Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 105881
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto.
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, sin costas.
Arts. 17, 18 y ccdtes. de la CN; 1, 106, 210, 373, 448, 464, 465 inc. 3°, 530 y ccdtes. del CPP; 5 inc. “c” de la ley 23.737.
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los jueces de la Sala Segunda doctora María Florencia Budiño y doctor Fernando Luis María Mancini, para resolver en la presente causa 105.881 caratulada “VEGA RACHO JOSÉ FERNANDO S/ RECURSO DE CASACIÓN" . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden BUDIÑO-MANCINI .
El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 del Departamento Judicial San Martín, con integración unipersonal y en el marco de un juicio abreviado, resolvió en la causa 5023 condenar a José Fernando Vega Racho a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, y el pago de la multa de cuarenta y cinco unidades fijas, las que ascienden a la suma de $162.000 como autor responsable del delito de tráfico de sustancia estupefacientes y su tenencia con fines de comercialización.
Contra dicho resolutorio interpuso recurso de casación la Defensora Oficial de Vega Racho, Dra. Roxana Oviedo Cozzetto.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos de los artículos 401, 450 y 451 del Código Procesal Penal.
Más allá de la conformidad prestada para que proceda el trámite de juicio abreviado, entiendo que el recurso de casación interpuesto resulta admisible, conforme los normado en los 0artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y 401, 421, 396, 397 y 399 del Código Procesal Penal.
Voto, entonces, por la afirmativa (artículos 401, 421, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º, 465 inc. 2º y cctes. del CPP).
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. Como primer motivo de agravio plantea la falta de fundamentación del fallo respecto al monto de la pena de multa impuesta.
Por otro lado, plantea la inconstitucionalidad del monto punitivo mínimo previsto por el art. 5° inc. “c” de la ley 23.737 por afectación a los principios de racionalidad, humanidad y proporcionalidad de la pena.
Destaca que el a quo no tuvo en cuenta la situación personal y económica de su asistido y que el monto de la pena de multa resulta confiscatorio y en su caso imposible de pagar lo que implicaría su conversión en más días de prisión, entiende que aquello resulta contrario al fin resocializador de las penas y que implicaría una especie de prisión por deudas.
Dice que no puede perderse de vista que la multa es una pena y, como tal, debe estar prevista en una ley en sentido formal y que “Lo que no resiste el examen de constitucionalidad es que la medida de castigo haya quedado librada a la discrecionalidad de una secretaría del Poder Ejecutivo”. Sostiene que se ha delegado en un organismo del Ministerio de Seguridad la determinación y aumento del valor de las multas penales, y que aquello resulta inadmisible.
II. Arribadas las actuaciones ante este Tribual, tomó intervención la Sra. Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi propiciando el rechazo del recurso interpuesto.
III. En atención a la manda que emerge del art. 465 inc. 3° del C.P.P., sólo cabe afirmar que el agravio relativo a la falta de fundamentación de la pena impuesta no ha de prosperar.
III.1. No se verifica la alegada falta de fundamentación de la pena de multa. El monto dinerario determinado en el fallo es el equivalente a 45 unidades fijas representativa del mínimo de la escala para el delito cometido (conforme lo acordado por las partes), lo que se deriva de una simple operación aritmética al dividir la suma dineraria impuesta ($162.000) por la cantidad de unidades fijas que representaban el mínimo de la escala (45) al momento de acontecido el hecho.
El a quo explicó expresamente esa operación diciendo " ... Ahora bien, teniendo en cuenta que el mínimo de la multa indicada para el delito configurado en el Artículo 5 inciso “c” de la Ley 23.737 es de 45 unidades fijas, y el valor del formulario aludido a la fecha del hecho es de $3.600, es que la multa impuesta en la presente causa deberá ser de $162.000..." .
De esta manera, el decisorio se encuentra en este aspecto totalmente ajustado a lo normado por el artículo 106 del CPP y 168 de la Constitución Provincial, por lo que el presente agravio no puede tener acogida favorable.
II.2. Tampoco ha de prosperar el planteo de inconstitucionalidad del mínimo de la pena de multa impuesta.
La cuestión traída por la Defensa, en esencia ya fue analizada de manera conteste y pacífica por los integrantes de esta Sala (causa 92.383 sentencia del 27 de noviembre de 2018; causa 95.183 sentencia del 29 de octubre de 2019) mediante argumentos que conservan actualidad y son pertinentes al caso.
La razonabilidad, los fundamentos y los criterios de efectividad y eficacia que tuvo en cuenta el legislador al momento de actualizar el monto de la multa en el caso del delito aquí juzgado, resultan compatibles con la Constitución Nacional, especialmente teniendo en cuenta el aspecto lucrativo de este tipo de delitos y los perjuicios económicos que derivan de tal actividad ilícita, por lo que es razonable que el Estado intente desalentarla mediante la actualización de los montos de las multas previstas para este tipo de infracción.
No existe en la norma en trato ninguna indeterminación que pueda considerarse atentatoria del principio de legalidad, en tanto la conducta típica y su respuesta punitiva están claramente precisadas en la ley, siendo que el quantum de la multa se encuentra individualizado por una referencia específica complementada por la reglamentación de referencia. Esta técnica legislativa no trasgrede el principio de legalidad toda vez que se establece un mínimo y un máximo de unidades fijas, quedando correctamente delimitada la escala punitiva con un valor idéntico para todas las conductas.
En rigor, la ley bajo análisis (en lo que aquí interesa señalar) sólo introdujo un mecanismo de actualización monetaria respecto del valor de la pena de multa para ciertos delitos contemplados por la ley 23.737. Para ello, se optó por la creación de unidades fijas con valor equivalente al de un formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos, estableciendo a su vez, los límites mínimos y máximos de dicha escala penal (referenciados precisamente en unidades fijas) para cada delito en particular.
Es decir que el legislador, dentro de sus exclusivas facultades y teniendo en consideración criterios de política criminal, estimó conveniente determinar las escalas penales en un mínimo y máximo de unidades fijas sin modificar en modo alguno la conducta tipificada, todo ello con el razonable fin de no establecer sumas expresadas en valores monetarios que, como había ocurrido con la norma anterior, puedan quedar fácilmente desvalorizadas y desactualizadas, lo que atentaría contra una política criminal enfocada a desalentar la comisión de este tipo de delitos.
En conclusión, solo modificó dicho artículo el método de cuantificación monetaria utilizado hasta entonces, y lo hizo estableciendo el campo sancionatorio (en el caso, entre 45 y 900 unidades fijas), no delegando en otros poderes del Estado, como alega la defensa, la tipificación de conductas penales ni mucho menos la determinación de las penas para tales delitos, permitiendo de ante mano y a ciencia cierta conocer cuál será la escala a la cual se someterá potencialmente aquel que encuadre sus actos dentro de aquellos que tipifica la ley.
A su turno, dicha referencia de cuantificación económica (y no delegación de función) lo es en base a una facultad expresamente reconocida al Poder Ejecutivo por la misma Constitución Nacional, encontrándose por ende la posibilidad de fijar el precio del formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos dentro de la órbita de sus atribuciones, por lo que goza de entera legalidad a su vez la remisión a la cual hace alusión el articulado puesto en crisis, teniendo en cuenta incluso la íntima vinculación que existe entre la temática de los Precursores Químicos y los delitos tipificados por la ley 23.737.
Cabe señalar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho, con respecto de las garantías de “ley anterior” y “nullum crimen nulla poena sine lege” contempladas por el artículo 18 de la CN, que la exigencia está dada en la doble precisión por la ley de hecho punible – pena, sin perjuicio que el legislador opte por dejar a los órganos ejecutivos la reglamentación de los montos de pena dentro de un mínimo y un máximo fijados por la propia ley (Dictamen del Procurador General en fallo 328:940 de la CSJN).
En suma, el postulado de la recurrente en cuanto a la supuesta afectación del principio de legalidad, no abastece con suficiencia la exigencia vinculada con poner de resalto un enfrentamiento entre normas de distinto rango constitucional que resulte, como cabe exigir, palmario o contundente, no alcanzando por ende la configuración de colisión normativa alguna que justifique la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1 y 9 de la ley 27.302.
Por otro lado, tampoco logró poner en evidencia que la pena de multa impuesta en el marco de la escala legal contemplada por el articulo 5 inc. C de la ley 23.737 atente contra los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que no ha contrastado a la misma con elementos de la realidad económica de su asistido que, como afirma en sus postulados, permitan arribar a la conclusión pretendida, formulando su embate desde un plano meramente dogmático, lo que resulta insuficiente para rebatir los fundamentos brindados por el sentenciante, debiendo optar en consecuencia por el rechazo del agravio en trato.
Recuérdese que el imputado viene condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el que se le secuestró una cantidad considerable de cocaína en su poder, que comercializaba fraccionada y acondicionada en envoltorios de los que se secuestraron ciento cuarenta. En esas condiciones, la imposición del mínimo de la pena de multa no aparece de ningún modo irrazonable, desproporcionado, violatorio de principios o del fin de prevención especial positiva de la pena.
La misma suerte debe correr el planteo orientado a cuestionar la condena por resultar confiscatoria, atentando contra lo normado por el artículo 17 de la CN. Ello en atención a que, como se expuso de forma precedente, no han sido acreditados los elementos que permitan afirmar la confiscatoriedad alegada, puesto que en abstracto, ningún monto de pena de multa resulta confiscatorio ‘per se’ si no se contrasta con un patrimonio en particular, respecto del cual, por privarlo de un porcentual incrementado de su universo, podría considerarse afectado este principio consagrado por mandato constitucional.
En definitiva, no se ha probado un exceso en el monto de la multa que se aparte de forma sustancial de la capacidad económica o financiera del imputado como para entender que resulte confiscatoria.
Finalmente en lo que respecta al agravio vinculado con la mutación de la pena de multa en una de prisión como consecuencia inevitable de la falta de pago de la primera y la consecuente derivación en una prisión por deudas, cabe decir que resulta indemostrada y prematura dicha elucubración, pues sostener que ante la imposibilidad de afrontar el monto impuesto deviene de forma indubitable una pena de prisión, implica tratar en este estadio aspectos que se vinculan con situaciones que en el caso de estudio aun no vienen dadas, y que incluso derivan de un resultado hipotético que podría o no acontecer en los hechos.
Por otro lado, el ordenamiento jurídico vigente prevé las alternativas que se relacionan con la imposibilidad de cumplir con la multa como especie de pena (arts. 21 del CP, 35 inciso segundo "b" de la ley 24660 y 117 inciso "b" de la ley 12256).
En ese sentido, la conclusión de la defensa vinculada con que la falta de posibilidades para afrontar la pena de multa por parte de su ahijado procesal se convertirá, sin pasos intermedios, en una de prisión, resulta ser pura conjetura de parte, atento a que el Tribunal no ha trocado la naturaleza de la sanción, ni ha establecido siquiera el modo para percibir la suma que compone la sanción pecuniaria en los términos del artículo 21 del CP, por lo que, en resumen, el recurrente no posee agravio actual.
En definitiva, en esta situación particular, no ha sido puesto en evidencia que la pena de multa impuesta al encausado, en el marco de su escala legal (art. 5 inc. c, ley 23.737), sea contraria a mandato constitucional alguno, por lo que, no habiéndose demostrado las violaciones a las normas denunciadas por el recurrente, propongo el rechazo del recurso de casación en trato, sin costas.
Así lo voto.
Arts. 17, 18 y ccdtes. de la CN; 1, 106, 210, 373, 448, 464, 465 inc. 3°, 530 y ccdtes. del CPP; 5 inc. “c” de la ley 23.737.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dra. Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede la Sala II del Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto.
II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada en la presente, sin costas.
Arts. 17, 18 y ccdtes. de la CN; 1, 106, 210, 373, 448, 464, 465 inc. 3°, 530 y ccdtes. del CPP; 5 inc. “c” de la ley 23.737.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 12/04/2021 09:46:51 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2021 10:10:20 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2021 10:11:07 - MORANDI Diego Enrique
Fin de la sentencia