Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 105781
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible y procedente el recurso de Casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial a cargo de la Unidad de Defensa Penal N° 27, descentralizada de Esteban Echeverría, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Dra. Patricia Babio, a favor de Juan Carlos Flores Barrios.
II. Casar la sentencia impugnada y absolver libremente a Juan Carlos Flores Barrios por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización por el que venía condenado, sin costas.
III. Disponer su inmediata libertad, medida que hará efectiva el a quo de no mediar impedimento legal alguno.
Artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 y 77 del Código Penal; 5 inc. c) y 40, Ley 23.737; 1, 106, 209, 210, 366, 371 incs. 1 y 2, 373, 395, 401, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 460, 463, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal.
Registro nro. Año 2021.
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N ° 105.781 de este Tribunal, caratulada: “FLORES BARRIOS, Juan Carlos s/ Recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de Casación deducido por la Sra. Defensora Oficial Titular de la Unidad de Defensa N° 27, descentralizada de Esteban Echeverría, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Dra. Patricia Babio, en representación de Juan Carlos Flores Barrios, contra la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 de la mencionada Departamental, que condenó a su pupilo procesal a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales, multa de 45 unidades fijas, con más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.
II. Presenta la defensa como primer motivo de agravio, la inobservancia al art. 77 del Código Penal, y la errónea aplicación del art. 5 inc. c) de la ley 23.737, entendiendo que se le imputa a su defendido que poseía sustancia estupefaciente con el fin de comercialización, sin haberse realizado a la fecha la correspondiente pericia química, respecto de los elementos incautados.
La recurrente considera que no se ha acreditado de manera fehaciente que el material atribuido al imputado, tenga capacidad específica para producir dependencia física o psíquica.
Es por ello que solicita la absolución de su pupilo.
En segundo término, solicita se declare la inconstitucionalidad del primer párrafo del art. 5 de la ley 23.737, con la modificación incorporada por la ley 27.302 en cuanto impone pena de multa de un mínimo de cuarenta y cinco unidades fijas, con considerar que resulta incompatible con los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y con las normas que emanan de los Pactos y Convenciones Internacionales que fueron incorporados a nuestra Ley Fundamental.
Finalmente hace reserva del caso federal.
III. Concedido el recurso de casación a fs. 53/54, radicado en esta Sala IV a fs. 66, se procedió a notificar a las partes y al encontrarse la presente causa en estado de resolver, esta Sala IV decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) En su caso, ¿Resulta procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello , dijo:
Entiendo que el recurso es admisible pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirige a cuestionar una sentencia definitiva que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su defensa (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 401, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan , dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. Adelantaré mi sufragio diciendo que haré lugar al remedio procesal traído a esta Sede por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Patricia Babio.
Presenta la defensa como primer motivo de agravio, la errónea aplicación del art. 5 inc. c) de la Ley N° 23.737 y la inobservancia del art. 77 del C.P.
Entiende que para tipificar la conducta atribuida a su asistido en el art. 5° de la mencionada Ley, resulta indispensable que el material cuya posesión se le endilga al imputado, debe ser considerado estupefaciente en términos jurídicos-penales, de conformidad con lo establecido en al art. 77 del fondal; reclamando que no obra en autos, la correspondiente pericia química respecto de los elementos incautados, en consecuencia no se encuentra probado que las sustancias posean suficiente principio activo como para alcanzar la denominada “dosis umbral”, siendo precisamente ésta la que produce efectos tóxicos.
El art. 77 del C.P., establece la significación de conceptos empleados en ese cuerpo legal, definiendo en el octavo párrafo que: “El término “estupefaciente” comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional…”
Cabe hacer la aclaración que el término comprende, es decir abarca, en primer lugar a los estupefacientes y a los psicotrópicos que aunque son categorías distintas, a los fines penales, son una sola y misma cosa: “estupefacientes” ; es que el articulado se limita a mencionar dos conceptos jurídicos por sus respectivos nombres y establecer que, para la Ley Penal, tanto el uno como el otro son estupefacientes y que, a los fines prácticos, también lo serán aquellas sustancias que en el futuro se incorporen al respectivo concepto.
El bien jurídico tutelado en el párrafo en cuestión es la salud pública, a los efectos de interpretar el concepto jurídico de “estupefaciente”, y tal como lo indica el propio legislador, se compone de la condición de certeza de que la sustancia esté contenida en las listas, más la de su poder toxicológico que le confiera la aptitud para crear dependencia física o psíquica, en relación con la salud de las personas , del cual sólo se tendrá certeza si las pruebas de laboratorio acreditan perfectamente la aptitud toxicomanígena de las sustancias .
Es decir, resulta presupuesto para la tipicidad objetiva, que los elementos secuestrados, sean peritados y posean la calidad de estupefacientes.
En caso de existir pericias, y arrojar como resultado una “dosis umbral cero”, esta circunstancia importaría la ausencia de efecto toxicológico, requerido por la normativa especificada “ut supra”.
En la presente causa, el material secuestrado por personal policial, en el allanamiento llevado adelante en carácter de urgencia, dispuesto por el Sr. Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 descentralizada de Esteban Echeverría, en el domicilio del imputado de calle Arenales N° 2162 de la mencionada localidad, se tuvo como constitutivo de elemento estupefaciente, luego de someterlo al test de orientación, el que arrojó resultado positivo a la sustancia cocaína.
El mencionado procedimiento, permite sostener que el material secuestrado contiene los principios activos de la droga y consecuentemente se podría afirmar que nos encontramos ante una sustancia ilegal; en autos el orientativo ha determinado la presencia positiva de los principios activos, restando conocer su exacta capacidad tóxica.
Los denominados test reactivos de color, encuentran su fundamento científico en los principios de la química forense, ciencia que se aplica en una gran variedad de técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, cuya principal finalidad es la búsqueda de respuestas provenientes de las diferentes evidencias, que ayuden a la resolución del caso. A través de ellos se busca presencia o ausencia de drogas, ya sea en polvos, líquidos, tabletas o cápsulas. Son pruebas cualitativas de laboratorio que se hacen uniendo un antígeno y su anticuerpo homólogo, para identificar y calificar el antígeno y anticuerpo específicos de una muestra; a éstos se les denomina inmunoensayos.
El método de estos tipos de ensayos químicos, entre los que se encuentran el de "Marquis" (utilizado en países como España) y el de Screnning (utilizado mayormente por nuestra policía provincial), consiste en el uso de una mezcla de anticuerpos selectivos para las distintas drogas (principios activos) y sus metabolitos, obteniendo un resultado con un alto grado de sensibilidad que permite determinar la presencia de los principios activos de la sustancia estupefaciente. Y si bien no es una prueba definitiva, los reagentes químicos que utiliza son aceptados dentro de la comunidad científica como los predilectos para la identificación de las sustancias específicas de análisis; sin embargo no dan la suficiente certeza como para determinar si lo hallado ingresa en el listado del art. 77 del C.P.-
Estas pruebas de color son adaptables a aplicaciones de campo, adquiriendo importancia relevante en momentos en que los funcionarios policiales deben determinar si las sustancias que interceptan, en un procedimiento en la vía pública, resultan en principio ser de aquéllas que la Ley 23.737 castiga el tráfico y aún su simple tenencia.
Lo hasta aquí expuesto no excluye que la pericia química cromatográfica, sea un medio de prueba ineludible para arribar a una sentencia definitiva en el marco de un proceso por violación de la Ley 23.737, muy por el contrario, la ausencia de la mencionada experticia no da la certeza necesaria, requisito indispensable, para tener por cierto que nos encontramos ante una sustancia capaz de producir la dependencia psicológica y física que la normativa establece.
En efecto, si la sustancia habida en poder del imputado carece de aptitud estupefaciente en los términos exigidos por el art. 77 del C.P, ello en atención a la ausencia en autos de peritación, que permita arribar a una conclusión lógica y exacta del cálculo aritmético aplicable a la especie, con la expresión de la cantidad de dosis umbrales con efecto alucinógeno y a su vez, que determine la mencionada calidad; lógico es concluir que la conducta es atípica.
En tal sentido y tal como ya lo señalara “ut supra”, el concepto estupefaciente tal como surge de los arts. 77 del Código Penal y 40 de la Ley N° 23.737, requiere la capacidad de producir dependencia física o psíquica. Por los motivos anotados -falta de pericias químicas-, la sustancia secuestrada no reúne tal calidad, en consecuencia no puede resultar típica a los fines penales.
La solución final a la que arribe un sentenciante debe ser la conclusión como consecuencia de la apreciación de los elementos del proceso en su conjunto, y no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso. O sea que dicha mecánica requiere de dos operaciones intelectuales: la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya.
Todo ello me lleva a afirmar que de la ponderación objetiva de la prueba surge la existencia de algunos elementos que pueden revestir el carácter de indicio, sin embargo -reitero- ello no alcanza el umbral de certeza para conformar un grado de convicción necesaria que esta instancia requiere, en lo que respecta a la existencia del hecho materia de estudio, lo que se traduce en una situación de duda que debe resolverse a favor del imputado, siendo estrictamente aplicable el principio constitucional del “in dubio pro reo” (artículo 18 de la Constitución Nacional), motivo por el cual propiciaré la casación del fallo puesto en crisis y la consecuente absolución de Juan Carlos Flores Barrios.
Por todo lo expuesto, ante el déficit en la producción de la prueba, resultando la sentencia un acto jurisdiccional de fundamentación aparente y evidenciándose una situación de duda objetiva, se impone en mi criterio el acogimiento del recurso y la consiguiente absolución del acusado.
Atento a lo resuelto en los párrafos precedentes, se torna inoficioso tratar el restante planteo de inconstitucionalidad, traído a esta instancia por la Defensa.
Por lo expuesto, voto por la afirmativa.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de las cuestiones precedentes corresponde; 1) Declarar admisible y procedente el recurso de Casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial a cargo de la Unidad de Defensa Penal N° 27, descentralizada de Esteban Echeverría, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Dra. Patricia Babio, a favor de Juan Carlos Flores Barrios; 2) Casar la sentencia impugnada y absolver libremente a Juan Carlos Flores Barrios por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización por el que venía condenado, sin costas en esta instancia, por existir razones plausibles para litigar; y 3) Disponer su inmediata libertad, medida que hará efectiva el a quo de no mediar impedimento legal alguno; (artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 y 77 del Código Penal; 5 inc. c) y 40, Ley 23.737; 1, 106, 209, 210, 366, 371 incs. 1 y 2, 373, 395, 401, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 460, 463, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal).
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible y procedente el recurso de Casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial a cargo de la Unidad de Defensa Penal N° 27, descentralizada de Esteban Echeverría, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Dra. Patricia Babio, a favor de Juan Carlos Flores Barrios.
II. Casar la sentencia impugnada y absolver libremente a Juan Carlos Flores Barrios por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización por el que venía condenado, sin costas.
III. Disponer su inmediata libertad, medida que hará efectiva el a quo de no mediar impedimento legal alguno.
Artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 y 77 del Código Penal; 5 inc. c) y 40, Ley 23.737; 1, 106, 209, 210, 366, 371 incs. 1 y 2, 373, 395, 401, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 460, 463, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal.
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de lo aquí resuelto al tribunal de origen. Oportunamente devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 15/04/2021 09:43:10 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2021 11:10:33 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2021 11:12:21 - OTHARÁN Olivia - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia