Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 102022
En la ciudad de La Plata, sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario, los señores jueces doctores, Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 27.335 (Registro de Presidencia número 102.022), caratulada: “Jeraci Alberro Luciano s/recurso de casación” y sus acumuladas; causa número 27.336 (Registro de Presidencia número 102.024), caratulada “Guzmán Carlos Eduardo s/ recurso de casación” y causa número 27.337 (Registro de Presidencia número 102.028), caratulada “Palas Carlos Matías s/ recurso de casación” , conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY-VIOLINI
En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal número 1 de Azul, en juicio abreviado, condenó a Carlos Eduardo Guzmán, Luciano Jeraci Alberro y Carlos Matías Palas a cuatro años y dos meses de prisión, cuarenta mil pesos de multa para cada uno –pagaderos en cuarenta cuotas iguales y mensuales-, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores de asociación ilícita en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público, concusión, omisión de promover la represión de delitos y encubrimiento doblemente agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave y por la calidad de funcionario del autor –estos últimos en concurso ideal-.
Contra dicho pronunciamiento interpusieron recursos de casación las respectivas defensas.
El defensor de Jeraci , solicitando la inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal y denunciando errónea aplicación de la ley (fs. 45/49).
El defensor de Guzmán , denunciando la inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal y errónea aplicación de la ley (fs. 46/50 y vta. de la causa número 102.024).
El defensor de Palas , denunciando absurda valoración de la prueba y errónea aplicación de la ley (fs. 58/87 y vta. de la causa número 102.028).
Concedidos los recursos (fs. 50 de la presente; fs. 51 de la causa número 102.024 y fs. 88 de la causa número 102.028), se radicaron en Sala, postulando el Fiscal de Casación el rechazo de los mismos (fs. 73/74 por Jeraci, fs. 70/71 de la causa 102.024 por Guzmán y fs. 111/112 de la causa número 10.2028 por Palas).
Finalmente, las causas se acumularon.
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se trataron y votaron las siguientes
Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
-I-
El Tribunal tuvo por probado que entre septiembre y noviembre de 2017 los aquí imputados, que se conocen por su trabajo, amistad y trato frecuente, revistiendo el carácter de funcionarios policiales, integraron en forma organizada una asociación con la finalidad de cometer delitos contra distintas personas en el ámbito jurisdiccional perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Así las cosas, aprovechándose de prestar funciones en las fuerzas de seguridad encargadas de la investigación de delitos vinculados a las infracciones de la ley 23.737, solicitaban y exigían a diferentes personas –algunas de ellas señaladas o investigadas judicialmente en las jurisdicciones a su cargo- en forma indebida, la entrega de distintas sumas de dinero o bien, en su caso, dosis de estupefacientes para su consumo, y permitirles vender droga, dejando de promover la persecución y represión de los responsables de tal conducta prohibida, estando obligados a ello, como así también frustrar los fines de las investigaciones penales en trámite ante la justicia, entre otras actividades ilícitas.
En ese contexto, a comienzos de septiembre de 2017, Palas (previo acuerdo con Jeraci y Guzmán), en su vivienda, le hizo pagar a Guillermo Ismael Cisneros, domiciliado en calle Almafuerte número 316 de Ayacucho, veinte mil pesos para garantizarle que frustraría el allanamiento de su morada y a la de otro llamado Juan Martín Pérez Scerbo, quien reside en calle Libertad número 558 de la misma localidad, en el contexto de la I.P.P. 03-00-2123-15 (con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 3 y Juzgado de Garantías número 2 de Dolores).
Para ello, Palas tomó conocimiento del trámite de la causa nombrada de parte de Guzmán y Jeraci.
El 25 de septiembre de 2017, Javier Torres, investigado por comercialización de estupefacientes en la I.P.P. 01-00-6192-16, se contactó con Jeraci, luego de no poder hacerlo con Guzmán ni Palas, requiriéndole información sobre la presencia de la Policía Federal en su localidad, asegurándole aquél, en cumplimiento de acuerdos anteriores, que nada le pasaría e indicándole que se comunicara con Guzmán.
De tal forma, el 2 de octubre de 2017, Palas y Jeraci, avisaron a Andrea Viviana Pérez y Javier Torres, en las inmediaciones de la vivienda de ambos, de calle Carlos Santos número 217 de Ayacucho, que la misma iba a ser allanada en días sucesivos, en el marco de la causa antes nombrada.
En ese sentido, Palas tomó conocimiento de la investigación, por el trabajo conjunto que realizaba con personal policial de la Subdelegación Tandil de la Policía Federal Argentina en la I.P.P. 01-00-1197-17 (de la U.F.I. 22 y Juzgado de Garantías 2 de Azul).
Las sumas de dinero exigidas, con el fin de despojar a personas en provecho de su patrimonio, como así también las dosis de estupefacientes solicitadas y recibidas, fueron obtenidas valiéndose del temor funcional que reviste el cargo policial y en perjuicio de la moralidad y la corrección que debe imperar en la administración pública.
-II-
Agravios
Jeraci y Guzmán. Pese a tratarse de dos letrados distintos, ambos propiciaron los mismos agravios, mediante un texto similar.
Así las cosas solicitaron inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal refiriendo que las accesorias legales afectan la dignidad de la persona, vulnerando lo artículos 10 del PIDCyP y el 5.6 de la CADH.
Citan doctrina y jurisprudencia al efecto.
En otro orden de ideas, denuncian errónea aplicación del artículo 210 del Código Penal.
Dicen que no surge en forma alguna que entre los condenados existiera un acuerdo o pacto para cometer delitos.
Añaden que el lapso temporal es escaso y de las conversaciones y testificales no emerge una organización.
Refieren que no debe confundirse el concepto de banda con asociación ilícita.
Por otro lado, tildan de errónea la calificación en lo referido a la omisión de denuncia doblemente agravada por ser el hecho precedente especialmente grave y la calidad de funcionario público del autor.
Afirman que en el caso no sucede, que el hecho precedente no tiene un mínimo previsto superior a tres años.
Que además no puede utilizarse la calidad de funcionario público, puesto que ha sido utilizada para atribuirles el delito de incumplimiento de los deberes.
En base a lo expuesto, solicitan que se declare la inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal, y se descarten los delitos de asociación ilícita y omisión de denuncia doblemente agravada, aplicándose el mínimo legal posible de pena.
Palas. Como primer motivo, el defensor alega que la base fáctica sostenida es falsa, toda vez que las actividades que se mencionan fueron solicitadas y encomendadas por el Ministerio Público Fiscal.
Alega que a raíz de un procedimiento exitoso se produjo un festejo al que concurrió el fiscal Molinero, quien felicitó por su labor a Palas, comentándole que era de Ayacucho y que en ese sitio había problemas con las drogas, pero él no tenía jurisdicción, aunque en caso de que hubiera algún contacto con Tandil podría intervenir, refiriéndole su defendido que existían personas relacionadas con la actividad aludida, que trabajaban en Tandil y Ayacucho.
Que a partir de ello, se comprometió a trabajar con él, aportándole datos de interés.
Que luego de ganarse su confianza, Molinero le habló de Guzmán diciéndole que desconfiaba por unas investigaciones del pasado, y solicitó a sus superiores que lo sacaran de Tandil.
Que la relación de Palas y Guzmán comenzó cuando trabajaron en Tandil, y a pedido de Molinero lo trasladaron a Drogas Ilícitas, quedando a cargo de Ayacucho, y por tal razón tuvo contacto laboral, pero bajo la supervisión de Molinero.
Que de esa forma el fiscal manipuló a Palas, puesto que le pidió que obtuviera información de Guzmán, los movimientos que efectuaba, las causas que tramitaba, teniendo interés especial en la participación de las causas que vinculaban las ciudades de Rauch con Ayacucho.
Así, Palas trabajaba en ambas ciudades y obtenía información de Guzmán a pedido del Fiscal, a quien se las transmitía o en su defecto a la policía federal de Tandil.
Acota que para que Guzmán no sospechara, debía brindarle información confusa, ocultándole las causas que tramitaban, lo cual era difícil, dado que se trata de una ciudad chica y los sindicados resultan conocidos.
Asimismo, trae a colación la IPP 4439 en la que a fines de 2016 e inicios del 2017, Palas identificó algunas personas y le entregó la información a Molinero.
Que lo convocó y le hizo preguntas por uno de los que había identificado, admitiéndole que conocía a su familia.
Que en dicha causa fueron detenidos todos menos el conocido del Fiscal.
Que las comunicaciones entre el acusado y el fiscal fueron incesantes, debía aportarle nombres, domicilios, etc., aclarando que todo se hacía de manera informal.
Que la traición es notoria, siendo que el propio Estado en lugar de protegerlo, usó la información recabada por él y se le endilga el rol de miembro de una asociación ilícita, omitiendo maliciosamente que todo era por orden de Molinero.
Que Palas fue consultado muchas veces por el Fiscal y por la Policía Federal, quienes le solicitaban información, siendo que muchas veces ello no se volcaba por escrito.
Que el 24 de octubre de 2017, Molinero presentó un informe y charlando con su defendido le dijo que había uno apodado “Tato” que se decía que filtraba información, diciéndole Palas que era ese su apodo.
Refiere que en realidad Molinero conocía su apodo, y utilizó la información para interrogarlo en su despacho simulando un falso encuentro laboral, y al cabo del mismo lo intimidó para que no dijera nada, indicándole que debía buscar a otro "Tato" para no ser salpicado él.
Aduna que la declaración a los testigos se produjo un mes después que fueran detenidos y estando estado alojados juntos, e igualmente tienen discrepancias entre sí.
En otro orden de ideas, refiere que existen inconsistencias en las testificales, armado de las pesquisa, violación al debido proceso y nulidades no resueltas.
Transcribe íntegramente lo probado por el Tribunal, y luego, de manera confusa, entresaca diversas partes, repitiendo una vez más lo que surge del veredicto, señalando luego sus argumentos para rebatirlos.
Así, menciona que no se ha acreditado la permanencia en el tiempo, que no se determinaron los roles y jerarquías, que salvo los dichos de Cisneros, no existen constancias de que Palas hubiera solicitado o exigido dinero o estupefacientes, que permitiera vender drogas, dejando de promover la persecución o que frustrara los fines de la investigación.
Refiere que Cisneros, Scerbi y Ramírez tienen contradicciones y no aportaron datos precisos.
Que las llamadas que hizo Palas fueron documentadas y realizadas dentro de la causa.
Que se afirma que les pidió dinero a Cisneros y Scerbo para que no los aprehendieran, pero ellos ni siquiera se encontraban sindicados.
Refiere que hay correos electrónicos, mensajes de whatsapp en los que le informaba lo que hacía, y que en la causa 2570 Palas señaló a Scerbo como posible proveedor de droga de la sospechada Ana Paula Valdez.
En relación a que hubiera anoticiado a Andrea Pérez y Javier Torres sobre que serían allanadas sus viviendas, sostiene que no se aportan datos precisos y que existen discrepancias, existiendo tres kilómetros de distancia entre los lugares referidos, acotando que era imposible de transitar por el clima de los días anteriores.
Respecto al llamado que habría recibido Jeraci de Torres, diciéndole que no pudo hablar con los otros dos acusados, refiere que se usó la transcripción de llamados y la ubicación de los aparatos.
Que la fiscalía refiere que Jeraci estaba en Rauch y Palas en Ayacucho, buscando veracidad en la sectorización de los celulares.
Pero en realidad en el aparato de Palas no hay registro entrantes de Torres, por lo que el mentado “Tato” al que alude este último es otra persona.
Que al no ser Palas, deja la afirmación de la fiscalía como carente de fundamentación arbitraria e ilegal, violando el derecho de defensa y objetividad de su función, resultando nula la intervención telefónica de Palas.
Sobre que Palas, tomó conocimiento de que Torres era investigado y se contactó con Jeraci obstruyendo la IPP 6192, y que a partir de que supiera la investigación de un abonado telefónico de Torres y tras una serie de comunicaciones entre todos, tanto Jeraci como Torres dejaron de usar sus celulares, utilizando como prueba las comunicaciones de Watssapp de Palas con Fenneman y el registro de llamadas, refiere:
Que no se demuestra que Palas les ocultara información sino que Palas le dijo que lo tenía en ese momento, siendo que el número lo tenía como sospechoso de Ayacucho y que luego verificaría para poder dar información cierta.
Que luego sí le dio esa información a Fennema, que había obtenido por Guzmán, existiendo una conversación de cuarenta minutos.
Que se afirma que Palas llamó a Jeraci para darle información pero en realidad fue al revés el llamado.
Que resulta ilógico que se avise a Torres que tiene su línea intervenida, usando justamente ese abonado.
Refiere que el 26 de septiembre se realizaron una serie de allanamientos producto de las intervenciones telefónicas, por lo que no es infundado suponer que por esa razón Torres dejó de usar su aparato.
Respecto al informe actuarial del 10 de octubre de 2017, señala que para esa época ya se habían llevado a cabo los allanamientos y detenciones de las personas que menciona el testigo, siendo que la noticia tuvo mucho rebote mediático.
Que el declarante resulta ser consumidor y resulta raro que fuera a declarar luego de que fueran detenidos, resaltando el tiempo verbal (presente), cuando en realidad ya estaban detenidos.
Asimismo, sostiene que al no saberse la identidad del hombre que figura en el informe, se desconoce si se encuentra dentro de las inhabilidades que establece el Código Procesal.
Reitera que sobre todas las investigaciones que fue consultado Palas por Molinero y la policía, le solicitaron datos de diferentes personas y muchas veces no las volcaban en la I.P.P., pero era común que recibiera mensajes o llamados de los mismos, para que certificara, abonados, domicilios, etc.
