Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 105718
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por la doctora Miriam Edith Adriana Ayala en favor de Mariano Rubén Chemes.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin cosas en esta instancia.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 209, 210, 371, 373, 395, 396, 401, 421, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P..
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Art. 14 de la ley 48.
Registro nro. 2021.
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N ° 105.718 de este Tribunal, caratulada “CHEMES, Mariano Rubén s/ Recurso de Casación” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del Recurso de Casación deducido por la señora defensora Oficial, doctora Miriam Edith Adriana Ayala, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 5 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, que -en el marco de un procedimiento abreviado- condenó a Mariano Rubén Chemes, a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa.
II. La recurrente denuncia que el “a quo” incurrió en una absurda y arbitraria valoración de la prueba para tener por acreditada la autoría responsable de su defendido en el hecho investigado, contrariando la manda de los arts. 168 y 171 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires; 1,106, 210, 371 inc. 1 y 373 del C.P.P..
En ese sentido, refiere que sólo se ha considerado los dichos de la víctima y las testimoniales de los efectivos de la fuerza (Martínez y Benítez), que nada aportan al esclarecimiento de los hechos investigados.
Por otra parte, la recurrente sostiene que, sobre la base de esa deficiente valoración probatoria, el “a quo” calificó erróneamente los hechos materia de juzgamiento, toda vez que los elementos existentes no revelan que su asistido haya obrado con el propósito de ocasionar la muerte a la víctima de autos. Que a todo evento la conducta achacada a su asistido cuadraría en las previsiones de lo normado en el art. 90 del C.P..
Hace reserva de interponer recurso extraordinario federal en los términos del art. 14 de la ley 48.
III. Concedido el recurso por el “a quo” (v. fs. 35/36 del presente legajo) se dispuso la radicación por sorteo en Sala (v. fs. 46) y la notificación a las partes (fs. 46).
IV. A fs. 47/50 dictaminó la Señora Fiscal Adjunta ante este Tribunal, doctora Alejandra Marcela Moretti, quien postuló el íntegro rechazo de la impugnación por no evidenciarse las violaciones denunciadas.
V. Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso interpuesto?
2da.) ¿Es procedente el mismo?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Se encuentran cumplidos los recaudos de tiempo y forma exigidos por el ritual (art. 451 del C.P.P.), y no advierto objeciones relacionadas con la impugnabilidad objetiva o subjetiva, pues se trata de una sentencia definitiva, recaída en el marco de un juicio abreviado (conf. art. 105 y 450 del C.P.P.) que, por imperio del artículo 401 del C.P.P., resulta expresamente recurrible por el imputado o su defensa.
Así, voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
I. Antes que nada debo mencionar que en el marco del presente proceso ha adquirido relevancia el acuerdo de juicio abreviado al que arribaran las partes donde, como es sabido, la conformidad del imputado supone aceptar como adecuada a una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación- la calificación y la pena solicitada por el Fiscal, y que la sentencia dictada, que no es -ni puede ser- mera homologación, sólo puede fundarse en la evidencia legítimamente producida durante la I.P.P., a las que las partes elevan al rango de prueba en virtud del acuerdo mencionado, constituyendo un pronunciamiento jurisdiccional fundado en el análisis racional y lógico de dicha prueba legalmente incorporada al proceso.
De esta manera el segundo párrafo del art. 371 del C.P.P. prevé una motivación exhaustiva de las cuestiones de hecho planteadas y de la valoración de los medios de prueba que funden las afirmaciones fácticas realizadas en la sentencia, exigiendo del mismo modo, que exprese las razones del porque no se atiende a ciertas pruebas dirimentes presentadas en el juicio, debiendo responder a los planteamientos efectuados por las partes.
Es decir, que nuestro procedimiento penal bonaerense exige el dictado de una sentencia que, en lo pertinente, debe observar las disposiciones de los artículos 371 y ssgtes. del ritual, y resolver sobre los extremos de hecho en la forma establecida en los artículos 106, 210 y 373 del C.P.P.-
Dentro de este marco -como ya lo he sostenido en numerosos precedentes (causas nro. 54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros)-, corresponde a esta instancia casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el sentenciante, como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e integral de la sentencia de condena, entendido como el más amplio derecho al recurso del imputado, sin desnaturalizar el recurso de casación convirtiendo a éste último, llegado el caso, en un segundo y nuevo juicio (Conf. Arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN en función de lo normado por los arts. 1.1, 8 inc. 2 letra h), 25 de la C.A.D.H., y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; Comisión I.D.H. informes 30/97, en caso 10.087: Argentina; informe 17/94, caso: 11.086, Argentina (caso “Maqueda”) e informe 55/97, caso: 11.137, Argentina (caso “Abella”); Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2/7/2004; Comité de Derechos Humanos de la O.N.U., in re: “Cesario Gómez Vázquez c. España” (701/1996), dictamen del 20/07/2000 y “M. Sineiro Fernández c. España” (1007/2001), del 07/08/2003).
Pero, para que el tribunal revisor pueda abarcar dichas cuestiones, ello dependerá de la actividad misma de la parte interesada. A tal efecto resulta necesario que el recurrente sea preciso al momento de denunciar este tipo de agravios, puesto que resulta imprescindible acotar el trabajo de revisión judicial exclusivamente a las partes esenciales de las sentencias impugnadas.
En este sentido es carga de la parte agraviada fijar con claridad cuál es la afirmación del tribunal que resulta de un error de apreciación y cómo habrá de refutarse dicha aseveración. Los agravios deben recaer sobre algún elemento que aporte un sustento esencial al fallo, del mismo modo que la prueba ofrecida debe ser pertinente y suficiente para demostrar el error en el que han incurrido los jueces, y dicha situación no sucede cuando los impugnantes hacen uso de categorías genéricas o abstractas, no logrando demostrar que la valoración de la prueba practicada presente espacios carentes de explicación.
II. Sentado lo dicho, para dar respuesta al planteo de la parte, corresponde señalar que el Tribunal tuvo por acreditado que: “…día 28 de agosto del 2019…una persona de sexo masculino mayor de edad interceptó por la espalda al Sr. Miguel Ángel Echeverría y, con le fin de darle muerte, le propinó un golpe en la cabeza con una cadena para luego, ante la resistencia opuesta por el Sr. Echeverría, volver a atacarlo con una cuchilla de 47 centímetros de largo, con la que le produjo un corte en la pierna izquierda, arrojándole por último una botella que contenía alcohol, encendiendo el mismo y ocasionándole al Sr. Echeverría varias quemaduras en su tórax y muslos, no logrando producir la muerte del nombrado por razones ajenas a su voluntad…” (v. fs. 15 del presente).
Ahora bien, frente a lo que sostiene la impugnante, estimo que el "a quo" expresó las razones que lo llevaron a decidir como lo hizo, sin que se advierta que haya incurrido en afirmaciones absurdas o arbitrarias al tener por acreditada, tanto la materialidad infraccionaria, como la autoría responsable del aquí imputado en el suceso endilgado, valorando las evidencias que fueran reunidas en la pesquisa, a las que las partes elevaron al rango de prueba en virtud del acuerdo de juicio abreviado celebrado, y que fueron incorporadas al proceso sin oposición de las partes.
En esa senda nótese “a quo”, tuvo por debidamente acreditada la autoría del encausado en el hecho investigado, ponderando al efecto no sólo la sindicación directa que efectuara la víctima de autos, sino también y, esencialmente, lo volcado en el acta de procedimiento policial, que fuera ratificada a la postre por los efectivos intervinientes, de la que emerge no sólo la plena correspondencia con los dichos de la víctima, sino también la situación de flagrancia en la que fuera aprehendido el encartado por los preventores del orden, culminando así su agresión. Asimismo, dicha pieza procesal da cuenta de que a escasos metros de la escena, fueron hallados los elementos empleados por Chemes para dirigir su ataque contra la humanidad del Sr. Echeverría (v. fs. 2 del presente).
Evidentemente, las circunstancias descriptas resultaron más que suficientes para enderezar el ánimo del juzgador hacia la conclusión arribada, la cual comparto, careciendo de todo asidero la crítica defensita sobre el tópico.
No puedo dejar de señalar lo llamativo que resulta el planteo efectuado por la parte, toda vez que tuvo la oportunidad -y no lo hizo-, de celebrar el respectivo juicio oral, y poder formular las preguntas que considerara pertinentes, a los fines de dilucidar las cuestiones que estimara necesarias de acuerdo a sus pretensiones, y que por este medio intenta cuestionar.
Es que acordar que el trámite continúe bajo el procedimiento abreviado (cf. arts. 395, 396, 397 y ccdtes. del C.P.P), conlleva la posibilidad de valorar la totalidad de las constancias obrantes en la causa tal y como estaban incorporadas en su momento (cf. art. artículo 399 del ceremonial).
La impugnante prescindió del control amplio que le permite el debate oral respecto de aquellas pruebas de cargo existentes en la causa, que obviamente incluye el derecho de interrogar a los testigos y peritos presentes que fueran convocados.
Vale destacar que el órgano jurisdiccional posee amplia atribución para seleccionar los medios de prueba y para apreciarla, ya que tan sólo debe ajustar sus conclusiones a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común y sentido común cuya aplicación queda sometida a la rectitud, prudencia y sabiduría de los jueces (ver Carreras, Eduardo, “La sana crítica y el testimonio del coprocesado” , J.A., 15-1972, pág. 629; Cám. Fed. de Cap. Fed., Sala I, L.L., del 18/12/1995, f. 93.861 y conf. STJ DE FORMOSA, Causa: "Romberg, Hugo Ramón s/Instigación y participación sec. de homicidio doblemente calif.- Romberg, Carmen Alcira s/Participación necesaria de homicidio doblemente agravado- Benítez Ramírez, Cristóbal- López, Cándido Salvador s/ Homicidio" -Sentencia Nº 1618/02- de fecha 09/09/02) y es lo que se ha hecho en la presente
Las reglas de la sana crítica que guían al juez en la valoración de las circunstancias fácticas, según Couture, son aquellas pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia.
Por su parte, Vélez Mariconde define al método de la sana crítica como aquél " …que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común…" (Vélez Mariconde, Alfredo, “Derecho Procesal Penal” , Bs. Aires, 1969, Ed. Lerner, Tº 1).
En definitiva, los argumentos utilizados por la impugnante no logran evidenciar la existencia de vicios graves y manifiestos que permitan descalificar el fallo como un pronunciamiento judicial válido, de modo tal que la sentencia atacada cumple con todos los recaudos legales, por lo que estimo que el material probatorio es suficiente para concluir en la responsabilidad penal del encausado, no advirtiéndose apartamiento alguno a las reglas de la lógica y la experiencia.
III. Tampoco acompaño a la defensa en cuanto aduce que no fue acreditado el dolo homicida.
Si bien es sabido que dado el estado actual de la ciencia no existen métodos para determinar en modo certero el conocimiento y la voluntad con que una persona obró en un determinado hecho, y es por ello que al efectuarse la reconstrucción judicial de los sucesos, su comprobación se lleva a cabo a partir de la ponderación de las distintas particularidades del obrar imputado y de las circunstancias externas que rodearon el acontecer histórico investigado; lo cierto es que en el presente caso se advierte que se han incorporado al expediente elementos suficientes como para atribuir fundadamente contra el imputado la figura contenida en el art. 79 del código penal (en función del art. 42 del mismo cuerpo).
En ese sentido se advierte que el sentenciante no dudó en homologar la calificación legal pactada por las partes – homicidio simple en grado de tentativa - al momento de celebrar el acuerdo de juicio abreviado, en atención a las constancias obrantes en la causa.
En concreto, de las declaraciones prestadas por la víctima de autos y lo afirmado por la testigo N élida Godoy en cuanto a que “…el Sr. Echeverría señaló que el imputado lo había querido matar” (v. fs. 18vta. del presente); sumado a la naturaleza misma de la conjunción de acciones desplegadas por el imputado, configurativas de un ataque violento y persistente para con la víctima, utilizando distintos medios idóneos para provocar su muerte (cadena, cuchilla, alcohol y fuego), surge indubitadamente, el obrar doloso de Chemes en los términos que reclama la figura legal aplicada (art. 79 del Código Penal).
Bajo estos parámetros, indefectiblemente Chemes debía representarse el resultado de su conducta, es decir, causar la muerte de la víctima, aunque el desenlace fatal no se materializara efectivamente.
Así, de las constancias obrantes en autos ha quedado demostrado que el accionar del imputado tuvo como propósito causar la muerte de Echeverría, y que los medios empleados en el caso pudieron razonablemente conducir a ese resultado, quedando desdibujado el encuadramiento jurídico pretendido por su defensora en este tramo.
En este sentido no puedo hacer más que recordar el trabajo del Dr. Ramón Ragués quien señala que cuando se valora el dolo en función de la significación social del hecho y de las circunstancias que lo acompañan se advierte que detrás de esa configuración social se ocultan determinadas presunciones (asentadas es esas valoraciones sociales) que nos permiten afirmar que su autor lo ha realizado con determinados conocimientos. Así el autor define que existe dolo cuando, a partir del sentido social de un hecho y de las circunstancias que lo acompañan, puede afirmarse de modo inequívoco que un sujeto ha llevado a cabo un comportamiento objetivamente típico atribuyéndole la concreta capacidad de realizar un tipo penal (Ragués, Ramón, “El dolo y su prueba en el proceso penal” , Ed. Bosch, Barcelona, año 1999, pp. 345 y ss).
Es decir que a partir del sentido social del hecho y de sus circunstancias, se le atribuye dolo al sujeto (como determinado grado de conocimiento) a pesar de que niegue conocimiento y/o voluntad.
En suma, observo que el fundamento defensista deviene insustancial. Precisamente, del desarrollo del fallo se advierte concretamente que los elementos probatorios reunidos en el expediente evidencian la existencia de dolo homicida en el accionar del imputado, ya que es la conducta que el mismo llevó adelante la que se toma como “indicador externo” que permite descartar definitivamente cualquier tipo de presunción y, consecuentemente tener por acreditado el tipo penal descripto en la figura contenida en el art. 79 del Código Penal, en función del art. 42 del mismo cuerpo normativo.
De este modo, nada puede reprochársele al encuadramiento legal aplicado.
En función de lo expuesto, voto por la negativa.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el resultado obtenido en la votación precedente, estimo que corresponde: 1) Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por la doctora Miriam Edith Adriana Ayala en favor de Mariano Rubén Chemes; 2) Rechazar el mismo por improcedente, sin cosas en esta instancia (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 209, 210, 371, 373, 395, 396, 401, 421, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.) y 3) Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por la doctora Miriam Edith Adriana Ayala en favor de Mariano Rubén Chemes.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin cosas en esta instancia.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 209, 210, 371, 373, 395, 396, 401, 421, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P..
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Art. 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de la presente al Tribunal de origen. Oportunamente devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 06/04/2021 13:12:41 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2021 13:18:05 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2021 13:19:38 - OTHARÁN Olivia - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia