Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 102228
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 102228 caratulada “MOIX PEDRO ARIEL S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA - BORINSKY.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por el defensor particular, Dr. Luis María Roberts Alcorta, contra la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2019 por el Tribunal en lo Criminal nro. 5 del Departamento Judicial de La Plata, a través de la cual se condenó a Pedro Ariel Moix a la pena de quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, tanto por su duración en el tiempo como por su modo de perpetración, agravado por su convivencia preexistente respecto de S.B. y por el vínculo y ser conviviente en relación a M.M. -ambos hechos- que deben concursar realmente (arts. 55 y 119 cuarto párr. en relación al segundo párr., letras b y f, Cód. Penal).
1. En primer término, cuestiona la decisión del tribunal de la instancia anterior que, en la audiencia de juicio, no hizo lugar a la nulidad las cámaras Gesell practicadas en el año 2014 a las menores S.B. y M.M. Insiste en que ésas fueron realizadas sin notificación previa al imputado, ni a la Asesora de Incapaces y sin la presencia de la defensa, y que tampoco se respetó el Protocolo aprobado por la SCBA para la recepción de testimonios a menores de edad, pues en las diligencias estuvo presente el fiscal del caso, sin autorización del Juez de Garantías, haciendo preguntas directas, incisivas y sesgadas. Agrega que esa prueba obtenida de forma irregular fue valorada como prueba de cargo en el veredicto, afectando el derecho de defensa del acusado, por lo que solicita de declare su nulidad (arts. 201, 201, 207, 274, 276, 277 y cc, CPP; fs. 80vta/81).
2. En segundo término, cuestiona el razonamiento probatorio seguido por los jueces para confirmar la culpabilidad de su asistido, denunciando la existencia de errores manifiestos en la valoración de las declaraciones de S.B. y M.M.
En lo esencial, alega que el tribunal no examinó la posibilidad cierta de que el relato de M.M. haya sido contaminado en función de su edad, la asistencia regular a distintas terapias contratadas por su progenitora para tratar el “abuso sexual” y la ausencia de la figura paterna por varios años.
En ese marco, destaca los vacíos que demostró su declaración en el juicio oral, superados solo y deficitariamente a partir de las insistentes preguntas de la profesional que dirigió el interrogatorio. Que del relato de M.M. surgió que recibía información sobre el trámite de la causa y, además, se refirió a su padre como “Pedro”, demostrativo -a juicio del defensor- de la influencia externa de su relato.
Expone que la licenciada en psicóloga Elisa Rossi, al evaluar a M.M. en el año 2013, destacó el lazo de cariño de la niña con ambos progenitores y que en el juicio oral la misma profesional se mostró sorprendida ante el cambio en la posición de la menor.
Afirma que la perita no descartó -en el debate- que la repetición de las experiencias por parte de M.M. haya sido iatrogénica, como tampoco la contaminación de su relato. Expone que frente a una pregunta de los jueces en este sentido, Rossi respondió que no se podía determinar la incidencia, pero sí que hubo influencia en el caso (fs. 82).
Agrega que la licenciada Rossi, en el informe practicado en el año 2013, relevó que la denunciante Silvia Cabello centraba su relato en la conflictiva con su ex marido Pedro Moix (fs. 82vta) y que la hermana más pequeña de S.B. y M.M., no involucrada en el juicio pero evaluada durante la investigación, también reflejó en aquel año, según Rossi, afecto y añoranza por su progenitor, explicando que su padre no estaba en su casa porque estaba enfermo.
Finalmente señala que durante el juicio se intentaron distorsionar y se ponderaron sesgadamente actos propios del ejercicio de la paternidad de Pedro Moix, sin considerar la corta edad de sus hijas menores.
3. En relación a S.B., expone que el tribunal no valoró la incidencia que pudo tener en su relato la existencia de un hecho comprobado judicialmente, donde la niña -a sus doce años- observó y filmó a una amiga del colegio mientras era accedida carnalmente por su padrastro. Que en ese contexto también se le exhibieron a S.B. películas pornográficas (fs. 95).
Destaca que cuando S.B. relató por primera vez los supuestos tocamientos de Moix, su madre no descartó que pudiera haberlos soñado y no realizó denuncia penal alguna sino hasta un año después, durante el cual Moix siguió concurriendo al domicilio cuando S.B. no estaba y cuidando de sus hijas menores. Que el padre biológico de S.B. tampoco consideró pertinente tomar ninguna medida (fs. 95vta).
En definitiva, entiende que el tribunal debió ponderar con especial atención la declaración de S.B., a la luz de las circunstancias que la defensa señaló en el juicio y la inestabilidad emocional que transitaba la adolescente, tema que también se discutió en el debate.
4. Como un dato más en favor de su posición, la defensa agrega que las terapeutas de M.M. y S.B., licenciadas Levchuk y Thompson -respectivamente-, reprodujeron en el juicio oral referencias que les hicieron las menores sobre los hechos, incompatibles con los relatos que realizaron las hermanas en el debate (fs. 87/vta).
5. Agrega que el tribunal tampoco realizó una derivación razonada entre las circunstancias verificadas en los reconocimientos médicos legales de las niñas y la imputación que se realizó al acusado, que lo descartaban como agente provocador del eritema de M.M., aún si se diera por comprobado que ése fue producido por roce o frotamiento de terceros.
6. También denuncia que los jueces hicieron un análisis parcial y sesgado de la declaración de su asistido. Así, expone que Moix describió como ejerció el cuidado de sus hijas menores, las características de su crianza y el trato con las niñas, propias de las de cualquier padre y a las que se les quiso dar una connotación sexual inexistente. Que fueron varios los testigos que corroboraraon que Moix era el encargado del cuidado diario de las pequeñas, de entonces tres y seis años de edad, en función de la carga laboral que tenía Silvia Carballo. Agrega que su asistido también declaró sobre la relación conflictiva que tenía con su ex pareja y con su hija mayor S.B.
7. En definitiva, alega que los magistrados se convencieron de la realización de los hechos pero sin justificar racionalmente esa convicción con apego a la evidencia disponible, y sin descartar las explicaciones que dio la defensa y que debidamente valoradas hubieran demostrado la insuficiencia probatoria del caso de la fiscalía, por lo que solicita se case el fallo recurrido y se absuelva a su asistido en orden a los delitos imputados.
8. Por otro lado, denuncia violación del principio de congruencia y alega que la fiscalía incorporó a la acusación, en el juicio oral y sin cumplir con la norma del art. 359 del CPP, un dato no incluido en la imputación original, relativo a uno de los domicilios donde se habrían cometido los tocamientos.
9. Finalmente y en subsidio, denuncia errónea aplicación de los artes. 40 y 41 del Código Penal.
Hizo reserva del caso federal.
10. Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes (fs. 122/vta.), el recurso radicó en la Sala.
La Fiscal ante esta Sala, Dra. Daniela Bersi, postuló el rechazo del recurso, por los argumentos desarrollados en el dictamen de fs. 151/162.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. El tribunal de la instancia anterior, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que “aproximadamente desde los tres o cuatro años de edad de M.M. y hasta antes del 16 de septiembre de 2013 un sujeto de sexo masculino aprovechando la situación de convivencia preexistente con su hija biológica menor de edad -M.M.- abusó sexualmente introduciéndole -en múltiples ocasiones- su mano por debajo de la ropa interior de la misma, acariciándole, frotándole tanto la zona vaginal como anal”.
Los jueces también dieron por comprobado que “el mismo sujeto aproximadamente a partir de los seis o siete años de edad de S.B., hija de su pareja Silvia Cabello, y hasta antes de la fecha indicada 16 de septiembre de 2013, también aprovechando la situación de convivencia preexistente con dicha menor de edad, abusó sexualmente introduciéndole -en múltiples ocasiones- su mano por debajo de la ropa interior de la misma, acariciándole, frotándole, manoseándole tanto la zona anal como en la vaginal” (ver legajo, fs. 39vta).
2. En primer término, observo que la nulidad invocada por la defensa resulta ser una reedición de la alegada en iguales términos como cuestión preliminar en el debate y sin refutar adecuadamente las razones en que se apoyó el tribunal para rechazarla.
En efecto, en lo que interesa destacar, los jueces del tribunal observaron que se trataba de un planteo ya realizado ante el mismo órgano judicial, meses antes de la celebración del debate (fs. 1.155, causa principal), oportunidad en la que señalaron que la cuestión ya había sido decidida -con resultado adverso- por la cámara penal en la etapa de investigación. Por ello, no hicieron lugar a la nulidad. La defensa se notificó de lo resuelto en el debate sin formular protesta alguna (ver fs. 5vta de este legajo), resultando inatendible su replanteo en esta instancia.
No obstante, advierto que durante la IPP y ante las argumentaciones de la defensa, los jueces de la cámara penal constataron que las testificales recibidas a las menores S.B. y M.M. en el marco del art. 102 bis del CPP (en julio del año 2014) no habían cumplido las normas pertinentes para tenerlas como anticipos extraordinarios de prueba, por ausencia del defensor en su producción (art. 347, CPP), sin perjuicio de mantener su validez como elementos de cargo durante la investigación preliminar, a fin de resguardar a las menores y evitar una nueva citación (fs. 275/276, causa principal, 8 de julio de 2014).
En efecto, la posibilidad de control del imputado y su defensa no es un requisito de validez del acto en el que se recibe la declaración al testigo, sino de la posibilidad de construir un anticipo jurisdiccional de la prueba cuando fuere posible de conformidad con el derecho aplicable (en este caso, de acuerdo al art. 102 bis del CPP). Se trata de dos valoraciones diferentes.
El recurrente alega en esta instancia que “no se permitió el control directo por parte de Moix” al momento de practicar las primeras cámaras Gesell (ver fs. 80vta, recurso), pero sin reparar en la justificación que dieron los magistrados de la cámara penal al rechazar la nulidad de los actos.
A mi juicio, la defensa insiste sobre la ausencia de notificación previa al acusado, equiparando las declaraciones producidas en los términos del art. 102 bis del CPP con los actos definitivos e irrepetibles regulados en los arts. 276 y sstes., que deben ser rodeados de ciertos resguardos formales para su validez, porque una vez realizados en el curso de la investigación desaparece -por su naturaleza- la posibilidad de reiterarlos, proyectando sus efectos probatorios hacia la etapa del debate.
Al contrario, el anticipo extraordinario de prueba, aún cuando tiene el mismo efecto probatorio en la etapa de juicio, es un acto procesal que por su naturaleza puede ser realizado nuevamente.
En efecto, de modo general, la razonabilidad de la situación invocada al momento de disponer el adelanto de prueba (art. 274) no excluye la posibilidad de que una vez abierto el debate el testigo esté en condiciones de declarar y, en ese caso, el principio de oralidad impide que se transforme en irreproducible una diligencia que no lo es y que se privilegie esa prueba por sobre la que se produce en el juicio.
Dicho esto, observo que en el caso concreto la acusación estatal, a la par de argumentar sobre el rechazo de la nulidad planteada como cuestión preliminar en el debate, propuso recibir nuevas declaraciones a S.B. y a M.M. (ver acta, fs. 4/vta), medidas que fueron admitidas por la defensa a fs. 7vta/8 y cumplimentadas en el marco del juicio oral, permitiendo -en definitiva- el debido control del imputado sobre la prueba de cargo.
Por otro lado y en orden al supuesto incumplimiento de las reglas establecidas en el “Protocolo”, especialmente sobre el tipo de preguntas que pueden formularse a los niños y niñas de corta edad, advierto que si bien no revisten el carácter de meras formalidades pues configuran requisitos estrechamente vinculados a la fiabilidad de la información obtenida, no acarrean la nulidad del acto, sino que deben examinarse en el plano correspondiente a su capacidad de rendimiento como prueba de cargo. Por ello, volveré sobre este tema en el marco de la revisión del veredicto.
3. Dicho esto, del análisis probatorio realizado por el tribunal se desprende que el relato de S.B. y el de su hermana M.M. fueron las piezas esenciales de la prueba de cargo, pues desde allí se edificó la imputación que los jueces consideraron respaldada en otros datos de carácter indirecto.
En lo esencial, la defensa alega que el tribunal omitió analizar una serie de proposiciones fácticas que fueron señaladas por esa parte al examinar la declaración de S.B., que incidían en la fiabilidad de su testimonio y, en similar sentido, agrega que tampoco tuvo adecuada respuesta el planteo que realizó sobre la posible contaminación externa del relato de M.M.
3.1. La declaración de la joven S.B. en el juicio oral y que la votante en primer término transcribe en su totalidad (fs. 40/46), da cuenta de las distintas lineas de examen y contra-examen que siguieron las partes y, en consecuencia, cuáles fueron los aspectos que se controvirtieron de su testimonio o que generaron una mayor precisión.
