Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 99337
REG: 187 C-99337
En la ciudad de La Plata, a los 25 días del mes de marzo de dos mil veintiuno, reunidos en acuerdo ordinario los Jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctora María Florencia Budiño y doctor Carlos Angel Natiello, con el objeto de resolver en la causa Nº 99.337 caratulada “CUENCA SEBASTIAN NICOLAS S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERP. POR DEF. OFICIAL// FRARE RAÚL SAENZ JULIO SEBASITÁN VELAZQUEZ SEBASTIÁN RODRIGO S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERP. POR DEF. PART. //CAMERINI DARIO MARCELO HUCK ARIEL RENE SKRAMOWSKYJ WALTER ELISEO Y CARBALLO RODOLFO DANIEL S/RECUROS DE CASACIÓN INTERP. POR DEF. PART.”. Practicado el sorteo correspondiente resultó que en la votación debía observarse el orden Budiño - Natiello .
El Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial La Plata, dictó sentencia luego de un juicio oral condenando a Darío Marcelo Camerini a la pena de cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación absoluta accesoria por el tiempo de la condena más dos años; a Rodolfo Daniel Carballo a la pena de cuatro años y diez meses de prisión e inhabilitación absoluta accesorias por el tiempo de la condena más un año y medio; a Walter Skramowskyj a la pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta accesoria por el tiempo de la condena más un año; a Ariel René Huck a la pena de tres años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta accesoria por el tiempo de la condena más seis meses; como autores penalmente responsables de los delitos de recepción de dádivas en los términos del primer párrafo del art. 259 del CP, en concurso real entre sí en número igual a las dádivas que cada uno de ellos recibiera, en concurso ideal con asociación ilícita; a Sebastián Nicolás Cuenca a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación absoluta accesoria por el tiempo de la condena más cuatro meses; a Sebastián Rodrigo Velázquez a la pena de tres años y ocho meses de prisión, inhabilitación absoluta accesoria por el tiempo de la condena más tres meses; a Julio Sebastián Sáenz a la pena de tres años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta accesoria por el tiempo de la condena más dos meses y a Raúl Atilio Frare a la pena de tres años y cuatro meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena más un mes, como autores penalmente responsables por los delitos de entrega de dádivas en los términos del segundo párrafo del art 259 del CP , en concurso real entre sí en número igual a la totalidad de dádivas entregadas, en concurso ideal con asociación ilícita. Todos con más las restantes accesorias legales y costas.
Contra esa decisión interpusieron recurso de casación la Defensora Oficial Dra. María Victoria Palomino en favor del imputado Cuenca (fs. 155/162vta.); los defensores particulares doctora Laura Daniela Corporaal y Daniel Marino Mazzocchini en favor de los imputados Frare, Sáenz y Velázquez (fs.164/171); y los defensores particulares Oscar Salas y Christian Romano en favor de los imputados Darío Marcelo Camerini, Ariel René Huck, Walter Eliseo Skramowskyj y Rodolfo Daniel Carballo (fs. 178/207).
Efectuadas las vistas correspondientes y encontrándose la presente en condiciones de pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear las siguientes
Previa: ¿Es admisible la nueva prueba documental ofrecida por uno de los defensores?
Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión previa planteada la doctora Budiño dijo:
I. El abogado defensor Christian Romano presentó el pasado 3 de marzo un escrito acompañando las copias de las grabaciones del debate y asimismo adjuntó “documental” como “nueva prueba” alegando que resulta “pertinente para la resolución del sub-lite”.
II. La prueba ofrecida es inadmisible.
Sin perjuicio que la presentación resulta infundada porque se ha omitido explicitar en cuál de los supuestos excepcionales del artículo 457 del ritual encuadraría el ofrecimiento, lo cierto es que de cualquier modo el ofrecimiento de “nueva prueba” en los términos señalados por el defensor resulta claramente extemporáneo a tenor de lo normado por el art. 457 segundo párrafo del CPP.
En consecuencia, voto por la negativa.
Art. 451, 457 y ccdtes. del CPP.
A la cuestión previa planteada el doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la primera cuestión primera planteada, la doctora Budiño dijo :
I. Recurso de la Defensa Oficial de Sebastián Nicolás Cuenca:
I.1. Como primer motivo de agravio plantea la “ilegitimidad del procedimiento de Asuntos Internos”.
Describe cómo se inició la investigación en la presente causa y afirma que la diligencia desarrollada por los funcionarios de Asuntos Internos se ha visto “plagada de ilegitimidades” como para constituir por sí sola el cimiento de un proceso penal que culminara en condena.
Destaca que se realizó una “inspección sorpresiva” en las oficinas de la Jefatura Departamental, concretamente en la oficina del Secretario Skramowskyj y sin testigos se revisaron los cajones y se secuestraron los sobres.
Alega que, si bien esas actividades están avaladas por leyes y decretos que reglamentan el funcionamiento de la Auditoría General y los procedimientos disciplinarios, no pueden por sí mismos erigirse “a la manera de un procedimiento penal”, porque para ello es necesaria la actuación de un Fiscal y un Juez de Garantías que obren ex ante, y no ratificando sin fundamento alguno ex post una “inspección sorpresiva” que surgió a partir de una denuncia anónima.
Afirma que de los testimonios prestados en el debate quedó acreditado que, al menos el Jefe de ese operativo, actuó en abuso de sus facultades, impidiendo la salida y el ingreso al lugar.
Cita precedentes de la CSJN en apoyo de su pretensión, para finalmente considerar que la vulneración de “las más elementales garantías constitucionales” en el operativo llevado adelante por Asunto Internos debe ser sancionado de nulidad absoluta y con ello todo lo obrado en consecuencia por aplicación de la doctrina del “fruto del árbol venenoso”.
I.2. Como segundo motivo de agravio plantea la violación al derecho de defensa en juicio, al principio de congruencia y la violación al principio in dubio pro reo.
Afirma que la decisión del a quo de modificar el encuadre legal que sostuviera la representante del Ministerio Fiscal en su acusación, conculca el principio de congruencia y consecuentemente en derecho de defensa.
Sostiene que la sentencia resulta “sin dudas de una arbitrariedad manifiesta” al impedir que la defensa pudiera ejercer durante el debate alegaciones que no fueron formuladas por haberse ceñido exclusivamente al marco del embate fiscal.
Afirma que el empleo de un tramo de los hechos no utilizado en concreto por la acusación en la subsunción al tipo penal (entrega y recepción de los sobres), aunque surja del relato fáctico de la imputación, importa una modificación de la base fáctica. Dice que la plataforma fáctica respecto de la que se exige identidad entre acusación y sentencia la constituyen todos aquellos datos que resultan relevantes para sostener la calificación en una y en otra.
Alega que no basta con que el juzgador sostenga que la Defensa pudo conocer todos y cada uno de los hechos endilgados desde un inicio, ya que al haber entendido que no pudo acreditarse el delito de concusión al que la Fiscalía aludiera en sus alegatos, construyó su iter lógico con sólo una porción de los hechos, es decir, el último tramo de la secuencia fáctica: el hallazgo de los sobres, y con ello fundamentó la subsunción en la norma del art. 259 del CP. Dice que las defensas se ocuparon de ofrecer y rebatir prueba que intentaba la demostración del origen lícito del dinero que esos sobre contenían, que de acuerdo a la acusación provenía de un circuito de recaudación ilegal; y que si la defensa hubiera tomado conocimiento de que la imputación podría abarcar otro tipo penal, podría haber producido prueba tendiente a desacreditar que el dinero hallado en cuatro sobres que provendrían de la Comisaría Tercera de la Plata y que sumaban alrededor de 17000 pesos, hubiera sido aportado por Sebastián Cuenca, quien revestía en aquella época jerarquía de Sub Comisario y cobraba un salario que no superaba los 25.000 pesos.
A partir de ello sostiene que la defensa se vio privada de la posibilidad de reunir documentación que acreditara la capacidad económica de Cuenca para generar el dinero que ahora se le endilga como una ofrenda para sus superiores
Afirma que la variación del encuadre legal resultó violatoria de la imparcialidad del órgano jurisdiccional en tanto excede la atribución de iura cura novit.
I.3. En tercer lugar, plantea la violación a la presunción de inocencia y la inversión del onus probandi .
Alega que entender que el sólo hallazgo de los sobres es demostrativo de la circulación de dinero a modo de “ofrenda” o “gratificación” hacia altos funcionarios policiales de la Jefatura Departamental, por el hecho de no haber podido acreditarse la ilicitud de su origen, significa de por sí la vulneración de la garantía del Onus Probandi en tanto era deber del Ministerio Fiscal demostrar que el dinero que se encontraba en la oficia de Skramowskyj era de espúrea procedencia.
Sostiene que, si la prueba rendida no se consideró suficiente a tales fines, correspondía la aplicación del principio de favor rei y el dictado de la absolución en favor de todos los imputados por no haberse acreditado la ilicitud del origen del dinero hallado en los sobres de la oficina del Secretario de la Jefatura Policial y consecuentemente la absolución por el delito de asociación ilícita.
Finalmente cuestiona que se haya valorado como indicio de participación de Sebastián Cuenca en los hechos por los que fue condenado, el hecho de haber concurrido a la Jefatura el día 1 de abril de 2016, pues dice que otros funcionarios lo hicieron de igual modo.
Culmina solicitando que este Tribunal case la sentencia recurrida y disponga la absolución de su asistido.
II. Recurso de la defensa de Frare, Sáenz y Velázquez:
II.1. Como primer motivo de agravio los defensores solicitan la anulación del fallo por no haber resuelto las cuestiones esenciales postuladas en el alegato (arts. 168 y 171 de la Cosnt. Provincial).
Asimismo, denuncian la violación del debido proceso legal y del principio de congruencia.
Afirman que en el alegato de clausura la Fiscal desistió de la acusación contra los señores Frare, Saenz y Velázquez, con lo que el Tribunal debió absolver por el delito desistido del art. 268 del CP.
Dicen que esa alegación de la defensa se vio eludida por el magistrado que votó en primer término, violando el deber de objetividad.
Sostiene que sus asistidos no pudieron ser defendidos por el delito de dádivas por el que en definitiva fueron condenados.
II.2. Seguidamente plantean la nulidad de la acusación fiscal. Dicen que se trata de un acto que posee una ambigüedad tal que lesiona el derecho de defensa.
Que así lo expusieron en su alegato cuando el Fiscal indicó actos concretados entre diciembre de 2015 y el 1º de abril de 2016, pues ese lapso no refiere a ningún acto que sea posible ubicar y considerar a los fines de poder responder dentro del ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Afirman que el fallo incurrió en arbitrariedad al contestar este planteo, asumiendo el juzgador un rol que implicó una absoluta pérdida de objetividad. Que el fallo concluyó en considerar acreditado un delito que no existía en el proceso –entrega de dádivas- por el cual el Fiscal había desistido con relación a sus asistidos, completando además la deficiencia de la acusación Fiscal.
II.3. Como otro motivo de agravio plantean la nulidad de todo lo actuado en la diligencia llevada a cabo el 1 de abril de 2016.
Alegan que de lo consignado en el acta surge que los testigos del procedimiento se buscaron luego del supuesto hallazgo.
Dicen que es ciertamente erróneo que existiendo un proceso en trámite el juez se base en una ley del personal policial y no en lo normado por el CPP. Que en el procedimiento administrativo previsto en la ley 13.842 –tantas veces referida en el fallo- no se consagran las garantías del CPP, sino que los recaudos de legalidad de las pesquisas administrativas son menos rigurosos, y por ello su resultado no puede considerarse prueba de cargo en el proceso penal.
Insisten en que el fallo no ha tratado los planteos de su parte, tales como aquel que denunciaba que la Jueza de Garantías había delegado potestades jurisdiccionales en sus secretarias para la diligencia de apertura de sobres del 4 de abril de 2016. Que se pretende consolidar un acto de apertura de prueba esencial e irreproducible sin que existiese urgencia, sin citar al defensor y sin la presencia del Juez de Garantías, sino sólo de dos secretarias a las que se les delegó indebidamente funciones jurisdiccionales, y por tal motivo el acto es nulo.
II.4. Seguidamente se refieren a la conclusión sentencial que determinó que no había podido acreditar el origen del dinero contenido en los sobres. Dicen que luego de ello se debió absolver puesto que lo contrario implica presumir la culpabilidad en violación a principios constitucionales.
Afirma que la denuncia “quedó despedazada” por el testimonio de su autor el Sr. Chavarrito, y que se viola el art. 366 si se pretende utilizar lo que dice el papel de la denuncia por lo que declaró en el juicio su autor.
Cuestiona la conclusión que hizo el Tribunal respecto a que los sobres encontrados permitían inferir la existencia de una trama pre acordada de entrega de dinero que las dependencias involucradas elevaban para que sea distribuido según cargos y jerarquías de los destinatarios pues, según los defensores, si el propio juez dijo que no sabe el origen del dinero, resulta contradictorio afirmar que era el resultado de una “trama” “pre acordada”.
II.5. En otro orden denuncian “la inaplicabilidad del artículo 366 del CPP”.
Dicen que “no es legal” leerles a los testigos sus declaraciones escritas, pues la ley sólo permite la lectura de “los reconocimientos” a los que es testigo aludiere.
Destaca que se han leído en el debate una gran cantidad de testimonios cuando los dichos expuestos oralmente contradecían la versión escrita, y que su parte se opuso a cada una de esas lecturas, por lo que solicita que en esta instancia se elimine toda entidad a tales pruebas testimoniales.
II.6. Finalmente traen una serie de consideraciones respecto a la calificación legal objetando la concurrencia en el caso de distintos requisitos típicos que exigen las figuras aplicadas.
Cuestionan la configuración en el caso de la figura penal del art. 210 del CP, en tanto el a quo tuvo por probada la existencia de una organización para el tributo “de abajo hacia arriba” de “recaudadores y receptores”, lo que a todo evento muestra una relación entre el sujeto que entrega el sobre y su destinatario, pero no puede inferirse una suerte de “dolo transversal” que haga que el sujeto que singularmente entabla una relación de dos, se vincule también con un tercero desconocido que hace lo mismo por su cuenta, por lo que no se da el requisito numérico de intervinientes que exige la figura de mención. En este sentido pone el ejemplo del caso de su asistido Frare, de quien sólo se dijo que fue el emisor de un sobre con dinero en su interior que tenía como destinatario a Camerini sindicado como “jefe”, pero en ningún momento se hizo referencia a un plan criminal o a la vinculación con más personas.
En el caso de su asistido Saenz critican los defensores que se intentó forzar la existencia de tres intervinientes en una maniobra que a todo evento abarcaba a dos personas en cada caso, el imputado Saenz con Camerini por un lado, y Saenz con Carballo por otro.
En definitiva, sostiene que el destino individual de los “sobres” habla de relaciones individuales con algún superior, que descartan la configuración de la asociación ilícita no sólo porque el número de intervinientes no lo admite sino porque no existen probados los delitos a que se refiere el art. 210 del CP.
Bajo otro capítulo de su escrito recursivo también se refieren a la “inexistencia del delito de asociación ilícita”, invocando en este punto la doctrina de la CSJN in re “Stancanelli”, en el cual, según sostienen los defensores, se fijó la concepción pretoriana en el sentido que para que exista asociación ilícita deben necesariamente verificarse diversos planes delictivos y no solamente distintos delitos. Afirman que la Fiscalía nunca se refirió a este requisito como concurrente en el caso de autos.
También cuestionando la calificación legal alegan que el a quo reconoció expresamente que no fue probado más allá de toda duda cuál era el origen del dinero que se entregaba en los sobres, y afirman que a partir de ello no puede tenerse por probado el delito de dádivas que, según afirman los recurrentes, es un delito que “asume un origen ilegal”.
En suma, afirman que no existen pruebas de la comisión del delito de entrega de dádivas y que se ha tergiversado la figura de asociación ilícita, que este último delito “jamás puede concurrir ni ideal ni realmente con otro delito porque constituye el delito en sí mismo”.
II.7. Culmina solicitando que se haga lugar al recuso y se absuelva a sus asistidos.
III. Recurso de la defensa de Camerini, Carballo, Huck y Skramowskyj.
III.1. En primer lugar, plantean la nulidad del procedimiento que dio inicio a la presente y del acta que lo documentó.
Cuestionan los argumentos expuestos en el fallo atacado para rechazar este mismo planteo, pues sostienen que no fueron contestadas todas las críticas de la defensa al respecto y otras no lo fueron en debida forma.
Destacan que el a quo admitió que el planteo nulificante no podía ser considerado extemporáneo, pero a pesar de ello consideró que el procedimiento llevado a cabo por el doctor Remis en la Jefatura Departamental La Plata no adoleció de ningún vicio y se enmarcó en las facultades que le otorga el art. 195 de la ley 13482, siendo que, según afirma la defensa ello no fue así, sino que durante ese procedimiento se cometieron “ilicitudes y violaciones a las garantías constitucionales” no solo de los allanados sino del resto de los presentes ya que no se permitió el ingreso ni el egreso de nadie de ese edificio, tal como lo corroboraron numerosos testimonios recibidos en el debate.
Señalan que el primer vicio del acta que documentó ese procedimiento es que no refleja lo verdaderamente sucedido, ya que Mariano Santana y Berra participaron activamente del procedimiento dándole instrucciones a Remis, conforme lo afirmaron varios testigos.
Como otro vicio del acta y del procedimiento indican la llegada de los testigos, pues según dijo Laura Sueldoéstos entraron cuando ya estaban con el acta, es decir que el procedimiento se inició y avanzó sin la presencia de testigos por casi dos horas.
Alegan que de acuerdo a lo normado por los arts. 117, 119, 201, 202, 203 ,204, 205 y ccdtes. del CPP formulan el planteo nulificante del acta de procedimiento y secuestro de sobres en la Departamental La Plata de fecha 1 de abril de 2016, porque se violentaron normas de rango constitucional como el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal.
Afirman que en particular el vicio surge de la falsedad del documento en tanto no citó fehacientemente a los verdaderos intervinientes. Peticiona en consecuencia la nulidad del acta y secuestro o en su defecto la exclusión probatoria en los términos del art. 211 del CPP.
Finalmente plantean la nulidad del procedimiento por no haberse cumplido con lo normado en el art. 297 del CPP. Dicen que los funcionarios de la Dirección de Asuntos Internos no estaban autorizados como auxiliares, si
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.