Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 107915
Registro nro. Año 2021
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 107.915 de este Tribunal, caratulada “CASTRO DASCAÑO, Facundo Martín s/ recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN - NATIELLO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los presentes actuados a conocimiento de este Tribunal como consecuencia del recurso de casación deducido por la Señora Defensora Oficial del Departamento Judicial San Nicolás, Dra. Fernanda Uboldi, contra la sentencia dictada con fecha 9 de diciembre de 2020 por la que el Tribunal en lo Criminal nro. 2 de la citada Departamental condenó, mediante procedimiento de juicio abreviado, a Facundo Martín Castro, a la pena de tres (3) años y cuatro (4) meses de prisión, accesorias legales y el pago de las costas del proceso, sanción que resultó comprensiva de aquella de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento, que fuera impuesta en la carpeta judicial nº 21-06838262-6 de la provincia de Santa Fe, por haber sido encontrado autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, en los términos de los artículos 45 y 189 bis, inc. 2º, párrafo 2º del Código Penal.
II. Como primer motivo de agravio la recurrente alza sus críticas en contra de lo oportunamente resuelto por el “a quo”, al rechazar el planteo invalidante efectuado por esa parte, toda vez que lo hizo en base a una interpretación completamente parcial y arbitraria de la prueba arrimada a la pesquisa.
En este sentido, afirma que, dadas las circunstancias objetivas que rodearon los eventos investigados, se desprende que nunca existió fundamento objetivo alguno para detener a su asistido y requisarlo. Alega que el procedimiento policial llevado a cabo y que diera origen a esta causa, resultó desde sus inicios completamente arbitrario e injustificado.
Destaca que no existía ningún motivo preexistente válido y suficiente, que vinculara al sospechado Castro con un ilícito, flagrancia, sospecha razonable ni justificación alguna para detenerlo, privarlo de su libertad, ni mucho menos para practicar una requisa personal sin orden judicial. Confluye que el obrar de los funcionarios policiales resultó violatorio al derecho a la libertad, a la garantía contra las detenciones arbitrarias y al derecho de toda persona de no sufrir injerencias arbitrarias en su vida privada.
Sumado a lo expuesto, señala las inconsistencias que surgen del acta de procedimientos, en lo referente a los datos del arma secuestrada, o de los elementos personales del justiciable, en especial su teléfono celular, poniendo de resalto que se desconoce en forma cierta, el lugar preciso y el momento en que éstos fueron hallados, todo lo cual se llevó a cabo sin testigos ajenos a la repartición policial, en una franca violación a los arts. 117 y 118 del Ceremonial Bonaerense.
Discrepa en torno a la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante, ya que considera que existe un grado de orfandad probatoria que impide mantener la imputación en cabeza de Castro en los términos propuestos por el acuse.
Así, pone de resalto las irregularidades que surgieron del análisis de los datos hallados en el celular del acusado, que impiden afirmar que no fue manipulado. A tales fines, indica que al momento de la pericia respectiva se dejó constancia que dicho aparato se recibía en un sobre “sin cadena de custodia”, y que las imágenes fueron llamativamente creadas luego de que su asistido fuera detenido, más precisamente el día 16 de octubre del año 2019.
Tal es así que, según su entender, la acusación se basó en prueba obtenida ilegalmente, de modo tal que la nulidad del procedimiento se proyecta a todos los elementos probatorios de autos, que resultan su consecuencia directa, no existiendo varios cauces independientes de investigación, sino uno solo, motivo por el cual solicita la revocación de la sentencia condenatoria dictada y se absuelva libre de culpa y cargo al encartado de autos.
Sin perjuicio de lo expuesto, reclama que la conducta desplegada por su ahijado procesal sea considerada atípica, en tanto no se encuentra debidamente acreditada la aptitud para el disparo del revólver secuestrado.
En apoyo a su postura aduce que dicha solución se imponer toda vez que ninguno de los testigos que declararon en la causa, señalaron haber escuchado disparos, o haber visto a su asistido efectuarlos con el arma incautada previo a su detención, y que por otra parte, de la pericia balística de fs. 116/117 se desprende que la numeración de serie allí plasmada no se corresponde con la del elemento ofensivo incautado por personal policial, conforme lo asentado en el acta de procedimiento respectiva.
En base a los argumentos expuestos, considera atípica la tenencia ilegal de arma descargada o con municiones defectuosas, resultando la conducta endilgada como penalmente neutra, ya que de lo contrario se verían afectados los principios de lesividad, legalidad, “pro homine” y última ratio consagrados en nuestra legislación.
Cita destaca doctrina y jurisprudencia que abonan su postura.
Denuncia la inobservancia y errónea aplicación al caso de las pautas mensurativas contenidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Se agravia sobre el tópico en cuestión debido al hecho que a pesar que el “a quo” mutó los eventos imputados hacia una calificación más benigna, por la que finalmente resultó condenado Castro, dicha circunstancia no se reflejó al momento de establecer la sanción a aplicar al justiciable, la que no fue reducida de manera proporcional, alejándose excesivamente del mínimo penal previsto para el ilícito en trato, no obstante la admisión de las circunstancias atenuantes y agravantes propuestas por las partes en el acuerdo de juicio abreviado.
Agrega que el Magistrado de grado nunca brindó motivos fundados para alegarse del mínimo legal. Entonces, el apartamiento de aquel piso, sólo sería procedente en forma absolutamente excepcional, cuando aparezca suficientemente justificada en la aparición en el supuesto de hecho específico de circunstancias de agravación severas o bien del injusto o bien de la culpabilidad del autor, debiendo ponderarse los principios constitucionales en materia penal de estricta necesidad, ultima ratio y de intervención subsidiaria, proporcionalidad mínima, trascendencia mínima, humanidad o proscripción de la crueldad de las penas.
Por todo ello, solicita se haga lugar al presente recurso, revocando el veredicto condenatorio en crisis, declarando la nulidad del procedimiento policial llevado a cabo en esta causa, detención, requisa y secuestro de efectos, como así también de todos los elementos probatorios que resultan su directa consecuencia, disponiendo la libre absolución de Facundo Martín Castro Dascanio (Conf. arts. 203, 207 y concordantes del C.P.P., 14, 18, 19 y 75 inc. 22 de la CN, 14 de la Const. Pcial, 11.2 y 3 C.A.D.H., 2 y 17.7 P.I.D.C.P.).
Subsidiariamente, peticiona la casación del fallo impugnado, se asuma competencia positiva y se declare la atipicidad de la conducta endilgada al encausado, por no encontrarse probados los extremos típicos exigidos en el art. 189 bis inc. 2, párrafo segundo del C.P., ordenándose su absolución.
A todo evento, en caso de no prosperar los pedidos que anteceden, requiere se reduzca la sanción impuesta al justiciable, imponiendo una pena cercana al mínimo legal de conformidad a la escala penal prevista para el delito por el que fuera finalmente condenado.
Formula reserva del Caso Federal (art. 14 Ley 48).
III. Concedido el recurso por el “a quo”, las partes fueron notificadas de la radicación de la causa por ante esta Sala (fs. 3vta.), oportunidad en que la Sra. Fiscal Adjunta ante esta Casación, Dra. María Laura E. D’Gregorio, postuló el rechazo de las pretensiones articuladas por la defensa técnica del encausado, al considerar que no se configuran las violaciones legales denunciadas (dictamen de fs. 4/7).
IV. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) ¿Es procedente el mismo?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Entiendo que el recurso es admisible pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirige a cuestionar una sentencia definitiva que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su defensa técnica (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h" y 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 395, 401, 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Considero que el recurso interpuesto no puede prosperar.
I.a. Así, en relación al primero de los agravios invocados, a través del cual la recurrente denuncia la absurda y errónea valoración de la prueba efectuada por al “a quo”, y la consiguiente solicitud de exclusión probatoria de la diligencia de requisa y de los actos consecuencia de aquella, su rechazo se impone.
En este sentido, debo mencionar que en el marco del presente proceso ha adquirido relevancia el acuerdo de juicio abreviado al que arribaran las partes donde, como es sabido, la conformidad del imputado supone aceptar como adecuada a una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación- la calificación y la pena solicitada por el Fiscal, y que la sentencia dictada, que no es -ni puede ser- mera homologación, sólo puede fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la I.P.P., a las que las partes elevan al rango de prueba en virtud del acuerdo mencionado, constituyendo un pronunciamiento jurisdiccional fundado en el análisis racional y lógico de esa prueba legalmente incorporada al proceso.
De esta manera el segundo párrafo del art. 371 del C.P.P. prevé una motivación exhaustiva de las cuestiones de hecho planteadas y de la valoración de los medios de prueba que funden las afirmaciones fácticas realizadas en la sentencia, exigiendo del mismo modo, que exprese las razones del porque no se atiende a ciertas pruebas dirimentes presentadas en el juicio, debiendo responder a los planteamientos efectuados por las partes.
Es decir, que nuestro procedimiento penal bonaerense exige el dictado de una sentencia que, en lo pertinente, debe observar las disposiciones de los artículos 371 y ssgtes. del Ritual, y resolver sobre los extremos de hecho en la forma establecida en los artículos 106, 210 y 373 del C.P.P..
Dentro de este marco -como ya lo he sostenido en numerosos precedentes (causas nro. 54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros)-, corresponde a esta instancia casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el sentenciante, como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e integral de la sentencia de condena, entendido como el más amplio derecho al recurso del imputado, sin desnaturalizar el recurso de casación convirtiendo a éste último, llegado el caso, en un segundo y nuevo juicio (Conf. Arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN en función de lo normado por los arts. 1.1, 8 inc. 2 letra h), 25 de la C.A.D.H., y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; Comisión I.D.H. informes 30/97, en caso 10.087: Argentina; informe 17/94, caso: 11.086, Argentina (caso “Maqueda”) e informe 55/97, caso: 11.137, Argentina (caso “Abella”); Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2/7/2004; Comité de Derechos Humanos de la O.N.U., in re: “Cesario Gómez Vázquez c. España” (701/1996), dictamen del 20/07/2000 y “M. Sineiro Fernández c. España” (1007/2001), del 07/08/2003).
Pero, para que el tribunal revisor pueda abarcar dichas cuestiones, ello dependerá de la actividad misma de la parte interesada. A tal efecto resulta necesario que el recurrente sea preciso al momento de denunciar este tipo de agravios, puesto que resulta imprescindible acotar el trabajo de revisión judicial exclusivamente a las partes esenciales de las sentencias impugnadas.
En este sentido es carga de la parte agraviada fijar con claridad cuál es la afirmación del tribunal que resulta de un error de apreciación y cómo habrá de refutarse dicha aseveración. Los agravios deben recaer sobre algún elemento que aporte un sustento esencial al fallo, del mismo modo que la prueba ofrecida debe ser pertinente y suficiente para demostrar el error en el que han incurrido los jueces, y dicha situación no sucede cuando los impugnantes hacen uso de categorías genéricas o abstractas, no logrando demostrar que la valoración de la prueba practicada presente espacios carentes de explicación.
Sentado ello, y frente a lo que sostiene la recurrente, el "a quo" expresó las razones que lo llevaron a decidir como lo hizo, sin que se advierta que haya incurrido en afirmaciones absurdas o arbitrarias al tener por acreditada la reconstrucción histórica de los hechos en los términos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, como quedara plasmado en el veredicto puesto en crisis.
Así el Tribunal tuvo por debidamente acreditado que: “…El 15 de octubre de 2019 siendo aproximadamente las 19:00 horas personal policial secuestró en poder de Facundo Martín Castro, más precisamente del interior del ómnibus -debajo del asiento del nombrado- de la empresa Costera Criolla el cual se encontraba estacionado en las dársenas del Parador San Nicolás, sito en Avenida Presidente Perón y Ruta 9 de San Nicolás, un arma de fuego del tipo revólver marca Colt, calibre 38 N° de serie 6926A, cargado con cuatro cartuchos del mismo calibre”... “apto para el disparo la cual el referido Castro portaba sin la debida autorización legal”…”.
A fin de probar los extremos legales reseñados, el “a quo” realizó un pormenorizado análisis de las distintas evidencias reunidas en la pesquisa, a las que las partes elevaron al rango de prueba, en virtud del acuerdo de juicio abreviado oportunamente celebrado, que lo llevó a no dudar en colocar ese extremo en cabeza del encartado, no evidenciándose vicios lógicos que logren conmover la conclusión a la que llegó.
Que, así las cosas, el Juez de mérito formó convicción en el contenido del acta de procedimiento, obrante a fs.1/2, en la que se dejó constancia que, en el día y hora consignados precedentemente, personal policial fue anoticiado de la posible comisión de un delito de acción pública, más precisamente que pondría en peligro la seguridad pública.
De esta manera quedó plasmado que en circunstancias en que los funcionarios policiales Agüero y Rosales se encontraban en una parada fija de vigilancia en su servicio, más precisamente en Calle Del Forno y Presidente Perón, fueron advertidos por dos sujetos que se desplazaban en un motovehículo, que instantes antes habían observado en el Parador San Nicolás a un sujeto que esgrimía un arma de fuego mientras discutía con otra persona, indicando tanto la vestimenta como características físicas del sospechoso para identificarlo.
Una vez arribados al lugar de los supuestos hechos, no llegaron a ver ninguna discusión, pero sí advirtieron la presencia de un masculino cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las aportadas en su oportunidad, observando cuando ingresaba al transporte público, siendo un ómnibus de la empresa Costera Criolla. A todo esto, como dicha unidad estaba dejando la dársena y el parador mismo, los efectivos procedieron a solicitar apoyo y luego de ello interceptaron su marcha, logrando dar con el sospechoso, momento en que se le requirió descender del vehículo, resultando ser el aquí encartado Castro. Acto seguido y ante el resultado negativo de la requisa personal, los numerarios convocados como apoyo, siendoéstos Montiel y Gamarra, revisaron en compañía del chofer del transporte el espacio que ocupaba el imputado en el colectivo (asiento nro. 5), hallando el revólver en cuestión, que fue finalmente secuestrado junto a otros elementos personales del acusado.
En forma conteste con lo narrado se expresaron los oficiales Renzo Agüero (fs. 3), Sandra Rosales (fs. 9/10), Ezequiel Jiménez (fs. 5), Nicolás Coronel (fs. 6), Carlos Alberto Montiel (fs. 7), y Andrea Gamarra (fs. 8), siendo también coincidente con ello Iván Palacios, chofer del móvil 1010, de la empresa Costera Criolla, quien indicó que fue requerido por personal policial para permitir el ingreso preventivo, en razón de que existía la posibilidad de que un pasajero estuviera armado, razón por la cual detuvo la marcha del colectivo. También recordó que los preventores encontraron a una persona que estaba vestida acorde con los datos brindados previamente, indicando que no se le secuestró nada en poder del sujeto, pero que cuando fueron hacia el asiento que éste ocupaba, encontraron un arma de fuego en el posa pie, pudiendo ver cuando uno de los policías movió ese posa pie y el arma cayó al suelo.
Todo ello resultó corroborado a través del acta de visu de fs. 19 y las placas fotográficas de fs. 20/22, elementos que dieron cuenta sobre las características tanto el revólver calibre 38 incautado, como de los 4 cartuchos, el teléfono celular marca Blu, un pasaje de ómnibus a nombre de Facundo Castro y una campera.
Respecto de la pericia balística informada a fs. 115/117vta., debo señalar que, del mismo modo en que fuera valorado por el Juez de instancia, la aptitud para el disparo del arma de fuego se encuentra fuera de discusión, en tanto del estudio experimental realizado sobre la misma se pudo establecer concretamente dicho extremo, al haber sido analizado con munición proveída por Policía Científica, en tanto la fiscalía actuante omitió remitir a dicha repartición los cartuchos secuestrados, no siendo posible establecer la capacidad ofensiva de los mismos al momento de practicarse la experticia.
Así las cosas el plexo cargoso en contra el encartado se completa con el profuso material obtenido del registro del teléfono celular incautado en su poder, de cuyo análisis surgieron numerosos registros de audio y videos, como así también archivos fotográficos que dieron cuenta que el acusado días antes de ser aprehendido ostentaba poseer un arma de fuego cuyas características coinciden en un todo con la secuestrada, al igual que la munición con la que estaba cargada, que presentaba como característica particular estar acondicionada o suplementada con teflón.
No sólo ello, sino también fue meritado un audio en el que Castro directamente admitía tener el arma consigo, que decidió quedarse para él, luego de mantener una discusión con las
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