Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 98793
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 98793 caratulada “D. F A. S/ RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS POR DEFENSOR OFICIAL Y AGENTE FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL. ANTECEDENTES
El 11 de julio del año 2019, el Dr. Juan Carlos Estrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Departamento Judicial La Plata, condenó a F. A. D. a la pena de cinco (5) años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por haberse configurado, atento a su duración y circunstancias de realización, un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima (arts. 40, 41, 45, 119 párrafo 2° en relación al párrafo 1° del Código Penal).
Contra dicha sentencia interpusieron recursos de casación a fs. 56/60 la Agente Fiscal Dra. Silvina Pérez y a fs. 61/72 el Defensor Oficial Dr. Ricardo Fabián Berenguer.
La causa ingresó a la sala el 9 de octubre de 2019, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto por la Agente Fiscal, Dra. Silvina Pérez?; ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial, Dr. Ricardo Fabián Berenguer?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo:
Sin perjuicio que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 433 CPP, corresponde al Juez evaluar si la resolución era recurrible, junto a los demás requisitos que la norma prevé, a esta altura, se impone examinar lo resuelto con respecto a la impugnación interpuesta por la Agente Fiscal.
La impugnante desarrolla dos motivos de agravio: a) cuestiona el rechazo jurisdiccional de aplicar una medida de coerción privativa de la libertad al joven D., requerida por la Fiscalía al momento de alegar en los términos del art. 371 in fine del CPP y b) denuncia la inobservancia de los arts. 40 y 41 del CP en la determinación de la pena.
En torno al primer agravio indica que la pena impuesta conlleva a un aumento de peligro cierto de frustración de los fines del proceso, por lo que estima debe privarse de libertad a F. A. D. y en relación al segundo, cuestiona el rechazo en valorar como pautas agravantes la edad de la víctima y las consecuencias psicológicas por ella sufridas.
El recurso fiscal no es admisible.
La resolución cuya modificación pretende, no sólo que no se trata de ninguna de las previstas en el art. 450 CPP, sino que los motivos invocados no constituyen los mencionados en el art 448 del C.P.P., ni concurren las condiciones establecidas en el art. 452, circunstancias que obstan su tratamiento.
Asimismo, la ausencia de definitividad obsta que el Tribunal de Casación pueda erigirse como un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogadas en instancias anteriores aun cuando los agravios invocados puedan aparecer claramente vinculados con una cuestión federal (fallos: 327:426, 1688 y 329:4058).
En efecto, constituye una exigencia del art. 482 del C.P.P. la existencia de definitividad, requisito que posee una prelación lógica necesaria para el análisis conferido por el art. 486 del C.P.P.
En lo sustancial, el fallo que dispone no hacer lugar a la medida de coerción prevista en el art. 371 "in fine" del C.P.P., no termina la causa ni impide su continuación, por lo que no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482, criterio que reúne per se entidad para sostener el juicio adverso.
La resolución en cuestión no tiene como consecuencia que el imputado no siga sometido a proceso, por lo que tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. causas P 119.663, resol de 15-X-2014; P 118.572, resol. de 4-XI-2015; P124.803, resol. de 29-XII-2015; P 127.121, resol. de 14-XII-2016, e.o.).
En función de todo lo expuesto, al no tratarse de un supuesto de los previstos en el art. 450, de los motivos del art. 448 ni concurren las condiciones del 452 del C.P.P. y, también, por carecer de definitividad la resolución impugnada, habré de proponer el rechazo del recurso de casación interpuesto (371, 421, 433, 405 a contrario sensu , 417 a contrario sensu , 433, 450 a contrario sensu , 454 inc. 4, 530 y 531 CPP).
Con relación al recurso de casación presentado por el Defensor Oficial, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante la resolución número P-129540-CC del 27-09-2017 (e.o.), resolvió la cuestión que generaba el juego de los arts. 26, 27 y 61 de la ley 13.634 -que regula el fuero penal del niño- con su nueva redacción (según ley 14765). Resolvió que el criterio determinante para saber a qué organismo corresponde revisar las sentencias, o equiparables, recaídas en el ámbito del Fuero Penal Juvenil, está fijado en razón de la materia correccional o criminal del fallo del delito en trato, independientemente de cuál sea el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución.
El Tribunal de Casación, entonces, entenderá en la revisión de sentencias definitivas, o equiparables, en materia criminal, ya sea que la dicte el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil o el Juzgado de Garantías del Joven, mientras que las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal de todo departamento judicial tendrán competencia para revisar los mismos fallos en materia correccional -de conformidad con el art. 26 y 450 del C.P.P-.
En el caso particular, F. A. D. fue condenado la pena de cinco (5) años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por haberse configurado, atento a su duración y circunstancias de realización, un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima (fs. 28/48).
A partir de lo expuesto y en concordancia con lo reglado en los arts. 22, 24 y 26 del CPP, queda claro que, en el caso, se trata de materia criminal, lo que justifica la competencia revisora de esta sede.
Asimismo, la impugnada se trata de una sentencia definitiva y la vía utilizada se ajusta a la competencia asignada a este cuerpo por los arts. 20 inc. 1, 401, 450 primer párrafo, 451, 454 inc. 1 y c.c. del C.P.P., por lo que el recurso resulta admisible (arts. 18 CN, 8.2.h CADH; 14.5 del PIDCyP; 20 inc. 1, 401, 421, 450, 451, y 454 inc. 1 del C.P.P.; 4, Ley 22.278; 33, 58, 68 y 70, Ley 13.634; 14, 15, 19, 32 y cctes., Ley 13.298).
VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO PARCIALMENTE LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Plantea el Defensor Oficial, Dr. Ricardo Fabián Berenguer, tres motivos de agravio: a) la violación a la garantía de defensa en juicio por falta de correlación entre la acusación y la sentencia, b) la arbitraria valoración probatoria en la fundamentación de la autoría responsable y c) la arbitraria y errónea justificación de la necesidad y del monto de pena, en infracción a los arts. 106 CPP, 58 inc. 2 ley 13.634, 15 CPBA, 4 decreto ley 22.278, 18 CN, 37 inc. b de las Reglas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores.
a) En relación al primer agravio, denuncia la inobservancia y errónea aplicación de los arts. 18 y 75 inc. 22, CN; 40 inc. b) II de la CIDN y 359, CPP, al haberse modificado en la acusación y la sentencia el encuadre fáctico sobre el que discurrió la investigación y el debate oral. Entiende que dicha circunstancia lo privó del derecho de defensa, al no haber podido aportar otros elementos probatorios y elaborar una estrategia subsidiaria. Señala que ello resulta un motivo de agravio constitucional y amerita la declaración de nulidad de la sentencia.
b) En segundo lugar, plantea la insuficiencia de la prueba de cargo para arribar a una sentencia condenatoria, en tanto se reduce a la declaración de la víctima en Cámara Gesell, donde las respuestas de la menor fueron inducidas por la Psicóloga interviniente. Indica que el relato de la niña resulta harto impreciso al momento de establecer circunstancias temporales y que la única referencia temporal determina que de haber ocurrido los hechos, éstos habrían sucedido durante el invierno, época en la que su pupilo no era punible pues cumplió 16 años a fines de septiembre de 2016. Considera que al no precisarse la fecha tampoco puede justificarse si D. era o no punible, por lo que ante la duda, hubiera correspondido una absolución. Aduna que de los testimonios de María de los Ángeles Duré, Mayra Becerra, Leandro Cinalli y Lautaro Videla, se desprende que siempre había varias personas en la casa, por lo que es improbable que la víctima y el victimario estuvieran solos. Menciona que el juez sostiene la condena en el testimonio de la menor, apoyado por los de la Psicóloga Hernández Masón, la Doctora Mariana Marlene Girardelli Pacheco, la Psicóloga Mayra Belén Bahamonde y la madre de la niña. Critica dichos testimonios y dice que no confirman la existencia de los hechos, pues se limitan a reproducir dichos de la niña y no se encontraron lesiones. Sostiene que ninguna de las circunstancias en las que el Tribunal justifica la condena permite despejar una duda razonable. Agrega que aun cuando se diera valor probatorio preponderante al testimonio en Cámara Gesell, la menor no mencionó la introducción de dedos en la vagina en dicho marco. En lo que respecta a la angustia de la víctima, explica que ello fue una referencia de la madre que no mencionaron las peritos durante el debate. Asimismo, expone que el juez tuvo erróneamente por probado el sometimiento de la niña a la condición de objeto y la pretensión de humillar más allá del abuso sexual, pues ello no se condice con las pruebas producidas.
