Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 109125
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar por inadmisible el recurso interpuesto por el Defensor Particular de Noemí Sánchez, María Paula Giménez, Verónica Gabriela Giménez y Guillermo Gonzalo Giménez, Dr. Rodolfo Migliaro, con costas.
II. Rechazar por inadmisible el recurso interpuesto por la Defensora Particular de María Florencia Períes, Dra. María Valeria Del Bono Lonardi, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 20 inc. 1, 106, 337, 421, 433, 450 a contrario sensu , 530 y 531 del C.P.P.; 14 y 15 a contrario sensu , ley 48.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 109125 caratulada “SÁNCHEZ NOEMÍ, GIMÉNEZ MARIA PAULA, GIMÉNEZ VERÓNICA GABRIELA, GIMÉNEZ GUILLERMO GONZALO S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR DR. MIGLIARO. PERIES MARÍA FLORENCIA S/ RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR DRA. DEL BONO LONARDI”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 3 de agosto del año 2020, la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de Pergamino, revocó la resolución del Juzgado de Garantías N° 2 y dispuso la elevación de la causa a juicio de la causa seguida a Noemí Sánchez, María Paula Giménez, Verónica Gabriela Giménez, Guillermo Gonzalo Giménez y María Florencia Períes, por los delitos de estafa (art. 172 CP), falsificación de instrumento público (art. 293 CP) y estafa procesal en grado de tentativa mediante uso de documento público falso en los términos de los arts. 172, 42 y 296, todos del CP, en calidad de autores (art. 45 del CP).
El Defensor Particular de Noemí Sánchez, María Paula Giménez, Verónica Gabriela Giménez y Guillermo Gonzalo Giménez, Dr. Rodolfo Migliaro, y la Defensora Particular de María Florencia Períes, Dra. María Valeria Del Bono Lonardi, interpusieron recursos de casación.
La causa ingresó a la Sala el 1/06/2021, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El Defensor Particular, Dr. Rodolfo Migliaro, sostiene la admisibilidad del recurso, con base en la garantía de la doble instancia y lo dispuesto por el art. 450 in fine del CPP, toda vez que la decisión impugnada es revocatoria del sobreseimiento dictado por el Juzgado de Garantías y ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior. Señala la errónea valoración de la prueba de autos y la arbitrariedad de lo resuelto, que incorporó elementos producidos en una IPP archivada en el año 2016. Plantea la inexistencia de la acción típica en la investigación por falsificación de documento público, pues la acción de "insertar declaraciones falsas" corresponde a la actividad de la escribana y no está probado que sus defendidos tuvieran conocimiento del testamento o hayan incidido en la voluntad dispositiva de la otorgante del acto. Tras realizar un extenso análisis de los hechos, concluye que el razonamiento del A Quo se aparta injustificadamente de la prueba recolectada en autos, como así también de los fundamentos expuestos por el Juzgado de Familia (c. 1913), el Juzgado de Garantías y la Fiscal que dispuso el archivo de la IPP 2074/10. Por todo lo expuesto, solicita se ordene el sobreseimiento de sus defendidos.
La Defensora Particular, Dra. María Valeria Del Bono Lonardi, sostiene que la resolución impugnada es equiparable a sentencia definitiva y que ocasiona un gravamen irreparable a su asistida. Añade en favor de admisibilidad del recurso, que la decisión en crisis carece de fundamentación suficiente, aplica erróneamente el derecho de fondo, omite tratar los agravios expuestos por la parte y es revocatoria del sobreseimiento dictado por el Juez de Garantías. En relación a la cuestión de fondo, explica que la Cámara confirmó la prescripción del delito de circunvención de incapaz, pero mantuvo vigente la acción de otros tipos penales que quedaron consumados en el delito prescripto. Que la Alzada no distinguió los juicios de atribución de responsabilidad penal para cada imputado, el rol o vinculación entre ellos, ni sus grados de participación, ni especificó la regla concursal aplicada ante la multiplicidad delictiva descripta en la calificación legal de la imputación. Que no puede mantenerse la vigencia de la acción penal por el resto de las figuras enrostradas, toda vez que no son hechos independientes de la figura que se declaró extinguida. Efectúa un análisis de los hechos como así también de la prueba recolectada en autos. Por todo lo expuesto, solicita se conceda el sobreseimiento de María Florencia Peries. Hace reserva del caso federal.
El Fiscal Adjunto del Tribunal de Casación, Dr. Jorge Armando Roldán, se expide por el rechazo del recurso (trámite de fecha 17/05/21).
Sin perjuicio de que, conforme a lo dispuesto en el art. 433 del CPP, corresponde a la Cámara de Apelación y Garantías interviniente evaluar si la resolución era recurrible, junto a los demás requisitos que esta norma prevé, a esta altura, se impone examinar lo resuelto por el A Quo .
No se advierte que la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías de Pergamino encuadre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 450 del Código Procesal Penal, al no dirigirse contra alguno de los autos expresamente enumerados, no encontrarse en juego la libertad de los causantes y no atacar una decisión que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad (v. TCPBA, Sala VI, c. N° 55.276, “BEGUÉ, Juan Andrés s/ Recurso de queja (art. 433 CPP)”, sent. del 5 de marzo de 2013, reg. 33/2013; y c. N° 59.614, “AMADO, Sandra Gabriela s/ Recurso de Queja (art. 433 CPP)”, sent. del 29 de noviembre de 2013, reg. 601/13).
La ausencia de definitividad obsta que el Tribunal de Casación pueda erigirse como un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogadas en instancias anteriores aún cuando los agravios invocados puedan aparecer claramente vinculados con una cuestión federal (fallos: 327:426, 1688 y 329:4058).
En efecto, constituye una exigencia del artículo 482 del C.P.P. la existencia de definitividad, requisito que posee una prelación lógica necesaria para el análisis conferido por el artículo 486 del C.P.P.
En lo sustancial, el fallo que revoca el sobreseimiento de los imputados y eleva la causa a juicio, no termina la causa ni impide su continuación, por lo que no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del artículo 482, criterio que reúne per se entidad para sostener el juicio adverso.
La resolución en cuestión tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. causas P 119.663, resol de 15-X-2014; P 118.572, resol. de 4-XI-2015; P124.803, resol. de 29-XII-2015; P 127.121, resol. de 14-XII-2016, e.o.).
En función de todo lo expuesto, al no tratarse de un supuesto de los previstos en el artículo 450 del C.P.P. y carecer de definitividad, la resolución impugnada, habré de proponer el rechazo de los recursos de casación interpuestos (arts. 337, 421, 433, 450 a contrario sensu , 454 inc. 4, 530 y 531 CPP).
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL dijo:
I. Preliminarmente debo destacar que el remedio procesal intentado es plenamente admisible en esta Sede toda vez que -en la especie- esta instancia extraordinaria es el órgano que en definitiva permite dar cumplimiento a la garantía fundacional del doble conforme (arts. 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 75 inc. 22° de la C.N.), en la inteligencia de que el pronunciamiento de la Cámara fue revocatorio de la primigenia resolución de la magistrada garante que decretara el sobreseimiento (cf. Sala I TCPBA, causa N° 98896 caratulada " Gutierrez, Enzo Elian s/ recurso de queja ", reg. N° 1160-2019).
En particular, no puede pasarse por alto que nuestro sistema de enjuiciamiento provincial admite la posibilidad de que la decisión de elevación a juicio sea revisada por un tribunal superior, cuando la parte se ha opuesto al requerimiento de elevación a juicio instando el sobreseimiento (cfr. doctrina del art. 337 CPP).
En esta línea de análisis, el recurso intentado desde la defensa técnica debe ser interpretado bajo los siguientes parámetros: (i) Se trata de un auto procesal importante, en rigor –a un lado los pronunciamientos sobre medidas cautelares- la elevación a juicio se presenta como la decisión de mérito de especial trascendencia durante la etapa preliminar, en cierto punto asociable al auto de procesamiento del sistema nacional (también revisable ante un tribunal superior); (ii) La decisión sobre la que se pretende una revisión se trata de la primera adversa a los intereses de la defensa. De este modo, debe garantizarse que una primera resolución jurisdiccional dirigida como persecución contra el imputado pueda ser revisada por otro órgano a partir de las razones que antes se alegaran como fundamento de la teoría general de las impugnaciones. De este modo se concreta y materializa la garantía del doble conforme que difiere del concepto formal de “doble instancia”.
Por tanto, la exigencia de la doble conformidad judicial se asemejaría a la regla aritmética de doble conforme, según la cual, en una operación matemática que se realiza dos veces obteniéndose igual resultado, existe un alto grado de probabilidad de que la misma sea correcta.
Así, la Corte Interamericana de derechos Humanos ha dicho que “…el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias procesales” (Corte IDH del 30 de mayo de 1999, caso "Castillo Petruzzi").
A su vez, la Comisión Interamericana ha sido específicamente clara al sostener que “el derecho previsto en el art.8.2.h. requiere la disponibilidad de un recurso que al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes” (el destacado es propio) y “Es importante destacar que la Convención Americana, a diferencia de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagra ampliamente el derecho de apelación” (Informe 55/1997, caso Abella, Juan C. v. República Argentina).
En tal contexto, siendo que la resolución del órgano de alzada no fue confirmatoria de la de primera instancia que dispuso el sobreseimiento, sino todo lo contrario (elevación a juicio), es que entiendo admisible la apertura de la queja deducida.
Aun con diferencias respecto del alcance del artículo 8.2.h de la Convención Americana, puede verse que la Procuración General de la Nación ha plasmado un razonamiento coincidente, en lo sustancial, con la argumentación que aquí se propone, acudiendo a una "analogía in bonam partem " como una modalidad de interpretación extensiva, tal como ya había sido propuesto en Fallos: 309:4099 in re "Kutko" (cfr. Dictamen en causa "Araujo, Oscar Alfredo s/ Causa N°104552" , A. 378, L. XLV del 16/06/2010").
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor VIOLINI dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Maidana y a esta cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
En virtud del resultado de la votación precedente, entiendo que corresponde rechazar por inadmisible los recursos interpuestos por los Defensores Particulares, el Dr. Rodolfo Migliaro y la Dra. María Valeria Del Bono Lonardi, con costas (arts. 20 inc. 1, 106, 337, 421, 433, 450 a contrario sensu , 530 y 531 del C.P.P.; 14 y 15 a contrario sensu , ley 48), y tener presente la reserva del caso federal efectuada.
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez doctor VIOLINI , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Rechazar por inadmisible el recurso interpuesto por el Defensor Particular de Noemí Sánchez, María Paula Giménez, Verónica Gabriela Giménez y Guillermo Gonzalo Giménez, Dr. Rodolfo Migliaro, con costas.
II. Rechazar por inadmisible el recurso interpuesto por la Defensora Particular de María Florencia Períes, Dra. María Valeria Del Bono Lonardi, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 20 inc. 1, 106, 337, 421, 433, 450 a contrario sensu , 530 y 531 del C.P.P.; 14 y 15 a contrario sensu , ley 48.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N° 850
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2021 09:19:02 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 10/08/2021 09:31:27 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2021 10:18:57 - MAIDANA Ricardo Ramón - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2021 10:40:14 - ALVAREZ Jorge Andrés - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia