Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 105759
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar inadmisible el recurso de casación articulado por el Defensor Oficial del Departamento Judicial San Nicolás, Dr. Hernán Orsi, en favor de Lucas Emanuel Andino, con costas en esta instancia.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Const. de la Pcia. de Bs. As.,10 del C.P., 32 de la ley 24.660, 19 de la ley 12.256, 106, 210, 433, 450, 530 y 531 del C.P.P..-
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Art. 14 de la ley 48.
Registro nro. año 2021.
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N ° 105.759 de este Tribunal, caratulada "ANDINO, Lucas Emanuel s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO -KOHAN procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llega el presente legajo a estudio del Tribunal, como consecuencia del recurso de casación articulado por el Defensor Oficial del Departamento Judicial San Nicolás, Dr. Hernán Orsi, en favor de Lucas Emanuel Andino, contra el auto de la Excma Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del citado Departamento Judicial, que confirmó el rechazo de la solicitud de prisión domiciliaria en favor del penado.
Alega que dicha decisión causa agravio irreparable a los intereses de su representado, estando afectado su derecho a la vida, la salud y la dignidad de la persona.
Arguye que el presente se interpone ante la inobservancia y errónea aplicación de los artículos 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 106 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 10 inc. a del C.P. y 32 inc. a de la ley 24.660.
Afirma que el pronunciamiento atacado es sentencia definitiva, en los términos del art. 450 del C.P.P. y ocasiona un perjuicio irreparable, al privar a su ahijado procesal de la posibilidad de gozar de su libertad condicional.
Estima que la decisión en crisis resulta agraviante para su pupilo porque se lo obliga a permanecer en una cárcel superpoblada, en donde su vida y salud corren serios riesgos.
Se agravia porque tanto el Juez de Ejecución como los Magistrados de Cámara minimizan el padecimiento de Andino, producto del Asma.
Recuerda que los médicos que trabajan en el área de sanidad, refieren que no cuentan con elementos mínimos de atención, que siempre falta medicación de todo tipo, como ser, salbutamol.
Asevera que su pupilo está incluido en las causales de los incisos a) de los arts. 10 del C.P. y 32 a) de la ley 24.660, dado que presenta patologías de las que no puede recuperarse adecuadamente en prisión, perteneciendo a un grupo de riesgo conforme lo estableciera la propia S.C.B.A. mediante su Resolución 52/20.
Expresa que el ordenamiento jurídico es claro al establecer la procedencia del arresto domiciliario, en caso como el que nos ocupa, siendo imperiosa la necesidad de que Andino pueda acceder al mismo y a un tratamiento adecuado y sostenido en el tiempo. Cita jurisprudencia, doctrina y normativa en apoyo a su postura.
Indica que cuando la vida y salud no pueden ser garantizadas en el establecimiento carcelario, como ocurre en el caso de autos, el instrumento jurídico concreto para garantizar a las personas el bienestar físico y psíquico, es el arresto domiciliario.
Considera que el argumento de la Excma. Cámara en el sentido de que la cárcel bien podría aislar al causante mientras dure el ASPO resulta incongruente con la realidad ya conocida por los jueces, dado que la Unidad Penal nro. 3 no cuenta con ningún lugar en donde aislar a una persona.
Solicita que se case la resolución en crisis, ordenándose la inmediata detención domiciliaria de su defendido.
Hace reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
II. Concedido y elevado el recurso de casación por el órgano “a quo” fue radicado ante esta Sala IV por prevención y las partes fueron debidamente notificadas (ver fs. 3), oportunidad en que el señor Defensor Adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco acompañó los argumentos vertidos por la señora Defensora de instancia en su recurso de Casación, pronunciándose por la procedencia del mismo, (v. fs. 4/vta.). Por su parte, la Fiscal Adjunta ante esta sede, Dra. Daniela Bersi, se expide por el rechazo (fs. 5/7vta.).
III. Hallándose la causa en condiciones de ser resuelta, los jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación deducido?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
A contramano de lo sostenido por el órgano “a quo”, considero que si bien el remedio ha sido deducido en tiempo y forma (cf. arts. 421 y 451 del C.P.P.), el objeto de análisis y estudio no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 450 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, razón por la cual su inadmisibilidad se impone.
Asimismo, en el caso se encuentra cumplimentado lo que en doctrina se conoce como “doble conforme” que al decir de Maier resulta: “…una garantía procesal, que bien explicada, debe conducir necesariamente a la exigencia de que, para ejecutar una pena contra una persona, se necesita una doble conformidad judicial, si el condenado la requiere. Esta condición procesal, impuesta a la aplicación de una pena estatal –con otras palabras: al desarrollo del poder penal del Estado-, ha sido perfectamente descripta, por analogía con la prueba de exactitud de una operación matemática, como la exigencia del principio del “doble conforme”. El “derecho al recurso” se transformaría, así, en la facultad del condenado de poner en marcha, con su voluntad, la instancia de revisión –el procedimiento para verificar la doble conformidad- que, en caso de coincidir total o parcialmente con el tribunal de juicio, daría fundamento regular a la condena –dos veces el mismo resultado igual gran probabilidad de acierto en la solución- y, en caso contrario, privaría de efectos a la sentencia originaria…” (Conf. Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal, T. I Fundamentos, Editores del Puerto s.r.l., 1999, 2da. Ed., Buenos Aires, p. 713).
En ese mismo orden de ideas, afirmó FERRAJOLI que “la doble instancia es a la vez garantía de legalidad y de responsabilidad contra la arbitrariedad. Así, siendo los jueces independientes, aunque sometidos a la ley, la principal garantía a favor de la libertad, el abuso o el error es la impugnación del juicio, su reexamen, censura y reparación en segunda instancia, con los alcances que los propios textos les brinda…” (Conf. FERRAJOLI, Luigi “Los Valores de la doble instancia y de nomofilaquia”, NDP, T. 1996-B, Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires, p. 447/448).
En esta inteligencia, siendo que el presente resulta ser un remedio destinado a conmover la resolución emitida por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Nicolás, confirmatoria del decisorio del Juzgado de Ejecución Penal de la citada departamental, que denegó la prisión domiciliaria solicitada a favor del encausado Lucas Emanuel Andino, por no encuadrar su situación en las disposiciones de los arts. 10 del C.P, 32 Ley 24.660 y/o. 19 Ley 12.256, se ha garantizado la doble conformidad judicial ut supra mencionada.
Vale aquí citar lo resuelto por la CIDH en el caso Castillo Petruzzi y otros, Sentencia de fecha 30/05/1999, Párr. 161: “para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el Tribunal Superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer en el caso concreto”. Ninguna duda cabe acerca de que la Cámara de Apelaciones y Garantías es un órgano que abastece los requisitos aludidos respecto de las decisiones de los Jueces de instancia, como ser los de Garantías, los Tribunales en lo Criminal y de Ejecución.
Sentado lo dicho, corresponde evaluar si en el presente, se encuentran en juego agravios de naturaleza federal, sea por encontrarse cuestionado el contenido y el alcance de normas jurídicas de tal índole, se postule la tacha de arbitrariedad cuando se halla inescindiblemente unido a la aludida cuestión federal o, eventualmente, la vulneración directa de una garantía constitucional que dé lugar a una “causa federal suficiente” o que el planteo se funde en arbitrariedad.
Sin perjuicio, resulta necesario poner de resalto que tales extremos no se abastecen con la simple referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las objeciones formuladas en las instancias anteriores sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación se pretende sino que requieren, por parte del recurrente, un fundamento expreso que permita verificar adecuadamente la acreditación de una causa federal suficiente que habilite la intervención de esta instancia, situación que en el sub lite no se advierte.
Considero que la argumentación desplegada no ha demostrado con la suficiencia y carga técnica requeridas, para la apertura de esta instancia (concurrencia de los requisitos sistematizados en la Acordada 4 del 2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que me remito en honor a la brevedad), que los hechos debatidos en la causa tengan vinculación directa con un agravio federal (Fallos: 256: 281 y sus citas) o que el planteo se funde en arbitrariedad (Fallos 302;865, 304;1052).
Tampoco ha efectuado un planteo federal suficiente, en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias sobre la que edifica su queja, pues no logra evidenciar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se dicen conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo.
A su vez no consigue demostrar siquiera conjeturalmente que, según el prisma de la pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal, el fallo impugnado podría subsumirse en un caso de arbitrariedad de sentencia, en razón del carácter excepcional de tales supuestos y la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece ese recaudo a fin de habilitar su instancia revisora (doct. C.S.J.N., Fallos 324:1295; 328:3165, entre muchos). Cabe recordar que la mera introducción y el análisis dogmático de su contenido no resulta medio idóneo para dar sustento a la invocación de un caso excepcional como es el de la arbitrariedad (Fallos 323:1247; 325:2319; etc.).
También viene al caso tener en cuenta que, según lo tiene dicho el propio superior Tribunal de la Nación, la mencionada doctrina posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la validez de la sentencia apelada (por muchos, C.S.J.N., Expte. G. 1999. XL, in re: "Gobet, Jorge Aníbal, c/ Telefónica de Argentina. ENTel. Estado Nacional, s/ Accidente de trabajo", sent. del 13VI2006, publ.: "El Derecho", 2-XI-2006, 554331).
III. Ahora bien, considero que la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Nicolás, confirmatoria del rechazo de la prisión domiciliaria del encartado de autos, constituye derivación razonada del derecho vigente (arts. 106 y 210 del C.P.P.) de acuerdo a las circunstancias del caso.
En efecto, así se ha pronunciado el órgano “a quo” en el resolutorio en estudio: “En el asunto en tratamiento y a tenor de los argumentos expuestos por la defensa: que Andino se encuentra incluido dentro de uno de los grupos de riesgo, por tratarse de una persona que posee asma (cfr. Resolución P.G. nro. 158/20 del 16/3/2020), correctamente el magistrado - tras la realización de la prueba médica oficial correspondiente (conforme surge del soporte informático) - mediante argumentación que descarta la existencia de una posible nulidad por la carencia de fundamentación, como alude el impugnante, procedió al análisis y valoración de la información médica que descarta la necesidad de detención domiciliaria del interno Andino, toda vez que ante el cuadro que presenta (asma leve, documento al que se tuvo acceso por consulta del sistema local Augusta) el perito actuante Dr.
Luis A. Ferrieri, concluyó respecto al interno: “..Paciente que padece asma leve según registro de historia clínica, bajo tratamiento con Salbutamol, situación que se compadece con la decisión que impone la continuidad del tratamiento médico en el establecimiento sanitario penitenciario local.- Así entonces, no advirtiéndose la existencia de una situación de extrema vulnerabilidad del causante en la locación que cumple su condena habiéndose dispuesto su posible externación ante cualquier eventualidad o necesidad en el tratamiento sanitario (punto II de la resolución impugnada), al estimarse conveniente la atención médica que se le brinda en el ámbito carcelario y en línea con la más reciente jurisprudencia del T.C.P., en tanto frente a la situación de un procesado desestimó la aplicación de una medida cautelar menos gravosa, recordando que “… la concesión de la excepcional medida no fue respaldada por los indispensables exámenes médicos y/o dictámenes de peritos que dieran cuenta de una severa afectación de la salud e imposibilidad de recuperación o tratamiento en el establecimiento penal…” (Sala Tercera, en causa nro. 73.936:”Hobud, C.
A. s/ recurso de casación”, res. del 12/2/2016; Dres. Borinsky – Violini), corresponde confirmar el decisorio apelado ante la necesidad de mantener el cumplimiento de la pena de prisión en un establecimiento penitenciario ante la evidencia que el causante está siendo tratado en la forma que requiere su patología, pues no ha de suplirse el criterio de resolución del órgano judicial natural cuando – como en el subexámine - se ha ponderado debida y legalmente las particularidades del asunto que convoca a esta sede .- Dicho ello resta destacar, en lo que respecta a la invocación defensista efectuada en relación al estado de superpoblación en que se encuentran las cárceles y a la actual crisis sanitaria que atraviesa el país (COVID 19), en base a cuya única consideración se pretende morigerar la medida de coerción que pesa sobre el encartado de autos, que esta Alzada tiene dicho en reiteradas oportunidades que el estado de superpoblación en que se encuentran prácticamente la totalidad de las unidades penales provinciales no resulta motivo válido ni legal que impida el status coercitivo que se ha dispuesto sobre el encausado; por lo demás en lo que hace a su interrelación con el estado de pandemia actual habrá de destacar que conforme lo resaltara la Corte Suprema de Justicia Provincial en el marco del reciente fallo dictado el 11 de mayo ppdo.
(P-133682-Q), caratulado: "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa N° 102.555 (habeas corpus colectivo y correctivo) y su acumulada N° 102.558 (habeas corpus colectivo y correctivo) del Tribunal de Casación Penal" con especial alusión al art. 4, de la resol. n° 52/20 dictada por dicho cuerpo resulta: “…atribución de los jueces competentes evaluar y discernir, en vista de las actuales circunstancias y con arreglo al orden jurídico vigente, la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad seriamente amenazadas por la situación pandémica según las autoridades sanitarias…” (el resaltado le pertenece), de lo cual puede deducirse que la situación sanitaria actual –la que por lo demás valga resaltar, en lo que hace a la unidad penal N° 3 no se ha detectado ningún tipo de contagio, encontrándose además a la ciudad en la fase 5 de distanciamiento social, no implica un salvoconducto general para el acceso a medidas morigeradoras como la pretendida; resultando ajustada a derecho, la resolución venida en crisis, por lo que ha de proponer su total confirmación.- Por todo lo expuesto, a la presente cuestión vota por la afirmativa.- ( conforme se advierte de la lectura de la resolución en crisis, la que se encuentra digitalizada en el sistema informático Augusta).
Se advierte que ambas instancias han resuelto de modo razonable y circunstanciadamente, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa P. 133.682- Q de fecha 11 de mayo de 2.020.
Aduno a ello, que el cumplimiento de pena en detención domiciliaria en los términos solicitados por la defensa (art. 10 del C.P.), no resulta de aplicación automática, sino que deben concurrir en el caso particular circunstancias especiales cuyos efectos trasciendan la restricción inherente a la detención y hagan razonable flexibilizar la modalidad de ejecución de la pena impuesta, lo cual no se advierte en el caso.
En ese camino, nótese que los arts. 10 del C.P. y 32 de la Ley 24660 (concordante con el art. 19 de la ley 12.256) aluden al verbo “podrá” de modo que la decisión del órgano “a quo” mediante la cual se confirmó el auto del Juzgado de Ejecución que no hizo lugar a la prisión domiciliaria peticionada a favor del imputado aparece razonable (arts. 106 y 210 del C.P.P.).
Por todo lo expuesto, la inadmisibilidad del recurso de casación se impone.
Así lo voto.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Visto el modo en que ha sido resuelta la cuestión precedente, corresponde: 1) Declarar inadmisible el recurso de casación articulado por el Defensor Oficial del Departamento Judicial San Nicolás, Dr. Hernán Orsi, en favor de Lucas Emanuel Andino, con costas en esta instancia (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Const. de la Pcia. de Bs. As.,10 del C.P., 32 de la ley 24.660, 19 de la ley 12.256, 106, 210, 433, 450, 530 y 531 del C.P.P.) y 2) Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48)
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar inadmisible el recurso de casación articulado por el Defensor Oficial del Departamento Judicial San Nicolás, Dr. Hernán Orsi, en favor de Lucas Emanuel Andino, con costas en esta instancia.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Const. de la Pcia. de Bs. As.,10 del C.P., 32 de la ley 24.660, 19 de la ley 12.256, 106, 210, 433, 450, 530 y 531 del C.P.P..-
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Art. 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 06/04/2021 13:12:41 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2021 13:18:06 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2021 13:19:37 - OTHARÁN Olivia - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia