Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 107868
Registro nro Año 2021
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa Nº 107.868 de este Tribunal, caratulada: “VALVERDE TERUEL, Jorge Gastón s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del Recurso de Casación deducido por el Defensor Oficial del Departamento Judicial San Isidro, Dr. Juliano Matías Novo, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de la misma circunscripción -en integración unipersonal-, que con fecha 4 de noviembre de 2020 condenó a Jorge Gastón Valverde Teruel -en el marco de un juicio abreviado-, a la pena de catorce (14) años de prisión, accesorias legales y costas del juicio, por ser hallado autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego que perjudicara a Alan Escobar, el de portación ilegal de arma de guerra y el de homicidio con dolo eventual que perjudicara a Roberto Belizán Gómez; y como coautor del delito de robo calificado por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego que perjudicara a Mónica Berneys; con más la declaración de reincidente.
II. Como único motivo de agravio, denuncia el defensor la errónea aplicación del art. 79 del Código Penal e inobservancia del 84 del mismo digesto, como así mismo la inobservancia del art. 1° del C.P.P.
Considera que, en el caso no existen elementos ni indicios de cargos bastantes y suficientes para sustentar con el grado de certeza requerido para el dictado de un pronunciamiento condenatorio, la efectiva concurrencia de dolo homicida en la conducta del imputado.
Tal es así, que el “a quo” arribó a la conclusión de que su asistido actuó con “dolo eventual” al momento de embestir a la víctima con el automóvil que conducía a partir de un razonamiento puramente conjetural y académico, sin que el mismo tenga respaldo en prueba verificable y, por lo tanto, refutable.
Manifiesta que, la arbitrariedad del razonamiento jurisdiccional radicó no sólo en el carácter conjetural del razonamiento que precedía la aplicación del tipo de homicidio con dolo eventual, sino también y sobre todo en la omisión de cualquier tipo de consideración y fundamentación en relación al motivo por el cual, en todo caso, no aplicó y descartó de plano la figura de la denominada “culpa con representación”.
Por lo que solicita se declare formalmente admisible el recurso interpuesto, se case la sentencia dictada y en consecuencia se proceda a la aplicación al caso de la figura del artículo 84 del Código Penal, y en consecuencia, se reduzca proporcionalmente la pena impuesta en primera instancia.
III. Concedido el recurso por el “a-quo” y radicado en la Sala (fs. 3/vta.), se procedió a notificar a las partes.
El señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal, doctor Nicolás Agustín Blanco, se notificó de la presente radicación a fs. 3vta.
A su turno, la señora Fiscal Adjunta ante esta Sede, doctora María Laura E. D’ Gregorio, presentó memorial postulando el rechazo del recurso al considerar que no se evidencian las violaciones denunciadas (fs. 4/8vta.).
IV. Encontrándose en estado de resolver, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto en favor de Jorge Gastón Valverde Teruel?
2da.) En su caso, ¿es procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Se encuentran cumplidos los recaudos de tiempo y forma exigidos por el ritual (art. 451 del C.P.P.), y tampoco advierto objeciones relacionadas con la impugnabilidad objetiva o subjetiva, pues se trata de una sentencia definitiva, recaída en el marco de un juicio abreviado (conf. art. 105 y 450 del C.P.P.) que, por imperio del artículo 401 del C.P.P., resulta expresamente recurrible por el imputado o su defensa.
Así, voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos, por lo que a esta primera cuestión voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Preliminar: Es dable destacar que, en nuestro medio, a diferencia del régimen procesal nacional, el juicio abreviado no importa allanamiento de la defensa ni requiere confesión o conformidad alguna con los hechos intimados, sino que la conformidad del imputado supone aceptar como adecuada una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación- la calificación y la pena solicitada por el Fiscal.
Ello surge de la propia letra de la ley procesal -art. 396 "a contrario sensu", reafirmado por el art. 399 del Ritual-, la que se aparta de otros códigos procesales que permiten considerar a la conformidad prestada por el encausado como elemento de cargo, para establecer que la sentencia (que no es -ni puede ser- mera homologación) sólo puede fundarse en la evidencia legítimamente producida durante la I.P.P., con lógica exclusión del acuerdo que, en rigor, no se refiere a los extremos fácticos de la imputación sino a sus consecuencias jurídicas.
Quien acuerda el juicio abreviado sólo renuncia al debate oral y no al juicio previo constitucional (ver Bruzzone, Gustavo "Mito y realidad...", en "Juicio por Jurado en el proceso penal", pág. 100 y sgtes.) ni a su estado de inocencia y éste, como en cualquier otro caso, sólo puede ser desvirtuado mediante un pronunciamiento jurisdiccional fundado en el análisis racional y lógico de la prueba legalmente incorporada al proceso.
El acuerdo de partes -sobre calificación y pena- no podría obligar al juez a tener por acreditados hechos en contra de la ley ni a prescindir de los principios que gobiernan la valoración de la prueba y el proceso penal de conocimiento no puede prescindir de la "verdad" como concepto limitante que nutre y da vida al sistema de garantías.
De ahí que nuestro ritual exige el dictado de un pronunciamiento que, en lo pertinente, debe observar las disposiciones de los artículos 371 y ssgtes. del Ritual y resolver sobre los extremos de hecho en la forma establecida en los artículos 106, 210 y 373 del C.P.P. De ahí también que, además, dicho pronunciamiento resulte expresamente recurrible en casación (art. 401 del C.P.P.), sin otro límite que los que derivan de los principios generales de los recursos (v gr. art. 421 del ritual) y de aquellos más específicos que regulan la vía casatoria (v. gr., arts. 448, 450 y 451 del C.P.P.).
La sentencia de autos da cuenta de la solicitud de trámite de juicio abreviado. Allí las partes manifiestan haber arribado a un acuerdo en los términos del art. 396 CPP, dónde el imputado y su defensor extienden su conformidad a la pena y a la calificación del hecho.
I. Dicho ello, adelanto que el agravio propiciado por la defensa que cuestiona el encuadre legal realizado por el “a quo”, no puede prosperar.
En este sentido, el Tribunal de origen acreditó razonadamente el aspecto subjetivo del tipo penal enrostrado a Valverde, previsto en el art. 79 del C.P., a nivel de dolo eventual, habiendo afirmado para ello que: “…El 24 de septiembre de 2019, promediando las 19:50 horas, en inmediaciones de la Ruta 202 y Colectora Este de Panamericana, localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, un masculino interceptó a Alan Escobar, y mediando intimidación a través del empleo de un arma de fuego, marca Browning, calibre 9 milímetros, plateada con cachas negras, lo desapoderó ilegítimamente del rodado marca Volkswagen, modelo Gol, gris, dominio: GYJ-113, propiedad del damnificado, así como de un manojo de llaves, un registro de conducir, D.N.I., cédulas verde y azul de dicho automotor, tarjetas de débito y crédito VISA y Mastercard del Banco Patagonia, un par de zapatillas y una campera para luego huir a bordo del rodado raudamente con los efectos en su poder.
En la misma jornada, siendo aproximadamente las 21:15 horas, el mismo sujeto, junto a otro no habido, interceptaron en las inmediaciones de las arterias Luis María Campos y Mansilla, localidad de Boulogne, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a Mónica Berneys, despojándola, mediante intimidación ejercida sobre la nombrada mediante el empleo de la misma arma de fuego utilizada primigeniamente, de una cartera de cuero marrón en cuyo interior se hallaba un celular marca Apple, modelo Iphone 6, una billetera con su D.N.I., licencia de conducir y tarjetas de crédito a su nombre, anteojos de lectura y la suma de setecientos pesos ($700), para luego darse a la fuga con el botín logrado a bordo del automotor que fuera sustraído.
A las 21:45 horas de la misma jornada, mientras era informado personal policial de la policía local de San Fernando por parte de la víctima Escobar que se hallaba en persecución de su vehículo del cual fuera despojado, tras efectuar un corto rastrillaje por la zona, los agentes del orden observan en vehículo en cuestión en inmediaciones de calle Quintana y Lamadrid el cual al advertir la presencia del móvil policial emprende velozmente la fuga y en forma intencional y con el propósito de esquivar la persecución policial realizó una maniobra anti-reglamentaria logrando cambiarse al carril contrario, embistiendo a una motocicleta marca Suzuki modelo GN125, que circulaba en sentido correcto, conducida por Roberto Belizán Gómez, lo que generó el impacto del cuerpo de la víctima contra el rodado, produciendo heridas y fracturas múltiples que ocasionaron su deceso…”
II. La argumentación de la Defensa se centra en demostrar que su pupilo no obró a título de dolo eventual sino con culpa con representación.
El plexo probatorio en su conjunto conduce a la acreditación de la materialidad ilícita tal como la describe el "a quo", el cual realizó un pormenorizado análisis de las pruebas colectadas, sin que se evidencie fisura lógica alguna.
El sentenciante tuvo en cuenta en principio el acta de procedimiento en donde se describió el desenlace fatal que ocasionó la muerte de Belizán, en la misma surge que, el día 24 de septiembre de 2019 promediando las 21:45 horas, se hallaban los agentes del orden local de San Fernando en el puesto de control vehicular de la localidad de Virreyes (rotonda Bancalari), cuando frenó abruptamente una camioneta Fiat Fiorino blanca, en la cual un sujeto masculino les manifestó que metros adelante por la ruta 202, circulaba un automóvil Volkswagen Gol color gris, que horas antes le había sido sustraído, luego de ello continuó su marcha.
Ante la noticia, los oficiales Santillán y Quiroga ascendieron al móvil policial y comenzaron a seguir la camioneta Fiorino, logrando después divisar el automóvil Gol que circulaba por la mencionada ruta, el que al advertir la presencia policial aumentó la velocidad, por lo que continuó con el seguimiento dando aviso radial al 911 para poder realizar un operativo cerrojo.
Luego de ello, el móvil 163 de la patrulla municipal (en el que se encontraban a bordo los oficiales de policía Díaz, Brigato y Ciccia), se dispuso sobre la colectora de la autopista calle Reguera y ruta 202 para efectivizar la detención del vehículo, pero para su sorpresa, divisaron que el mencionado automóvil había colisionado con su parte delantera a una motocicleta, la cual arrastraba, siendo que el vehículo para ese entonces estaba circulando de contramano.
Después de la colisión, el conductor del vehículo sustraído lo abandonó y se dio a la fuga en ruta 202 e intersección con calle Charlin, quedando incrustado el motociclo debajo del paragolpes delantero del rodado.
Valoró asimismo el “a quo”, la autopsia practicada sobre Belizán, donde se concluyó como causa de la muerte la lesión neurológica cervical: y como mecanismo de la muerte: fractura y sección medular alta.
Por su parte, la pericia accidentológica otorgó el dato de que, al momento en que se produjo la colisión el vehículo Volkswagen Gol circulaba en contramano, mientras la mecánica del suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la Avenida Hipólito Irigoyen, siendo que luego del contacto se habría producido la elevación del cuerpo sobre el capot y el parabrisas para luego ser despedido hacia arriba, cayendo sobre el boulevard divisorio de ambas manos, continuando el vehículo Volkswagen su marcha, llevando el moto-vehículo Suzuki hasta la intersección con la calle Charlin donde adoptan la posición final.
En definitiva, el “a quo” valoró no sólo lo declarado por los oficiales de policía en el acta de procedimiento, sino que eso fue respaldado por los registros fílmicos aportados a la causa, en donde se acreditó que el día 24 de septiembre de 2019 a las 21:53 horas, momentos en que Roberto Belizán Gómez se desplazaba a bordo de su motocicleta Suzuki por la ruta 202, fue embestido de frente por el rodado VW Gol que en ese momento era conducido por Valverde Teruel, quien transitaba en sentido de contramano escapando de una persecución policial a gran velocidad.
Siendo ello así, y tomando todos estos datos objetivos, el sentenciante consideró que al menos el imputado debió haberse representado como “probable” el resultado de provocar la muerte de alguien con su accionar, por más que no haya sido su intención la de causarla.
Por lo expuesto entiendo que la calificación legal dada por el “a quo” es la correcta, atento a las probanzas de autos, atribuyéndose a Jorge Gastón Valverde Teruel el delito de homicidio a título de dolo eventual, comprendiendo que por lo transcripto “ut supra”, en el caso de marras, el sujeto activo tuvo pleno control del rodado y que el exceso de velocidad producto de la huida de la persecución policial, más el cruce de carril para circular en contramano produjo la colisión y posterior muerte de Belizán Gómez.
Tal como lo señala la señora Fiscal Adjunta ente esta sede, no resultó un dato menor el hallazgo en poder de Valverde Teruel de documentación de la víctima Escobar que se encontraba dentro de la billetera que le fuera secuestrada al momento de su aprehensión (amén del arma de fuego con municiones también incautada), pues ha evidenciado no sólo el claro deseo de sustraerse del accionar policial sino además, el completo desinterés por la vida de la víctima Belizán Gómez, a quien embistió sin más mientras llevaba adelante la desesperada fuga.
III. No me escapa lo manifestado por la defensa y por el propio imputado en su declaración a tenor del art. 308 del CPP, en cuanto sostienen que no tuvo la intención de provocar la muerte de Belizán.
Tal como sostuviera en causa N° 82.687 caratulada: “ Batista Arturo Martín s/ recurso de Casación ” , donde adhiriera a lo señalado por el distinguido colega de Sala, doctor Kohan, lo que quiera o no el sujeto activo del delito es algo que pertenece a su fuero interno y no debe ser objeto de valoración.
En los delitos dolosos cometidos en el contexto de la seguridad vial hay que probar exclusivamente que se ha creado un riesgo relevante para la seguridad en el tráfico y que el sujeto conocía ese riesgo. Es decir, el dolo abarca el riesgo inherente a la conducta, no la producción de resultados lesivos para la vida o la salud.
Ahora bien, considero que lo relevante en estos casos es trazar el límite entre la culpa consciente y el dolo eventual, siendo que ello se presenta como el verdadero inconveniente.
La culpa consciente es el conocimiento de la posibilidad de realización típica, pero con un desconocimiento de la efectiva virtualidad lesiva de la conducta en el caso concreto. Diferente resulta el caso del dolo eventual que es un conocimiento de la realización típica pero sin desconocer el efectivo peligro creado.
Ahora bien, hoy como se lo conoce al dolo, luego de la irrupción que trajo Welzel con su obra, se dejó el concepto de dolus malus (concepto tradicionalmente emparejado con el casualismo) para comenzar a hablar del concepto de dolo natural. Este concepto resulta más restringido y no incluye la conciencia de la antijuridicidad. Por otra parte, dentro de la estructura analítica del delito se halla ubicado dentro del tipo y no de la culpabilidad como el dolus malus.
Así las cosas, el dolo natural tiene dos elementos: conocimiento y voluntad.
El elemento volitivo del dolo presenta en la doctrina penal y particularmente en la práctica innumerables problemas. Entre ellos se puede mencionar algo insalvable que son los cuestionamientos a nivel probatorio de esa ‘voluntad’ pues debería entrarse en la intimidad psíquica del autor, eventualidad que de por sí resulta una tarea cuanto menos embrollada.
Además, cabe decir que muchos casos en los que fue ‘la voluntad’ lo que llevó al agente a actuar no guardaba relación con la realización típica. Por ejemplo, y llevándolo al absurdo, se puede dar el caso de que un individuo que comete un determinado delito lo realice con la única ‘voluntad’ de que sea visto y publicado en los medios de comunicación o redes sociales (Cfr. Mirentxu Corcoy Bidasolo, “Jurisprudencia de Casación Penal” , dirección Patricia S. Ziffer, Editorial Hammurabi, Tomo 3, Buenos Aires, 2011, ps. 187 y ss.)
De esta forma, dado lo dificultoso de la temática a abordar el aspecto volitivo fue dejándose de lado no sólo por cuestiones de prueba sino también por razones dogmáticas.
En este sentido, debe subrayarse que lo relevante es la creación de un riesgo típicamente relevante conocido por el autor.
No obstante lo dicho, la ausencia del elemento volitivo en el dolo no debe ser total, pues permanece incólume la exigencia de un comportamiento voluntario que implica la conciencia del autor de sus propios actos. El comportamiento voluntario está ligado a los conocimientos que el agente tenga sobre la relevancia del riesgo propio de su conducta.
Así las cosas, cuando el sujeto actúa conociendo la relevancia típica de su conducta habrá dolo y cuando no la conoce habrá imprudencia.
Por otra parte, en términos de teoría de la norma la contradicción a la regla es mayor cuando el sujeto reconoce la probabilidad de lesionar un bien jurídico que cuando no sucede así, lo que justifica el mayor disvalor del injusto doloso respecto del imprudente.
La importancia que tiene el conocimiento que posee el sujeto respecto del riesgo que crea su conducta se pone de relieve al examinar la culpa consciente. En ésta, el sujeto, debe contrarrestar el conocimiento del riesgo que posee para que no se le atribuya al hecho el carácter de doloso.
Ahora bien, ¿qué debe ser objeto de dolo? Liminarmente, para que pueda hablarse de dolo debe existir una situación objetiva, a saber, un riesgo normativamente relevante. Por tanto, objeto del dolo es la conducta, no el resultado.
En este sentido, es indispensable determinar que la existencia del dolo debe considerarse ‘ex ante’ en el momento en que se desarrolla la conducta del sujeto. Por lo dicho, dolo es conocimiento ‘ex ante’ del efectivo riesgo concurrente en la conducta del autor.
Del mismo modo, Mir Puig sostiene que la aceptación de la concreta probabilidad de que se realice el peligro es necesaria para que exista dolo eventual, pero sólo a condición de que no exija la aceptación del resultado lesivo, sino sólo de la conducta capaz de producirlo (Cfr. Mir Puig, Santiago, “Derecho Penal. Parte General” , 7ma. Edición, 2da. Reimpresión, B de f., Buenos Aires, 2005, p. 269).
Entonces, el dolo se exige como elemento de la conducta peligrosa ‘ex ante’ y ésta no incluye el resultado. Así, las valoraciones respecto de las posibilidades de control del riesgo deben efectuarse bajo una perspectiva previa.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.