c) En tercer lugar, denuncia la inobservancia de los arts. 106, CPP; 58 inc. 2, Ley 13.634; 15, CPBA; 4, Ley 22.278; 18, CN; 37 inc. b), CIDN; y 17 inc. b) de las Reglas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores. Alega que para explicar la necesidad de imponer pena, el magistrado sólo se refirió a la gravedad de los hechos, pero a ninguna otra circunstancia establecida en el art. 4 de la Ley 22.278. Indica que valoró la declaración de inocencia del joven imputado como “una desimplicancia del hecho”. Por otro lado, manifiesta que el sentenciante restó valor a la conclusión pericial en relación a la ausencia de desajustes en el área psicosexual de D.. En consecuencia, razona que el A Quo se desentendió de las particularidades del fuero especializado en relación a la valoración y fundamentación de la imposición de pena al caso concreto, más allá de la prueba del delito. Alude que el fallo no dice de dónde parte para la determinación de la pena ni qué reducción realiza, pues no es suficiente sostener que la pena impuesta se encuentra dentro de la escala aplicable. Sostiene que de haberse aplicado la reducción de la tentativa prevista en el art. 4 de la citada Ley 22.278, el monto de 5 años de prisión resulta demasiado cercano al máximo aplicable, sobre todo cuando se valoró la falta de antecedentes como atenuante. Cita doctrina. Indica que el apartamiento del mínimo legal para el caso -2 años- no fue debidamente fundado. Transcribe las afirmaciones del decisorio que considera dogmáticas y un mero ejercicio de “corte y pego”. Cita jurisprudencia. Menciona los distintos elementos que demuestran que D. tiene un proyecto de vida actual y a futuro. Concluye que la decisión resulta arbitraria y que la indicación de tratamiento psicológico o psiquiátrico tampoco tiene fundamento pues no se ha indicado su necesidad. Solicita se declare la nulidad de la sentencia o, subsidiariamente, se absuelva a su asistido. Hace reserva del caso federal.
La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith De Seta, mantiene en su totalidad los motivos de agravio introducidos por su colega de la instancia, en los términos expuestos en su presentación de fojas 77/78.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Jorge Armando Roldán, postula el rechazo del remedio intentado por el Defensor Oficial (fs. 79/83).
Limitados de tal modo los motivos de agravio expuestos por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El A Quo tuvo por acreditado: “Que una persona menor de edad, en la vivienda que compartía en la ciudad de Berisso con su madre y la pareja de esta última, ubicada en la calle 164 entre 10 Este y 11 N° 869 de esa ciudad, en el lapso comprendido entre el 25 de febrero de 2015, fecha en que la niña Z.A.C. –hija de la pareja de su progenitora- cumplió los cinco años de edad, hasta el 13 de marzo de 2017 –cuando ésta ya tenía siete años-, efectuó sobre el cuerpo de la niña tocamientos en la zona genital por debajo de la ropa interior, introduciéndole dedos en la vagina y dándole besos en la boca, aprovechando la permanencia de la víctima en la vivienda en mención, con motivo de las visitas semanales preestablecidas a su progenitor” (fs. 28/vta.).
a) En primer lugar, no se observa la afectación al principio de congruencia denunciada.
La Individualización del acontecimiento histórico en la acusación es un presupuesto básico, indispensable y necesario que no sólo permite el ejercicio del derecho de defensa sino que, al fijar con precisión el objeto del proceso, repercute en el alcance de otras garantías -arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 8.2.b CADH- (TCP, Sala I, “Pineda Angueira”, sent. 21-9-2017).
La congruencia exigida entre acusación y condena impone que la base fáctica objeto de reproche penal deba encontrarse durante todo el proceso, contenida en el denominado "objeto procesal", que no es otra cosa que el hecho que, con un menor o mayor grado de certeza acerca de su existencia, es imputado (cfr. TCP, Sala I, c. 80.254, “Cabrera”, sent. 7-11-2017, reg. 1043/17).
Así, el principio de correlación implica, esencialmente, la correspondencia de la sentencia con el hecho descripto en la acusación, con todas sus circunstancias y elementos, tanto materiales como normativos, físicos y psíquicos, regla que reviste naturaleza constitucional, según lo ha reconocido por propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 242:227; 246:357; 302:328; 298:104; 298: 308; 302:791, entre muchos otros (cfr. Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, t. I Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 568 y ss.)”.
