Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 103426
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensa de Romina Mariela Acosta (arts. 401 y 451 del C.P.P.).
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto, casar el fallo atacado por haber inobservado los arts. 1, 106 y 210 del rito, y absolver a Romina Mariela Acosta en orden al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización pro el que viene condenada, de conformidad con los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente. Sin costas.
III. Disponer la inmediata libertad de Romina Mariela Acosta, la que deberá hacerse efectiva por medio del Tribunal a cuya disposición se encuentra detenida la nombrada , previo labrar el acta de rigor y constatar que no exista impedimento legal alguno. A tal efecto líbrese oficio.
Arts. 1, 3, 106, 210, 211, 395 y gigtes, 448, 451, 460, 530 y ccdtes. del CPPP; 5 inc. "c" y ccdtes, de la ley 23.737, 77 y ccdtes. del CP, 1, 18, 19, 33 y 75 inc. 22 de la CN.
103.426
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctora María Florencia Budiño y doctor Luis Fernando María Mancini, para resolver en la presente causa 103.426 , caratulada “ACOSTA, ROMINA MARIELA S/ RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden BUDIÑO-MANCINI .
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la defensa oficial, contra el pronunciamiento recaído en la Causa Nro. 19632 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, por el que se resolvió condenar a Romina Mariela Acosta, en el marco del juicio abreviado, a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, accesorias legales y 45 unidades fijas de multa más costas del proceso, por haberla encontrado autora penalmente responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera : ¿Es admisible el remedio impetrado?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño , dijo:
Entiendo que la respuesta a esta cuestión debe ser afirmativa.
El recurrente dio las razones por las cuales el recurso de casación debe ser admitido, a la vez que la resolución impugnada tiene carácter de sentencia definitiva, según lo pautado por el art. 450 y 448, inciso 1º del C.P.P.
En virtud de lo antedicho, y considerando que el recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que la impugnante se encuentra legitimada para recurrir, y enmarcándose la sentencia objeto del recurso dentro de las resoluciones que el Código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse el presente recurso de casación. (Arts. 421, 448 inc. 1º, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto entonces por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Por los mismos fundamentos, voto en igual sentido que mi colega preopinante.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño , dijo:
I. Mediante el escrito que luce a fs. 23/27, el recurrente objetó el modo en que el sentenciante tuvo por acreditado el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en cabeza de su representada.
Básicamente, explicó que el Tribunal incurrió en una errónea interpretación de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional; 1, 210, 373 y concordantes del C.P.P.
Sostuvo que la valoración del material probatorio luce arbitraria toda vez que “no existen elementos que acrediten el tipo penal” en cabeza de la imputada.
En este marco, hizo especial hincapié en que en autos no se ha llevado a cabo pericia química que determine que la sustancia secuestrada fuera de las estupefacientes comprendidas en la ley 23.737 ni, en su caso, qué porcentaje de droga contenía.
Afirmó que los “test de campo” son meramente orientativos, siendo insuficientes para la identificación de drogas, debiéndose haber realizado una pericia química.
En consecuencia, afirmó que el marco probatorio luce insuficiente para arribar a las conclusiones expuestas en sentencia, debiendo casarse la misma y absolverse a su asistida.
Finalmente, afirmó que por imperio del art. 1 del C.P.P. debe estarse en favor de la inocencia de Acosta.
II. A fojas 38 la Defensora Oficial Adjunta ante esta instancia, Dra. Ana Julia Biasotti mantuvo la impugnación.
III. En oportunidad de contestar la vista que le fuera conferida, a fs. 39/42 el Fiscal Adjunto ante esta instancia revisora, Dr. Fernando Luis Galán, postuló el rechazo del remedio casatorio impetrado por la defensa de la imputada Acosta
IV. El recurso es procedente.
En lo que aquí interesa, el Tribunal tuvo por acreditado que el 1º de noviembre de 2018, alrededor de las 18:30, en circunstancias en que los efectivos policiales pertenecientes a la comisaría 9ª de Almirante Brown, se encontraban por materializar la orden de allanamiento expedida por el Sr. Juez interviniente, respecto de la morada sita en calle Corrientes nº 509, en la intersección de las arterias Santiago del Estero y Canale de la localidad de San José, Partido de Almirante Brown, sitio respecto del cual se encuentra acreditado en autos que la venta ilegal de drogas era llevada a cabo –en vía pública-, fue interceptada una persona de sexo femenino, quien tenía ilegítimamente y con fines de comercialización, sustancia estupefaciente –más precisamente cocaína-, por un peso total de 2,6 gramos entre contenido y continente –según test de orientación y pesaje realizado-, sustancia esta comprendida en los alcances de la ley 23.737, la cual se encontraba dispuesta en una bolsa de nylon color negro que en su interior contenía 7 (siete) envoltorios confeccionados con nylon de color negro anudados en su centro en forma de caramelo, habidos en el suelo al lateral de la nombrada. Asimismo, y de la requisa personal, se secuestró dinero en efectivo presumiblemente producto de la actividad ilícita desarrollada por la causante.
Sin embargo, considero que el plexo probatorio valorado no logra erigirse en razón jurídica suficiente de la certeza que se afirma en cuanto a que el material secuestrado era estupefaciente en sentido típico.
Es que lleva razón el recurrente en la medida que sostiene que alega que la falta de pericia química impide sostener, con el grado de certeza necesaria a esta altura del proceso, que el material secuestrado en el suelo al costado de la imputada se trate de sustancias estupefacientes de las que enumera la ley 23.737.
Para que una sustancia sea considerada estupefaciente en los términos de la ley 23.737 no sólo debe estar incluida dentro del listado de drogas prohibidas elaborado por el Poder Ejecutivo sino que además debe establecerse la aptitud para producir efectos psicotrópicos como también dependencia física o psíquica, tal como emerge del concepto de estupefaciente que establece el art. 77 del Código Penal: “El término estupefacientes comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias susceptibles de producir dependencia psíquica o física que se incluya en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por el Poder Ejecutivo Nacional.”
La falta de labor pericial impide afirmar con certeza que lo secuestrado se trate de una sustancia estupefaciente en los términos en los que me referí en los párrafos que anteceden, por falta de prueba al respecto.
El test orientativo, como su nombre lo indica, sólo brinda una información aproximada y preliminar que indica que la sustancia "probablemente" contiene principios activos de determinado estupefaciente, pero no determina fehacientemente la naturaleza y calidad de la sustancia.
Entonces, con el resultado positivo del test se puede sospechar que se trata de estupefacientes, pero no se puede confirmar, sin que en caso se adviertan otros elementos objetivos que puedan conducir hacia tal certeza.
No debe perderse de vista que en el caso la figura penal por la que fue acusada y condenada la imputada ha sido la de "tenencia" de estupefacientes con fines de comercialización y no la de "comercialización" de estupefacientes, por lo que en tales condiciones la calidad y condición de la sustancia que la imputada "tenía" para su comercialización es un requisito ineludible de la tipicidad de la conducta, lo cual seguramente no hubiera sido así de haberse imputado la comercialización como figura independiente, pues esta última hubiera podido acreditarse en base a otras constancias de la causa. Sin embargo, a esta altura resulta ocioso explayarse sobre esta última figura ante la falta de acusación fiscal al respecto.
En definitiva, la certeza afirmada por el sentenciante respecto de la configuración del delito de " tenencia " de " estupefacientes " con fines de comercialización aparece como una conclusión que no encuentra debido sustento en la prueba reunida y valorada, resultando de ello la transgresión de los arts. 1, 106 y 210 del rito por cuanto a partir de la ponderación de los elementos de prueba mencionados por el sentenciante, valorados racional, lógica y objetivamente, no es posible arribar a la certeza necesaria respecto al carácter de "estupefaciente" en sentido típico del material secuestrado en poder de la imputada, correspondiendo declarar procedente el recurso de casación interpuesto, casar el veredicto recurrido y absolver a Acosta por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por el que viene condenada.
Asimismo, encontrándose la imputada detenida en prisión preventiva en la UP nro. 54 de Florencio Varela, corresponde disponer su inmediata libertad, la que se hará efectiva por medio del Tribunal a cuya disposición se encuentra detenida Romina Mariela Acosta.
Arts. 1, 3, 106, 210, 211, 395 y gigtes, 448, 451, 460, 530 y ccdtes. del CPPP; 5 inc. "c" y ccdtes, de la ley 23.737, 77 y ccdtes. del CP, 1, 18, 19, 33 y 75 inc. 22 de la CN.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensa de Romina Mariela Acosta (arts. 401 y 451 del C.P.P.).
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto, casar el fallo atacado por haber inobservado los arts. 1, 106 y 210 del rito, y absolver a Romina Mariela Acosta en orden al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización pro el que viene condenada, de conformidad con los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente. Sin costas.
III. Disponer la inmediata libertad de Romina Mariela Acosta, la que deberá hacerse efectiva por medio del Tribunal a cuya disposición se encuentra detenida la nombrada , previo labrar el acta de rigor y constatar que no exista impedimento legal alguno. A tal efecto líbrese oficio.
Arts. 1, 3, 106, 210, 211, 395 y gigtes, 448, 451, 460, 530 y ccdtes. del CPPP; 5 inc. "c" y ccdtes, de la ley 23.737, 77 y ccdtes. del CP, 1, 18, 19, 33 y 75 inc. 22 de la CN.
Regístrese, notifíquese, cúmplase y oportunamente devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:29:42 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:38:20 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:43:07 - SANTILLÁN ITURRES Gonzalo Rafael - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia