masas, política y no estadísticamente, la opinión popular (cfr. Maier, Julio, “Derecho Procesal Penal” , T° I, p. 787, 2004).
Sentadas las bases antes aludidas, entiendo -al igual que lo hace una parte importante de la doctrina entre la que se puede citar a Gullco y Herbel (Gullco, Hernán V., “El juicio por jurados y el derecho al recurso” y Herbel, Gustavo A., “ El recurso frente a la condena del jurado popular” , ambos trabajos publicados por “ElDial.com”)- que la revisión de la sentencia de condena que deriva de un veredicto de culpabilidad no puede hacerse en la misma forma y con los mismos estándares que los pronunciamientos emanados de Jueces profesionales desde que el jurado es soberano en el establecimiento de los hechos.
Así pues, en el sistema judicial estadounidense, que emplea el enjuiciamiento por jurados populares desde hace más de doscientos años, se afirma que “Las personas condenadas por delitos federales tienen derecho de apelar ante la Corte de Circuito con jurisdicción. Sin embargo, las Cortes de Circuito generalmente mostrarán gran deferencia a las determinaciones probatorias (de hecho) del juicio y no harán una revisión profunda de las pruebas. Llevarán a cabo una revisión más amplia de las decisiones de derecho que de las determinaciones de hecho. Las facultades de apelación de los fiscales son muy limitadas. Por ejemplo, el fiscal no puede apelar una sentencia absolutoria” ( “Guía sobre los Procesos Penales en los Estados Unidos” publicada en la página de la Organización de los Estados Americanos; www.oas.org/juridico/mla/sp/usa/sp_usa-int-desc-uide.pdf ). A su vez, clara es la cita bajo el N° “8” que realiza Herbel en su trabajo antes mencionado donde consigna que: “ En el ámbito del “Common Law” los tribunales son reacios a criticar la valoración efectuada por los jurados que percibieron directamente las declaraciones, y salvo circunstancias excepcionales que demuestren la manifiesta injusticia de la condena, los jueces técnicos no interfieren con la decisión tomada de modo soberano por el jurado popular” (cf. LA FAVE, Wayne R. – ISRAEL, Perol H.; “Criminal Procedure” , St. Paul/Minnesota, West Publishing Co., 1985, ps. 997 y ss.; SPRACK, John; “Criminal Procedure” , Oxford / New York, Oxford University press, 2008, ps. 481 y s., entre otros).
V. Ello tiene su correlato legal en el articulado del Código Procesal Penal cuando establece determinados cauces por los que debe transitar el camino de la revisión de la condena, al prescribirse en el art. 371 quater inciso 7° que el veredicto es irrecurrible para luego regular las excepciones a esta primigenia regla en el art. 448 bis.
De la lectura de la última disposición se desprende que existen cuatro supuestos de recurribilidad. Dos de ellos (apartados “a” y “b”) se relacionan con cuestiones de neto corte procesal, uno vinculado con la confección de las instrucciones al jurado (“c”) y finalmente uno que alude a un “…veredicto de culpabilidad que se aparte manifiestamente de la prueba producida en el debate” (acápite “d”).
Es importante poner en relieve que el Tribunal de Casación Penal tiene por finalidad hacer, si se me permite la digresión, un “juicio del juicio”, determinando si el proceso ha sido llevado en forma regular tal y como lo mandan las leyes de rito.
Es decir, los pactos internacionales no exigen la “doble instancia”, sino que garantizan el derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria que es lo que constituye el llamado “doble conforme”. Ello se patentiza al analizar los supuestos de recurribilidad antes referidos y que están contemplados en el art. 448 bis, el cual acoge entre sus supuestos lo referido a la formulación de las instrucciones.
VI. Precisamente, el contenido de los agravios presentados por la Defensora Oficial de la instancia de origen se vincula con el mentado acápite “c” del artículo 448 bis del CPP, en cuanto se denuncia vulneración a los derechos de la parte en la conformación de las instrucciones impartidas por el juez técnico al jurado popular.
1. Para una mejor comprensión del tema que debemos tratar, resulta pertinente recordar que Alejandra Pamela Ferreyra fue condenada –tras ser hallada culpable mediante el respectivo veredicto- a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y el pago de las costas del proceso, como autora penalmente responsable del delito de lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego, en perjuicio de Walter Ricardo Chiamino, hecho cometido en Mar del Plata el 13 de junio de 2016.
2. Asimismo, cabe señalar que –entre las estipulaciones probatorias de las partes, previstas en los artículos 338, sexto párrafo, inciso 6 y 342 bis inciso 4, octavo párrafo, del CPP, ambos según ley 14.543- se fijaron las siguientes:
“ 1°) que la Sra. Ferreyra y el Sr. Chiamino mantenían un vínculo laboral relacionado con los préstamos de dinero; 2°) que el 13 de junio de 2016, siendo aproximadamente las 13:30 horas, en la zona de las calles Las maravillas y Parodi de la zona de Parque Peña ocurrió un incidente que implica a Ferreyra y a Chiamino; 3°) que Alejandra Pamela Ferreyra iba en calidad de acompañante de Walter Chiamino, ambos a bordo del vehículo marca Fiat Siena patente KOI-029, propiedad de Chiamino, que era conducido por éste; 4°) que Chiamino recibió al menos un disparo de arma de fuego que le provocó una herida en región hemicraneal derecha; 5°) que el arma de fuego utilizada no fue hallada y 6°) que, inmediatamente después de producido el disparo, la Sra. Ferreyra, al comando del vehículo, pidió auxilio al personal policial” (v. fs. 56).
3. Tal como puede apreciarse, el dato relativo a la ubicación de la acusada Ferreyra junto a la víctima en el automóvil que éste conducía al momento de recibir un disparo de arma de fuego no ha sido objeto de discusión por la Defensa, la que expresamente acordó tener por comprobado dicho punto en base a lo previsto en las normas arriba mencionadas.
4. Ahora bien, producida toda la prueba frente al jurado popular, las partes (Fiscal, representante del particular damnificado y Defensora Pública), efectuaron sus alegatos y dirigieron a los miembros de aquel cuerpo sus pedidos.
Tras el cierre del debate, las partes pasaron a presentar sus propuestas para la elaboración de las instrucciones:
A.- La Fiscalía postuló “que le sean explicados a los Jurados en primer lugar, lo que debe entenderse por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, en grado de tentativa, haciendo incapié [sic] en el tema de la intención de matar. Asimismo, solicita que le sean explicados al jurado los siguientes delitos menores incluidos en su imputación: esto es, los delitos de lesiones graves y lesiones leves, ambas agravadas por el uso de armas de fuego, el delito de abuso de armas y el de lesiones culposas, de conformidad con lo que al respecto prevén los arts. 41 bis, 42, 79, 89, 90 y 94 del Código Penal” (v. fs. 60, resaltado en el original).
B.- La representante del particular damnificado manifestó adherir en un todo a la propuesta de instrucciones finales que formulara el Fiscal (íd. fs. cit.).
C.- Por su parte, la Defensora Oficial expresó que sólo adhería a la primera parte de lo auspiciado por los acusadores, resaltó la importancia de instruir al jurado acerca de la carga de la prueba de la culpabilidad de la acusada y objetó la mención a los delitos menores, alegando vulneración a la defensa en juicio por quebrantamiento del principio de congruencia y de la imparcialidad del juez (fs. 60 y vta.).
5. Frente a las posturas así expuestas, el juez técnico analizó las mismas y brindó una fundamentación acerca de los puntos sobre los que basaría su decisión : “en primer lugar que se trate efectivamente de delitos menores incluidos (esto es, que se trate de infracciones subsidiarias o residuales respecto de aquella por la que fuera intimado y acusado el imputado) y que se respete el límite probatorio, o sea la prueba efectivamente rendida durante el debate y apreciada por los jurados” , citando en su apoyo doctrina sobre la materia (v. fs. 61).
A renglón seguido, indicó que “en relación a los delitos menores incluidos en la imputación, la prueba rendida en este debate justifica que se instruya a los jurados sobre ellos, toda vez que esa prueba permite considerar la posibilidad de que el jurado se incline por alguna de las opciones que propone…” .
Agregó que no hacerlo implicaría la abdicación del derecho de los miembros del jurado a la adjudicación de los hechos, privándolos de conocer cuál es la ley aplicable a los mismos y descartando expresamente cualquier menoscabo a los derechos y principios de naturaleza superior que la defensa había esgrimido, pues “las instrucciones que habrán de impartirse se hallan precedidas de un litigio adversarial entre las partes” (fs. cit., las itálicas y el subrayado me pertenecen).
Cuando tuve la primer oportunidad de expedirme en la materia –en el precedente “Castillo” antes citado- y en las subsiguientes, mencioné que todos los operadores del sistema judicial debíamos capacitarnos para asumir en forma adecuada el desafío que implica enfrentar una nueva manera de enjuiciamiento. En ella resulta imperioso romper con fórmulas propias del modelo vigente que se desarrolla ante Jueces profesionales. Hay que adquirir destrezas de litigación y abrir el pensamiento para incluir nuevos conceptos que difieren de lo que se realizaba hasta la irrupción del proceso por jurados, entre lo que se encuentra lo que desarrollaré a renglón seguido.
Sentado lo dicho, la discusión, en los términos en que se ha planteado, encierra un defecto de base en que incurren usualmente los litigantes dentro del sistema procesal bonaerense en lo que respecta al procedimiento de juicio por jurados, a la hora de reclamar la violación al principio de congruencia. La formulación encierra un desarrollo paradojal, desde que se queja de la mutación del aspecto material del objeto procesal en estudio, al incluirse un delito menor dentro de las hipótesis que se ponen a consideración del jurado, desde que no media una alteración de los hechos reconstruidos por la prueba desarrollada ante el jurado. Más allá de no verificarse ello, conforme vengo desarrollando en el presente voto y lo que seguiré argumentando, adelantando que los sucesos que conforman esa imputación por ilícito menor emergió de la prueba producida en el juicio, el defecto de base a que hiciera referencia está en las descripciones fácticas que se hacen en los juicios.
En estos procedimientos debe ineludiblemente emplearse el “lenguaje de los hechos” . Estamos empecinados en dotar a nuestras descripciones fácticas de múltiples conceptos propios de las proposiciones jurídicas en lugar de narrar hechos de la realidad, que fluyen y acontecen sin estar cargados de los elementos que que pertenecen a la interpretación que de esos eventos se hace ya sea por las partes o el Juez, como por ejemplo, usar abstracciones (ej. Hablar en un robo de “ejercer fuera en la puerta” cuando lo que debería describirse es “romper la puerta de tal o cual manera”. El jurado popular, con las características que posee, está en condiciones de entender, procesar y reconstruir hechos de la vida de los seres humanos y es misión primordial de los profesionales del derecho entender qué y cómo deben entablarse los términos de la discusión de los extremos fácticos. De emplearse el “lenguaje de lo
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