Este principio, en consecuencia, se ve lesionado por todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, es decir, todo aquello sobre lo cual el imputado y su defensor no hayan podido expedirse y esta pauta hermenéutica decide en los casos concretos, toda vez que la infinita riqueza de elementos que cada uno de ellos contiene impide una definición a priori en términos abstractos (cf. Maier, Julio, B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, t. I, Del Puerto, Buenos Aires, 2004, 2da. ed., p. 568).
En términos generales, si bien en principio esta regla no se extiende a la subsunción legal de los hechos bajo conceptos jurídicos, dado que lo que interesa es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (acción u omisión), que se pone a cargo de alguien como protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es, precisamente, decidir sobre él (cfr. Maier, op. cit., p. 569); debe reconocerse que un viraje brusco en el significado legal atribuido al accionar desplegado puede provocar situaciones de indefensión, dado que se trata de un parámetro orientador de la actividad probatoria (cfr. TCP, Sala I, c. 86955, “Cardozo”, sent. 9-5-2019. reg. 506).
En autos, de la lectura del requerimiento fiscal de llamado a declaración en los términos del art. 308 del CPP (fs. 197/199 de los autos principales), de la intimación penal contenida en el acto del art. 308 del CPP (fs. 202), de la requisitoria de elevación a juicio (fs. 224/227) y su contestación por la defensa (fs. 229/230), del auto de elevación a juicio (fs. 241/243), de la acusación formulada al inicio del debate (fs. 407) y en los alegatos finales (fs. 413) se desprende la descripción de las acciones imputadas como “tocamientos en la zona genital por debajo de la ropa”, lo que se apoyó fundamentalmente en la descripción de las acciones lesivas hecha por la propia menor, quien desde el inicio a través de la denuncia formulada por su madre, señaló que “Pancho le metió el dedo índice por debajo de la bombacha dentro de la cola, haciendo referencia a la vagina, que ella gritaba porque le dolía” (fs. 3vta.). Tal descripción se repitió en similares términos en su declaración en Cámara Gesell (veáse fs. 159, incorporada por lectura al debate, fs. 2 de este legajo) y en sus entrevistas con la lic. María Andrea Hernández Masón (Perito Psicóloga que la asistió en la declaración en los términos del art. 102 bis CPP) y con la Dra. Mariana Marlene Girardelli Pacheco (Perito médico de la División de Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, dependiente de la Superintendencia General de Policía). De ese modo, desde el inicio de la investigación y desde la primera intimación procesal al joven D. éste tuvo posibilidad de conocer y rebatir la imputación por tocamientos por debajo de la ropa que en una ocasión al menos importaron la introducción de dedos en la vagina.
El A-Quo describió la materialidad ilícita del siguiente modo: “una persona menor de edad, en la vivienda que compartía en la ciudad de Berisso con su madre y la pareja de esta última, ubicada en la calle 164 entre 10 Este y 11 N° 869 de esa ciudad, en el lapso comprendido entre el 25 de febrero de 2015, fecha en que la niña Z. A.C. –hija de la pareja de su progenitora- cumplió los cinco años de edad hasta el 13 de marzo de 2017 –cuando ésta y tenía siete años-, efectuó sobre el cuerpo de la niña tocamientos en la zona genital por debajo de la ropa interior, introduciéndole dedos en la vagina y dándole besos en la boca, aprovechando la permanencia de la víctima en la vivienda de mención, con motivo de las visitas semanales preestablecidas a su progenitor” (fs. 28 y vta. de este legajo).
De lo expuesto se deriva claramente que el sentenciante sólo precisó una porción de la ilicitud que ya estaba contenida en los actos procesales referidos, los que incluían como prueba principal la declaración de la menor en ese sentido y a la que el joven D.y su defensa tuvieron acceso directo y continuo, de modo de rebatir los términos en que se formuló la acusación.
Por tanto, del análisis de los términos de la acusación y de la descripción de la sentencia no se constata ninguna desemejanza que quiebre la estructura de las acciones lesivas imputadas o importe un tramo de conducta novedoso con entidad como para impedir el legítimo ejercicio de la defensa en juicio.
Por último en este primer tramo, tampoco advierto una errónea imputación por el lapso en que D. no había cumplido los 16 años, en tanto del auto de responsabilidad de fs. 434 de los autos principales (y al que hace referencia en el final del veredicto, véase fs. 451 que a su vez se corresponde con la copia de fs. 41 de este legajo) se desprende que F. A. D. fue declara
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