Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 105541
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Ricardo Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 105.541, caratulada: “A., R.A s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY - VIOLINI- MAIDANA.
En lo que interesa destacar el el Tribunal en lo Criminal número 2 de Azul, previo juicio por jurados que dictó veredicto de culpabilidad (por unanimidad), condenó, luego de la cesura de juicio, a R. A. A. a cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor de abuso sexual simple, agravado por ser cometido contra una menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante.
Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de casación los defensores de confianza, denunciado nulidad del juicio, y subsidiariamente errónea aplicación de la ley y absurda valoración de la prueba (fs. 16/34).
Concedido el recurso (fs. 35), radicado en Sala con trámite común y noticia a las partes (fs.43), no se realizó audiencia, optando las partes por la presentación de memoriales sustitutivos, mediante los cuales, la Fiscal de Casación postuló el rechazo (fs. 56/66) y los defensores profundizaron sus argumentos (fs. 77/80).
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Resulta procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero . Agravios
a) resolución de fs. 402/404 y 438.
Destacan que el agravio se produjo en la fase preliminar del juicio y han efectuado la correspondiente reserva.
Que su planteo se dirigía a la nulidad y/o exclusión probatoria de la pericia de fs. 60/61 y ampliación de fs. 83/86 en la ocasión del artículo 338 del Código Procesal.
Que el Tribunal desechó la cuestión por considerarlo extemporáneo (fs. 402/404 y vta.)
Entienden que en el caso resultaba aplicable el artículo 338 inciso 2°, y dado que la cuestión no se sustanció en la investigación, quedaba habilitada la vía en la oportunidad en la que lo planteó.
Asimismo, exponen que a fs. 414/415, solicitaron como instrucción suplementaria que se requiriera a la Asesoría Pericial la remisión de registros y documentación de las pericias practicadas a M. y C. R. por la psicóloga Pérez Bitonte, incluyendo técnicas y proyecciones, e inexplicablemente la profesional se negó a entregarlo (fs. 422).
Dicen que ello era esencial y hubiera develado su inutilidad, dado que la psicóloga no informó el uso de las técnicas de análisis de contenidos basado en criterios (CBCA) y, sin embargo, sin fundamentos sostuvo que el relato de las jóvenes era verosímil, acotando que las técnicas citadas no tienen por objeto determinar dicho extremo.
Añaden que, en realidad, tal técnica no fue informada ni citada en la pericia originaria, sino en uno ampliatorio (fs. 83/86).
Que, a partir de la negativa de la psicóloga, solicitaron la exclusión probatoria de la declaración de la profesional (fs. 434/436), puesto que se estaba incluyendo a conocimiento del jurado información inverificable, cuya fuente ha sido ocultada a la defensa, siendo ello nuevamente rechazado (fs. 438).
Así las cosas, señalan que debido a que la perito no informó en base a qué tildaba de creíble el relato de las víctimas, se pidieron aclaraciones, solicitando, a su vez, exhibición de material y técnicas usadas para verificar.
Que la profesional, además de no entregar lo que se le pidió, sostuvo que la verosimilitud del relato había sido determinada con la aplicación del CBCA.
Debido a la incongruencia entre lo dictaminado en primer lugar, se la citó (fs. 311 y vta.), siendo que en esa oportunidad alegó que el CBCA no la mencionó debido a que es una herramienta y no una técnica.
Que, por lo tanto, esta vez contradijo lo que informara a fs. 83/86, que tildó de técnica al CBCA.
En relación a la instrucción suplementaria, refieren que la psicóloga de manera inexplicable acudió al secreto profesional y una preocupación por la interpretación que podía hacerse de las mismas, para no suministrar lo que se le requirió.
Alegan que los trabajos acompañados a fs. 98/136 señalan las serias objeciones en el ámbito de la psicología forense al CBCA.
Añaden que sabiendo que el jurado consideraría ello y la perito no respondería de buena fe, solicitó a la UBA información sobre la técnica, sus falencias y los procedimientos que debían realizarse.
Que la respuesta (fs. 448/458), si bien incluye a los adolescentes o adultos, también dice que “…un sistema judicial no debería tolerar más de un 0,4 por 100 de falsos positivos, lo que implicaría que un inocente pueda ser declarado culpable…”.
Además, estableció que la técnica no puede aplicarse aisladamente ya que conforma la parte principal de una técnica denominada Stamen Validity Assessment (SVA).
Citan la opinión doctrinaria.
Que de ello queda claro que la negativa de la perito de remitir producciones contraviene las reglas científicas del empleo de la técnica, conforme lo señalado por la UBA.
Señalan que el artículo 250 del Código Procesal exige una relación detalladas de las operaciones y sus resultados y las conclusiones que formulen los peritos, conforme los principios de su ciencia, técnica o arte.
Narran que los defectos de fundamentación y la pretensa justificación de la perito es violatoria del principio de no contradicción y lo descalifica como prueba judicial.
Que la actividad pericial oficial no puede quedar excluida de los criterios y estándares de motivación y justificación que demuestren dos condiciones: objetividad y justificación científica, y en el caso no están.
Alegan que el agravio se configura en el artículo 211 y 448 inciso a) de la ley de forma, y considerar el planteo extemporáneo viola el artículo 205 inciso 1°, violando a su vez, el 18 de la Constitución y 8.1, 8.2 de la CADH y 14.1 del PIDCyP.
Que dicha inobservancia condujo a la introducción de información científicamente inaceptable y por ende contaminada, susceptible de influir en el jurado.
Que, dado el carácter inmotivado del veredicto del jurado no se puede saber que influencia tuvo ello en el cuerpo.
Mencionan los Fallos de la Corte “Charles, Hnos (Fallos 46/36 del 1891), Montenegro (fallos 303:1938), Fiorentino (fallos 306:1752) y Rayford (Fallos 308:733)
Motivación
El renovado motivo traído no progresa. Voy a las razones.
Lo primero que hay que decir es que el propio Código Procesal Penal establece en el artículo 201 que la inobservancia de las disposiciones establecidas para la realización de los actos del procedimiento sólo los hará nulos en los supuestos expresamente determinados en su articulado, mientras que el 205 prevé que las mismas sólo podrán ser articuladas bajo sanción de caducidad… 1) Las producidas en la investigación penal preparatoria, durante ésta…”.
Conforme lo destaca la Fiscal de Casación en su dictamen, las pericias que cuestiona la defensa fueron actos que se llevaron a cabo durante la investigación, por lo que, en estricta aplicación de la normativa citada, era esa la etapa procesal para su sustanciación.
Repárese que al momento de que le fuera conferido el traslado del requerimiento fiscal de elevación a juicio, la defensa no sólo no formuló oposición, sino que expresamente aseveró que frente a las inconsistencias y contradicciones que se extraen de la causa y que llevaron a la propia fiscalía a descartar hechos que originalmente motivaron la investigación, todas las cuestiones serán debatidas en la etapa de juicio. En esta fase además se podrá cuestionar la validez del dictamen pericial psicológico que, como ha quedado probado, ha sido practicado en violación de las reglas que enmarcan la experticia…” (fs. 341).
De tal manera queda claro, no solo que el supuesto agravio, ya le era conocido, y por ende era ese el momento procesal –“bajo sanción de caducidad”- para sustanciarlo, sino que, decidió postergar la cuestión para la etapa de juicio, regresando luego sobre sus pasos, solicitando infructuosamente su exclusión probatoria.
En ese aspecto, el Tribunal de origen fundó adecuadamente el rechazo, argumentando que no se trataba de un supuesto del artículo 203 del Código Procesal, y por ende se aplicaba el inciso 1) del 205 de dicho texto legal.
Es que, en realidad, de la lectura de los principales emerge que la defensa fue debidamente notificada de las pericias psicológicas que se efectuarían sobre las víctimas, con la cita expresa del artículo 247 del Código Procesal (fs. 53).
Cabe destacar que dicha norma no se limita a establecer que la defensa –en este caso- debe ser notificado bajo pena de nulidad, sino que además faculta a las partes a proponer a su costa otro perito legalmente habilitado.
Por lo tanto, pese a que el defensor no lo diga, tuvo la posibilidad concreta de proponer un perito para que pusiera en práctica las técnicas que, a su modo de ver, resultaban pertinentes.
De todas formas, pese a no haber ejercido tal derecho, pudo proponer puntos de pericia (fs. 55/56 y vta.), pedir aclaraciones (fs. 80/82), que fueron respondidas (fs. 83/86), e incluso se convocó a la profesional a declarar sobre sus pericias (fs. 311 y vta.).
Con todo ello, reitero, el defensor no se opuso a la elevación a juicio, caducando, de esa manera, la posibilidad de pedir la nulidad de la pericia, que además no existe.
Ni falta hace decir la audiencia del artículo 338 de la ley de forma, no resulta ser una nueva chance para que las partes planteen las nulidades, cuyos motivos eran conocidos y consentidos –al no oponerse a la elevación a juicio- en la etapa anterior, pues el ya nombrado artículo 205 resulta categórico al respecto.
De todas formas, a un lado la probada extemporaneidad del reclamo, advierto que es bastante común que las partes acudan al pedido sistemático de nulidades, cuando una prueba o resolución los perjudica.
La pericia fue realizada por una profesional con título habilitante, la defensa fue notificada y pudo ejercer su rol, antes y después de que la misma efectuara su labor.
Luego, no se trata de excluir un dictamen por el hecho de que no se coincida con las técnicas o procedimientos empleados, o de acompañar la opinión de otros autores o bibliografías, que a su modo de ver, descalifican o relativizan las conclusiones de quien es convocada como experta.
Un litigante no debe ni puede pretender excluir un elemento de prueba que lo perjudique, sino desarrollar una batería de preguntas para realizar en el contraexamen del perito, para desnudar las incongruencias que le resultan evidentes, para luego, al momento efectuar el alegato de clausura explicarle al jurado que lo que hizo el profesional no es adecuado y que como lo evidenció, su trabajo fue defectuoso, incompleto, inútil, etc.
Por lo tanto, si el pedido de nulidad y consecuente exclusión probatoria fue extemporáneo, y, además la pericia, como tal, no era de ninguna manera nula, sin perjuicio de su utilidad, el renovado agravio de la defensa decae (artículos 18 de la Constitución Nacional; 201, 203, 205 inciso 1° del Código Procesal Penal).
b) inobservancia de las reglas procesales referidas a la constitución y recusación de los jurados.
Señalan que en la audiencia de selección de jurados promovieron siete recusaciones con causa, con fundamento de parcialidad exteriorizada de forma manifiesta a partir de la existencia de un estereotipo (en el caso la creencia anticipada acerca de que quien denuncia un abuso sexual no miente) que revelaba en ellos una existencia de un perjuicio sustancial relevante y generalizado, afectando su capacidad de ser imparciales, al igual que su teoría del caso consistente en que las jóvenes denunciantes mentían.
Describen que los potenciales jurados completaron un cuestionario proporcionado por la jueza, y ante algunas respuestas que, a su modo de ver, comprometían la imparcialidad, formularon una serie de preguntas más.
Que la pregunta fue clara ¿Ud. Considera que una denuncia por abuso puede ser falsa?, acotando que también la efectuó en forma positiva ¿Todas las denuncias por abusos sexuales son verdaderas?
Que las recusaciones las dirigieron a los jurados 11, 23, 33, 38, 44 y 52, estimando que tenía un sesgo de parcialidad, con un prejuicio definido con relación a los abusos sexuales, y que no estaban dispuestos a aceptar, si quiera como posible, la teoría del caso de la defensa, ni a admitir que las pruebas y testimonios a producirse en el debate condujeran a demostrar la mentira de las denunciantes.
Que las mismas fueron descartadas, pese a que los motivos que afectaban la imparcialidad se exteriorizaron en presencia de la jueza.
Que, ante la decisión adversa, tuvieron que acudir a las recusaciones sin causa, dirigiéndolas contra los números 44, 23 y 52, usando otra para el 1, no pudiendo hacerlo respecto a los números 33 y 11 que terminaron siendo uno titular y el otro suplente.
Critican el argumento de la jueza en torno a que la causal invocada derivaba de una pregunta genérica que cualquiera hubiera respondido de esa forma.
También se agravian de que la fundamentación de la juzgadora fue en presencia de los jurados, validando de esa forma un estereotipo prejuicioso.
Que, además, al hacer propios los argumentos de la fiscalía, en presencia del resto de los jurados, estableció que las denuncias eran validas hasta que se demostrase lo contrario, siendo ello inconciliable con la presunción de inocencia.
Entienden que ello terminó contaminando a los candidatos a jurado, al afirmarse que no existe posibilidad de que las denuncias puedan ser falsas.
Cita los precedentes de la Corte Norteamericana “Georgia vs McCollum” y “Mache v Stewart”.
Que, en el último, se invalidó un juicio por un error en la conformación del jurado, dado el sesgo que tenía un miembro.
Que, en definitiva, al haber integrado el panel el jurado 33 y 11 quienes dijeron que no creían que las denuncias de abuso pudieran ser falsas, se perjudicó el derecho de defensa y el de ser juzgado por un jurado imparcial e independiente
1. De la nulidad del juicio por la violación a las normas referidas a la conformación del jurado.
El proceso de selección de jurados fue respetuoso de la norma. Voy a las razones.
La mentada audiencia de selección de jurados , del artículo 338 quáter del Código Procesal Penal, resulta ser de vital importancia en el proceso, puesto que, entre otras cuestiones, en ella se busca el mejor jurado posible que no es otro que uno total y absolutamente imparcial.
Lo primero que hay que decir es que aquella resulta obligatoria, y en el caso naturalmente aquella se realizó.
Durante su desarrollo, en primer lugar, los potenciales jurados completaran un formulario que se les proporcionó, y luego de que la magistrada les efectuara, a algunos de ellos, unas preguntas aclaratorias, se les dio intervención a los litigantes.
Así las cosas, la defensa se entrevistó con los números 6, 11, 19, 20, 23, 33, 38, 44 y 52.
Las preguntas que se les fueron formulando, giraron en alguna experiencia personal y/o familiar con algún delito relacionado con la violencia de género, vinculación con marchas o agrupaciones feministas y por si creían que una denuncia de abuso sexual podría ser falsa.
En este último punto busca apoyo la defensa, refiriendo –como lo hiciera en dicha audiencia- que aquellas personas que dijeron que no creían que una denuncia de abuso sexual pudiera ser falsa, tenían comprometida su imparcialidad y por ende no podían ser jurado.
Sin embargo, la imparcialidad de una persona es una cuestión que debe analizarse caso por caso, y no existe una fórmula mágica que permita establecerlo a priori.
En este aspecto, resulta muy interesante traer a colación un precedente de la Suprema Corte de Estados Unidos “Skilling vs. United States”, donde si bien la particularidad rondaba en que se trataba de un caso de dominio público en la comunidad en que se produjo el hecho, era la mentada imparcialidad el principal motivo de discusión.
En esa oportunidad se dijo con mucha claridad que no se requiere que el jurado deba sentarse con la cabeza vacía con el fin de determinar los hechos con imparcialidad, “es suficiente con que el jurado pueda dejar a un lado su impresión u opiniones y dar un veredicto basado en la evidencia presentada en juicio”.
Asimismo, en el precedente “Irving vs. Dowd” -366 US. 717-, en el que también se sostuvo que “la presunción de prejuicio, tal como lo indican nuestras decisiones, rige solo en casos extremos”.
Lo real es que la jueza interviniente rechazó fundadamente las recusaciones, considerando que en realidad se trataba de una pregunta genérica que cualquier persona contestaría de esa manera.
Es que hay que distinguir entre el juicio de admisibilidad de una pregunta genérica formulada por una de las partes hacia los potenciales jurados, de la entidad o suficiencia para comprobar la imparcialidad e independencia del mismo.
Repárese que cada una de las personas que la defensa escogió para efectuarles tal pregunta, dijeron que no creían que alguien denunciara falsamente un abuso sexual, y francamente considero que muy probablemente el resto de los que no se los interrogó al respecto, hubiera respondido de la misma manera.
De todas formas, ello no los convierte en seres mecánicos que los motiva señalar a cuanto individuo le pongan adelante.
Lo que la defensa no dice es que solo dos – los números 19 y 20- dijeron que se consideraban parciales para desempeñar su función, y fueron desplazados inmediatamente.
Luego, si la sustanciación de las recusaciones con causa se produjo delante del panel de postulantes fue porque, por un lado, ninguna de las partes solicitó que se produjera de otra manera, y, además, del registro fílmico queda claro que se trató de una diligencia sencilla, en el que cada uno brindó sus argumentos y la jueza resolvió a continuación.
En ese aspecto, decir que por las aseveraciones del Fiscal o de la jueza se pudo haber contaminado la opinión de todos los presentes, no pasa del terreno de la alegación.
No se trata de subestimar la inteligencia de las personas seleccionadas para juzgar. Además, nada dicen los recurrentes que lo primero que les indicó la jueza a los jurados que salieran sorteados, es que debían tomar la decisión teniendo en cuenta única y exclusivamente la prueba que vieron y escucharon en el debate –minuto 48 en adelante del registro de selección de jurado-.
Recapitulando.
Los jurados cuestionados por la defensa sostuvieron expresamente que se consideraban imparciales para decidir, siendo que los que alegaron lo contrario, fueron excluidos.
La pregunta de la defensa -sea de manera negativa o positiva- resultó a todas luces genérica, y por ende no demuestra que los destinatarios tuvieran un sesgo determinado, como para excluirlos del servicio de jurado.
Y que, a todo evento, en el entendimiento de que, si la defensa –o mejor dicho cualquiera de los litigantes- pretende excluir una o más personas –hasta cuatro, claro está-, cuyos eventuales prejuicios pudieran estar en pugna con su teoría del caso, pero que no afecta su imparcialidad –como es el caso-, es que se encuentra prevista la recusación sin causa, el motivo traído no progresa (artículos 18 de la Constitución Nacional; 201, 203, 338 quáter inciso 3° del Código Procesal Penal).
c) Desgobierno de la regla de comprobación más allá de toda duda razonable respecto de la circunstancia agravante del hecho I.
Refieren que existió un apartamiento manifiesto de la prueba en el primero de los hechos.
Afirman que del relato de M. R. no se pudo precisar si los hechos se produjeron mientras permaneció en casa de A. por dos semanas en 2012 o
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