Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 101410
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas.
Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 8.2.h., de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 y 167 quater inc. 4, del Código Penal; 209, 210, 371, 373, 450, 454, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 101410 caratulada “GALI NESTOR ADOLFO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. El Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca – integración unipersonal- mediante el pronunciamiento dictado el 30 de septiembre de 2019 (en la causa BB-737-2019) condenó a Néstor Adolfo Gali a la pena de cuatro (4) años de prisión, multa de cincuenta mil pesos ($50.000), accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de abigeato (arts. 45, 167 quáter inc. 4 y 167 quinquies párr. segundo, Cód. Penal) – fs. 7/13-.
La defensa del acusado interpuso recurso de casación (fs. 17/24). Su agravio se vincula con la calificación legal asignada a la conducta infraccionaria atribuida a su asistido.
En lo esencial, alega que contrariamente a lo sostenido en el fallo, se encuentran presentes en el caso los elementos típicos de la figura prevista en el art. 173 inc. 7 del Código Penal (administración fraudulenta).
En esa dirección, destaca la función que cumplía el acusado en el establecimiento rural de la víctima, donde se encontraba a cargo de “ todas las tareas relacionadas con la actividad ganadera, como ser encerrar al ganado, vacunarlo, alimentarlo, entre otras ”.
Argumenta que tales circunstancias permiten afirmar que se encontraba a cargo del manejo y cuidado de intereses pecuniarios ajenos, y que infringió los deberes que le fueron confiados, aprovechando su función laboral para trasladar a un número de animales fuera de los límites de la propiedad del damnificado y sin su conocimiento.
En subsidio, plantea que la conducta infraccionaria debería ser considerada como constitutiva del delito de hurto, pues en el caso no hubo un aprovechamiento por parte del acusado de la “ situación rural ”, considerada por el letrado como “ la especial protección que se busca dar al abigeato ”.
Hizo reserva de caso federal.
III. Con la adjudicación por sorteo del recurso en la Sala, se notificó a las partes (fs. 41/vta.).
El señor defensor oficial ante esta instancia mantuvo la impugnación deducida, remitiéndose en un todo a los fundamentos desarrollados en el escrito de interposición (fs. 42 y vta).
La señora fiscal ante esta sede postuló el rechazo de la impugnación, por considerar acertada la calificación legal establecida en el fallo, y por entender que no resultan aplicables al caso las figuras legales propuestas por la defensa (fs. 43/45).
El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
I. El señor juez integrante del Tribunal en lo Criminal nº 3 de Bahía Blanca tuvo por acreditada la siguiente materialidad infraccionaria:
II. Sentado lo anterior, interesa destacar que la defensa no ha discutido el razonamiento probatorio en el que se apoyó el sentenciante para tener por comprobada la conducta infraccionaria descripta, y la intervención que se le adjudicó a su asistido, aspectos que en consecuencia han quedado fuera del tratamiento de este órgano jurisdiccional (art. 434, CPP).
El agravio que corresponde analizar se vincula con la calificación legal establecida en el pronunciamiento en crisis.
En ese orden de ideas, se advierte que en el alegato de cierre del debate, la defensa planteó que la conducta infraccionaria atribuida a su asistido debía ser subsumida en el delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7, Cód. Penal), y no en la figura del abigeato postulada por la fiscalía (fs. 5).
En la sentencia, el señor juez de la instancia respondió el planteo de la siguiente manera:
“(…) La calificación postulada por el señor defensor oficial no se corresponde con el hecho que se ha tenido por probado, conforme surge del considerando primero del veredicto. El Sr. Gali era encargado de la parte ganadera del campo, empleado del Sr. Trimarchi, pero en modo alguno estaba a cargo de la administración de los bienes. Si bien engañó al transportista para que le trasladara los animales, no ha sido esto un engaño que produjo el error que llevó a la disposición patrimonial, que lleve a encuadrar el caso en un supuesto de defraudación. Ninguna disposición patrimonial realizó el Sr. Trimarchi ocasionada a partir del error provocado con un engaño; nada hizo el mencionado; sino simplemente su empleado se apropió de ganado que no le pertenecía ” (fs. 12 y vta.).
La transcripción del párrafo de la sentencia vinculada con el agravio en trato, permite apreciar ciertas referencias a los elementos típicos constitutivos del delito de estafa (ardid, error y disposición patrimonial perjudicial, art. 172, Cód. Penal), que por lo tanto no serían relevantes para descartar el encuadre legal propuesto por la defensa (administración fraudulenta, art. 173 inc. 7, Cód. Penal).
Sin embargo, el análisis de las circunstancias concretas del caso, conjuntamente con la redacción actual del art. 167 quater del Código Penal, me lleva a concluir que el planteo de la defensa no resulta atendible.
En efecto, comienzo por señalar que la ley que introdujo el Capítulo II bis, en el Título VI del Código Penal que comprende los delitos contra la propiedad, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la doctrina (ver en tal sentido, Rubén E. Figari, “Abigeato”, en www.pensamientopenal.com.ar). En el mismo sentido, no puede dejar de mencionarse que el carácter “perfectible” de la ley fue señalado en el debate parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación (conf. Período: 122, Reunión: 8, Fecha: 21/04/2004 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE ABIGEATO), no obstante lo cual, han pasado más de dieciséis años desde su sanción, sin que recibiera ninguna de las modificaciones cuya necesidad fue advertida antes de su entrada en vigencia.
Sin perjuicio de lo anterior, no se han conocido pronunciamientos de los tribunales superiores de la Provincia o de la Nación, en los que se haya declarado la inconstitucionalidad de la norma, la cual por otra parte tampoco ha sido cuestionada en este legajo por el impugnante.
En este contexto, el examen de los artículos contenidos en el Capítulo II bis del Título VI del código sustantivo, permite apreciar que el apoderamiento ilegítimo del ganado total o parcialmente ajeno, contemplado como acción típica, comparte la estructura establecida en el art. 162 del código de fondo (apoderamiento ilegítimo de cosas o bienes total o parcialmente ajenos), tratándose entonces el abigeato regulado por el legislador, de un hurto de características especiales en función del objeto de la conducta ilícita y del lugar en el que se desarrolla.
Ahora bien, la figura prevista en el inciso 4 del art. 167 quáter, contempla la agravante del abigeato cuando en el hecho participa “ una persona que se dedica a la crianza, cuidado , faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal ”.
La conducta atribuida a Néstor Adolfo Gali fue subsumida en el tipo penal mencionado, en virtud de que el nombrado se dedicaba al cuidado del ganado, desempeñando tal actividad en el establecimiento donde se encontraba el ganado perteneciente a la víctima.
En este punto, es dable señalar que el delito cuya aplicación pretende la defensa (administración fraudulenta), también contempla el supuesto en el que el sujeto activo se encuentra a cargo del “ cuidado de bienes o intereses pecunarios ajenos”.
Sin embargo, para establecer cuál de las normas resulta aplicable a la conducta atribuida al acusado, resulta dirimente el contexto de la conducta ilícita atribuida al acusado, pues ha sido la actividad rural vinculada con la producción ganadera la que el legislador tuvo específicamente en consideración, al momento de establecer los presupuestos para la subsunción de una conducta en el delito de abigeato (simple o agravado), en los casos en los que el sujeto activo se dedique al cuidado de una o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos rurales, o en ocasión de su transporte. Así se desprende de los antecedentes parlamentarios de la ley 25.890 (Mensaje de Elevación del Proyecto del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados – Excpte. 431/2003 P.E. 3/12/2003-), de donde surge que las ideas que sostuvieron la reforma propuesta, estaban vinculadas con la redefinición y ampliación del concepto de abigeato, y con la descripción de situaciones calificantes que se correspondían con las nuevas modalidades delictivas.
La especificidad del supuesto permite apreciar que cuando la propiedad de la víctima se ve afectada por una conducta ilícita realizada por un sujeto activo que reviste alguna de las calidades contempladas en el inc. 4 (en este caso, su dedicación al “cuidado” de ganado), en las concretas circunstancias de modo, tiempo y lugar establecidas en el art. 167 ter del código sustantivo, la conducta deberá subsumirse en el delito de abigeato agravado, quedando desplazado en su aplicación el abuso de confianza regulado en la figura defraudatoria mencionada por la defensa.
Finalmente, la defensa también alegó que el acusado “ no aprovechó ” el marco rural en el que llevó a cabo su conducta ilícita, “ ya que el mismo hecho podría haber acaecido en cualquier otro contexto laboral ”, postulando en consecuencia la aplicación del delito de hurto simple (art. 162, Cód. Penal).
Su planteo tampoco resulta atendible, pues la norma sólo requiere que el apoderamiento ilegítimo recaiga sobre una o más cabezas de ganado que se encuentre en un establecimiento rural (conf. art. 77, Cód. Penal), sin exigir un especial aprovechamiento de la situación a la que hace alusión el impugnante.
En orden a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas (arts. 14.5, PIDCyP.; 8.2.h., CADH.; 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 15, 168 y 171, Const. Pcia.; 45 y 167 quáter inc. 4, Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 450, 454, 459, 530 y 531, CPP).
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, por sus fundamentos, y me pronuncio en igual sentido. VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.2.h, CADH.; 14.5, PIDCyP.; 15, 168 y 171, Const. Pcia.; 45 y 167 quáter inc. 4, Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 450, 454, 459, 530 y 531, CPP). ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas.
Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 8.2.h., de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 y 167 quater inc. 4, del Código Penal; 209, 210, 371, 373, 450, 454, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N° 25
Firmas
Funcionario Firmante: 09/02/2021 09:37:09 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 09/02/2021 11:13:33 - MAIDANA Ricardo Ramón - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2021 11:30:26 - ALVAREZ Jorge Andrés - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia