Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 103482
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar FORMALENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nro. 4 del Departamento Judicial San Isidro en causa n° 5605.
II. Rechazar el recurso de casación deducido a favor de Daniel Darío López, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, con costas.
Arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18, 19 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 40, 41, 50 y 189 bis, inc. 2°, párr. 8° del C.P.; 395, 399, 401, 421, 434, 448, 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º, 465, 530 y ccdtes. del C.P.P.
C.103.482
En la ciudad de La Plata a los días del mes de del año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luís María Mancini y Mario Eduardo Kohan, para resolver el recurso de casación que tramita bajo el número 103.482 caratulado “ LÓPEZ DANIEL DARÍO S/ RECURSO DE CASACIÓN ” ; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: MANCINI-KOHAN.
El Tribunal en lo Criminal Nro. 4 del Departamento Judicial San Isidro, con integración unipersonal del Sr. Juez Dr. Hernán San Martín, dictó sentencia en la causa n° 5605 de esa sede -en el marco de un juicio abreviado- condenando a Daniel Darío López a la pena cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar autor responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra agravada por la registración de antecedentes penales por delitos cometidos con el uso de armas (arts. 5, 12, 29 inc. 3°, 41, 45, 50 y 189 bis inc. 2° párrafos cuarto y octavo del Código Penal; 22, 209, 210, 371 y cctes. del Código Procesal Penal).
Contra dicho decisorio el Señor Defensor Oficial, Dr. Juliano Matías Novo, interpuso el recurso de casación que obra a fs. 13/15 del presente legajo.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
A la primera cuestión planteada , el señor juez doctor Mancini dijo:
Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos de los artículos 401, 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Siendo legítimo el interés en la correcta aplicación del derecho y la expectativa de que la sentencia mejore la situación del imputado, más allá de la conformidad prestada para que proceda el trámite de juicio abreviado, entiendo que el recurso de casación interpuesto resulta admisible, conforme los normado en los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y 401, 421, 396, 397 y 399 del Código Procesal Penal.
El recurrente se encuentra legitimado para hacer uso del recurso interpuesto a tenor de lo establecido en el artículo 454, primer párrafo del mentado cuerpo normativo y, por lo tanto, debe declararse admisible y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que lo sustentan (artículos 454, primer párrafo, 464, inciso segundo y 465 del Código Procesal Penal).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada , el señor juez doctor Kohan dijo:
Adhiero al voto del doctor Mancini, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada , el Sr. Juez doctor Kohan dijo :
I. Como único motivo de agravio el recurrente plantea la inconstitucionalidad del artículo 189 bis, inciso 2°, párrafo 8° del Código Penal por cuanto considera que es una disposición normativa refractaria de lo normado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, toda vez que se maximiza e incrementa el castigo del autor no por la gravedad del hecho en sí mismo, sino por registrar un determinado antecedente condenatorio. En el mismo sentido, señala que la aplicación de la norma en cuestión no contribuye a la sanción de una conducta de portación de arma en sí, sino que castiga al imputado por el modo en que éste condujo su vida en el pasado, dando lugar a un supuesto de “derecho penal de autor” contrario al principio constitucional de culpabilidad (arts. 18 y 19 de la C.N.)
Además, sostiene que la normativa cuya validez constitucional se cuestiona vulnera la prohibición del doble juzgamiento ( non bis in ídem ), ello en razón de habilitar la persecución y la imposición de una pena agravada al imputado en base a un hecho precedente e inconexo respecto del que se ventila en el proceso actual y por el que ya había sido juzgado y penado oportunamente.
En definitiva, solicita a esta Alzada la declaración de inconstitucionalidad del artículo 189 bis, inciso 2°, párrafo 8° del Código Penal y la asunción de competencia positiva a efectos de establecer un nuevo monto punitivo de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de dicha norma, fijándolo en el mínimo de la escala allí prevista, ello en atención a la consideración como atenuante de la colaboración prestada por López al ser aprehendido por la policía.
Deja planteada expresamente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
II. El Señor Defensor Adjunto de Casación, Dr. Daniel Aníbal Sureda, agregó, para el caso de que fuera desestimado el planteo de inconstitucionalidad postulado por su antecesor, que se impone la desaplicación de la agravante del delito de portación de arma de fuego con la consecuente readecuación de la pena, bajo el argumento de que López fue declarado reincidente, debiendo interpretarse dicha agravante con el mismo alcance que el segundo párrafo del art. 41 bis del C.P., aunque el legislador no lo haya previsto expresamente.
En tal sentido, habiendo sido impuesto el mínimo legal previsto para el tipo agravado, requirió que se mantenga dicho criterio con la desaplicación de la agravante propiciada.
Mantuvo la reserva del caso federal formulada por el recurrente y dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 451 del C.P.P en tanto veda la interposición de nuevos agravios luego de vencido el plazo de presentación del recurso.
III. Al tomar intervención el Sr. Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, propició el rechazo del recurso en razón de que, en primer lugar, la sentencia en crisis tuvo lugar en el marco de un juicio abreviado y resultó ajustada a la calificación y pena pactadas por las partes, careciendo el recurrente de interés para cuestionar ahora lo que antes consintió expresamente.
Sin perjuicio de ello, propugnó la desestimación del planteo de inconstitucionalidad traído, así como los nuevos argumentos esgrimidos en esta instancia por el Dr. Sureda.
IV. El recurso no puede prosperar.
Liminarmente, advierto que la mera referencia a una supuesta violación del principio de la culpabilidad por el hecho, la incursión en un derecho penal de autor, entre otros principios, acompañada de la solitaria cita de las normas de rangos constitucional y legal que se pretenden conculcadas, sin vinculación estricta con el caso de autos, sin explicación de la concreta vulneración que se verificaría entre la norma y el ordenamiento constitucional, y sin expresarse el motivo concreto por el cual la aplicación de la norma cuestionada ha conculcado las garantías invocadas, no alcanza a cubrir los mínimos requisitos de suficiencia exigibles en el marco del recurso de casación, cuando se pretende un pronunciamiento de tal gravedad como lo es la declaración de inconstitucionalidad de una norma.
Sin perjuicio de ello, estimo que la norma contenida en el art. 189 bis inc. 2 octavo párrafo del CP es válida desde la óptica constitucional.
El texto del artículo de referencia, en lo que aquí interesa, establece que “ El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas... y portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido de cuatro a diez años .” Esta calidad especial que el tipo penal del artículo 189 bis requiere en el autor se fundamenta en el mayor grado de culpabilidad que demuestra quien se determina a portar un arma de fuego en forma ilegal después de haber sido condenado por un delito que reprime la utilización de esa clase de instrumentos.
El individuo que comete nuevamente un delito en tales condiciones merece, por el nuevo hecho, un mayor grado de reproche, porque sobre él pesa, además de la norma de deber y la amenaza abstracta de pena, la concreta imposición de un castigo anterior por un delito que reprime una conducta de la misma naturaleza. Esta circunstancia lo coloca en mejores condiciones para motivarse en el derecho en comparación con quien no ha sido condenado anteriormente por la específica utilización de armas de fuego y, a su respecto, mantiene con la norma abstracta de deber su relación originaria.
Considero, a contramano de lo postulado por el Dr. Novo, que la norma en trato no vulnera el principio de non bis in ídem enunciado pues no se configura un supuesto de aplicación de una nueva sanción por hechos ya juzgados, toda vez que el elemento calificante del tipo se aplica en un proceso independiente y posterior del que diera origen a la existencia del extremo, sin examinarse los hechos por los cuales el imputado ha sido condenado con anterioridad.
No sobraría agregar que la condición adquirida por un ciudadano que ha sido condenado a una pena privativa de libertad en virtud de una sentencia anterior (presupuesto de aplicación del tipo agravado) es una consecuencia jurídica que se independiza del hecho que se le atribuyó en ese primer pronunciamiento.
Y entonces, no es exacto que el hecho delictual que fundó la primer condena reaparezca en la segunda, desde que el pronunciamiento que le atribuye al justiciable el tipo agravado no importa un nuevo juzgamiento por el hecho anterior, sino que sólo abraza la ponderación de un dato objetivo y formal que el legislador erigió como parte de un tipo penal al momento de establecer la calificación jurídica para subsumir el factum
La circunstancia calificante tampoco resulta violatoria de los principios de culpabilidad y reserva desde que el agravamiento de la punición en las circunstancias apuntadas no se relaciona con la personalidad del autor, sino con un mayor reproche dirigido al sujeto en función de su grado de culpabilidad por la comisión de un nuevo hecho delictivo que posee, como particularidad, una especial relación con la naturaleza del delito por el que fue condenado anteriormente.
Así las cosas, concluyo que ningún reproche constitucional muestra la calificación legal escogida por el sentenciante, la cual -vale decir- había sido así convenida por las partes en el acuerdo de juicio abreviado.
En cuanto al novedoso planteo esgrimido por el Dr. Sureda por el que solicitó la desaplicación de la agravante cuya constitucionalidad había puesto en tela de juicio el recurrente, considero -en línea con lo alegado por el Dr. Galán- que el mismo deviene inadmisible, en atención a su extemporaneidad (Art. 451 del C.P.P.), ello más allá de la alegada presencia de una cuestión federal, puesto que la misma también tiene como exigencia un oportuno planteamiento.
Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento, no debería perderse de vista que la reincidencia constituye un “estado” que se configura de pleno derecho a partir de la verificación de los presupuestos contenidos en el art. 50 del Código Penal, y sus efectos jurídicos, con independencia de que uno de los extremos necesarios para su dictado (presencia de una condena anterior firme) resulte mensurable a fin de subsumir la conducta en el tipo penal agravado del art. 189 bis, inc. 2°, párr. 8° del mismo ordenamiento sustantivo.
En función de ello, este instituto ni siquiera depende de la existencia previa de un pronunciamiento formal que la declare. Sumado a ello, no resulta ocioso recordar, como he sostenido reiteradamente, que la declaración de reincidencia es sólo paralela y no integrativa de la condena, desde que sólo incide en el modo de ejecución de una pena impuesta y por ello, en tal sentido, no la integra; de manera que no puede considerarse en el caso que se haya conculcado la garantía invocada por el Dr. Sureda.
Finalmente, en lo que atañe a la pretensión del Dr. Novo de que se compute como atenuante en esta instancia la actitud colaboradora de López al ser aprehendido por el personal policial, considero que la misma no puede prosperar en virtud de la extemporaneidad de esta petición.
Tras la lectura de las cuestiones tercera, cuarta y quinta tratadas conjuntamente en el veredicto (v. fs. 4vta.), se advierte que la circunstancia planteada en el recurso no fue introducida por las partes en el acuerdo de juicio abreviado, contingencia que obstaculiza que su pedido sea aceptado en esta instancia recursiva, pues si tal petición no fue formulada oportunamente (al momento de suscribir el referido pacto) ante el tribunal de grado para que éste se pronuncie sobre tal pedido, mal puede ahora intentar que se valore aquí (conf. Causa n° 9274 “Galván, Diego Gastón s/Rec. de Casación”, entre otras.).
En otras palabras, no hay decisión del a quo cuya motivación pueda ser revisada pues no medió alegación defensista que la tornara exigible.
Por todo lo expuesto propongo al acuerdo rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por no verificarse ninguna de las infracciones legales denunciadas.
Así lo voto.
Arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional; 40, 41, 50 y 189 bis, inc. 2°, párr. 8° del C.P.; 395, 399, 434, 448, 451, 465 inc. 3°, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.
A la cuestión planteada , el señor Juez doctor Kohan dijo :
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala V del Tribunal
I. DECLARAR FORMALENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nro. 4 del Departamento Judicial San Isidro en causa n° 5605.
II. RECHAZAR el recurso de casación deducido a favor de Daniel Darío López, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, con costas.
Arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18, 19 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 40, 41, 50 y 189 bis, inc. 2°, párr. 8° del C.P.; 395, 399, 401, 421, 434, 448, 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º, 465, 530 y ccdtes. del C.P.P.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JM
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 12:22:39 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 12:07:17 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 12:53:39 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia