Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 109207
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación efectuada por la Defensora Particular Dra. Mariela De Simone.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto en favor José Luis Rearte, con costas.
III. Regular los honorarios profesionales de la Dra. Mariela De Simone (Tomo XVIII Folio 2 CASM) en veinte (20) jus, con más los aportes de ley, por la labor desarrollada ante este Tribunal.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8.2.h, CADH; 14, ley 48; 292 y 296, CP; 106, 209, 210, 371, 395 y ss., 399, 401, 448, 530, 531, cits. y ccs., CPP; y 1, 9, 15, 16, 24, 28, 31, 33, y 51 de la ley N° 14.967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 109.207 caratulada “REARTE JOSE LUIS S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 12 de noviembre del año 2020, el Dr. Alberto Gaig, Juez del Tribunal en lo Criminal nº 7 del Departamento Judicial San Isidro, en integración unipersonal, previo acordar en forma conjunta el Fiscal, el imputado y su Defensora el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, condenó a José Luis Rearte a la pena de cuatro (4) años de prisión, cuarenta y cinco (45) unidades fijas de multa, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con uso de documento público falso (arts. 5, 12, 19, 23, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 55 y 296 en función del 292, del CP; y artículo 5° inciso C de la ley 23.737).
La Defensora Particular, Dra. De Simone Mariela, interpuso recurso de casación.
La causa ingresó a la Sala con fecha 04/05/2021, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana , dijo:
El recurso de casación fue interpuesto por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio abreviado en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente.
Al haberse escogido el procedimiento regulado por los arts. 395 c.c. y s.s. del C.P.P., la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo , por existir par conditio entre éste y el Ad Quem , las actas valoradas son las mismas que constan materialmente en la causa.
Por ello, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de los agravios (art. 434 c.c. y s.s. del C.P.P.).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en "Aráoz, Héctor José s/causa N 10.410" A.941.XLV del 17/5/11, imponiendo el "...debido cumplimiento a la revisión de la condena (cf doctrina de CSJN- Fallos, 328:3399) y se ha lesionado el derecho de defensa del recurrente (art. 18 Const. Nacional)".
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el cariz que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales, particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamientos de la Corte IDH, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327, Ac. 1-III-2006, P. 87.176, Ac. 6-IX-2006, P. 83.339, Ac. 25-IV-2007, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
Por todo lo expuesto, el recurso resulta admisible (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
La impugnante entiende que la conducta constitutiva del delito de uso de instrumento público falso resulta atípica. Considera que el instrumento resultó una burda copia que de ninguna manera pudo llevar a la confusión. Resalta que el personal policial interviniente a simple vista detectó la falsedad del instrumento. De forma subsidiaria, plantea que el documento falso no reviste las características para ser catalogado de público, solicitando el cambio de asignación jurídica hacia la figura de uso de documento privado falso.
La Fiscal Adjunta del Tribunal de Casación, Dra. Daniela Bersi, propicia el rechazo del recurso impetrado conforme a los fundamentos que desarrolla en su presentación telemática.
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá al que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456, “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación”, sent. del 08 de noviembre de 2016, reg. 949/16; entre muchas otras).
El A Quo tuvo por acreditado los siguientes hechos: I) “ desde fecha no precisada, pero al menos desde el día 10 de noviembre de 2017 y hasta el 22 de marzo de 2018 el aquí imputado José Luis Rearte comercializó sustancias estupefacientes de uso prohibido bajo la modalidad denominada “delivery” y/o “kiosco”, entregando dosis fraccionadas para su consumo a cambio de dinero, en el domicilio emplazado en la calle Aguirre 2531 de la localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre. Luego, el día el 22 de Marzo de 2018, siendo las 23:40 hs aproximadamente y con motivo del allanamiento realizado en el domicilio citado se secuestró una bolsa de nylon de color blanca con dos bolsas de color verde que contenían cada una de ellas un trozo de una sustancia parduzca que resultó ser picadura de marihuana -cuyo pesaje resulto ser 40,78 gr.-, y dentro de la misma bolsa blanca , una servilleta conteniendo cuarenta y ocho (48) envoltorios de color blanco con una sustancia color blanca que resultó ser clorhidrato de cocaína -cuyo pesaje resultó ser 14,76 gr.-, material prohibido que por el modo de acondicionamiento y fraccionamiento era detentado por el imputado José Luis Rearte con el fin de su comercialización ”; y II) “ Que con fecha 12 de agosto de 2016 , alrededor de las 12.20 hs. y en oportunidad de ser interceptado por personal policial del Destacamento Policial de Seguridad Vial Buen Ayre I, cuando circulaba a bordo del rodado marca Chevrolet modelo Astra dominio DBF- 432.- por el Camino Parque del Buen Ayre y Peaje de Cabecera Norte sentido hacia Autopista del Oeste, de la Localidad de José León Suarez, Partido de San Martín, el imputado José Luis Rearte exhibió una Oblea de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) autoadhesiva apócrifa correspondiente al año 2017 que llevaba el nº 72945929 presuntamente emitida por la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Federal de Seguridad Vial ”.
Liminarmente, no puede soslayarse que la Defensa y el imputado acordaron el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, prestando conformidad con la calificación legal y la pena solicitada, consintiendo así el empleo de la evidencia colectada y renunciando al ejercicio de facultades propias del debate (v. TCP, Sala I, c. 78.705, "Acevedo Velez Jhonatan y Castaño Yoni Andrés s/ Recurso de Casación", sent. del 1° de diciembre de 2016, reg. 1033/16, entre muchas otras).
Como punto de partida, cabe señalar que los extremos de la acusación concernientes al primero de los hechos (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización) no resultaron materia controvertida por la Defensa.
Asimismo, se observa que la pena impuesta al imputado por los dos hechos en juzgamiento, resultó equivalente al mínimo legal imponible previsto para delito descripto en el artículo 5° inciso c de la ley 23.737 (cuatro años de prisión, cuarenta y cinco unidades fijas de multa, accesorias legales y costas).
En tal sentido, el planteo de la Defensa, aún de prosperar, no tendrá repercusión en el monto de pena establecido.
El recurso de casación será rechazado.
En primer lugar, la defensa plantea que la conducta descripta en la materialidad ilícita del segundo de los hechos -uso de instrumento público falso-, resulta atípica.
El artículo 296 del CP establece que el que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad, lo que nos remite a analizar lo dispuesto en el art. 292.
Dicha norma determina que el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público.
Cabe aclarar que “ el certificado de verificación técnica vehicular vigente no constituye un documento indispensable para la circulación y tan sólo pesa sobre el titular del automotor la obligación de exhibirlo ante su requerimiento, en consecuencia, su falsificación o adulteración debe ser subsumida dentro de la figura básica del primer párrafo del art. 292 del Cód. Penal ” (cfr. Aboso, Gustavo Eduardo. “ Código Pena de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia ”. 5ta Edición. Editorial BdeF. Año 2018. pág. 1489)
Ahora bien, la apariencia de verdadero, configuradora del documento falso por el procedimiento de imitación, no necesita ser perfecta.
Como bien señala Creus, “ el grado de idoneidad de la imitación no se mide con un criterio propiamente material…, sino en los términos de la apariencia de genuinidad, es suficiente que los rasgos objetivos del documento falso y la coherencia de su contenido lo hagan aparecer como genuino” (Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo. “ Falsificación de documentos en general ” 4ta Edición actualizada y ampliada Ed. Astrea. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014. pág. 60).
Por otro lado, como reclama la Defensa, la conducta será atípica cuando “ lo burdo de su exterioridad o la incoherencia de su contenido, resten a la pretendida imitación toda posibilidad engañosa para cualquier sujeto ” (Creus, ob. cit.).
En el caso, el Juez de grado tuvo por acreditado que, durante un operativo de control vehicular, personal policial procedió a interceptar el automóvil conducido por el imputado.
Al solicitarle la documentación del rodado, Rearte afirmó no poseer el correspondiente certificado de VTV, por lo que los funcionarios policiales observaron la oblea adherida al parabrisas -N° 72945929-, la cual “ a simple vista ” no presentaba las medidas de seguridad originales, carecía de foil holográfico, el código QR no podía ser leído, la textura y sus colores diferían (cfr. acta de procedimientos de fs. 1/vta.)
En virtud de ello, los agentes consultaron el sistema de gestión del Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular que informó que el vehículo no registraba VTV vigente.
Finalmente, en el fallo se valoró la pericia caligráfica de fs. 21/22vta. que determinó que la oblea de Revisión Técnica Obligatoria incautada era falsa.
De las constancias analizadas se desprende que no se trató de una falsificación "burda", más allá de que el preventor consideró que a simple vista podía tratarse de un documento apócrifo, pues por sus características externas se lo advierte con capacidad para inducir al engaño a quien se lo exhiba -nótese que el carácter apócrifo del documento recayó sobre distintivas características-, estando latente la posibilidad de perjuicio requerida en el tipo penal.
En segundo lugar, la Defensa solicita el cambio de calificación legal a la figura de uso de instrumento privado, pero sin acompañar fundamentación jurídica que sustente su pretensión, lo que torna a lo requerido en inconducente.
Sin perjuicio de ello, considero que el documento falsificado usado reviste la entidad de público.
El carácter público del documento viene determinado por la esfera en que se produce y por el sujeto u órgano del cual emana su formación.
En este concepto quedan comprendidos, pues, los instrumentos taxativamente enunciados por el art. 289 del CCCN y todos los que otorgan o refrendan funcionarios públicos o quienes desempeñan oficios públicos dentro de las esferas de sus competencias, cumpliendo las formalidades legales o reglamentarias que los indican como auténticos, y a los que el orden jurídico otorga aquel efecto (Cfr. Creus. Ob. Cit. Pág. 41/42).
En el caso, si bien el servicio de verificación de las condiciones técnicas de circulación del parque automotor es realizado por concesionarias privadas, no puede negarse su calidad de público (art. 7°, dec. 4103/95), por lo que la oblea que certifica la aptitud para circular del rodado constituye un instrumento público, cuya imitación y posterior uso es susceptible de ser alcanzado por las normas del art. 292, párrafo primero, primer supuesto y 296 del CP.
En consecuencia, propongo rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto en favor de José Luis Rearte, con costas (arts. 292 en función del 296, del CP; 106, 209, 210, 395 y ss., 399, 401, 448, 464, 465, 530, 531, cits. y ccs., CPP).
Asimismo, corresponderá regular los honorarios profesionales de la Dra. Mariela De Simone (Tomo XVIII Folio 2 CASM) en veinte (20) jus, con más los aportes de ley, por la labor desarrollada ante este Tribunal (arts. 1, 9, 15, 16, 24, 28, 31, 33, y 51 de la ley N° 14.967).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos. Es mi voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación efectuada por la Defensora Particular Dra. Mariela De Simone.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto en favor José Luis Rearte, con costas.
III. regular los honorarios profesionales de la Dra. Mariela De Simone (Tomo XVIII Folio 2 CASM) en veinte (20) jus, con más los aportes de ley, por la labor desarrollada ante este Tribunal.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8.2.h, CADH; 14, ley 48; 292 y 296, CP; 106, 209, 210, 371, 395 y ss., 399, 401, 448, 530, 531, cits. y ccs., CPP; y 1, 9, 15, 16, 24, 28, 31, 33, y 51 de la ley N° 14.967.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N° 709
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2021 08:54:52 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 06/07/2021 12:39:56 - MAIDANA Ricardo Ramón - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/07/2021 12:46:24 - ALVAREZ Jorge Andrés - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia