Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 98979
En la Ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Ricardo Ramón Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en causa nro. 98.979 caratulada: “Rivero, Juan Omar s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY-VIOLINI-MAIDANA.-
En lo que interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal nro. 4 de Morón condenó (con integración unipersonal) a Juan Omar Rivero a seis años de prisión, accesorias legales, costas y multa de doscientos veinticinco pesos ($225), y declaración de reincidencia como coautor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial interpuso recurso de casación (fs. 125/130 y vta.) denunciando violación de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Nacional, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 6, 7, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 9 de Ley 27.3021 que modifica al 5, inciso “c” de la Ley 23.737 y 3, 210, 371 y 373 del Código Procesal Penal.
Solicita la absolución de Rivero en orden al hecho imputado por no encontrarse probada su autoría ni coautoría, y subsidiariamente, se imponga el mínimo legal posible de pena, debido a la invalidez de las pautas de agravación ponderadas como la cantidad de estupefacientes secuestrado porque afecta el principio que impide la doble valoración y respecto a la organización porque no resulta que la misma sea para tener mayor impunidad y distribución.
Concedido el recurso (fs. 138), se radica en Sala con debida noticia a las partes (fs. 137 y vta.).
El Defensor mantuvo los motivos de la presentación originaria remitiéndose a los mismos (fs.142), mientras la Fiscal (fs.143/145) propuso el rechazo de la impugnación.
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes
Primera : ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero. El tribunal acredita que el 19 de octubre de 2017, entre las 16 y 17 horas, el imputado colaboraba y coactuaba con Diego Mendoza, con quien, en forma conjunta, guardaban en sus viviendas ubicadas en Los Querandíez 333 o 345 y Mar Chiquita S/N entre los numerales 751 y 789 de Libertad (Merlo), como en escondites en la vía pública ubicados frente a la casa familiar del acusado, clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana fraccionadas y en envoltorios, equivalentes a 310 dosis umbrales de la primera y 1.812 dosis umbrales de la segunda, a fin de ser comercializadas.
Segundo. La defensa alega que el fiscal no mencionó la guarda o almacenamiento de material estupefaciente en la vivienda de su pupilo, ni tampoco cual es la conducta que desplegó Rivero en la actividad propia de Mendoza, a quien se le secuestró material estupefaciente en grandes cantidades destinada al menudeo.
Menciona las dificultades de Rivero para caminar porque se ayudaba de muletas, y que dicho estado controvierte el desplazamiento aludido en el veredicto, dice que de acuerdo a las filmaciones, es Diego Omar Mendoza quien tenía bajo su exclusiva disposición los objetos dentro de la bolsa que menciona.
Que la fiscalía no agotó los medios necesarios para que comparezca Alana Eleuterio Suárez como testigo de cargo privando a la parte de interrogarlo, por lo que su testifical es nula.
Dice que Suárez solo le compraba a Mendoza y que las conclusiones sacadas de los movimientos vistos resultan sólo conjeturas, que su defendido no vivió en la casa de la calle Mar Chiquita, pues es el domicilio del anterior, quien fue detenido allí.
En síntesis, carga tintas sobre el coimputado Mendoza para decir que Rivero nada tiene que ver con las conductas que se le enrostran.
Los motivos que atacan la valoración de la prueba que sustenta la coautoría de los hechos calificados como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, no prosperan.
Aquí no hay lagunas o faltas probatorias sino solventes conclusiones recogidas en la fundamentada decisión del veredicto que echan por tierra las invocaciones de la defensa.
En el control de la estructura racional del discurso valorativo, la fundamentación resiste cada uno de los reclamos que trae el recurso, pues el tribunal desarrolla la práctica de la prueba sobre la que asienta su motivada convicción, exponiendo las razones conducentes que prueba la conformación del hecho, la intervención de Rivero y la finalidad que sustenta el encaje elegido, que la defensa dice no ver.
Veamos.
El tribunal inicia el camino valorativo con la juramentada de Héctor Manuel Brizuela capitán de la delegación Morón de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, quien contó que habiendo sido comisionado para efectuar observaciones encubiertas respecto a la venta de estupefacientes en la zona de San Antonio de Padua, pudo detectar movimientos sospechosos de un individuo, que lo siguió hasta lo que sería su vivienda en la localidad de Libertad (Merlo).
Que en dicho lugar observó al imputado y a otro (el condenado Mendoza) comercializar marihuana y cocaína, que lo hacían en dos viviendas, en Mar Chiquita y Querandíes, respectivamente.
Dijo que uno se apellidaba Mendoza y otro Rivero, apodado “Lelo”, quien usaba muletas.
Que era frecuente el arribo de personas con quienes hacían los intercambios, que realizó grabaciones de ello.
Exhibidas las mismas, el testigo señala a la única persona que se desplaza con muletas y lo identifica como “Lelo” Rivero, y a otro de cabellos largos a quien indicó como el coprocesado Mendoza.
Frente a lo que dijo el policía y lo que se advierte en las filmaciones el tribunal remarca ciertas circunstancias peculiares, como la presencia del dúo mencionado caminando por el frente de la misma vivienda de Querandíes al 345; la llegada de diversas personas hacia donde estaban, a pie, en bicicletas o automóviles a los cuales se acercan Rivero y el otro, que se realizan intercambios de cosas de pequeñas dimensiones, que también intercambian entre ellos otros elementos pequeños, y luego de pocos minutos se retiran.
Que los sujetos (el imputado y el restante) en ocasiones se movían hacia la casa y regresaban, que se dirigían mayormente a una zanja de pastos altos, se agachaban y donde había un poste con un depósito o cesto de basura, quien acompañaba a Rivero introducía la mano, que el acusado se internaba en los pastizales hacia donde estaba ese cesto.
El tribunal trae en consideración las conclusiones del numerario mencionado en primer término, en cuanto señaló que se comprobó con certeza, luego del procedimiento, lo que suponía, que los sujetos ocultaban drogas ya fraccionadas en envoltorios que entregaban a los concurrentes, y recibían a cambio dinero.
Contó Brizuela que estas actividades se producían después de las 13.00 horas, con un movimiento importante de gentes, y que en uno de los videos se ve una camioneta con una persona joven de torso desnudo a quien luego lo identifican como “el comprador previo”, que al mencionado se le incautó marihuana (así lo determinó el test orientativo) admitiendo que la había adquirido a Mendoza y Rivero y que era para su consumo personal.
En este orden de ideas, el tribunal suma correctamente al entramado valorativo la incorporada declaración del mencionado comprador, Alan Eleuterio Suárez en tanto robustece los dichos del policía, pues dijo que había adquirido estupefacientes a un tal “Diego” en la esquina donde siempre estaba con “Lelo” (Rivero).
En cuanto a los cuestionamientos a la incorporación de lo expuesto por Suárez, el tribunal deja expresa constancia que, más allá del valor convictivo que puede tener la misma, existen múltiples probanzas que corroboran la operación aludida (la compra ilegal) pues en el último video se observa la maniobra, interceptación del nombrado y el secuestro, por lo que trae en parejo lo declarado por el testigo Aníbal Nicolás Cocha.
En el entramado valorativo el tribunal recepta los dichos del anterior en cuanto dijo, en forma locuaz y espontánea (desprendiéndose de ello la veracidad demostrada frente al tribunal) que regresaba de trabajar en su bicicleta y un policía le pidió que saliera de testigo de la interceptación, por lo que observó a un muchacho con el torso desnudo (Suárez) que venía en camioneta, que dijo no ser dueño del vehículo, que al ser revisado le entregó al dicente un bollito negro que llevaba en el bolsillo.
Agregó que, conforme el test de orientación que los policías realizaron en ese momento, lo que llevaba el muchacho era marihuana.
Luego de reconocer su firma plasmada en el acta pertinente, el testigo aseguró que todo sucedió como lo allí escrito, y que nunca antes había sido convocado para algo semejante.
El tribunal contesta el reclamo principal de la defensa, repetido en el recurso, a partir de lo que ve en las filmaciones pues se observa Rivero con dominio de la situación y a muy pocos metros de los lugares donde ocultaban los estupefacientes dispuestos para la venta, y que incluso, en una ocasión se dirigía hacia el poste donde estaba el cesto donde se guardaba la droga, y esto lo hizo a pesar de las dificultades de sus muletas, el declive de la zanja y los pastizales.
Por tanto convengo, en parejo con el tribunal, que la incapacidad alegada por el recurrente no es tal ya que le permitió (como lo verifica el personal policial, los testigos y las observaciones realizadas plasmadas en las filmaciones) efectuar las acciones ilícitas que se le imputan.
En otras palabras, las muletas que llevaba para desplazarse en nada le impidieron vender estupefacientes en forma ilegal.
Como fuente surtidora de convicción el tribunal hace hincapié en la extensa y detallada declaración del ya nombrado Brizuela.
El policía especifica que Rivero receptaba lo que le era entregado por el coencausado Mendoza, esto era, el dinero producto de la venta de estupefacientes que a cambio le daban los compradores, observando que dos o tres veces el primero lo guardaba en su billetera.
Que al ver que le vendían a un menor de edad, pidió las órdenes judiciales para el registro domiciliario, y contando con testigos de actuación se los interceptó, ingresaron a las viviendas de ambos imputados, previo incautar la marihuana que tenía el menor (valga la repetición) entre sus ropas.
Que Rivero y el otro tenían entre sus ropas celulares y dinero, que al imputado se le secuestraron dos mil pesos y un envoltorio de marihuana.
Que, en los escondrijos mencionados, se halló una bolsa en la zanja con cocaína fraccionada y en el tacho o cesto de basura del poste varios envoltorios con marihuana.
El policía contó, y el tribunal estimó, que estuvo a cargo del allanamiento realizado en la casa ubicada en la calle Mar Chiquita, donde residía Mendoza, lugar donde hallaron cartuchos, dinero, como marihuana y cocaína fraccionada en diversos envoltorios de nylon, dados los resultados de los reactivos.
El tribunal enlaza las probanzas anteriores, con la juramentada del oficial Gonzalo Adrián Melonaris, quien fue convocado a participar de la investigación, operación de identificación y secuestro respecto al comprador previo, antes de realizarse los allanamientos.
Dijo que en esa oportunidad interceptaron a un hombre joven con el torso desnudo que circulaba en una motocicleta y que hallaron en su poder un bagullo de marihuana que había adquirido de los hombres que detalló Brizuela.
Que este último y Tello habían observado maniobras de compra y venta de droga, que Rivero en particular tenía un celular, plata en su billetera (dos mil y pico de pesos de bajo denominación) y un envoltorio con picadura de marihuana.
En cuanto a los otros hallazgos, el policía corrobora lo contado por Brizuela, como las resultancias del allanamiento en la casa de Mendoza, consorte de fechorías de Rivero, .
En el ensamblaje probatorio el tribunal pasa revista a la declaración de la oficial Zulma Irene Fabricio, quien también intervino en el procedimiento efectuado en la vivienda de Mendoza, y contó que Brizuela y Tello realizaban observaciones en una finca ubicada en Querandíes que era de un tal “Lelo” Rivero.
Que realizaron un procedimiento de “comprador previo” donde incautaron marihuana comprada antes a los sujetos anteriores.
Que también tomó conocimiento de que realizaban operaciones de comercialización de estupefacientes.
Que observó la requisa de Rivero a la distancia, constatándose que llevaba dinero, celular y marihuana.
Que Tello y Brizuela le mencionaron que, previamente Mendoza y Rivero entraban y salían de la vivienda ubicada en Querandíes.
De igual modo, la policía acredita el hallazgo de cocaína y marihuana en los escondrijos relatados por Brizuela.
En cuanto a la veracidad demostrada por la anterior, el tribunal menciona expresamente que su relato fue convincente, que respondió a todas las preguntas, y concordó con lo visto en los videos y lo expuesto por los restantes policías (Brizuela, Tello y Melonaris), el testigo de actuación Cocha, el vecino Franquelín y el comprador previo Suárez.
El tribunal engarza al engranaje valorativo, lo expuesto por el subcomisario Pablo Alexis Tello, quien hizo referencia a la investigación, al operativo y los allanamientos en los que se incautó marihuana y cocaína.
Dijo que se le encomendó junto a Brizuela la investigación, que lograron filmar a compradores en maniobras con el imputado y el otro, que interceptaron a un comprador previo, un joven que iba en una camioneta, que por lo general Mendoza se entrevistaba con los concurrentes, que les daba los estupefacientes y recibía el dinero, que luego se lo traspasaba a Rivero, pero al menos en tres ocasiones vieron que este último también hacía entregas y receptaba el pago.
Que el día de los allanamientos se presentó un menor de edad a comprar, que al mismo le hallaron marihuana que había adquirido momentos antes al imputado y su compañero de fechorías.
Que en la vivienda de ambos sujetos se secuestró cocaína y marihuana.
El tribunal pondera con acierto, lo declarado por el vecino Sergio Omar Franquelín, quien contó que luego de salir de trabajar, los policías le solicitaron que saliera de testigo de un procedimiento.
Contó que había dos chicos y una criatura (se refiere al menor que había comprado previamente marihuana), que reconoció a uno de los hombres como Rivero, a quien conocía del club de fútbol y del vecindario.
Que en su presencia vio cómo se secuestraban papeles y bolsitas con un polvo blanco, que todo estaba disperso en varios lugares y en distintas cantidades.
Que la pruebas (que también observó) determinaron que eran drogas.
Que le dieron una bolsa con todo lo que secuestraba la policía y al finalizar firmó el acta, reconociendo su firma al serle exhibido el documento.
