Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 108576
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jorge Marcelo Rossi en favor de Juan Irán Jesús Álvarez.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 1, 106, 210, 395, 401, 421, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.; 40 y 41 del C.P..
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Art. 14 de la ley 48.
Registro nro. año 2021.
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N ° 108.576 de este Tribunal, caratulada “ALVAREZ, Juan Irán Jesús s/ Recurso de Casación” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del Recurso de Casación deducido por el defensor de confianza del encartado, doctor Jorge Marcelo ROSSI , contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 5 del Departamento Judicial Morón, que -en el marco de un procedimiento abreviado- condenó a Juan Irán Jesús Álvarez , a la pena de seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma (art. 166 inc. 2 primer párrafo del C.P.).
II. El recurrente cuestiona el monto de la pena aplicado a su defendido, tildando de arbitrario el decisorio, por errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
En tal dirección critica que se haya desestimado considerar como pauta diminuente de la pena el “sometimiento del encausado al procedimiento abreviado”, cuestionando bajo tales premisas que no se haya aplicado el mínimo de pena previsto para el delito en trato.
Asimismo refiere que nada ha dicho el “a quo” acerca de otra pauta atenuante atingente al “buen concepto vecinal”, que fuera solicitado por esta defensa al contestar el traslado de propuesta fiscal de juicio abreviado.
Es así que el sentenciante soslayó avocarse a una cuestión esencial, en franca violación a los artículos 106 y 371 del C.P.P. y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, siendo que correspondían ser introducidas como motivo de atenuación en expreso mandamiento de lo estipulado por el artículo 168 de la Constitución de esta provincia, y por ende, pregona que debe ser tenida en cuenta.
Aduce que el juzgador debió atender circunstancias que pudieren resultar en beneficio del imputado, siendo que el sentenciante estaba obligado a tratar de oficio otras pautas diminuentes en virtud de los principios de raigambre constitucional.
Hace reserva de interponer recurso extraordinario federal en los términos del art.14 de la ley 48.
III. Concedido el recurso por el “a quo” y radicado en el mismo por sorteo en esta Sala con debida noticia a las partes (fs. 3), el Fiscal Adjunto de Casación, doctor Fernando Luis Galán, propuso el rechazo íntegro del agravio traído por el recurrente, al no evidenciarse las violaciones denunciadas (fs. 6/8).
IV. Cumplidos los trámites de rigor y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso interpuesto?
2da.) ¿Es procedente el mismo?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Se encuentran cumplidos los recaudos de tiempo y forma exigidos por el ritual (art. 451 del C.P.P.), y no advierto objeciones relacionadas con la impugnabilidad objetiva o subjetiva, pues se trata de una sentencia definitiva recaída en el marco de un juicio abreviado (conf. art. 105 y 450 del C.P.P.) que, por imperio del artículo 401 del C.P.P., resultan expresamente recurribles por el imputado o su defensa.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
La impugnación traída a conocimiento por la defensa de Álvarez debe ser desestimada.
A contramano de lo expuesto en el recurso, cabe destacar que el sentenciante descartó atinadamente la pauta atenuante pretendida por la defensa, referida al sometimiento del encartado al trámite abreviado.
En efecto, coincido con el criterio adoptado por juzgador desde que dicha propuesta no debe ser tenida en cuenta al momento de mensurar el reproche de la sanción, toda vez que la conducta del encartado resulta ser en este sentido una conducta posterior a los eventos juzgados que no influye en la determinación a delinquir y, en consecuencia, en el monto de la pena a imponer.
Por otro lado, señalo que asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que el Tribunal enjuiciador omitió brindarle tratamiento al requerimiento instado oportunamente por la defensa en orden a considerar como pauta atenuante el “buen concepto vecinal” del imputado (conf. surge de la lectura de la cuarta cuestión del veredicto impugnado y las constancias acompañadas por la parte en formato digital).
Es así que el sentenciante omitió el tratamiento de una cuestión debidamente planteada por la defensa, en franca violación a los artículos 106 y 371 del C.P.P. y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora bien, admitida la omisión y a fin de subsanar dicha circunstancia propondré pasar a meritar en esta instancia si correspondía o no introducirla como motivo de atenuación, ello con el objeto de evitar dilaciones innecesarias e inútiles del proceso y en expreso mandamiento de lo estipulado por el artículo 168 de la Constitución de esta provincia.
En esa dirección considero que el planteo oportunamente instado no habrá de prosperar.
Si bien tradicionalmente he considerado que el buen concepto presunto debía computarse como pauta de atenuación de pena, una nueva revisión de tal temperamento y de algunas reflexiones acerca del mismo me llevan a sostener lo contrario. El denominado “buen concepto vecinal” –que en el caso en estudio no aparece probado ni se explica cómo debe operar en el mismo- es un aspecto que remite a un cierto apego a concepciones íntimamente ligadas con un derecho penal de autor, opuesto y totalmente ajeno al derecho penal de acto o culpabilidad que impera en el ordenamiento penal argentino.
En sintonía con lo antes dicho, tal como lo expuso Patricia Ziffer, dentro de un marco de estricta observancia al principio de culpabilidad la forma buena o mala en que el autor haya llevado su vida hasta el día del hecho, poca es la incidencia que podría vincularse a la gravedad de la conducta que se juzga. Dicho de otro modo, la autora de referencia pone de manifiesto que debería dejarse fuera del análisis toda valoración relativa a la conducta del autor con anterioridad al hecho, aunque sí sostiene que desde la óptica de la prevención especial se acepta que los antecedentes y condiciones personales (edad, educación, conducta precedente) permitan reconocer si el autor tuvo mayor o menor autodeterminación (Cfr. Ziffer, P. Lineamientos de la determinación de la pena , Ed. Ad-Hoc, segunda edición inalterada, 1999, p. 153 y ss.).
Sin perjuicio de las referencias estipuladas, considero que lo sustentado por la defensa decae por insuficiente. La parte no explicó siquiera cómo la circunstancia antepuesta puede justificar, en el caso, un menor grado de reproche para el imputado.
Es decir, no se encarga de exponer por qué ante un eventual informe positivo, su asistido sería merecedor de una menor cuantificación de pena, debiendo señalarse asimismo que, aun teniendo un informe ambiental favorable –cosa que en el presente proceso no se patentizó -, sin una debida argumentación, en sí mismo no basta para que opere a modo atenuante del reproche. De tal modo la pretensión sobre el punto no merece prosperar.
En punto a la ausencia de ponderación de atenuantes no sometidas al escrutinio del sentenciante, debo decir que ello no puede achacarse al mismo como una falencia que merezca censura.
Si bien el Tribunal puede imponer oficiosamente atenuantes y no agravantes (conf. télesis del art. 371 del C.P.P.), la más elemental de las lógicas indica que como seres humanos que son, los Jueces adolecen de las facultades adivinatorias que el quejoso parece exigir en su libelo, lo cual sella la suerte adversa del embate ensayado en este tramo.
En lo que respecta a la exigencia de un monto de pena que respete el mínimo de la escala penal con que se castiga el delito atribuido a Juan Irán Jesús Álvarez, he de señalar que en orden a la fijación de la pena, su individualización surge de la ponderación de las pautas contenidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, que la ubicarán en los límites de la escala que prevé la figura tipificada en el citado cuerpo legal.
En ese sentido, considero que la justa transmutación de la cuantía del injusto y de la culpabilidad en magnitudes penales no es susceptible de establecerse en cantidades prefijadas legislativamente (más allá de los extremos en las escalas) o jurisprudencialmente dado que resulta imposible -en mi criterio- estandarizar los juicios de valor para traducirlos en cantidades numéricas. Por tanto, para establecer el “quantum” de pena a imponerse no puede apelarse a fórmulas matemáticas preestablecidas sino que debe atenderse a los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, a la vez que debe tenerse en mira una adecuada reinserción social.
Por otro lado, entiendo que el punto de ingreso en el marco punitivo no debe seguir una escala de gravedad continua sino que, por el contrario, el mínimo y el máximo de la escala penal con que se reprima un delito deben ser tomadas como indicadores del valor proporcional de las normas en cuestión toda vez que, a diferencia de lo que ocurría con los antecedentes legislativos nacionales –Código Tejedor, Códigos de 1886, ley 4189 de 1906- que prescribían la imposición de una pena media para aquellos supuestos en los que se verificaran la existencia de agravantes y/o atenuantes, oscilando en más o en menos el monto de aquella al considerar pautas severizantes o diminuentes, en nuestro sistema actual no está previsto procedimiento o criterio formal alguno en el sentido indicado precedentemente, permitiendo al Juez de juicio la elección de la sanción que considere adecuada para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios rígidos y estandarizados.
Así, parte de la doctrina ha dicho –en tesitura que comparto- que “…Es cierto que la determinación de la pena supone un complejo de decisiones relativas a diferentes operaciones intelectuales. Éstas no tienen un orden sistemático, más es inevitable que se parta desde el marco penal que surge de la subsunción de la conducta en un tipo penal específico … A partir de entonces y tomando como base el hecho cometido y su autor, será posible asignar relevancia a ciertas cuestiones y descartar aquellas que no modifiquen la decisión por no tener influencia para la finalidad a alcanzar. La ley estructura esta decisión como discrecional del juez del hecho, porque sólo él está en condiciones de valorar acabadamente la personalidad del autor, permitiéndose interpretar que detrás de esa concepción se encuentra la idea de decisión en la que se fija la pena no es estrictamente aplicación del Derecho, sino que tiene un componente irracional o intuitivo, puesto que la impresión que el autor deja en el juez durante el juicio no puede ser suficientemente transmitida por escrito…” (Lurati, Carina, “El sistema de pena única en el Código Penal argentino” , 1ra. Edición año 2008, Páginas 224/225, Ed. Rubinzal – Culzoni).
Y respecto de la pena impuesta, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad, el remedio casatorio que se limita a tildar de excesivo el monto de la pena escogido por el "a quo" resulta improcedente (este Tribunal, Sala II, c. “Bagaglia” N° 4442, rta. 28/2/2 reg. 58 y c. n° 13.161, rta. 11/4/06).
En esa línea de pensamiento se ubica la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha sostenido que “… el ejercicio por parte de los magistrados de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas se vincula con cuestiones de hecho prueba y derecho común propias de los jueces de la causa y ajenas, por ende, al ámbito de la apelación federal extraordinaria” . (C.S.J.N., Fallos: 237:423; 304:1626; 305:293 y 494; 306:1669; 308:2547; 315:807 y 1699, entre otros).
En sintonía con la postura enunciada, debo señalar que la Suprema Corte de Justicia ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal y también ha sostenido que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal (cfr. P. 56.481, sent. del 27-II-1996 y P. 38.661, sent. del 6-II-1990), como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal (cfr. P.79.708, sent. del 18-VI-03).
De tal manera, resultando ecuánime la fijación del monto punitivo impuesto en lo que respecta a la culpabilidad del injusto bajo análisis y proporcionalmente racional, corresponde rechazar el recurso interpuesto en lo que a ello respecta.
En consecuencia, voto por la negativa.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la negativa.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que han quedado resueltas las cuestiones precedentes, estimo que corresponde: 1) Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jorge Marcelo Rossi en favor de Juan Irán Jesús Álvarez; 2) Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 1, 106, 210, 395, 401, 421, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.; 40 y 41 del C.P.) y 3) Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jorge Marcelo Rossi en favor de Juan Irán Jesús Álvarez.
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 1, 106, 210, 395, 401, 421, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.; 40 y 41 del C.P..
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Art. 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de la presente al Tribunal de origen. Oportunamente devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 15/04/2021 12:24:47 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2021 13:31:14 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2021 13:45:18 - OTHARÁN Olivia - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia