Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 110264
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible y procedente el recurso de casación deducido por la Sra. Defensora Oficial del Departamento Judicial San Martín, Dra. María Lucrecia Sammartino, en favor de G. I. A. G..
II. Anular la resolución pronunciada en fecha 15 de marzo de 2.021 por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, encomendando a dicho órgano jurisdiccional con carácter urgente, la realización de los informes y pericias aludidos que permitan dilucidar acerca de la problemática investigada, debiendo en consecuencia dictarse un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, sin costas en esta instancia.
Art. 19 de la Convención de los Derechos del Niño; 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Const. de la Pcia. de Bs. As.; 33, 63 y 64 de ley 13.634; 106, 210, 448, 461, 530 y 531 del C.P.P..
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 110.264 de este Tribunal, caratulada: "A. G., G. I. s/ Recurso de Casación” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO-KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Se inician las presentes actuaciones en virtud del recurso de casación deducido por la Sra. Defensora Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín, Dra. María Lucrecia Sammartino, contra el auto dictado por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la citada departamental, por el cual decidió revocar la resolución del Juzgado de Garantías del Joven N° 2, en cuanto dispuso la libertad de G. I. A. G. como alternativa a la medida restrictiva de la libertad ambulatoria.
Denuncia la inobservancia de lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, arts. 2 y 29 de la ley 26.061, art. 33 de la ley 13.634 y art. 448 del C.P.P.
Menciona que su defendido de catorce años se encuentra imputado por haberle efectuado tocamientos a su hermana de ocho, y según la fiscalía, la introducción de un dedo constituiría un acto análogo al acceso carnal.
Destaca que la niña no tiene ningún tipo de lesiones, dado que, al momento de ser entrevistada por el Centro de Asistencia a la Víctima, no hizo referencia respecto de haber sido víctima de situaciones de abuso, y negó situaciones de fuerte impacto emocional tales como las denunciadas.
Indica que la privación de libertad debe ser el último recurso del proceso penal juvenil, y la falta de pruebas respecto de la responsabilidad del niño implica que debe ordenarse su libertad.
Considera que los magistrados de la Alzada local han actuado mediante un criterio de prevención especial negativa, al estimar que debe evitarse que su defendido incurra en conductas disvaliosas.
Sostiene que trabajadora social del Cuerpo Técnico Auxiliar, Lic. Mariana Angriman, señaló que las consecuencias producto de la intervención judicial a veces son más gravosas que las que “se intentan prevenir”.
Manifiesta que el hecho denunciado debería analizarse y valorarse a la luz de la perspectiva de la psicología infantojuvenil, y no como una mera imputación penal, donde se ubica una víctima y un victimario y se obra en consecuencia.
Afirma que si no se analiza la cuestión bajo la perspectiva de expertos profesionales, podrían esperarse consecuencias no deseadas para los niños, algunas de las cuales se han evidenciado en este corto tiempo de intervención judicial.
Peticiona se case la resolución impugnada y, se mantenga en consecuencia la vigencia de la libertad oportunamente concedida a G. I. A. G.
“a quo”, fue radicado en sala por sorteo y notificadas las partes –conforme las constancias obrantes en el Sistema Informático Augusta-. En dicha oportunidad, la Sra. Fiscal Adjunta ante esta Sede, Dra. María Laura D’ Gregorio, se expidió por su rechazo.
III. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, los Sres. Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación deducido?
2da.) En su caso: ¿Es procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
El recurso se dedujo en tiempo y forma, cf. arts. 421 y 451 del C.P.P., resultando el mismo admisible, a fin de garantizar la doble conformidad judicial (cf. art. 8.2 h de la CADH).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. De la lectura de las actuaciones que se encuentran digitalizadas, puede observarse que la UFI del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial San Martín, le atribuye a G. I. A. G., de catorce años de edad, el delito de abuso sexual con acceso carnal -por acto análogo- agravado por el vínculo, por tratarse de una menor de edad y por resultar conviviente en calidad de autor material (arts. 45, 119 primer y tercer párrafo en función del inciso b. y f. del C.P.).
Al momento de llevar a cabo la audiencia estipulada en el art. 60 de la ley 13.634, la Magistrada del Juzgado de Garantías del Joven N° 2, consideró conveniente que el niño recuperara su libertad, pero presentándose ante la justicia de ser convocado, estar bajo el estricto cuidado de la madre, estudiar, llevar a cabo un tratamiento psicoterapéutico y principalmente no tener contacto con su hermana de ocho años de edad -víctima de autos-.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Representante de la Vindicta Pública, Dr. Sirni, el que fue denegado por improcedente por la Jueza de Grado, y contra ello, interpuso una queja ante la Alzada local.
La Excma. Cámara interviniente hizo lugar a lo peticionado por el Agente Fiscal, revocando por prematura la alternativa a la medida de seguridad restrictiva de la libertad ambulatoria del joven infractor (art. 64 de Ley 13.634), dado que hasta el momento no se llevaron a cabo los informes y pericias pertinentes que resultan necesarios para tener un conocimiento acabado de la problemática investigada. Dicho temperamento motivó que la defensa articulara el pertinente recurso de casación, el que fue concedido y elevado por el órgano “a quo” a esta sede.
Sellada la admisibilidad del mismo al tratar la primera cuestión corresponde el estudio del fondo.
II. Para revocar la libertad de A. G., los sentenciantes estimaron primordial resguardar tanto sus derechos como los de la víctima, considerando la gravedad de los hechos denunciados, la modalidad y consecuencias de los mismos, y que el Estado no puede desatender la obligación de resguardar a un niño o niña en un contexto familiar incierto, como es el caso de autos.
Mediante un amplio desarrollo, la Excma. Cámara valoró lo manifestado por el Agente Fiscal como representante de la presunta víctima, respecto de que la Magistrada Garante adoptó su decisión sin contar con las herramientas necesarias para evaluar la realidad del joven infractor.
En este sentido, entendieron que a la luz de la normativa vigente, es necesario certificar prudentemente cada aspecto de relevancia, “previo” a la adopción de decisiones que impacten en la realidad de los niños, mediante pericias e informes pertinentes: “ Ello es, escuchar y evaluar profesionalmente a la niña de ocho años de edad, contar con un informe médico completo respecto de su estado de salud y recabar un informe socio-ambiental en aras de corroborar el contexto familiar y vincular de los menores, así como también poder dilucidar si realmente el suceso investigado habría sido un episodio excepcional, único y aislado, provocado por la inexperiencia, las hormonas y el descubrimiento sexual del joven (tal como se alegara en la instancia) ” (fs. 2 del resolutorio cuestionado).
III. Sentado ello, en primer lugar, no escapa al suscripto la situación particular existente, que refiere a una medida de seguridad interpuesta a un niño inimputable por tener catorce años de edad, mientras que su propia hermana y víctima de autos tiene apenas ocho. Debido a ello, la decisión que se adopte al respecto deberá necesariamente resguardar los derechos tanto de uno como del otro, en aras de la protección del interés superior de ambos.
En los procesos seguidos a niños, niñas o adolescentes infractores de la ley penal, el Estado encuentra limitado el poder punitivo en un mayor grado respecto de los adultos, a fin de disminuir el carácter innegablemente retributivo del sistema penal. Conforme los estándares internacionales, la intervención del ius punendi obedecerá solamente en aquellos casos en los que se cometa un delito. Estas situaciones de aplicación excepcional deben respetar la normativa del debido proceso legal y las características especiales que el sistema de responsabilidad penal juvenil posee.
La ley 13.634 es complementaria de la ley 13.298, que a su vez recepta los postulados de la ley 26.061, que acogen los principios rectores del sistema internacional de Derechos Humanos en general, y los derechos del niño en particular. La misma estipula que sin perjuicio de la inimputabilidad por razón de edad, bajo circunstancias de extrema gravedad, el juzgador podrá disponer la restricción de la libertad ambulatoria (cfr. arts. 63 y 64 ley 13.634).
Esta medida no debe confundirse con el sistema protectorio propio del régimen tutelar, toda vez que debe respetar los principios de excepcionalidad, razonabilidad y legalidad, los que no pueden ser omitidos por el juzgador en su aplicación. Asimismo, debe resaltarse que la misma tiene naturaleza de medida -en el sentido propio del término- y no de pena, que encuentra su relación con la imposibilidad del Estado de procesar penalmente a los niños antes de una determinada edad en el marco de una decisión político-criminal, y forma parte de reconocer al joven infractor como un sujeto de derecho capaz de comprender sus acciones y dirigirlas.
En consecuencia, esta medida deberá ser limitada en el tiempo, y fundamentada en las necesidades del niño, priorizando al máximo su libertad.
En este sentido, la doctrina ha señalado: “ A los fines de la determinación de la medida, el juez deberá tener en consideración una serie de condiciones vinculadas a la acreditación del hecho, la participación del niño y su responsabilidad, la gravedad del hecho y proporcionalidad de la medida, entre otras (conf. art. 70). A la luz del abanico de las medidas analizadas con las cuales cuenta la justicia juvenil frente a un hecho delictivo que involucre a un niño inimputable en razón de su edad, recién en última instancia, en casos de extrema gravedad, es posible aplicar una medida de seguridad restrictiva de la libertad ambulatoria. Esta medida, a diferencia de las anteriores que pueden ser resueltas de oficio por el juez, solo procede a requerimiento del fiscal y tiene reducida su aplicación a aquellos casos que, por su extrema gravedad, se impone o aconseja la necesidad de privar de la libertad ambulatoria a un niño inimputable por su edad. La privación de libertad debe ser resuelta por el juez con determinación del lugar de aplicación y del tiempo de duración (…) ” (Vuotto, L. 2017. Legitimación y justificación de la aplicación de la medida de seguridad establecida en la ley 13.634. En V. Deymonnaz (Ed.), Nuevos Problemas de la Justicia Juvenil . Dirigido por Mary Beloff. pp. 311-312. Ad Hoc.).
Por otro lado, en el caso que nos ocupa, la aplicación de una eventual medida de seguridad encontraría su fundamento no sólo en la salvaguarda del niño infractor –en relación a las circunstancias del delito- sino en la víctima, que no puedo dejar de mencionar, es la hermana del joven aquí acusado.
En virtud de ello, debo destacar que los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, y requieren una protección específica de sus derechos.
Ello es así, por cuanto el art. 19 de la Convención de los Derechos del Niño, receptada en el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional, estipula que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para proteger y asistir al niño o niña víctima de abuso sexual, siempre respetando el principio de “autonomía progresiva”, el derecho a ser oído y el grado de desarrollo que presente. Tales circunstancias encuentran íntima relación con el ejercicio de la acción penal pública, que, por definición, es irrevocable indisponible e indivisible, en los supuestos de abusos sexuales contra niños niñas y adolescentes.
Así las cosas, estimo que la aplicación de la medida restrictiva de la libertad impuesta a un niño no punible, no trasgrede los postulados de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la componen, y que la misma podrá admitirse bajo ciertos recaudos precisos.
IV. Ahora bien. Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, debo destacar que la aplicación de cualquier tipo de medida de seguridad se encuentra supeditada a la comprobación de determinadas circunstancias objetivas que tengan como única alternativa la imposición de una restricción de tal magnitud –considerando especialmente el carácter estrictamente excepcional del fuero de responsabilidad penal juvenil-.
Es función de los magistrados competentes controlar la procedencia de la medida en cada causa, como también, periódicamente, si las circunstancias que las motivaron han cambiado, así como la vigencia de su necesidad y razonabilidad.
En razón de ello, entiendo que en el caso que nos ocupa, la Alzada interviniente adoptó una decisión restrictiva de los derechos del joven infractor, sin contar con los informes a los que ella misma alude en fs. 2 de su resolución, trascriptos en el punto II de este decisorio.
De esta manera, contar mínimamente con un informe psicológico sobre la niña víctima, un informe médico respecto de su estado de salud, y uno socioambiental que permita corroborar el contexto familiar y vincular de los niños, es un requisito ineludible para adoptar un temperamento de tal envergadura.
Por lo expuesto, estimo que corresponde anular la resolución pronunciada en fecha 15 de marzo de 2.021 por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín (cfr. art. 461 del C.P.P.), encomendando a dicho órgano jurisdiccional con carácter urgente, la realización de los informes y pericias aludidos que permitan dilucidar acerca de la problemática investigada, debiendo en consecuencia dictarse un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Visto el modo en que ha sido resuelta la cuestión precedente, corresponde: 1) Declarar admisible y procedente el recurso de casación deducido por la Sra. Defensora Oficial del Departamento Judicial San Martín, Dra. María Lucrecia Sammartino, en favor de G. I. A. G. 2) Anular la resolución pronunciada en fecha 15 de marzo de 2.021 por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, encomendando a dicho órgano jurisdiccional con carácter urgente, la realización de los informes y pericias aludidos que permitan dilucidar acerca de la problemática investigada, debiendo en consecuencia dictarse un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, sin costas en esta instancia. (art. 19 de la Convención de los Derechos del Niño; 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Const. de la Pcia. de Bs. As.; 33, 63 y 64 de ley 13.634; 106, 210, 448, 461, 530 y 531 del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible y procedente el recurso de casación deducido por la Sra. Defensora Oficial del Departamento Judicial San Martín, Dra. María Lucrecia Sammartino, en favor de G. I. A. G..
II. Anular la resolución pronunciada en fecha 15 de marzo de 2.021 por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, encomendando a dicho órgano jurisdiccional con carácter urgente, la realización de los informes y pericias aludidos que permitan dilucidar acerca de la problemática investigada, debiendo en consecuencia dictarse un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, sin costas en esta instancia.
Art. 19 de la Convención de los Derechos del Niño; 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 168 y 171 de la Const. de la Pcia. de Bs. As.; 33, 63 y 64 de ley 13.634; 106, 210, 448, 461, 530 y 531 del C.P.P..
Regístrese. Notifíquese y oportunamente remítase.
AgBL
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 13:51:51 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 15:37:33 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 15:52:12 - OTHARÁN Olivia - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 26/11/2021 11:10:23 hs. bajo el número RS-202-2021 por NICASTRO MARIA VICTORIA.
Fin de la sentencia