Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 105771
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 105771 caratulada “NUÑEZ IVAN MARIANO S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA - BORINSKY
I. La Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás -en causa nº 39333 de su registro interno- confirmó el auto dictado por el juzgado de ejecución penal departamental, que deniega el pedido de rectificación del cómputo de pena solicitado en favor de Iván Mariano Núñez, a partir de la impugnación in pauperis fundamentada por el defensor oficial, doctor Pablo Vacani.
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación la Defensa Oficial, el que fue oportunamente concedido por la alzada departamental.
En punto a la fundamentación de los agravios, la defensa oficial, brinda detalles del supuesto de hecho en que apoya su petición, según el cual la detención preventiva impuesta a su defendido durante tres años en un proceso por el que luego fuera absuelto debe ser considerado a los fines del cómputo de pena en el legajo actual, ello con independencia de que se trata de un proceso anterior y desvinculado de aquel que llevara a la condena en este caso. Cita doctrina y jurisprudencia en aval de lo peticionado y en definitiva solicita “se haga lugar al recurso interpuesto y se revoque la resolución recurrida, dictando una resolución conforme a derecho o declare nula la resolución ad-quem y, en consecuencia, se disponga el reenvío para efectuar con urgencia un nuevo cómputo…”.
III. Asignado por sorteo el recurso a esta Sala (fs. 3 del presente legajo), la Presidencia del Tribunal notificó a las partes técnicas. El señor Fiscal de Casación, doctor Roldán, propició el rechazo del recurso impetrado (fs. 4/5 cit.).
Radicadas las actuaciones ante la Sala con fecha 15 de Diciembre, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y se votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Carral dijo:
El sustrato de discusión traído en la impugnación ha sido materia de copiosos pronunciamientos por parte de esta Sala.
A contrario de lo que sostiene el órgano de la alzada departamental, al menos en la jurisprudencia de cita, en mi parecer la opinión contraria a lo allí sostenido no representa “ …un grosero desconocimiento del ordenamiento jurídico imperante… ” y solo bastaría para refutar esta afirmación, por lo bajo una conclusión algo apresurada, señalar la vasta jurisprudencia que desde otro punto de vista ofrece una argumentación de recibo a los motivos esgrimidos en la impugnación, identificados con acierto por la defensa en su recurso y que reconoce como fuente decisiones de órganos revisores de distintas jurisdicciones.
En este sentido es importante advertir que el objeto a decidir compromete dos de los pilares básicos de nuestro diseño constitucional: el respeto a la libertad de las personas y la obligación del Estado de reparar o compensar los daños ocasionados a los ciudadanos, aun cuando estos deriven de una actuación legítima.
A su vez, los contornos de nuestro orden institucional, delimitados a partir de la integración de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos a nuestra Constitución Nacional, impone a los organismos estatales el máximo de diligencia en la evitación de actos lesivos, como así también, en su caso, la cesación y correspondiente reparación o compensación.
Al respecto, tanto los artículos 7.3 de la C.A.D.H. y 9.1 del P.I.D.C.P. establecen que todo individuo tiene derecho a no ser detenido o sometido a prisión arbitrariamente; mientras que, precisamente, dichos instrumentos prevén el derecho a una reparación ante el supuesto de haber sufrido un menoscabo indebido en la libertad ambulatoria (10 de la C.A.D.H. y 9.5 del P.I.D.C.P.).
Ya abocados sobre la cuestión de fondo, resulta oportuno recordar, según la información volcada en el resolutorio en crisis, que Iván Mariano Núñez estuvo preventivamente detenido entre el 19 de agosto de 2013 y el 13 de mayo de 2016, en la causa Nro.4912 del Tribunal en lo criminal Nro.1, del Departamento Judicial de San Nicolás, proceso en el que recayó veredicto absolutorio.
De otro lado, el nombrado fue condenado por el Juzgado en lo correccional Nro.3 departamental, a la pena de 3 (tres) años de prisión con más la declaración de reincidencia, en orden a los delitos de amenazas agravadas (2 hechos) y daño en concurso real entre sí, habiendo sido detenido el 15 de octubre de 2018, situación en la que permanece hasta el presente.
Como antes adelantara, sobre la cuestión central sobre la que se erige el fundamento recursivo, me he pronunciado en reiteradas oportunidades, por ejemplo, en la Causa N° 98010 identificada como “JUMILLA EMILIANO ARIEL S/ RECURSO DE QUEJA (ART.433 CPP)" resuelta el 12 de diciembre de 2019, causa n° 95123 individualizada como “BUFFA MAXIMILIANO EMANUEL S/RECURSO DE CASACION” , Reg. 583/19; entre muchas otras, ratificando mi criterio en esta ocasión.
Opino que el Estado tiene el deber de indemnizar los daños que provoca, aun en el contexto de la persecución de un fin lícito. Como lo expresa la profesora Patricia Ziffer:
“ La presunción de inocencia puede ser legítimamente revertida para llevar adelante en forma efectiva el proceso penal, pero eso genera el deber de compensar esa injerencia extraordinaria de alguna forma. Se trata de una indemnización similar a la de la ‘expropiación’: un fin legítimo no descarta, sino que incluso impone el deber estatal de reparar los daños…” (Ziffer, Patricia. Lineamientos de la determinación de la pena . Segunda Edición. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires, 1999, pág. 144).
En este caso en particular, la temática no transita por el sufrimiento concreto que haya padecido el procesado durante la vigencia de la medida de coerción, sino más bien por el deber del Estado de reparar o compensar los daños que ocasionó al haber recurrido a una medida provisional -otorgada sin contracautela- cuyo asidero luego se desvaneció con el resultado final del juicio.
Con otras palabras, si el Estado echó mano de la principal medida cautelar de la que dispone en el sistema de enjuiciamiento –y bajo la forma más gravosa consistente en la detención carcelaria-, sin que se le exija ningún tipo de contracautela; es lógico concluir que entonces es responsable en la compensación de las consecuencias sufridas por esa privación.
Ello, a pesar de que el término “compensación” pueda generar controversias, lo cierto es que puede resultar más apropiado que el vocablo “reparación”, en tanto el perjuicio de la pérdida de libertad ambulatoria es, por su propia naturaleza, de imposible reparación ulterior, concepto usualmente utilizado por la CSJN (cfr. Fallos 280:297; 290:393; 307:549; 308:1631; 310:1835; 320:2015; 325:3494, entre otros).
En ese razonamiento, poco importa que la detención cautelar provenga o no de un “error judicial” para dar lugar a una compensación.
Más aún, en tiempos donde se discute el abuso de las “medidas cautelares”, es el Estado el que, en el ámbito del sistema penal, mantiene una posición de cierta iniquidad que debe alertar sobre la necesidad de una actividad compensatoria en muchos de sus casos.
Recordemos que Iván Mariano Núñez fue absuelto en otro proceso luego de haber permanecido privado preventivamente de su libertad desde los inicios de dichas actuaciones hasta que concluyó la respectiva audiencia de debate; siendo que, precisamente, ese período de encarcelamiento, impuesto mediante una actuación, en principio, legítima del Estado, es que corresponde reparar de alguna manera.
Una interpretación de nuestra legislación de fondo, orientada desde las disposiciones constitucionales, avalan la postura que ya he adoptado en reiteradas oportunidades.
Me refiero a que el estricto apego a los principios de igualdad ante la ley y razonabilidad establecidos en nuestra Carta Magna (arts. 16 y 28), no nos permiten perder de vista que, para el caso de haber resultado Núñez condenado en el proceso que fue absuelto, esos períodos en los que allí estuvo privado de su libertad se habrían computado por aplicación de los artículos 24 y 58 del Código Penal.
A partir de allí se podrá advertir que resultaría arbitrario contabilizar un lapso en circunstancias que perjudiquen al condenado y rechazarlo en situaciones que lo favorezcan.
Desde esta perspectiva, si bien es cierto que existen diferencias ontológicas entre una privación de la libertad arbitraria, una condena dictada a partir de un error judicial y la vigencia de una medida cautelar legítima que luego no resultó necesaria para asegurar la aplicación de la ley sustantiva; también lo es que sus consecuencias prácticas se asimilan, toda vez que los tres supuestos tienen en común que se configuran desde el encierro y afectan el tiempo cronológico y vital de una persona.
Por tal motivo, no encuentro razones para vedarle a la última hipótesis recién aludida la posibilidad de obtener una adecuada reparación o compensación.
La ausencia de una regulación legal que contemple de forma expresa la situación aquí planteada, no puede convertirse -a la luz de las obligaciones adoptadas por el Estado Nacional, mediante su adhesión al Sistema Internacional Protectorio en Materia de Derechos Humanos- en un obstáculo que impida efectivizar el deber de reparar un daño producido, aun, en el marco de una actuación estatal legítima.
Desde esa mirada, no encuentro mayor equiparación al menoscabo experimentado por Núñez, que considerar en el cómputo de pena correspondiente a la condena firme que recayó contra él, al menos una parcialidad del tiempo de encarcelamiento preventivo al que estuvo sometido en otro proceso en el que terminó absuelto.
Con otras palabras, más allá de la forma en que la ya aludida prisión preventiva gravitó en la vida de Núñez, ese tiempo debe impactar, en la medida que no se superponga contemporáneamente a otra medida cautelar personal , de alguna manera al momento de confeccionarse el computo de pena concerniente a los procesos posteriores.
Por tal razón propongo al acuerdo anular las resoluciones precedentes y reenviar para que se adopte una nueva decisión conforme los lineamientos de este sufragio (arts. 16, 18, 28 y 75 inc. 22 C.N.; 2, 5.2, 9, 10 y 15 del P.I.D.C. y P.; 7 y 10 C.A.D.H.; 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados; 24 y 58 C.P.; 1, 106, 433, 450, 454, 461, 530 y 531 del C.P.P.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el Sr. Juez Maidana dijo:
Abro respetuosa disidencia con el voto que lidera el acuerdo, en tanto considero que el recurso no debe prosperar.
La aprobación de un cómputo de pena, en tanto fija sus alcances concretos y constituye una parte accesoria del fallo de condena, poniendo fin a la discusión sobre el modo de contabilizar el tiempo que insumirá la ejecución de la sanción impuesta, resulta complementaria de una sentencia condenatoria y conforme lo sostiene la SCBA “es equiparable a sentencia definitiva” (cfr. P.105.638 sent. de 7-X-2009, Ac. 60.798, sent., del 17-X-1995, P. 62.754, sent. del 28-III-2001, P.86.333, sent. del 19-XI-2003; y RP 116.563, sent. 07-III-2012, e/o.).
Sin perjuicio de este criterio que mantengo, un nuevo análisis de la cuestión me persuade que la circunstancia apuntada no resulta suficiente para tornar admisible el recurso de casación cuando la impugnada es una resolución confirmatoria de la Cámara de Apelación y Garantías, ya que ésta no integra la nómina de las que son susceptibles de dicho recurso que establece el art. 450 del CPP, de modo tal que la apertura de la vía intentada solo operará en estos casos de darse los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario federal y siempre que en el singular este cuerpo resulte el tribunal intermedio llamado a habilitar la eventual posterior intervención de la Suprema Corte como superior Tribunal de la causa en los términos del art. 14 de la ley 48 (conf. doctr. CSJN, Fallos 308:490, “Strada” y 311:2478 “Di Mascio”, entre otros).
En efecto, en principio, cabe señalar, que del primer párrafo del art. 450 del CPP, que expresa: “podrá deducirse el recurso de casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal, ...”, se desprende que no están incluidas en tales hipótesis, decisiones provenientes de las Cámaras de Apelación y Garantías, ya que no son órganos competentes para realizar juicios (cfr. art. 21, CPP; art. 38, ley 5827, texto según Ley 13634) y, por ende, para dictar “sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal”.
Una interpretación contraria, que habilitara a revisar ante este Tribunal de Casación los cómputos de pena efectuados por los órganos jurisdiccionales de juicio o de ejecución, que ya fueron revisados y confirmados por la Cámara departamental con motivo del recurso de apelación (art. 500, CPP), resultaría, además, sistemáticamente inconsistente, pues implicaría que el veredicto y la sentencia en materia criminal, que es donde se resuelven las cuestiones esenciales relativas a la existencia del injusto y sobre la culpabilidad y, en su caso, se determina la pena aplicable (arts. 371, 375 y cc., CPP), estarían sujetos a una sola instancia ordinaria de control, mientras que la resolución que solo aprueba el cómputo de esa sanción contaría con otra adicional.
Ahora bien, ha de destacarse que la misma solución procede cuando se alega que el cómputo confirmado en segunda instancia por la Cámara repercute en la privación de la libertad del penado y, en consecuencia, se pretende la aplicación del último párrafo del artículo 450 del CPP que, en su redacción vigente, establece que podrá interponerse recurso de casación contra “los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución”.
Ello así, pues, aquí también el objetivo es garantizar el derecho al recurso en casos donde la libertad personal es denegada por primera vez por la Cámara y admitir su tratamiento, pese a que dicho derecho haya sido ejercido y exista doble conformidad judicial, cuando se verifique una situación de gravedad institucional o concurra alguna cuestión constitucional que posibilite la apertura de la instancia extraordinaria federal (ver Sala VI, c. 54.752, rta. 13 de noviembre de 2012, Sala II, c. 36.257, rta. 1 de septiembre de 2009 y Sala III, c. 40.814, rta. 18 de marzo de 2010, e. o.).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han realizado un desarrollo conteste con lo expuesto atendiendo, en un principio, a la sentencia condenatoria y, luego, a otros autos procesales relevantes.
En efecto, el control de los autos procesales relevantes que no constituyen sentencia fue confiado tradicionalmente al recurso de apelación, el que satisface con amplitud los requerimientos reclamados por aquéllos, extendiendo dicha función al recurso de casación para circunstancias donde, por razones vinculadas al estadio del procedimiento, aquél no lograba satisfacer la garantía en cuestión (cf. Fallos 320:2326, 319:585, 321:3630, 322:3225 y 324:4076).
Ello por cuanto la Corte Federal retornó al tradicional principio del derecho constitucional argentino –cfr. Fallos 327:619, 327:3488, entre otros- según el cual ningún tribunal de justicia puede negarse a examinar aquellas cuestiones constitucionales que eventualmente podrían ser tratadas por el órgano a través del recurso extraordinario y, consecuentemente, no son válidas las restricciones procesales que impiden a las instancias anteriores cumplir esta obligación que surge del artículo 31 CN (Fallos 33:162, 308:490 y 311:2478, entre otros).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en forma concordante, afirmó que debe darse respuesta a las eventuales cuestiones federales que se susciten a fin de posibilitar el tránsito de la causa por las instancias superiores locales, extendiendo los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (Ac. 95.296, 4-XI-2006, 102.374, 28-IX-2011, Ac. 100.512, 31-X-2007; Ac. 101.795, 13-V-2009; 101.263, 17-VI-2009, entre muchos otros).
La pretensión de innecesariedad que exista cuestión federal o gravedad institucional para ingresar al tratamiento del recurso, cuando se encuentre comprometida la libertad de una persona, introduce asimetrías difíciles de justificar al sistema recursivo e invertiría el orden de prelación establecido por la CIDH y la CSJN, al habilitar más oportunidades para impugnar ciertos autos procesales importantes que las previstas para cuestionar la sentencia, inconsistencia que, tal como se ha mencionado, se presenta respecto de la resolución que aprueba el cómputo de pena.
Por lo tanto, en el caso traído corresponde a este Tribunal establecer si existe gravedad institucional, o cuestión federal en condiciones de ser examinada en la instancia extraordinaria, a tenor de los requisitos previstos en el art. 14 de la Ley 48, en cuyo caso deberá atender los motivos de agravio del recurso a fin de posibilitar su tránsito hacia el superior tribunal de la causa.
Por eso, atendiendo únicamente las omisiones que pueden obedecer a la instancia por la que se encuentra transitando el proceso, deben tenerse en consideración los diversos requisitos que, conforme ha sido desarrollado por la Corte, hacen a la admisibilidad formal de este remedio y que han sido sistematizados en la Acordada 4 del 2007, a la que me remito en honor a la brevedad.
Así, en primer lugar, el decisorio impugnado no aborda una cuestión de gravedad institucional, al no exceder el interés individual de las partes, afectar a la comunidad toda, comprometer la expedita prestación de un servicio público, o poner en juego la preservación de principios básicos de la Constitución Nacional (Fallos 255:41; 290:266; 292:229 y TCPBA, Sala VI, c. 56.538, rta. 28 de diciembre de 2012).
Por otra parte, si bien el recurrente ha invocado que la resolución resulta equiparable a sentencia definitiva no ha conseguido demostrar el compromiso de una cuestión federal suficiente y vinculada directa e inmediata a los hechos aquí debatidos (Fallos 310:1542 y 325:2129), al centrar sus embates en cuestiones de derecho común de fondo –vgr. artículo 58, CP– lo que denota que, en la especie, la controversia no se halla conectada centralmente a una temática constitucional y, por ende, configura materia ajena a la jurisdicción extraordinaria (art. 15 Ley 48 y Fallos 164:110; 18:205: 324:1344, 311:647 y 311:667, e. o.).
Observo además, que tampoco el pronunciamiento en estudio resulta susceptible de la tacha de arbitrariedad, toda vez que la Cámara ha brindado argumentos suficientes y atendibles para fundar el temperamento adoptado, destacando concretamente, que no puede computarse el plazo de prisión preventiva cumplido por el encartado en otro proceso independiente que ya ha culminado. En resumen, la Alzada señaló que “la causa de mención y la de autos en examen no pudieron acumularse pues los nuevos sucesos fueron cometidos cuando ya se contaba con sentencia absolutoria en la causa anterior” y “el tiempo sufrido en prisión preventiva en el marco de un proceso en el cual se dicta veredicto absolutorio, no puede considerarse a los fines del cómputo de pena recaída en otra causa, dado que no son coincidentes los sucesos que motivaron la sanción co
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