En ese sentido, las preguntas estuvieron orientadas especialmente a conocer si -y en su caso cuándo- la joven pudo establecer si los episodios narrados fueron reales o los soñó -como ella misma lo conjeturó por un tiempo-, y las circunstancias relativas al momento de la revelación en el ámbito familiar.
Sobre esa vacilación de la joven, a la que sumó las vivencias que transitó la menor a los doce años de edad (cuando fue víctima del delito de corrupción de menores, en un hecho ajeno a esta causa), la defensa formuló sus objeciones, requiriendo al tribunal que extremara el análisis de la eficacia probatoria de esa prueba testifical y denunciando -ya ante esta sede- la omisión de esa tarea por parte de los jueces.
3.2. Así, los términos en que fueron planteados los agravios de la parte obligan a estructurar esta revisión sobre las declaraciones de S.B. y M.M., incluyendo una exposición objetiva y pormenorizada de los tramos esenciales de sus testimonios a fin de evitar cualquier carencia informativa, aún cuando tengan cierta extensión y ese estilo de motivación se aparte del que habitualmente corresponde a una revisión.
Cabe recordar que el hecho objeto de la causa, como hipótesis de algo que se habría producido en el pasado, no es susceptible de constatación experimental, sino de comprobación , a partir de vestigios que la conducta pueda dejar en las personas u objetos y -en lo que interesa destacar en este caso- de trazas en la memoria de los testigos, transmisibles por vía discursiva. En ese sentido, la prueba es la única vía de acceso al conocimiento del hecho objeto de juzgamiento.
Por otro lado, también recuerdo que al juez de la revisión no le corresponde formar su convicción a partir del examen de pruebas que no presenció, sino examinar si la valoración del juez que intervino en el juicio puede confirmarse por su misma lógica y razonabilidad. Es decir, controlar si entre la evidencia y la decisión del juzgador existe objetivamente una justificación racional.
Así, aún cuando la credibilidad es un apartado difícil de valorar por los jueces de la casación, sí pueden examinar -en su función revisora- la suficiencia de la prueba testifical y el sentido de cargo que tiene, así como el razonamiento probatorio expuesto por el tribunal de la instancia anterior al analizar esa misma prueba. Por ello, el testimonio de la víctima, cuando se erige en prueba de cargo, como usualmente sucede en hechos como el enjuiciado, está sujeto a la hora de su valoración a ciertos criterios, que no son condiciones objetivas de validez de la prueba sino parámetros mínimos de contraste a los que tiene que someterse la declaración.
3.3. En efecto, en reiteradas ocasiones afirmé que la cuestión relativa a que la prueba de signo acusatorio se construya a partir de un único elemento de calidad no se traduce en un obstáculo para arribar a una condena, en tanto no disminuya la capacidad de alcanzar el grado de convicción necesario. En rigor, el sistema de valoración probatoria que rige en nuestro ordenamiento lo permite (arts. 209 y 210, CPP).
Sin embargo, ello no significa que la libertad de valoración esté libre de reglas que la rigen, en tanto la sana crítica exige un razonamiento que ofrezca una explicación plausible, coherente, ausente de contradicciones y en línea con los postulados de la ciencia, la psicología y la experiencia general.
Desde este enfoque se han sostenido pautas necesarias que el testimonio debe reunir para dotarlo de credibilidad como prueba de cargo: 1) ausencia de incredibilidad subjetiva , es decir, la ausencia de circunstancias que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento o venganza que pueda enturbiar su sinceridad; 2) verosimilitud en el relato, es decir, constatación de corroboraciones periféricas de carácter objetivo; 3) persistencia en la incriminación : ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones (Cfr. Doctrina del Superior Tribunal Español STS 1029/1997).
Como dije, los indicados criterios no son condiciones objetivas de validez de la prueba sino parámetros a los que ha de someterse el examen del testimonio de la víctima, delimitando el cauce por el que debe transitar una valoración verdaderamente razonable y controlable.
4. En lo que interesa destacar, en el juicio oral S.B. -de 19 años al prestar testimonio- declaró sobre los episodios atribuidos al acusado y las circunstancias en que los reveló al entorno familiar.
Expuso que en la casa nueva también “empezó a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.