Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 101090
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA procede al dictado de la sentencia definitiva en el marco de la Causa N° 101090 caratulada “VALVERDE JESUS ANGEL SANTOS S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial contra la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2019 por el Tribunal en lo Criminal nro. 5 del Departamento Judicial de San Martín, a través de la cual se condenó a Jesús Angel Santos Valverde a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, en concurso real con lesiones leves, cometidos en dos oportunidades (artículos 42, 45, 55, 80 inc. 1 y 89, Cód. Penal).
En primer término, cuestiona la incorporación por lectura del testimonio de S. D. B. S., utilizado por el tribunal para la condena de su asistido, sin que esa parte tuviera la oportunidad de contra-examinarla, afectando el derecho de defensa en juicio del imputado y, en particular, su derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. Alega que excluido del material probatorio disponible, no es posible comprobar que Valverde fue quien lesionó a la menor.
Por otro lado, denuncia inobservancia del art. 80 última parte del Código Penal y de las reglas procesales que rigen la valoración de la prueba, cuestionando la calificación jurídica asignada por el tribunal al hecho principal, en tanto entiende que mediaron en el caso circunstancias extraordinarias de atenuación.
Hizo reserva del caso federal. Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes (fs. 55/vta.), el recurso radicó en la Sala.
El Defensor ante esta Sede, Dr. José María Hernández, mantuvo el recurso de casación interpuesto, remitiéndose a los argumentos del recurrente.
A su turno, el Fiscal ante esta Sala, Dr. Jorge Armando Roldán, postuló el rechazo del recurso, por los argumentos desarrollados en el dictamen de fs. 57/58vta.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. El Tribunal de la instancia anterior, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que “el día 13 de noviembre del año 2017, siendo alrededor de las 01:30 horas, en el interior de la vivienda de la calle M. 1xxx de la localidad de C., Partido de T. d. F., una persona de sexo masculino mayor de edad, identificado en autos como Jesús Angel Santos Valverde, utilizando una cuchilla asestó varios puntazos en el cuerpo de su pareja conviviente R. S. S. C., ocasionándole lesiones cortantes en zona anterior superior del tórax lado izquierdo, rodilla izquierda, muslo derecho y mano izquierda, las que por su gravedad colocaron en riesgo su vida, y que no culminaron con el óbito de la víctima por razones ajenas a la voluntad del imputado” (fs. 17).
También se comprobó que “en las mismas circunstancias de tiempo y lugar, el imputado de marras, con motivos de las acciones desplegadas contra la damnificada aludida, produjo lesiones escoriativas superficiales en cara interna de antebrazo derecho secundaria a traumatismo contusas en el cuerpo de la mujer menor de edad S. D. B. S., de doce años de edad, caracterizadas como de leve entidad” (fs. 17).
Por último, el tribunal acreditó que “...al pretender salir de la vivienda, luego de cometido los hechos narrados, Santos Valverde al enfrentarse y forcejear con Walter Millque Tahua, mediante la utilización de un cuchillo de cocina, le produjo cortes en el dedo mayor de la mano izquierda, provocándole la lesión caracterizada como de leve entidad” (fs. 17/vta).
2. Advierto preliminarmente que la ocurrencia de los hechos en su exteriorización material, como la autoría del encartado (excepto en la ejecución del delito que tuvo como víctima a la menor S. D. B. S.), no fueron cuestionadas mediante el presente recurso y llegan firmes a esta instancia; no obstante, la defensa controvierte el encuadre jurídico que el tribunal dio al hecho principal.
En ese sentido, observo que los planteos efectuados por la recurrente resultan ser una reedición de los alegados en la instancia anterior. En efecto, en el debate la defensa sostuvo que al emprender la acción, el ámbito de autodeterminación de Valverde estaba disminuido, pues reaccionó ante la provocación de su pareja, quien esa noche iba a encontrarse con otro hombre que la esperaba en la esquina del domicilio (ver exposición de los alegatos que hace el tribunal, fs. 16). Por otro lado, sostuvo que la acusación no había logrado comprobar que Valverde fuera quien lesionó a la menor, pues -a su juicio- la fiscalía solo recreó una pelea entre los adultos, sin descartar que la lesión fuera producida por la madre (ver acta debate fs. 14vta. y fs. 16).
Ambas posiciones fueron mantenidas en el recurso. En el caso de las lesiones, solicitando la exclusión probatoria del testimonio de la niña, incorporado por lectura con oposición de esa parte y, por esa vía, instando la absolución de Valverde, frente a la inexistencia de otras evidencias que permitan tener por comprobada su autoría en el delito .
3. El acta de debate da cuenta de la incidencia que se planteó entre las partes en relación a la incorporación por lectura de aquel testimonio. De un lado, la fiscalía motivó su petición en el dictamen de la licenciada en psicología Sandra Sofía, quien desaconsejó que la menor fuese sometida al examen y contra-examen de las partes, a fin de evitar su re-victimización. La acusación fundó su posición en el art. 3 de la CDN y agregó que no era aplicable al caso el art. 102 bis del CPP, previsto para menores de edad, víctimas de delitos vinculados con la integridad sexual (fs. 11vta).
Sin desconocer la situación de la menor, la defensa se opuso a la incorporación por lectura de su testimonio, por vulnerar la defensa en juicio del imputado y su derecho a controlar la prueba de cargo. Estimó que el conflicto entre ambos intereses no debía resolverse lesionando el derecho del imputado, en especial cuando era previsible para la fiscalía el riesgo de re-victimización de la niña, impidiendo su declaración en el juicio oral, siendo responsabilidad de la acusación estatal preservar la evidencia de cargo. Agregó que la fiscalía recibió declaración a la niña durante la IPP, sin evaluar si estaba en condiciones psíquicas de hacerlo y que tampoco le estaba impedido utilizar el mecanismo previsto en el art. 102 bis del CPP, teniendo en cuenta que su incorporación en el código de forma intentó dar respuesta a este tipo de conflictos, evitando la re-victimización de los menores y permitiendo cierto control de la prueba de cargo a la defensa (fs. 11vta/12).
El tribunal resolvió la incorporación por lectura del testimonio, en función de lo dictaminado desde el área psicológica, pues sin desconocer “la situación planteada respecto del derecho de defensa”, consideró que el art. 102 bis del CPP no se extendía “más allá de delitos vinculados a la integridad sexual, ello sin perjuicio de la actividad del fiscal de instrucción, quien no tenía obligación legal de tomar declaración a través de cámara Gessel y que de hacerse hoy con esa modalidad tampoco evitaría la revictimización” (fs. 12). La defensa formuló protesta.
En el recurso, la defensa precisó que el testimonio de la niña se recibió en presencia de su progenitor y de la secretaria de la fiscalía, a los pocos días de ocurrido el hecho (fs. 45).
4. Ahora bien, según se desprende del veredicto, el testimonio de S. D. B. S. fue ponderado especialmente por el tribunal para refutar la hipótesis que introdujo la defensa en el juicio, cuando alegó -en relación al delito que la tuvo como víctima- que no podía descartarse que hubiera sido lesionada por su madre, al interponerse para defenderla de la agresión del imputado (fs. 25vta/26 y 28).
A partir de lo señalado, se advierte la razonabilidad de la oposición de la defensa al reclamar la posibilidad de interrogar a la testigo en el juicio oral, toda vez que en el marco del delito analizado aquel testimonio constituía evidencia directa de la autoría.
Ello permite confirmar que los jueces fundaron la condena en prueba de cargo que la defensa no tuvo oportunidad adecuada de controlar, en desmedro del derecho consagrado por los arts. 8.2.f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.e. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En ese sentido, observo que la circunstancia señalada por el tribunal al decidir la incorporación por lectura, relativa a evitar la re-victimización que implicaba someter a la menor a una nueva declaración, no basta para impedir la lesión al debido proceso que implica, para el acusado, no haber contado con la posibilidad de controlar aquella prueba. El hecho de que la fiscalía “no tenía obligación legal de tomar declaración a través de cámara Gessel”, también carece de relevancia para resolver la cuestión, pues de acuerdo a los criterios interpretativos de la CSJN en el precedente “Benítez”, lo que se encuentra en discusión en estos casos “no es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lectura, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se respete el derecho de defensa del acusado” (considerando 13); objetando -en definitiva- la decisión del tribunal de juicio que fundó la condena en prueba de cargo “que la defensa no tuvo oportunidad adecuada de controlar” (considerando 11).
En función de lo anterior, se ha sostenido que la doctrina de “Benitez” puede resumirse del siguiente modo: “Si durante la instrucción la recepción de un testimonio tiene lugar con intervención de las partes y con posibilidad de la defensa de repreguntar, entonces ese control será considerado suficiente en caso de que luego, en la etapa de debate, resulte imposible la nueva comparecencia de ese mismo testigo” (Carrió, Alejandro, 2014, Garantías constitucionales en el proceso penal, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, pág. 137).
5. Entonces, si no se ha ofrecido a la defensa una oportunidad útil y efectiva para interrogar al testigo de cargo, que tampoco está disponible en la audiencia de juicio, su declaración no controlada por la defensa no puede ser tomada como base de la sentencia, encontrándonos -en rigor- ante un supuesto de exclusión probatoria (art. 211, CPP) y, por ello, debe examinarse cuál es el peso relativo que pudo haber tenido esa prueba al fundar el veredicto de culpabilidad, es decir, evaluar si la exclusión señalada afecta la suficiencia probatoria de la autoría, en relación al delito de lesiones que afectó a la menor (tema sobre el que volveré más adelante).
En efecto, la intervención de la defensa no es un requisito de validez del acto en el que se recibe la declaración del testigo. Simplemente, el estándar del fallo “Benítez” impide que esa prueba sea incorporada por lectura al juicio. Otra cuestión es si la prueba que la defensa sí pudo fiscalizar es suficiente para confirmar la imputación. Se trata de dos valoraciones diferentes.
En consecuencia, corresponde excluir del cuadro probatorio disponible la declaración de S. D. B. S..
6. Establecido lo anterior y previo a continuar con el examen delineado, entiendo pertinente destacar las observaciones que hizo la defensa sobre la actividad probatoria correspondiente a cada parte, pues coincido en que es responsabilidad exclusiva del acusador estatal tomar los recaudos pertinentes para resguardar el contradictorio y, en ese sentido, recuerdo que la evitación de la victimización secundaria y la protección de la integridad psíquica de las personas en condición de vulnerabilidad, son finalidades que deben observarse en todo contacto que tengan con el sistema de justicia. A tales fines, la CSJN adhirió a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (Ac. 05/2009), que recomienda “evitar comparecencias innecesarias” y aconseja “analizar la posibilidad de reconstruir prueba o anticipo jurisdiccional de la prueba cuando fuere posible de conformidad con el derecho aplicable”.
En efecto, aquellas Reglas consideran como víctimas en especial condición de vulnerabilidad, entre otros supuestos, a los menores de edad y a los familiares de víctimas de muerte violenta (apartado 11, Sección 2da), asimilable al caso que nos ocupa donde la niña fue testigo del intento de homicidio de su madre, recomendando “la adaptación de procedimientos para permitir la práctica anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad, para evitar la reiteración de declaraciones”, especialmente mediante “la grabación en soporte audiovisual del acto procesal en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda reproducirse en las sucesivas instancias judiciales” (apartado 37, Sección 4ta).
En ese sentido, observo que al oponerse a la incorporación por lectura, la defensa señaló -con criterio- la existencia de mecanismos procesales idóneos y disponibles para evitar la re-victimización del testigo y asegurar el control de la producción de la prueba por parte de la defensa (como la cámara Gesell), a lo que agregó, ya en el recurso, el procedimiento del art. 274 del CPP, también disponible para resguardar ambos derechos.
Coincido en que existía una alta probabilidad de que la niña no estuviera en condiciones de declarar nuevamente en el juicio oral, teniendo en cuenta las personas implicadas en el hecho y el alto grado de violencia desplegada por el acusado; es decir, no resultó una situación imprevista o fortuita para el fiscal y, entonces, las razones por las cuales el testimonio no pudo ser valorado en la audiencia no le son ajenas, sino consecuencia de cómo administró su prueba.
El conflicto que tensiona el derecho de defensa del imputado cuando se encuentra en cuestión el control de las declaraciones de víctimas en situación de vulnerabilidad, es un escenario conocido dentro del proceso penal.
En ese sentido, el Código Procesal Penal regula diversos mecanismos de anticipo probatorio, con control de la defensa. En el art. 274, de modo general, cuando deba declarar en la instrucción un testigo que por un “obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate”, habilitando aquel anticipo, con los recaudos propios del contradictorio; y en el caso de la declaración de los menores de dieciseis años de edad víctimas de los delitos tipificados en el libro II, título III del Código Penal, para los que establece un procedimiento especial (art. 102 bis), con eventual intervención de un profesional en psicología facultado para sugerir la prescindencia de ciertas preguntas que puedan lesionar la integridad psíquica del niño o niña, y que especialmente remite a la observancia de las exigencias del art. 274 “a fin de evitar la necesidad de repetición de la declaración del menor en forma personal”. Igual procedimiento cabe en el caso de los adolescentes de entre dieciseis y dieciocho años de edad, víctimas de aquellos delitos, cuando un profesional considere que existen riesgos para la salud psicofísica en caso de comparecer a los estrados (art. 102 ter, CPP).
Así, nuestro ordenamiento procesal prevé ciertas restricciones al derecho de interrogar a los testigos de cargo fundadas en la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran ciertas víctimas, expuestas al riesgo de ser re-victimizadas.
En efecto, la ponderación del derecho de contradicción con otros intereses concretos concurrentes en el proceso penal permite acomodar la forma o la intensidad de la confrontación, pero no la excluye totalmente; permite articular el alcance del derecho consagrado por los arts. 8.2.f. de la CADH y 14.3.e. del PIDCP, pero no prescinde de él. Así, en los supuestos de necesidad de protección a testigos, ya por su minoría de edad o para evitar una victimización secundaria, se exige, de los órganos judiciales, medidas que vengan a compensar los déficits de defensa y que, aún de manera disminuida, permitan cierto grado de confrontación.
En ese sentido, observo que la discusión en torno a cómo compatibilizar los mecanismos de protección previstos en favor de las víctimas con el derecho de defensa del imputado, en particular, su derecho a confrontar a los testigos de cargo (de las propias víctimas), dieron lugar al dictado del fallo “Gallo López, Javier” (Expte. G.1359.XLIII, rta. 7 de junio de 2011) por parte de la CSJN, en un caso donde la Sala IV de la CFCP, por aplicación del precedente “Benítez”, anuló la sentencia que había condenado al imputado por delitos contra la integridad sexual de una menor de edad, fundada en testimonios que la defensa no tuvo ocasión de controlar: el de la joven víctima y el su tía, denunciante. Según explicó la Corte, en el primer caso, la comparecencia al juicio oral “fue desaconsejada por las expertas (…) a la luz del intento de suicidio y de los episodios psicóticos padecidos por la joven y en el segundo caso, por la imposibilidad de dar con el paradero de la denunciante”.
Al resolver, la Corte estimó que dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba la presunta víctima “no p[odía] sino colegirse (…) que las pruebas objetivas –que en modo alguno fueron impugnadas por la defensa– consideradas por el tribunal de juicio a los fines de emitir su fallo condenatorio, debieron cuanto menos ser atendidas por el a quo en orden a examinar si constituían un curso causal probatorio independiente, lo que fundamenta[ba] per se el carácter arbitrario del pronunciamiento recurrido” (considerando 7).
A mi modo de ver, “Gallo López” vino a complementar la doctrina elaborada por la CSJN en “Benitez”. En efecto, si el estándar del fallo “Benítez” impide que la prueba obtenida sin posibilidad de confrontación por parte de la defensa sea incorporada por lectura al juicio, “Gallo López” agrega una segunda regla que recuerda a la de la prueba “única y decisiva” del TEDH, es decir, la de examinar si la prueba incorporada por lectura sin contradicción fue la única y decisiva para el dictado de la condena o existe un “curso causal probatorio independiente” que permita sostener válidamente la decisión.
7. Ahora bien, en función de la exclusión probatoria y el resto de las consideraciones expuestas, corresponde examinar si la autoría cuestionada se fundó, como prueba única y decisiva, en el testimonio de S. D. B. S. o subsiste evidencia válida y suficiente para sostener la condena de Valverde en las lesiones.
Cabe recordar que la configuración fáctica del hecho principal no fue controvertida y permite reconstruir las características del riesgo generado por el autor, a partir de la cantidad y gravedad de las lesiones que le produjo a la mujer -madre de la niña-, el medio utilizado -cuchilla- y especialmen
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