Respecto a las conversaciones de whatsapp aportadas como pruebas, entiende que corresponde declarar su nulidad.
Que en primer lugar, no existe en la causa una intervención telefónica que permita captar y desgrabar las comunicaciones de esa aplicación, que fueron además aportadas después del análisis de distintos dispositivos.
Que además Whatsapp permite crear perfiles públicos o privados, y el usuario puede subir cualquier imagen o información, puesto que ésta no muestra la titularidad del usuario, el nombre se puede ver desde otro dispositivo, y las conversaciones pueden ser manipuladas, siendo que desde el 2017 se pueden borrar los mensajes de una conversación sin que quede rastro de ella.
Agrega que de la intervención del teléfono de Palas no surgió ningún elemento, en las pericias no surgieron conversaciones, los mensajes aportados no pertenecen a ninguna conversación, sino que son capturas de pantalla, fácilmente manipulables, porque no aporta perfil donde se pueda ver el número de abonado, solo se aportan conversaciones.
Describe que la Fiscalía citó a testigos veintitrés días después de las detenciones, estando todos conviviendo y los mismos no aportaron datos de la causa, solo declararon en contra de los acusados, y después de ello, la misma Fiscalía instruyó dos causas.
Acota que la fiscalía que requiere esas declaraciones para instruir la causa contra los imputados es la misma que se opuso a la concesión de beneficios, pero además las tomó para otra investigación, instruyendo dos -IPP- paralelas contra los tres.
De esta forma se puede requerir la presencia de los declarantes en una investigación sin notificar a las defensas de los imputados en la otra, pudiendo de esa forma llegar acuerdos y conversaciones con Scerbo, Cisneros, Pérez entre otros, sin que la defensa de los mismos tomara conocimiento.
Sostiene que Molinero omitió decir que en toda la causa que Palas participó de la investigación, aporto datos. Que fue documentado y luego usado en su contra.
Narra que el Fiscal acusa la filtración de información y resultados negativos de allanamientos, pero en realidad todo está documentado y Palas no borró mensajes
Que el fiscal ordenaba a la policía que registrara los patrones de desbloqueo y contraseñas de aparatos incautados, pudiendo de esa forma manipular contenidos.
Que en el acta de secuestro del teléfono de Palas, el patrón de desbloqueo se aportó en foja separada y al momento de remitir a la asesoría pericial, se hizo con copia del acta de allanamiento sin enviar esa foja, por lo que la Fiscalía tuvo acceso al teléfono.
Dice que cuando Palas ya estaba detenido, solían acercársele oficiales a hablarle, evocando que a uno llamado Lucas Manga le dijo que tenía pruebas de su inocencia en su teléfono, siendo que es oficial junto a otros e ingresaron luego a su casa buscando documentación y le sustrajeron diversas pertenencias.
Que dos días después Manga se acercó al calabozo a contarle lo ocurrido, y Palas le dijo que en la casa de enfrente había cámaras y desde ese día no fue nunca más a hablar con él.
Que en base a lo expuesto, considera que se impone la absolución de su defendido por el principio de la duda.
En otro orden de ideas, sostiene que el delito de asociación ilícita no se encuentra configurado.
Tras enumerar los elementos de la figura, y describir someramente cada uno, refiere que el mero hecho de que las conductas de varias personas concurran a la comisión de uno o varios delitos, los hace responsables de los mismos, pero que por sí solo no basta para estimar reunidos los extremos de una asociación ilícita.
Que se debe diferenciar dicha figura del acuerdo criminal, toda vez que aquella exige una permanencia ausente en el último, que puede tener por finalidad la comisión de varios delitos pero es transitorio.
Finalmente menciona los posibles agravantes que puede tener la asociación ilícita para el caso de jefe de la misma, refiriendo que no existen elementos de prueba que hagan suponer que sea de aplicación todo lo expuesto.
-III-
Motivación
i.- base fáctica Los acusados, debidamente asistidos por sus respectivas defensas, acordaron con el Ministerio Público Fiscal someterse al trámite de juicio abreviado, homologándolo luego el Tribunal, respetando la calificación asignada a los hechos, como así también las penas consensuadas.
Desde luego, tal acuerdo, no implica, en nuestra provincia reconocimiento de culpabilidad de los encartados, ni mucho menos, renunciar a la revisión del veredicto.
Aunque, de todos modos, no puedo dejar de resaltar que era en el debate donde las defensas debieron plantear los interrogantes aquí formulados, preguntando y repreguntando a los testigos sobre las versiones que aportaron, para luego contrastarlas con sus labores a lo largo de las investigaciones, instando a que se convoque a testigos no identificados, para verificar, entre otras
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.