Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 108267
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación articulado por la Defensa particular.
II. Rechazar el RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Defensora oficial Doctora María Soledad Kelly, contra el pronunciamiento recaído mediante juicio abreviado en la causa nro. 3128 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 del Departamento Judicial Azul, por los motivos brindados en el tratamiento de la cuestión planteada. Sin costas.
IGLESIAS, BRIAN LUCAS NICOLAS Y GUTIERREZ, STEVEN ALFREDO S/ RECURSO DE CASACIÓN En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctora María Florencia Budiño y doctor Luis Fernando María Mancini, para resolver en la causa 108.267 caratulada “”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden MANCINI- BUDIÑO .
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la Defensora oficial Doctora María Soledad Kelly, contra el pronunciamiento recaído mediante juicio abreviado en la causa nro. 3128 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 del Departamento Judicial Azul, por el que se condenó a Steven Alfredo Gutiérrez y a Brian Lucas Nicolás Iglesias, a la penas respectivas de cinco años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, como coautores penalmente responsables de los delitos de robo calificado por ser cometido con arma impropia, en poblado y en banda y con fractura de puerta de morada habitada.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el remedio impetrado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el doctor Mancini, dijo:
Entiendo que la respuesta a esta cuestión debe ser afirmativa.
La recurrente dio las razones por las cuales el recurso de casación debe ser admitido, a la vez que la resolución impugnada tiene carácter de sentencia definitiva, según lo pautado por el art. 450 y 448, inciso 1º del C.P.P.
En virtud de lo antedicho, y considerando que el recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que la impugnante se encuentra legitimada para recurrir, y enmarcándose la sentencia objeto del recurso dentro de las resoluciones que el Código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse el presente recurso de casación. (Arts. 421, 448 inc. 1º, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto entonces por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Por los mismos fundamentos, voto en igual sentido que mi colega preopinante.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. La Señora Defensora Oficial, cuestionó la calificación legal del hecho enrostrado en la causa n° 3128.
Postuló que el suceso sea calificado como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda (art. 167, inc. 2° del C.P.).
En su opinión, el empleo de un “arma impropia” configura el delito simple, ya que considerar aquellas como arma es una interpretación in malam partem , violando el principio de legalidad, más aún cuando no existe consistencia en las declaraciones referidas a las lesiones sufridas por la víctima Benítez y el modo en que ocurrieron.
Argumentó que. si bien existen diversas interpretaciones sobre el tema, no imponiéndose una sobre otra de manera decisiva, se genera una verdadera duda, que debe ser interpretada de la manera más favorable al reo.
Citó jurisprudencia que entendió aplicable.
En definitiva, peticionó se revoque la sentencia, recalificándose el hecho tal como fuera postulado.
Para el hipotético caso que se desestimaran parcial o totalmente las pretensiones de este Ministerio, hizo reserva a los efectos de plantear oportunamente los recursos extraordinarios por ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
III. Coincido con la representante del Ministerio Público Fiscal en el sentido de que el recurso de casación merece ser rechazado.
Es que de la indiscutida plataforma fáctica consagrada en el pronunciamiento emerge con toda nitidez el empleo de una baldosa para golpear en la nuca de la víctima Pablo Benítez, que se desplegó en el marco de la violencia ejercida para consumar el robo. Así surge del fallo que tres sujetos de sexo masculino se hicieron presentes en la vivienda sita en calle Sáenz Peña n°349 de Bolívar, los cuales portaban un trozo de caño y trozos de carpeta de cemento en las manos y una vez en el lugar, uno de ellos utilizó como arma impropia el trozo de piedra para ejercer violencia física sobre la víctima, un golpe en el cuero cabelludo que le impactó a la altura de la cabeza (constatado a través del examen médico de fs. 16), y que, en esa acción se apoderaron ilegítimamente de bienes, dándose luego a la fuga del lugar con el producto del ilícito.
Ese uso impropio de las armas empleadas para intimidar a la víctima abastece los requisitos que exige la figura agravada del robo prevista en el art. 166 inc. 2° primer párrafo del CP, que se ha aplicado y desplaza la escala más benigna en la que concurre sólo una mayor intimidación para el sujeto pasivo, así como la figura de robo en su modalidad simple.
Tal como lo he sostenido en ocasiones anteriores, considero que la agravante del robo prevista en el precepto aplicable al caso, encuentra su fundamento en la puesta en peligro de otros bienes jurídicos distintos al de la propiedad misma, tal como sería la integridad física de la víctima o un tercero derivada de la utilización de un arma en el apoderamiento ilegítimo, entendiéndose como “arma” mentada en esa figura legal a todo elemento que aumenta objetivamente el poder ofensivo del hombre que de algún modo hace uso de ella.
Entonces, en el caso concreto que se analiza, no encuentro desacertado el haber considerado que incurrió en la citada agravante, puesto que los autores que ejecutaron el desapoderamiento ilegítimo lo hicieron en poder de un elemento (caño y piedras de cemento) que utilizaron como un arma impropia, resultando el objeto, dado su concreto uso, no sólo con poder intimidante sino, también con poder para generar daño en la integridad física de los damnificados.
Así las cosas, el pedido de la defensa para que el hecho quede encuadrado en una figura distinta es improcedente.
Pero, como dije la utilización de un elemento contundente para golpear al sujeto pasivo encaja en la modalidad que agrava el robo por el uso de armas, puesto que –valga la reiteración- aumentó objetivamente la capacidad agresiva de los sujetos activos, afectando la integridad física de la víctima, aspecto éste que –como reiteradamente lo he sostenido en múltiples precedentes, y no ha perdido vigencia- es el fundamento esencial de la agravante.
Y ello no se desmerece por el hecho de que -en lo corriente- el concepto de “arma” esté asociado a elementos destinados concretamente a atacar o defender. Es que no puede desconocerse la aplicación de esta figura agravada en aquellos casos en los que, en la ejecución de un robo, los autores se valen de otros objetos que, sin haber nacido con tan específica finalidad, en el caso concreto, pueden ser empleados violentamente contra la víctima como si se trataran de un arma en sentido propio. Ello es lo que ha ocurrido en el presente caso, lo que determina también la inaplicabilidad de lo peticionada por la Defensora.
Así las cosas, resultó correcta la calificación legal del suceso en los términos del art. 166 inc. 2° primer párrafo del C.P. pues quedó acreditado de modo inalterado que el encartado empleó un arma en forma impropia.
Respecto a la calificación legal del evento que pretende la defensa, esta Sala ha dejado sentado en numerosos precedentes que “…Así entonces, ninguna censura merece la significación jurídica asignada al hecho por el sentenciante, en tanto que, sin que ello implique una aplicación extensiva y analógica del tipo penal aplicado, arma es tanto el objeto destinado a la defensa u ofensa (arma propia), como el que, eventualmente, por su poder ofensivo, puede utilizarse con ese fin (arma impropia). Así, por arma debe entenderse en consecuencia, tanto aquel instrumento específicamente destinado a herir o dañar a la persona (v.gr. arma de fuego), como cualquier otro objeto que, sin tener esa aplicación, sea transformado en arma por su destino al ser empleado como medio contundente (v.gr. las piedras, baldosas, etc.) …”
También encuentro necesario destacar que el juicio abreviado es una opción que poseen el imputado y su defensa (conf. arts. 395, 396 y ccdtes. del C.P.P.), quienes previo a suscribir el acuerdo tienen la posibilidad de evaluar si dicho procedimiento resulta más conveniente a sus intereses siendo insoslayable que, al seleccionar este mecanismo de juzgamiento (con la necesaria “renuncia” a la celebración de un debate oral, marco más apropiado para habilitar discusiones amplias y profundas, según lo amerite cada caso particular), es lógico que –en gran medida- ceda terreno a la hora de contrarrestar las pruebas de cargo existentes en la causa y contra argumentar invocando las que estime más conducentes.
Es que, si bien es cierto que el juicio abreviado no importa la convalidación automática del acuerdo presentado (pues el juez tiene amplias facultades para mejorar la situación del inculpado, respecto del acuerdo, pudiendo inclusive llegar a una absolución), no menos cierto es que en este tipo de procedimientos, de algún modo, cobra aún más entidad el principio de libertad probatoria (art. 209 del rito) predispuesto legalmente en cabeza del juez, justamente por la dimisión de las partes de someterse a un proceso oral donde podrían, eventualmente, discutir más ampliamente la pertinencia y conducencia de los elementos de prueba.
Ante ello, la particular visión de la defensa, no alcanzó para evidenciar que en la construcción del razonamiento del a quo haya estado presente algún vicio con virtualidad descalificante de su decisión, por lo cual tampoco resultaba de aplicación del beneficio de la duda en favor del imputado en los términos del artículo 1 del CPP.
En suma, el planteo de la recurrente no abastece las exigencias que permiten recorrer el camino inicialmente aludido, lo cual conduce al íntegro rechazo del recurso de casación articulado por la Defensa, que propongo al acuerdo.
IV. En virtud de lo hasta aquí expuesto, propongo al acuerdo declarar formalmente admisible y rechazar el recurso de casación interpuesto por la Defensora oficial Doctora María Soledad Kelly, contra el pronunciamiento recaído mediante juicio abreviado en la causa nro. 3128 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 del Departamento Judicial Azul, por el que se condenó a Steven Alfredo Gutiérrez y a Brian Lucas Nicolás Iglesias, a la penas respectivas de cinco años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, como coautores penalmente responsables de los delitos de robo calificado por ser cometido con arma impropia, en poblado y en banda y con fractura de puerta de morada habitada (arts. 166 inc. 2°, 167 inc. 2° y 3° del C.P.; 106, 203, 209, 210, 371, 373, 448, 451, 454, 464 y ccdtes. CPP). Sin costas.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de casación articulado por la Defensa particular.
II. RECHAZAR el RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Defensora oficial Doctora María Soledad Kelly, contra el pronunciamiento recaído mediante juicio abreviado en la causa nro. 3128 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 del Departamento Judicial Azul, por los motivos brindados en el tratamiento de la cuestión planteada. Sin costas.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase a la instancia de origen.
mmm
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2021 12:23:39 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2021 12:39:26 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2021 12:44:14 - SANTILLÁN ITURRES Gonzalo Rafael - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 29/10/2021 13:11:12 hs. bajo el número RS-136-2021 por SEMERENA JUAN.
Fin de la sentencia