Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 108792
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto, con costas.
Rigen los 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12,19, 29 inciso 3°, 40 y 41 del Código Penal; 5 inciso “c” de la ley 23.737; 210, 373, 394, 396, 399, 448, 450, 451, 454 inciso 1°, 464 inciso 2°, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Ricardo Borinsky y Victor Horacio Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la presente causa nro. 108792 caratulada "AGUIRRE MARIANO JESÚS S/ RECURSO DE CASACIÓN" , conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI-BORINSKY.
1. El Tribunal en lo Criminal Nro. 9 de Lomas de Zamora condenó -en el marco de un juicio abreviado- a Mariano Jesús Aguirre a cuatro (4) años de prisión, multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 40 y 41 del Código Penal; y 5 inciso “c” de la ley 23737).
2. Conforme surge de las constancias del sistema Augusta, contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación el Defensor Oficial, cuestionando la constitucionalidad de la pena de multa mínima que recepta el artículo 5 de la ley 23737, por entenderla “confiscatoria, cruel, inhumana, arbitraria e irracional”.
En apretada síntesis refiere que su asistido no puede solventar el pago de la pena pecuniaria de 45 unidades fijas que le fue impuesta toda vez que representa la suma total de $135.000, y alega que su imposición resulta incompatible con la garantía del debido proceso.
Adiciona que también afecta el principio de legalidad puesto que la remisión a la vía reglamentaria para el cálculo de la sanción pecuniaria evidencia que se trata de una ley penal en blanco, y que supone una inequidad que atenta contra los postulados del artículo 16 de la Constitución Nacional, al obligar a quien no tiene los medios económicos para el a pago a extender su privación de la libertad.
Insiste en que la multa mínima resulta irrazonable frente a la ausencia de ingresos de su defendido para afrontar su pago y desproporcionada, en atención a la magnitud del injusto, pues solamente se secuestraron 70,4 gramos de cocaína en poder de su representado; por lo que peticiona que se case el pronunciamiento y se declare la inconstitucionalidad requerida.
3. Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite abreviado y noticia a las partes, el Defensor Adjunto presentó escrito por medio del cual postuló la autosuficiencia del reclamo; mientras que el representante del Ministerio Público Fiscal argumentó su rechazo.
4. Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes,
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
I.-
A partir de los elementos colectados durante la investigación penal preparatoria, y convertidos en material de contenido probatorio por expresa voluntad de las partes al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, el Tribunal estimó legalmente acreditado que “el día 18 de abril de 2018, siendo aproximadamente las 06.00 horas, un sujeto de sexo masculino, mayor de edad, tenía con fines de comercialización, en el interior del domicilio en el que residía, sito en la calle Bueras nro. 3047, de Villa Porá, partido de Lanús, aproximadamente 31,2 gramos de cocaína distribuidos en ciento veinticuatro envoltorios de color negro y 1,85 gramos de cocaína”.
II.-
La Defensa no cuestiona la materialidad ilícita ni la autoría del imputado, así como tampoco los extremos referidos a la calificación del evento y a la estimación de la pena privativa de la libertad, la que ha sido impuesta en el mínimo legal; enderezando sus objeciones únicamente contra la sanción pecuniaria fijada, cuya inconstitucionalidad proclama.
Conforme a ello, principio por señalar que las actuaciones digitalizadas del caso revelan con patente claridad que la Defensa nada dijo al suscribir el acuerdo de juicio abreviado respecto a la motivos que fundan su planteo de inconstitucionalidad de la sanción pecuniaria, cuya imposición expresamente acordó con el Fiscal en el mínimo legal de la escala, sin explicitar en dicha oportunidad ninguna de las criticas referidas a la confiscatoriatoriedad, crueldad e irracionalidad que ahora postula, ni a la presunta imposibilidad económica de su asistido; con lo que el planteo aquí traído resulta novedoso, y contrario a los propios actos del impugnante.
No obstante ello, y a fin de dar debida respuesta a los cuestionamientos de la Defensa, recuerdo que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, puesto que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, sólo cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (cfr. C.S.J.N., Fallos 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; entre otros).
Se ha dicho así que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca al derecho o la garantía constitucional invocados (cfr. C.S.J.N., Fallos 315:923; 321:441) pues su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema; recaudos que no se advierten abastecidos en los presentes actuados.
Nótese, en efecto, que una de las razones por las que el recurrente pretende la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5, inciso “C” de la ley 23.737 es por entender que la imposición de la pena de multa en “unidades fijas” afecta el principio de legalidad, al constituir un tipo penal en blanco.
Sin embargo, ya hemos sostenido en anteriores oportunidades que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que resulta “inadmisible que el poder que tiene la facultad de legislar delegue en el ejecutivo la facultad de establecer sanciones penales por vía de reglamentación de las leyes dictadas por aquel (Fallos: 136:200)” , también aclaró que “ no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que [la] política legislativa haya sido claramente establecida” (cfr. Fallos 312:1920).
