Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 113217
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 113217 caratulada “ASOCIACIÓN MARPLATENSE DE CANNABICULTORES S/RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
I. El 20 de diciembre de 2019 la Asociación Marplatense de Cannabicultores, representada por el Presidente de su Comisión, Gabriel Alejandro Díaz, con el patrocinio letrado del Dr. Franco Natalio Bertolini, presentó, en forma originaria, ante el Juzgado de Garantías nº 4 de Mar del Plata, acción de Hábeas Corpus colectivo y preventivo “en beneficio de las personas tenedoras de estupefacientes para consumo personal de la ciudad de Mar del Plata, cuya libertad ambulatoria se encuentra bajo amenaza actual e inminente, en virtud de las requisas sin orden judicial previa ni motivos suficientes y urgencia que las justifique, practicadas en la vía pública por la Policía Local y de la Provincia Buenos Aires, que tienen como consecuencia la aprehensión y traslado de los usuarios de droga a la dependencia policial” (fs. 3). Consideró irregulares esos procedimientos, motivados en criterios discriminatorios negativos (la apariencia o aspecto físico y la forma de vestir) que afectan a un amplio colectivo de personas en Mar del Plata, los que por realizarse sin ningún control judicial, constituyen una zona de ‘no derecho' y crean un riesgo cierto de conductas abusivas más graves. Alegó su legitimación en los art. 18 y 43 CN; 7.6 CADH; 9.1 PIDCP; 5 ley 23.098 y 405 CPP. Acompañó reportes mensuales de seguridad, de enero a noviembre de 2019, elaborados por la Municipalidad de Mar del Plata a través del "Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito" y la Memoria en Materia de Estupefacientes del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires del año 2018, donde se constata que el 40,19% de las investigaciones fueron por tenencia para consumo personal; señalando su desajuste con la jurisprudencia de la CSJN en los casos “Bazterrica” (1986) y “Arriola” (2009). Solicitó se acoja la acción de Hábeas Corpus y se disponga el inmediato cese de las requisas y procedimientos irregulares por la Policía local y provincial, adecuando su proceder a la normativa procesal y constitucional establecida en la materia.
II. El 10 de diciembre de 2020, el Dr. Juan Francisco Tapia, Juez del Juzgado de Garantías nº 4 del Departamento Judicial Mar del Plata (causa HC-08-00-00003-19/00), luego de celebrar la audiencia del art. 412 CPP con los interesados y de producir prueba documental e informativa, resolvió: 1) Hacer lugar a la acción de Hábeas Corpus preventivo colectivo; 2) Ordenar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad que en el Departamento Judicial Mar del Plata se abstengan de realizar la detención, en espacios públicos, de usuarios de sustancias estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros (arts. 14 párrafo segundo ley 23.737; art. 151 y cctes CPP; caso “Arriola”, CSJN), fijando pautas indicadoras para determinar cuándo una tenencia de sustancias es para consumo individual, conforme el instructivo elaborado por la Fiscalía de Estupefacientes de Mar del Plata. 3) Declarar -de oficio- la inconstitucionalidad del inciso "e" del art. 15 de la ley 13482 de la Provincia de Buenos Aires, en tanto faculta al personal policial a la detención de personas con el objeto de conocer su identidad, en razón de que dicha facultad vulnera la garantía primaria libertad, los principios de igualdad ante la ley, de razonabilidad, legalidad y control judicial efectivo (art. 7 n° Z 3 y 4, 8 n° 2 CADH; arts. 14 nros. 1 y 2, 17 inc. 1 P1DCyP; 16, 18 y 19 CN), siendo una facultad destinada a cumplir tareas administrativas que puede ejercerse actualmente por consulta informática a la Jefatura Departamental La Plata desde la vía pública, sin necesidad del traslado en condición de detenido a una dependencia policial. 4) Instar a la Policía provincial y demás fuerzas de seguridad que intervengan en el Departamento Judicial Mar del Plata que las requisas sin orden judicial deberán concretarse cuando concurran indicios vehementes de la comisión de un delito y razones de urgencia (art. 225 y cttes CPPBA) y que los cacheos y requisas deberán respetar la privacidad e integridad sexual de las personas, evitando prácticas invasivas, denigrantes o constitutivas de malos tratos y vejaciones (conf. arts. 1, 2, 3 y 13 de la Ley 26.743). 5) Exhortar a la Policía provincial y demás fuerzas de seguridad referidas a que en procedimientos relacionados con sujetos intoxicados por consumo de sustancias psicoactivas deberán aplicar las normas y principios imperantes en la Ley Nacional de Salud Mental nro. 26.657 y de las pautas que regula el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos por Ley 26.934. 6) Rechazó la petición relativa a que la autoridad policial se abstenga de secuestrar las sustancias halladas, disponiendo que corresponderá al accionante promover en cada caso y ante la autoridad judicial la posibilidad de restitución, teniendo en consideración los casos previstos en la ley 27.350 de uso terapéutico de la planta de cannabis medicinal y su decreto reglamentario 883/2020.
III. El abogado de la Fiscalía de Estado, Dr. Luciano Ricci, interpuso recurso de apelación contra la resolución y el 27 de mayo de 2021, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata (en causa nº HC-33941), hizo lugar al recurso y revocó el pronunciamiento del Juez de Garantías. Justificó el acogimiento del recurso en la falta de determinación de las personas que presumiblemente serían afectadas, la ausencia de peligro cierto o amenaza actual a sus derechos, la falta de verificación de los supuestos de procedencia, tanto de la acción colectiva como de la inconstitucionalidad del art. 15 inc. “e” de la ley 13.482 y consideró que la decisión de primera instancia configuró un exceso en la función jurisdiccional al asumir funciones del Poder Ejecutivo.
IV. La decisión de la Alzada fue recurrida por el accionante mediante recurso de casación (presentación del 16/06 / 2021).
La causa ingresó a la Sala el 4/11/2021, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Maidana dijo:
La decisión impugnada fue dictada por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, que la integran los Dres. Pablo Martín Poggetto y Raúl Alberto Paolini, en la que revocó la resolución del Juez de Garantías nro. 4, Dr. Juan Francisco Tapia, que había hecho lugar a la acción de Hábeas Corpus preventivo colectivo, por lo que se trata de la primera decisión adversa para el actor y constituye uno de los supuestos de impugnabilidad objetiva previstos por el artículo 450 "in fine" del C.P.P., motivo por el cual el recurso de casación debe admitirse (arts. 20 inc. 1, 450 segundo párrafo c.c. y s.s. del C.P.P., 8, n 2, h de la CADH y14 n 5 del PIDCYP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
I. Plantea el impugnante cinco motivos de agravio: 1) la extemporaneidad de la interposición del recurso de apelación por el abogado de la Fiscalía de Estado; 2) la errónea interpretación del art. 7 inc. 4 de la Ley provincial 13.928, en lo atingente a la homogeneidad de circunstancias del grupo de personas destinatarias de la acción de hábeas corpus; 3) la errónea interpretación del art. 3 inc. 1 de la Ley 23.098 referido a la amenaza actual de afectación del derecho a libertad ambulatoria; 4) la ausencia de un exceso en la función jurisdiccional; y 5) el rigor formal de la Alzada al desestimar admisibilidad de la intervención de la figura procesal de “Amigos del Tribunal”.
Señala que el grupo destinatario de la protección pretendida comparte la homogeneidad de circunstancias que habilita la acción colectiva en tanto, se trata de personas tenedoras de estupefacientes para consumo, que son privadas momentáneamente de su libertad ambulatoria, sin orden judicial y a las cuales no se les imputa ningún delito en función del criterio de oportunidad seguido por la Fiscalía de Estupefacientes del Depto. Judicial de Mar del Plata, conforme los fundamentos del fallo “Arriola” de la CSJN que declaró la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Indica que la homogeneidad de circunstancias, en sentido estricto, se da luego de la requisa sin orden judicial que tiene como resultado el hallazgo de la droga en cantidades y circunstancias que se presume es destinada a consumo personal.
Indica que el Jefe de la Policía Departamental Comisario Marcozzi -en la audiencia del art. 412 CPP ante el Juzgado de Garantías nº 4-, reconoció expresamente que el protocolo de actuación de la policía en caso de hallar una persona en la vía pública con estupefacientes para consumo personal, es trasladarla a la comisaría al mero efecto de firmar el acta del procedimiento (fs. 78/vta. de los autos principales adjuntados digitalmente), sin notificar sus derechos en los términos del art. 60 CPP dado que no se consideran “aprehendidos”. Agregó que antes el sistema era manual y el acta se realizaba en el lugar de los hechos, pero desde el 02/03/2019 una resolución ministerial obliga al traslado a la comisaría para la confección de las actas, dado que el nuevo sistema funciona online.
Explicó que el Juez de Garantías solicitó mediante oficio al Ministerio de Seguridad provincial la resolución aludida, respondiendo esa dependencia el 20/01/2020 que “habiéndose realizado una compulsa en los registros pertinentes, con los datos aportados, no se ha constatado acto administrativo que guarde relación a lo solicitado” (fs. 97). Indica que la sentencia de grado revocada no prohíbe a las fuerzas de seguridad realizar procedimientos de prevención en la vía pública sino que una vez producido el “hallazgo” se abstengan de trasladar a la persona a la dependencia policial, considerando que en esos casos, según el instructivo de la Fiscalía de Estupefacientes de Mar del Plata, no se imputa ningún delito.
Por otra parte, cita el precedente de la CSJN en “Halabi” donde sostuvo que la acción colectiva estaba habilitada cuando “ pese a tratarse de derechos individuales, existe un fuerte interés estatal en su protección, sea por la trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados ”.
Como segunda crítica alega la errónea interpretación del art. 3 inc. 1 de la Ley 23.098 referido a la “amenaza actual” de afectación al derecho a la libertad ambulatoria. Entiende que la misma está “en próxima vía de ejecución” y es actual pues el segundo párrafo del art. 14 de la Ley 23.737 se encuentra vigente, a pesar de la inconstitucionalidad declarada por la CSJN en el fallo “Arriola”. Agrega que el Instructivo elaborado en enero de 2015 por la Fiscalía de Estupefacientes (fs. 204/206), establece que no se trasladará ni a la persona ni a los testigos del procedimiento a la comisaría, destacando la falta de control judicial sobre estos procedimientos. Señala que el CELS sostuvo que “... uno de los motivos que llevaron a la presentación del Habeas Corpus a raíz del cual se dio inicio a este proceso es, justamente, que la falta de adopción de medidas técnicas para la utilización del sistema integrado S.I.D. y S.I.M.P. llevó a que se produzcan traslados a la sede policial, en contra de la regla fijada por el punto 2 del Instructivo de la Unidad Funcional de Estupefacientes del Departamento Judicial de Mar del Plata” (fs 138 vta.). Asimismo dictaminó que “... si bien el espíritu de la resolución de la Unidad Funcional de Estupefacientes está en sintonía con lo establecido por la CSJN, en la práctica, el sistema integrado digital entre Ministerios, así como funciona en la actualidad, desnaturaliza la regla de mínima injerencia en la libertad ambulatoria de las personas y agrava su situación, al requerir su traslado a las comisarías para el llenado de las correspondientes actas” (fs 139). Concluye que “... resulta cuestionable que la falta de adopción de medidas técnicas o tecnológicas por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires recaiga sobre quienes transitan por las calles de Mar del Plata y sean, potencialmente, sometidas a procedimientos policiales de estas características. En ese sentido, el efectivo traslado a una sede policial de quien, según los lineamientos del Fiscal General, no incurrió en delito, presupone una evidente violación al derecho a la libertad ambulatoria de las personas (conf. arts. 18 y 75, inc. 22 CN y art. 7 CADH)” (fs 139 y vta.).
Explica que no se trata de “un caso concreto” en donde no se ha cumplido con lo ordenado por el M.P.F., sino que, tal como lo reconoció el Fiscal Favaro, durante el período noviembre 2018-noviembre 2019, el personal policial inició 4771 investigaciones penales preparatorias por tenencia para consumo personal que fueron automáticamente desestimadas por no afectar el bien jurídico protegido y que “en ciertas intervenciones policiales se forman actuaciones que no tienen control del Fiscal ni del Juez de Garantías” (fs.77 vta.).
Refiere que los procedimientos de prevención en la vía pública persisten, se siguen iniciando causas por tenencia para consumo personal y que precisamente mediante la acción de hábeas corpus se quiere evitar la discrecionalidad policial en estos casos, que hace temer que las restricciones a la libertad ambulatoria seguirán. La orden de abstención -dictada por el Juez de Garantías- de realizar detenciones (traslados a la comisaría a los fines de firmar el acta) por tenencia para consumo personal pretende dar certeza acerca de que las fuerzas de seguridad, luego del hallazgo, no procederán a trasladar persona alguna. En este contexto, señala que resulta completamente absurdo negar la existencia de una amenaza actual, bajo la sola esperanza de que sucesos como los 4771 constatados durante el período 11/2018 al 11/2019 no vuelvan a suceder.
Por último, la participación de los “Amigos del Tribunal”, fue expresamente consentida por la Fiscalía de Estado y no fue motivo de agravio en el recurso de apelación (art. 434 CPP), por lo que la decisión de la Alzada en torno a la desestimación por no cumplir con los recaudos
fijados por la SCBA resulta de un excesivo rigor formal.
Requiere se acoja el recurso de casación y se deje sin efecto la decisión de la Alzada en lo que fuera materia de agravio.
II. Por su parte, se presenta en esta Sede el CELS acompañando los argumentos críticos del impugnante contra la decisión de la Alzada departamental (presentación electrónica del 9/11/21).
El conocimiento del proceso se circunscribirá a los motivos de agravio consignados por el impugnante (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El reclamo hecho en el recurso de casación, sobre la extemporaneidad de la interposición del recurso de apelación por la Fiscalía de Estado, no habrá de prosperar.
En efecto, no se observa que haya vencido el plazo para su presentación. Conforme la fecha de las notificaciones efectuadas por el A-Quo (11/12/20, fs. 305/312), el recurso de apelación fue interpuesto dentro de los cinco días (el 17/12/20, conf. fs. 313/316) en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 441 CPP.
Con relación a la crítica hecha al fallo de la Cámara de Apelación y Garantías sobre la participación del CELS, la CPM, la APDH y el CEDIR como “Amigos del Tribunal”, en la que desestimó por no cumplir con los recaudos fijados por la SCBA, con independencia de su regularidad, habrá de ser receptada pues no fue motivo de agravio en el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Estado (art. 434 CPP), por lo que la decisión adoptada desatiende el art. 434 del CPP.
En lo demás, el recurso también habrá de prosperar.
En contra de lo resuelto por los Jueces de Cámara, en el caso se presenta un supuesto de acción colectiva y preventiva.
La caracterización del derecho procesal penal como Derecho constitucional reformulado o reglamentado permite observar que la actividad estatal en este ámbito es regulada, lo que impone la traducción a la realidad cotidiana de la persecución penal de la protección necesaria de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, según surge del art. 28 de la CN.
Por ello, junto a las garantías de Juicio Previo, Juez Natural, Inocencia y Defensa, la ley procesal reglamenta otras más específicas contenidas en la Ley Fundamental, como el remedio del Hábeas Corpus para las detenciones ilegítimas.
La ideología liberal y republicana es la que da pie a las limitaciones del poder penal del Estado, que retrocede frente a valores básicos de la personalidad humana, en el sentido de preferirlos a las metas propias de la persecución penal, estableciéndose exigencias formales y materiales para la privación de la libertad procesal, la orden escrita de la autoridad competente y las cárceles de seguridad y no de castigo, tornando responsable al Juez que autorice una medida excesiva, garantía enunciada en el art. 18 CN.
El derecho de Hábeas Corpus consiste en la posibilidad para cualquier persona –sistema de acción popular- de pretender que un Juez haga cesar la privación de la libertad o la amenaza actual de privación de libertad que arbitrariamente sufre una persona, pues no se funda en orden escrita de autoridad competente.
Es una garantía destinada a brindar la protección judicial para toda persona que es privada de su libertad física o ambulatoria, o bien que encuentra su libertad restringida, agravada o amenazada ilegalmente.
El fundamento constitucional radica en el art. 43 “4to. párrafo” y 18 de la CN, a partir de una interpretación teleológica y sistemática, sin perjuicio del aval resultante del art. 33 en cuanto a la vigencia de todas aquellas garantías que, aunque no estén enumeradas expresamente en la Constitución, conforman la esencia de un sistema político personalista, 7 inc. 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos (conf. art. 75 inc. 22 CN) y 20 apartado 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
El art. 43 “4to. párrafo” de la CN dispone que cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazada fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de Hábeas Corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el Juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.
El art. 7 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un Juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de
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