Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 102887
C- 102.887/II
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctora María Florencia Budiño y doctor Fernando Luís María Mancini, para resolver la presente causa 102.887 , caratulada “ARZAMENDÍA TORALES, GUSTAVO RAMÓN S/ RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI – BUDIÑO .
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Ernesto Julián Ferreira, en favor del imputado Gustavo Ramón Arzamendía Torales, respecto del pronunciamiento recaído en la Causa Nro. 2511/5627 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial La Plata, por el que se condenó al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas procesales por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por haberse cometido con un arma de fuego, por el vínculo y por femicidio (por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género), todo ello por aplicación de los artículos 41 bis, 45, 54 y 80 incs. 1º y 11º del C.P.
Efectuadas las vistas correspondientes, oportunidad en la que la Defensa Oficial postuló la procedencia del reclamo (fs. 143 y vta.), mientras que la Fiscalía propició su rechazo (fs. 130/142), y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I.1. Planteó el impugnante, en primer término, la infracción al art. 308 del CPP así como la violación del art. 18 de la CN en lo que atañe a la incorporación al cuadro probatorio del caso, de los siguientes elementos: a) la presunta confesión del acusado a sus familiares, introducida por la testigo Vara; y b) lo expuesto por el enjuiciado en el marco de la pericia psiquiátrica por cuanto exorbitó lo vinculado al diagnóstico respecto de su capacidad de culpabilidad.
I.1.a. Respecto de la valoración de la declaración de Vara, puntualmente señaló que se valoró prueba ilícita " por transgresión de las garantías constitucionales que se denuncian como transgredidas " (sic).
Reiteró su entendimiento respecto de la vulneración de los arts. 18 de la CN y 308 del ordenamiento ritual. Respecto de la última norma citada, recalcó el contenido de su segundo párrafo en cuanto indica que ningún interrogatorio del imputado podrá ser tomado en consideración cuando no haya sido debidamente asesorado por su abogado defensor.
Así entonces, destacó el defensor que " no puede ingresar en el plexo probatorio pruebaírrita desde el punto de vista constitucional o excluida por normas expresas de índole procesal ".
Añadió que " la confesión extrajudicial, en guaraní y de oídas ", utilizada para acreditar puntos relevantes para la solución del caso, " resultaría una suerte de irregular confesión extrajudicial por fuera del tasado régimen previsto en el Código Procesal Penal, en la Constitución y los Tratados Internaciones de Derechos Humanos con jerarquía constitucional " (sic). Citó en apoyo a su reclamo los artículos 60, 308, " ssgtes. y ccdtes ." del CPP y arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN.
Concluyó el desarrollo de este aspecto de la impugnación destacando que la información aportada por Jessica Vara respecto de la " supuesta admisión " que el enjuiciado realizara sobre el hecho, " como así también lo relativo a las excusas que intentaría desplegar y el modo en que se fugó " no debieron integrarse al cuadro probatorio evaluado por el tribunal de mérito " sencillamente porque implica pretender que por vía indirecta ingrese una suerte de confesión del imputado sin ninguna de las garantías que reviste la prueba de esas características ". Adunó que tampoco resultó exacta la consideración del a quo referida a que la parte no cuestionara la materialidad ilícita y la autoría del acusado, toda vez que se invocó el principio in dubio pro reo .
I.1.b. En cuanto a la ponderación de los dichos del perito Fortes, efectuó similares consideraciones.
Explicó que el tribunal sentenciante valoró, " a título ejemplificativo ", que el imputado le contó que la víctima era su pareja y que " se había querido ir a vivir con é l", lo cual le podría haber llegado a resultar conveniente " para que hiciera las tareas domésticas" , en función de todo lo cual el a quo construyó la acreditación del vínculo y del contexto de violencia de género.
Sin embargo, objetó que las condiciones de producción de la pericia constituyen un " contexto coercitivo indudable ".
Además, sostuvo que al respecto el Tribunal incurrió en una infracción al art. 168 de la Constitución provincial en tanto omitió expedirse en cuanto al planteo formulado en los alegatos, referido a que los datos de la entrevista vinculados con la acreditación del vínculo entre el acusado y la víctima o el contexto de violencia de género, debían excluirse.
Dijo que, en definitiva, la específica objeción a la incorporación de tales datos, ajenos al fin específico de la pericia psiquiátrica, no fue contestada por el juzgador de grado, lo cual también repercute en la inobservancia del art. 371, segundo párrafo, del CPP.
I.1.c. En razón de la argumentación previamente vertida, estimó que corresponde que este Tribunal de Casación asuma competencia positiva y absuelva a su asistido, sin reenvío pues ello implicaría la violación de la garantía de ne bis in idem .
I. 2. Tales planteos no pueden ser receptados favorablemente.
I.2.a. Estimo que aparece ajustada a derecho la decisión del tribunal de rechazar la queja formulada por el defensor vinculada con la declaración de la testigo Vara (específicamente, en cuanto aludió a la admisión del hecho por Arzamendia), en tanto los fundamentos para así decidir no sólo fueron correctos, sino que además tampoco han logrado ser exitosamente rebatidos por el recurrente en esta instancia revisora.
Veamos. A la hora de contestar un planteo de similar tenor al que ahora se reedita, la jueza que llevó la voz cantante en el acuerdo replicó al defensor (fs. 48 vta. de este legajo) "...no se está violando ninguna garantía constitucional porque lo que estamos valorando como prueba es una declaración de un testigo que ha percibido por sus sentidos manifestaciones libres del imputado –sobre un extremo, dicho sea de paso, consentido por la Defensa en tanto no cuestionara la autoría-, vertidas espontáneamente por el mismo, que la testigo ha oído y de las que da cuenta en el marco de su declaración testimonial . La eventual garantía constitucional infligida, imagino que se ha querido referir la Defensa a la prohibición de declarar contra sí mismo, formulada en el art. 18 de la C.N., sólo puede invocarse en una situación en el que el encartado sea de alguna manera obligado a declarar en su perjuicio en causa propia (...) la protección constitucional está establecida en favor del propio imputado para que no se le obligue a prestar dichos que luego se le puedan imputar en contra (...) Pero no se verifica la infracción cuando es el propio imputado que vierte libremente sus dichos en una conversación espontánea, oída por la testigo y, lo que se valora es la propia testimonial.. ." (sic).
Reitero que ninguna objeción merece la decisión que al respecto asumió el tribunal de juicio.
Ante todo, corresponde aclarar que las manifestaciones efectuadas por el imputado con relación a la admisión del suceso bajo juzgamiento que formuló ante la presencia de la testigo Vara no deben confundirse con la declaración prevista en el art. 308 del C.P.P., inoficiosamente invocado por el impugnante, acto de defensa del acusado cuya recepción acontece ante el Fiscal, previa notificación al Defensor bajo sanción de nulidad, siendo que, en ese supuesto legal (art. 308 cit.) –que, reitero, no se identifica con el supuesto bajo examen-, ningún interrogatorio del imputado podrá ser tomado en consideración cuando su abogado defensor no haya podido asesorarlo sobre si le conviene o no declarar, o advertirle sobre las implicancias de sus dichos.
Pero encontrándonos –en el caso de las manifestaciones vertidas frente a Vara- fuera del marco de ese acto procesal, los datos que de manera voluntaria y libre aporta la persona sospechada de haber cometido un ilícito, no importan la afectación de la garantía de la prohibición de la autoincriminación, ni siquiera de manera indirecta u oblicua como pareciera sugerir el defensor.
La mera comunicación de un dato por parte de quien eventualmente resulte imputado frente a terceras personas, en la medida que sea producto de la libre voluntad y no sea fruto de una coacción, no es un indicio que deba desecharse, sin más, dentro del marco de una investigación criminal, pues no muestra una vulneración de garantías amparadas constitucionalmente.
Ello así toda vez que los datos brindados por el imputado, fueron producidos de manera voluntaria, no afectándose así la garantía que protege contra la autoincriminación compulsiva, puesto que ni siquiera viene alegado por el defensor que haya sido obligado a efectuar manifestación alguna por parte de terceros, lo que sella la suerte adversa de la queja. En tal sentido, si bien el impugnante cita de modo general el art. 18 de la CN, y aunque parezca una obviedad a qué porción de la norma alude el defensor , no está demás señalar que no se encarga de explicitarlo, lo cual en un planteo vinculado con una cuestión constitucional marca también la insuficiencia de la queja, si bien se cita esa norma –decía-, lo cierto es que el caso muestra con obviedad que Arzamendia no fue obligado a autoincriminarse ni la parte lo denuncia con lo cual, de conformidad a lo ya explicado, el planteo debe desecharse.
Así entonces, y sin que la información aportada por Vara en el juicio referida a lo que voluntariamente Arzamendia dijo frente a ella haya mostrado vulneración alguna de los derechos y garantías del acusado, aparece claro que, en rigor de verdad, la cuestión a lo sumo podrá quedar circunscripta a la discusión en torno a la mayor o menor entidad acreditante de esos dichos de naturaleza indirecta, pero ya no cabe duda alguna en cuanto a la validez del testimonio en sí mismo.
Ya por fuera de ello, a fin de dar la respuesta más completa posible a la totalidad de los planteos formulados por el esmerado defensor, me permito añadir dos consideraciones finales:
Por un lado, que más allá de citar ciertos pasos metodológicos de raciocinio que invocó desde un plano teórico, acompañando su explicación si bien no con normativa vigente al respecto, sí con cita de jurisprudencia de la Corte Federal, no ha logrado comprobar en el punto la violación a la "sana crítica racional" genéricamente denunciada, pues este aspecto del recurso tampoco ha sido desarrollado con la carga técnica necesaria pues no demuestra circunstanciadamente, y respecto de la motivación puntual del fallo que se revisa, arbitrariedad alguna. Tampoco vincula la jurisprudencia que cita de un modo completo con este caso puntual, ni siquiera individualizando los considerandos del fallo "Casal" que invoca en este aspecto, explicando cómo tendrían que haber sido articulados en el tratamiento del a quo del planteo que en esta ocasión se reitera. Como contrapartida, advierto que el tribunal explicó por qué la situación objetada no mostraba violación legal ni constitucional alguna, desarrollando sus motivos, que compartí a partir de la explicación brindada párrafos atrás, todo lo cual muestra que, más allá de las etiquetas que el defensor coloque sobre los modos y pasos para razonar, el fallo no se ha mostrado arbitrario en el punto.
Quizás no sobre señalar que la regla de exclusión probatoria contenida en el citado artículo 211 del Código Procesal Penal no debe ser entendida como de aplicación automática e irracional, sino que corresponde a los juzgadores valorar las particularidades del caso en concreto y, de acuerdo a los principios de la lógica y de la experiencia, determinar en el caso puntual si el elemento probatorio en cuestión ha sido obtenido con vulneración de alguna garantía constitucional, lo cual en este caso concreto ha sido descartado motivadamente.
Por otro lado, resta señalar que no merece ser acogida la crítica contra la porción del fallo en que la jueza votante desliza que tampoco se advierte perjuicio en la situación denunciada por no haber sido la autoría discutida por la defensa.
En primer lugar, porque el motivo determinante del rechazo del planteo no es otro sino la falta de comprobación de una conculcación legal o constitucional que ya fue explicada.
Y en segundo lugar porque, más allá de que el recurrente diga que invocó el principio in dubio pro reo , lo cual entonces desmentiría –bajo su particular óptica- que no hubiera combatido la autoría de su ahijado procesal, lo cierto es que más allá de esa nuda mención, decía, tanto en el juicio como en esta instancia, se advierte que los esfuerzos combativos de la defensa se dirigieron contra otros aspectos del caso, como los posibles agravios constitucionales que denunció o las distintas quejas circunstanciadamente desarrolladas respecto a la calificación legal de los hechos, etc., que desnudan una desatención a la hora de atacar puntualmente la autoría de Arzamendia y la prueba determinante de ella (que más bien se integró por otros elementos, como por ejemplo el relato de la madre de la víctima, quien presenció el suceso de modo directo y puso en cabeza del acusado la autoría del mismo).
En ese sentido, la mención adicional (y casi ornamental) de los magistrados en cuanto a la carencia de interés práctico en la impugnación de esa porción del relato de Vara también aparece atinada, al no lograr comprobar la defensa haberse opuesto eficazmente en el juicio (ni en esta ocasión) a la comprobación del protagonismo de su asistido.
Es dable destacar que, a la hora de formular sus alegatos, surge del acta de debate (ver fs. 22 vta. y 23 de este legajo) que el Dr. Ferreira dijo: “... voy a decir que esta parte lo que va a hacer es cuestionar las agravantes típicas que se pretende enrostrarle a Arzamendia. Sin perjuicio de eso, dejo a criterio del Tribunal, en lo que se refiere a circunstancias fácticas básicas de lo que es la figura de homicidio simple, la intervención de mi asistido en el hecho, y recordando el principio in dubio pro reo ...”.
Al respecto, quiero resaltar que el defensor dijo expresamente que habría de dejar “ a criterio del Tribunal ” (sic) lo atinente a “las circunstancias fácticas básicas” del homicidio simple y la intervención del imputado en el hecho, lo cual para nada evidencia (al menos sin un mayor desarrollo al respecto del impugnante) que haya combatido la autoría de su asistido, lo cual tampoco se ve empañado porque haya “recordado” al tribunal el principio in dubio pro reo , máxime si en el caso el sentenciante no dudó en cuanto al protagonismo de Arzamendia, y lo fundó adecuadamente en distintos elementos probatorios con pleno apego a los principios de la sana crítica racional.
Más aún: el eventual progreso del planteo contra el testimonio indirecto (con una eventual exclusión probatoria de la porción pertinente del mismo), sin otro desarrollo mayor por parte del letrado impugnante, difícilmente condujera a una solución distinta sobre el punto en este caso. Máxime cuando este ataque de prueba indirecta, no ha sido acompañado con embates dirigidos contra otras pruebas directas (incluso mucho más determinantes en el fallo, como ya expuse) sobre el punto que ahora dice haber objetado. Todo ello, me permite afirmar que este aspecto del reclamo también es improductivo, por lo cual el mismo debe quedar definitivamente desechado.
I.2.b. Cuando el defensor menciona que el perito Fortes exorbitó su cometido, sin perjuicio de que la mención a que refiere no debiera ser soslayada en el informe ni en su declaración, en realidad no determina concreta y especialmente ningún motivo por el cual los datos apuntados por el defensor debieran haber sido ignorados en el análisis que los jueces formularon de cada prueba, correspondiendo replicarse -a lo manifestado por la defensa- con lo precedentemente expuesto en orden a la testigo Vara, pues aunque parezca una obviedad, no está de más recordar que el perito –por su condición de tal- no deja de revestir la calidad de testigo y, en este sentido, no ha hecho más que dar cuenta de lo que sucedió ante su presencia –narró el discurso que elaboró el imputado frente a él-.
A partir de esta última consideración, tampoco podría afirmarse que haya existido la omisión de una cuestión esencial en el fallo (que debe ser considerado como un todo inescindible), pues los jueces se encargaron de desarrollar claramente su idea respecto de los testimonios que dieron cuenta en el debate de posibles dichos autoincriminatorios del acusado, cuando sostuvieron que "...no se está violando ninguna garantía constitucional porque lo que estamos valorando como prueba es una declaración de un testigo que ha percibido por sus sentidos manifestaciones libres del imputado (...), vertidas espontáneamente por el mismo, que la testigo ha oído y de las que da cuenta en el marco de su declaración testimonial . La eventual garantía constitucional infligida,(...) sólo puede invocarse en una situación en el que el encartado sea de alguna manera obligado a declarar en su perjuicio en causa propia...".
Si bien esas consideraciones del sentenciante fueron elaboradas de modo puntual respecto de los dichos de Vara, lo cierto es que (tal como sostuve anteriormente), esas reflexiones generales son plenamente aplicables al planteo de similar tenor que hizo el defensor respecto de los dichos del perito Fortes, oportunidad respecto de la cual no demuestra el impugnante haber formulado alguna consideración esencial adicional que hubiera debido recibir un singular tratamiento por parte del a quo, que no hubiera tenido.
Y similar metodología plantea el quejoso en esta instancia, donde ha dado –en la impugnación- un tratamiento casi conjunto de los cuestionamientos contra los testimonios de Vara y Fortes, en cuanto recrearon los dichos de Arzamendia, denunciando la transgresión de la misma normativa (básicamente, los arts. 308 del C.P.P. y 18 de la C.N.), cuyos fundamentos de descarte ya han sido explicados con relación a Vara, resultando plenamente aplicables al caso del perito Fortes.
Si bien no se me escapa que el defensor también ha dicho que la pericia constituyó " un contexto coercitivo indudable ", tal elucubración no puede traerle los beneficios pretendidos. Es que, ausente de un mayor desarrollo, no pasó de ser una afirmación general que no fue acompañada por la denuncia de circunstancias concretas acaecidas en el caso puntual, lo cual muestra una técnica recursiva insuficiente que obtura la posibilidad de progreso del planteo. No viene denunciada ninguna contingencia concreta que permita siquiera sospechar sobre algún vestigio de coerción para que el imputado admitiera, en el marco de aquella entrevista, que la víctima era su pareja y que le hubiera resultado conveniente una eventual convivencia para que ella pudiera llevar adelante las tareas domésticas del hogar.
Entonces, en función de lo expuesto, no puedo recoger el planteo por el cual se denunció transgredido el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires pues la parte no se encarga de demostrar (ni lo advierto por mi parte) cuál sería el motivo por el que la argumentación vertida a la hora de tratar un planteo de similar tenor respecto de otra testigo por el juzgador de grado, no sería de aplicación al testimonio de Fortes, más allá del acierto en la metodología empleada por el a quo o la profundidad con que fue abordado lo cual, sin un mayor desarrollo, no es s
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