El tribunal trae en consideración lo expuesto por la memoriosa Rosa Mercedes Giménez, relato que impresionó al sentenciante como verosímil y sencillo.
La mujer dio cuenta de la transparencia de los procedimientos llevados a cabo en la casa de Rivero, dice que la policía la convocó, que ella misma ingresó, que llevaba la bolsa donde colocaban los elementos secuestrados, que además de cocaína y marihuana, sustancias que estaban en pequeñas bolsas halladas en diferentes lugares, se encontró un pedazo de cocaína sobre el cielorraso de un techo, que llegó la fiscal y todo fue leído antes de firmar, que el acta estaba muy bien, que en las mochilas de las chicas que estaban en la casa también había estupefacientes fraccionados para la venta.
Frente a lo acreditado el tribunal descarta la versión de Rivero en cuanto alega que los estupefacientes hallados en su casa y entre sus ropas, los tenía para consumo personal.
Hace hincapié, para solventar tal conclusión, en la cantidad de dinero que llevaba Rivero en esos momentos (dos mil cuatrocientos diecinueve pesos), sus constantes movimientos que receptan las imagines aludidas pues a pesar de las muletas (y esto contesta uno de los argumentos de la defensa) junto con Mendoza, realizaban los movimientos percibidos por la policía como maniobras de pasamanos compatibles con la comercialización ilícita de estupefacientes en los frentes de sus propias viviendas familiares.
En otras palabras, Rivero en algunas oportunidades receptaba el dinero dado a cambio de las drogas, en otras iba hasta los escondrijos ubicados frente a su casa a buscarlos; por lo que tanto tenía acceso directo a los estupefacientes que vendía.
Suma a ello la existencia de compradores previos, y para mayor abundamiento, como correctamente lo menciona el tribunal, en ese sentido las cantidades halladas no son compatibles con la tenencia para consumo personal pues a través de las correspondientes pericias se comprueba que los estupefacientes hallados representan 1.812 dosis umbrales de marihuana y 310 dosis de cocaína, secuestrándosele al comprador previo 3 dosis de dicha sustancia.
Dando respuesta a los interrogantes de la defensa, los movimientos acreditados, la prueba que acredita la tenencia de las sustancias ilícitas, la existencia de cuanto menos dos compradores previos (a los que se suman los observados por la policía y captados por las cámaras) junto al resto del material probatorio determina la mancomunada asociación para vender estupefacientes del imputado y Mendoza, por lo que echa por tierra la alegada ajenidad de Rivero en los hechos que se le imputan y en los que su traslado con muletas no resultó impedimento para cometerlos.
Igual camino transita el argumento que se afinca en la exclusiva disposición de la droga por parte de Diego Mendoza, pues se traduce en un vano intento de la defensa de demostrar algo diametralmente opuesto a lo que, sin lugar a dudas, acredita la prueba colectada respecto a lo que afirmé líneas arriba.
En cuanto a los reclamos que circulan alrededor del comprador previo, menciono lo expuesto por los creíbles policías, por lo que no existe una pesquisa espuria, ni recolección de prueba ilícita porque no la hubo..
Los secuestros de sustancias ilícitas en poder de Rivero, los elementos en su vivienda de como la hallada en poder de quienes se acercaron a comprar, luego de que personal policial advirtiera movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, se presenta en el plexo de imputación como prueba irrefutable de lo que la defensa dice no ver.
Por lo demás, tales hallazgos robustecen lo expuesto por los policías quienes dieron cuenta de las mencionadas maniobras efectuadas por Rivero y su compañero Mendoza, en contundentes declaraciones que se solventan entre sí.
Por último, nada, absolutamente nada, surge de la causa que acredite la existencia de un complot policial en contra del acusado, irregularidades o un actuar viciado de parcialidad, pues los policías dieron cuenta de lo que vieron: a Rivero y su compinche, llevando a cabo maniobras de pasamanos en la que entregaba envoltorios con cocaína a cambio de dinero.
Por tanto, el recurso busca asiento en el principio de la duda beneficiante y hace hincapié en un presunto consumo personal, en total desconexión de los argumentos sostenidos por el tribunal.
Considero que el veredicto descansa en elementos probatorios cuya reproducción permiten una estimación coincidente acerca de la justeza de lo decidido, pues la prueba, que acredita la comercialización de estupefacientes, es comandada por los hallazgos de las sustancias ilícitas, en cantidad y disposición documentada en las actas respectivas; las observaciones efectuadas por los diversos funcionarios (Héctor Manuel Brizuela, Pablo Alexis Tello, Gonzalo Adrián Melonaris y Zulma Irene Fabricio), producto de sus investigaciones, las maniobras observadas (compatibles con la
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