Pues bien, conforme surge de la exposición de motivos de la ley 27.302, que incorporó el artículo 45 de la ley 23.737, que prescribe: “A los efectos de esta ley, una (1) unidad fija equivale en pesos al valor de un (1) formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos”, el objetivo de la mentada legislación ha sido actualizar los montos de las penas de multa que habían quedado desactualizados en la ley 23.737, seleccionándose para ello una técnica legislativa que fijó como parámetro, a los efectos de establecer la pena de multa, que cada unidad fija equivalga al valor de un formulario de inscripción al Registro aludido.
Desde esa óptica, la remisión que dispone la norma aludida no implica más que una cuestión meramente administrativa, que tiene por finalidad determinar el monto de la multa a imponer, a la vez que importa la actualización de aquellos montos con el paso del tiempo; por lo que no pude considerarse que la técnica legislativa empleada violente el principio de legalidad reconocido en la manda constitucional. Máxime cuando se advierte que la norma establece un mínimo y un máximo de unidades fijas para cada conducta punida, y que, a su vez, el valor de aquellas no es azaroso, sino definido e idéntico para cada conducta, lo que lleva a colegir que se encuentra correctamente delimitada la escala penal para cada infracción legal.
Por su parte, y en contestación al planteo de que la multa mínima impuesta resultaría excesiva, desproporcionada y hasta confiscatoria, debo decir que el recurrente no evidencia ninguno de tales extremos toda vez que la situación patrimonial que, conforme esa parte, le impediría al encartado cumplimentar el pago de la sanción pecuniaria aplicada, no deja de ser una enunciación dogmática y carente de sustento.
En efecto, la Defensa no demuestra, ni intenta hacerlo, que, efectivamente, Aguirre se encuentre imposibilitado de afrontar el pago la sanción pecuniaria fijada, ni que aquella resulte confiscatoria a raíz de la particular situación patrimonial del encartado -la que no detalla-, por lo que “resulta[ndo] propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas, y asimismo, y en su consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estime pertinente” (conf. doctrina de la CSJN en Fallos: 314:424 “Pupelis, María Cristina y otros s/robo con armas -causa n° 6491), el planteo incoado con cariz meramente hipotético merece ser rechazado.
Finalmente, en idéntico sentido debo pronunciarme en punto al argumento por el que se pretende afectada la garantía de igualdad ante la ley, pues también aquí el gravamen invocado luce conjetural y prematuro, atento que se produciría en caso de no poder afrontarse el pago de la multa, convirtiéndose ella en días de detención; circunstancia que, como ya dije, no se ha demostrado en estos actuados, y que según lo dispone el artículo 21 del Código Penal, será evaluada en la oportunidad en la que se produzca dicha eventualidad, siendo la conversión de la pena pecuniaria en pena de prisión la última de las alternativas que a la que el magistrado recurrirá, pudiendo disponer primero su pago en cuotas o la amortización del mismo mediante horas de trabajo libre -lo que aparece soslayado por la Defensa-; por lo que siguiendo los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que no cabe atender los planteos de inconstitucionalidad si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto (conf. Fallos 306:1597 y, en especial 325:1201, in re, "T.V. Resistencia S.A.I.F. v. L.S. 88 T.V. Canal 11 Formosa s/daños y perjuicios", sent. de 28/5/2002, disidencia del doctor Adolfo R. Vázquez, consid. 8; P. 100.629, sent. de 6-5-2009); no habiendo acreditado la Defensa el interés actual que motiva su agravio, la declaración de inconstitucionalidad pretendida debe desestimarse.
En consecuencia, propongo al Acuerdo el rechazo del recurso interpuesto con costas (artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12,19, 29 inciso 3°, 40 y 41 del Código Penal; 5 inciso “c” de la ley 23.737; 210, 373, 394, 396, 399, 448, 450, 451, 454 inciso 1°, 464 inciso 2°, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
En su mérito, a esta primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Adhiero al voto del doctor Violini, por sus fundamentos, y a esta primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo :
Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde rechazar el recurso interpuesto con costas (18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12,19, 29 inciso 3°, 40 y 41 del Código Penal; 5 inciso “c” de la ley 23.737; 210, 373, 394, 396, 399, 448, 450, 451, 454 inciso 1°, 464 inciso 2°, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Violini.
Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando la Sala la siguiente,
RECHAZAR el recurso interpuesto, con costas.
Rigen los 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12,19, 29 inciso 3°, 40 y 41 del Código Penal; 5 inciso “c” de la ley 23.737; 210, 373, 394, 396, 399, 448, 450, 451, 454 inciso 1°, 464 inciso 2°, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, remítase a origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 30/11/2021 09:10:46 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2021 09:11:48 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2021 09:13:12 - DURAN Carlos Javier - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 30/11/2021 09:33:28 hs. bajo el número RS-341-2021 por DURAN CARLOS JAVIER.
Fin de la sentencia