Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 108179
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctor Fernando Luis María Mancini y doctora María Florencia Budiño, para resolver en la presente causa 108.179 , caratulada “A. S. P. R. S/ RECURSO DE CASACIÓN” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden BUDIÑO – MANCINI .
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial San Martín, mediante procedimiento de juicio abreviado, condenó por sentencia del 4 de diciembre de 2020, a P. R. A. S. como partícipe necesario del delito de homicidio cometido mediante el uso de arma de fuego a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, imponiéndole reglas de conducta en los términos de los arts. 58, inc. 1, 2 y 3; 68, inc. 8° y art. 77, inc. 1, 2 y 3 de la Ley 13634.
Contra dicha sentencia la señora Defensora Oficial doctora Laura Andrea Marconi interpuso recurso de casación.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?.
Segunda: ¿Es procedente?.
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño, dijo:
El recurso satisface los requisitos regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y concordantes del C.P.P, a la vez que la impugnante se encuentra legitimada para recurrir, y enmarcándose la sentencia objeto del recurso dentro de las resoluciones que el Código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse el presente recurso de casación. (Arts. 61 de la ley 13.634 y 421, 448 inc. 1º, 450, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º y concordantes del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda planteada , la doctora Budiño , dijo:
I. Que la defensa del acusado denunció la violación del debido proceso legal, del principio acusatorio y de la garantía constitucional de defensa en juicio, toda vez que se ha dictado sentencia declarando penalmente responsable al joven S. e imponiéndole la pena de 6 años de prisión, accesorias legales y costas, sin que se hubiera llevado a cabo la audiencia del art. 4 de la ley 22.278, es decir la audiencia de cesura de juicio que con carácter de obligatoriedad se halla legalmente prevista en este fuero de especialidad, a diferencia de lo que ocurre en el fuero de adultos.
La magistrada a quo dictó sentencia de imposición de pena, sin que se hubiera expedido el Agente Fiscal interviniente en relación a su solicitud de imposición ni se le ha permitido justificar su necesidad (ya que en el fuero penal juvenil, hasta es posible no obstante la solicitud de juicio abreviado que el Agente Fiscal solicite la no imposición de sanción, o peticione una pena menor), como tampoco y en función de ello, ha podido ésta Defensa argumentar en favor de la absolución, o de la imposición de una pena menor.
Destacó la recurrente que el hecho de que las partes no se opusieran a los puntos de pericia vinculados a los informes a elaborar por el CTA departamental necesarios para la realización de la audiencia del art. 4 ley 22.278, en modo alguno permite arribar a la conclusión, de que por ello, no era necesaria la realización de tal audiencia.
Ello impone –según sostuvo- se declare la nulidad de lo actuado, correspondiendo la realización de la audiencia del art. 4 que la ley 22.278 establece, al haberse afectado el principio acusatorio y la bilateralidad del proceso, citando en apoyo de su postura el art. 40 b) v de la Convención de los Derechos del Niño, la Opinión Consultiva nº 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fallos de esta Casación Provincial, como los arts.18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 8 de la C.A.; arts. 40 y 41 del Código Penal y 6, 7, 33, 36 y 58 de la ley 13.634.
En otro sentido también fustigó los motivos de la jueza de la instancia para imponer pena, pues alegó que ellos resultan contra legem, y violatorios de los principios constitucionales que rigen en el proceso penal juvenil.
Ello así pues no se han tenido en cuenta los parámetros de especialidad del fuero, siendo que en el proceso penal juvenil la declaración de autoría y responsabilidad, no basta para la imposición de una pena, a diferencia de lo que sucede en el régimen penal de adultos.
Aseveró la impugnante que los jóvenes tienen derechos especiales derivados de su condición (OC antes cit.). Así, la cesura de juicio (art. 4 de la ley 22.278) se halla prevista como garantía del joven, en aras de su resocialización y reintegración social.
Legalmente se establece en materia penal juvenil, que sólo debe imponerse pena, cuando se haya acreditado la necesidad de su imposición, habiendo expresado la Corte Suprema Nacional en el precedente Maldonado que existe en la normativa de la ley 22.278 un aspecto que no aparece en el Código Penal: la facultad y el deber del juez de ponderar la “necesidad de la pena”, la cual hacer referencia a que en modo alguno puede ser equiparada a “gravedad del hecho” o a “peligrosidad” como parece entenderlo el a quo.
Antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de dieciocho años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención de los derechos del Niño, a “la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40 inc. 1).
Aseguró la defensa que el mandato resocializador, en el caso de los menores, es mucho más constrictivo y se traduce en el deber de fundamentar la necesidad de la privación de libertad impuesta, desde el punto de vista de las posibilidades de readaptación, lo cual supone ponderar cuidadosamente en ese juicio de necesidad los posibles efectos nocivos del encarcelamiento.
Subrayó la recurrente que el a quo no fundamentó válidamente por qué era necesaria la imposición de pena a A. S., ni se ha acreditado como la imposición de seis años de prisión atenderá a la resocialización del joven, y en ello radica su arbitrariedad y su ostensible violación de los derechos constitucionales específicos del fuero penal juvenil, en lo esencial, aquel que determina que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el período más breve que procede, y que debe garantizárseles a los jóvenes su reinserción social.
Objetó que no se señalaron en el pronunciamiento cuáles serán las herramientas que se le brindarán al joven mediante la continuidad de la pena y el consiguiente encierro en una institución total (cárcel), que le posibilitarán su reinserción social.
Reclamó la presentante que tampoco puede obviarse que el fuero penal juvenil no está destinado a la “conversión” de los jóvenes en seres útiles a la sociedad, ya que esto vulnera flagrantemente el principio de culpabilidad. Y menos aún al merituar el estado actual de las cárceles agravado por la situación de pandemia provocada por el covid 19, lo que impide que dichas instituciones brinden escolaridad, formación en oficios, acceso a actividad laboral; y menos aún acceder a asistencia psicológica, cuando por otra parte, de ser absuelto, surge que el joven de obtener su libertad posee un proyecto de trabajo en el club de Polo Los Robles y posee una vivienda en la cual residir ofrecida por la Sra. Andrea Itatí Arizaga.
Agregó que la evaluación de fecha 28/9/20 tampoco demuestra la necesidad de la pena impuesta por la jueza a quo, por lo que la imposición de sanción, y la consecuente continuidad de la privación de libertad del joven P. A. S. en una unidad penal, de ninguna forma contribuye ni a su reinserción social ni a que el joven asuma una función constructiva en la sociedad como objetivos primordiales del fuero penal juvenil.
Tampoco puede perderse de vista en este análisis, que P. era menor de edad al tiempo de comisión de los delitos, como las condiciones de vulnerabilidad social que rodean y rodearon a la vida del joven, y de las que dan cuenta los informes realizados oportunamente por el Cuerpo Técnico Auxiliar.
Estas condiciones de vulnerabilidad –indicó- tal como lo tiene dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre Justicia Juvenil en las Américas, nunca pueden ponderarse en perjuicio del joven, sino justamente de la forma contraria para atenuar su responsabilidad.
En la recomendación específica B.18.h), destacó, se dispone establecer que las circunstancias personales del niño únicamente pueden operar para disminuir o atenuar la respuesta punitiva de los Estados, excluyendo expresamente como criterio para la determinación de la sanción toda consideración referida a las necesidades del niño. Por otra parte, la individualizada como B.18.i) reclama adoptar las medidas necesarias para neutralizar o disminuir los efectos desocializadores de la privación de libertad, garantizando que toda forma de intervención se oriente al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.
Con invocación de las Reglas de Beijing, y los principios que informan el régimen minoril, propició la absolución e inmediata libertad de su asistido, o subsidiariamente se imponga una sanción situada en el mínimo legal establecido de cinco años y cuatro meses de prisión, conforme lo establecido en los arts. 45, 41 bis y 79 del CP. pues no hay razón alguna para apartarse de allí si se consideran las atenuantes propuestas, que tienen que ver con la juventud del joven al tiempo de comisión del evento, y la menor culpabilidad en razón de la edad; y las condiciones de vulnerabilidad social del joven.
II. Que por su parte el Defensor Oficial Adjunto ante esta Casación, doctor José María Hernández, mantuvo la impugnación por las razones de hecho y derecho que expuso en su presentación.
III. Que la señora Fiscal Adjunta ante esta instancia revisora, doctora Daniela Bersi, postuló el rechazo del recurso en su fundamentado dictamen.
IV. Adelanto que haré lugar al recurso conforme los fundamentos que siguen.
Liminarmente cabe destacar no ha sido objeto de recurso la determinación de la responsabilidad penal de A. S. por el hecho imputado, circunscribiéndose la queja a la decisión sobre la imposición de pena, cuestionando el procedimiento por el cual se arribó a ella, cuanto las consideraciones formuladas por el a quo para resolver afirmativamente sobre la necesidad de imponer sanción. En tal marco, corresponde analizar los fundamentos del a quo sobre los que edificó la construcción de la pena.
Desde luego que la situación que llega a nuestro conocimiento no se identifica con las que alumbraron las decisiones de esta Sala trazadas en la causa 94.106 y las que le siguieron de similar estirpe, pues conforme surge del pronunciamiento recurrido –y tales circunstancias no han sido puestas en entredicho- el imputado al momento de la sentencia ya había cumplido los dieciocho años de edad y había recibido tratamiento tutelar por un lapso mayor al año, todo lo cual, aunado con la previa declaración de su responsabilidad penal, da cuenta de la satisfacción de las exigencias establecidas por el artículo 4 de la ley 22.278, encontrándose -desde ese aspecto- abastecidos los extremos que viabilizan el discernimiento sobre la necesidad de imponer una sanción al joven infractor.
Empero, las expresas afirmaciones del fallo y la sentencia dan cuenta que la respuesta punitiva por la que se volcó el a quo aparece enervada por consideraciones que no pueden ser sostenidas, y que a la postre, llevaron a la desconsideración de aspectos que –en la propia lógica del pronunciamiento- debieron haber ingresado al panorama determinador de la dosificación penal en beneficio del imputado.
Cierto es que al momento de presentar las partes a la jurisdicción el acuerdo de abreviación del juicio, con la calificación pactada por ellas y la pena que estimaban pertinente, ninguna consideración formularon sobre circunstancias agravantes o atenuantes de la sanción que merecieran evaluacion particular en el caso.
Frente a ello el a quo no se abstuvo de examinar aquel tramo de la decisión, señalando concretamente que “…evalúo como agravantes del hecho por el cual A. S. fuera procesado, la pluralidad de intervinientes en el ilícito, como modo de asegurar el éxito de sus reprochables fines, sirviéndose de la mayor desprotección de los bienes jurídicos amparados por las normas, como así también, la nocturnidad y la violencia desmedida utilizada contra la víctima indefensa, que pone de resalto el grado de peligrosidad evidenciado en ese entonces por el causante, todo ello evidenciado en las piezas procesales incorporadas a la presente causa y detalladas en las cuestiones segunda y tercera del presente Veredicto.” En parigual se afirmó “Como atenuante considero la historia familiar desgraciada del joven A. S., y el desapego afectivo evidenciado por su familia ampliada.”
A partir de allí, y con pretenso apoyo en la disposición del artículo 371, inciso 5, del ritual, concluyó que “…no he de meritar los agravantes ni el atenuante mencionados al momento de abordar el tópico relativo a la imposición de la pena.”, pues “… como las partes no han planteado estas cuestiones, no las tendré en cuenta en la graduación de pena…”.
Es claro para mí que el juzgador advirtió la concurrencia en el caso de índices que consideró relevantes a los fines de la determinación de la sanción –en más y en menos-, como también, que incurrió en una desinterpretación de la disposición citada, a la cual dotó de un contenido limitante que la norma no trae, al menos con la amplitud fijada en el fallo, y que llevó a marginar –infudadamente- las circunstancias que el propio juzgador comprobó y advirtió con virtualidad atenuante.
Si bien es cierto que la falta de postulación de las partes sobre extremos severizantes levantaba un límite que vedaba su consideración oficiosa, tal temperamento no impactaba por igual sobre las circunstancias de tono minorante, pues la falta de “discusión” al que alude la disposición citada por el a quo podía ser superada por el tribunal si “…las encontrare pertinentes, en este último caso siempre que fueran en favor del condenado” (art. 371 CPP).
Que es función de esta Casación velar por la recta aplicación de la ley, y cuanto se advierte de los antecedentes del caso, es que se asignó a dicha norma un contenido que no tiene, lo cual se proyectó en forma trascendente –y perjudicial- a los intereses del acusado, al privarse de toda proyección minorante de la reacción estatal a las circunstancias que el propio tribunal concibió como pautas de atenuación del reproche.
Así entonces, y por fuera de las consideraciones que pudiere realizarse en torno a la tramitación de la audiencia reclamada por la defensa, la discusión en torno a la sanción que pudiere llegar a corresponder, y su necesidad, aparece atravesado por un déficit arrastrado de aquella equívoca consideración en punto al alcance pregonado del artículo 371 del rito, pues en el escenario en donde se juegan las variables determinadoras de aquellas respuestas, la culpabilidad juega un rol protagónico, al erigirse como límite máximo a la fijación de la sanción penal.
Resulta indisputable que los concretos extremos de atenuación que el juzgador enunció en el caso debieron impactar –en la propia lógica del pronunciamiento- en una reducción de la reprochabilidad, pues hacia allí apuntaban por su naturaleza desvinculada del contenido de ilícito, y dicha merma –en la medida que fuera- hubiera significado, en cuanto límite, un acotamiento de la respuesta punitiva, que si no se hizo, fue por un desacierto en la aplicación de la ley.
Desde luego que en el diseño del art. 4 de la ley 22.278 existen, junto a la culpabilidad, otras pautas que también pueden consultarse a fin de establecer –o no- la reacción punitiva del Estado, pero ninguna de ellas permite soslayar el rol determinante de la culpabilidad como frontera hasta la que llega la legitimación de la dolorosa necesidad de la pena.
Si en el sub examine el juzgador verificó circunstancias que estrechaban la reprochabilidad de la grave conducta asumida por el acusado, ningún impedimento legal vedaba su evaluación y proyección diminuente en la construcción de una respuesta punitiva respetuosa de los principios de legalidad y culpabilidad, como de las normas internacionales de derechos humanos que abonan el sistema penal juvenil.
Siendo ello así, entiendo que corresponde la anulación parcial del pronunciamiento a nivel de la determinación de la pena, corriendo el límite que artificialmente se fijó el a quo para marginar las atenuantes señaladas en el fallo, las que deben ser ingresadas y proyectadas a los fines de la dosificación penal.
Asimismo, inmersos como estamos en el especial campo del régimen penal juvenil, no puede soslayarse que aquella determinación de la pena del joven en conflicto con la ley penal debe llevarse a cabo ponderando los lineamientos de la CDN, sin quedar sometida exclusivamente a las normas rigen el régimen penal de menores.
La convivencia de la ley 22.278 con el nuevo régimen penal juvenil exige de los magistrados la imperiosa necesidad de conglobar dicha normativa con los estándares internacionales vigentes, sin relegar las modalidades que favorezcan al joven en el proceso de determinación de la sanción, la que incluso puede ser dejada de lado. En otras palabras la labor debe alejarse del enfoque tutelar tradicional que dogmáticamente empleaba la norma. La conducta asumida por el joven con posterioridad al hecho cometido, siendo provisto de herramientas y medios que permitan “lograr la autodeterminación del sujeto, a través de mecanismos internos que le permitan discernir y diferenciar aquello que resulta bueno y/o perjudicial para sí mismo y/o un tercero” bien puede concretarse en este espacio (tratamiento tutelar) y así contemplar la necesidad o no de aplicar la pena. En materia de responsabilidad de los jóvenes en conflicto con la ley penal la labor judicial no debe ceñirse a respuestas clásicas, por el contrario la respuesta punitiva juvenil debe diversificarse.
De allí que válidamente a través de la aplicación del tratamiento tutelar bien puede, de llegarse a la necesidad de aplicar una sanción, realizarse otra gradación en el marco de la pena, incluso en el marco de la privación de la libertad.
Este carácter, esencialmente dinámico, recomienda la renovación de la decisión sobre la necesidad de imposición de pena y, eventualmente su magnitud, pues el tiempo transcurrido desde que fuera resuelto en primera instancia, aconsejan brindar una respuesta informada por la actual situación del joven infractor –con avances o retrocesos- que permitan atender a que la imposición de pena importa el efecto conclusivo que el tratamiento arroja. A la vez, ello garantiza la posibilidad de efectuar una revisión judicial amplia y sencilla de lo decidido sobre el particular.
Por todo lo expuesto propicio al acuerdo casar parcialmente el fallo recurrido a nivel de la imposición de la pena, disponiendo el reenvío de las presentes actuaciones a la instancia de origen para el dictado del pronunciamiento teniendo en consideración las diminuentes que fueron marginadas en el fallo recurrido, decidiéndose lo que corresponda en torno a la necesidad de su imposición y su eventual magnitud, resultante esto de un procedimiento que asegure a las partes la alegación sobre el punto en base a la situación actual del infractor allegada por las medidas que se estimen conducentes, sin que e
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