Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 110197
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 110.197 caratulada “RODRIGUEZ, VERONICA S/ RECURSO DE CASACIÓN” conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 5 de abril del año 2021, el Dr. Alejandro Juan Antonio Moramarco Terrarossa, Juez del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial San Martín, en integración unipersonal, previo acordar en forma conjunta el Fiscal, la imputada y la Defensa Oficial el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, condenó a Verónica Rodríguez a la pena de cuatro (4) años de prisión, multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas del proceso, por encontrarla autora responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45 del CP y 5° inc. C de la ley 23.737).
La Defensora Oficial, Dra. Diana Birch, interpuso recurso de casación en favor de Verónica Rodríguez.
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 05/07/21, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El recurso de casación fue interpuesto por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio abreviado en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente.
Al haberse escogido el procedimiento regulado por los arts. 395 c.c. y s.s. del C.P.P., la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo, por existir par conditio entre éste y el Ad Quem, las actas valoradas son las mismas que constan materialmente en la causa.
Por ello, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo la Jueza con la sola restricción de los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de los agravios (art. 434 c.c. y s.s. del C.P.P.).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en "Aráoz, Héctor José s/causa N 10.410" A.941.XLV del 17/5/11, imponiendo el "...debido cumplimiento a la revisión de la condena (cf doctrina de CSJN- Fallos, 328:3399) y se ha lesionado el derecho de defensa del recurrente (art. 18 Const. Nacional)".
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el cariz que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales, particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamientos de la Corte IDH, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327, Ac. 1-III-2006, P. 87.176, Ac. 6-IX-2006, P. 83.339, Ac. 25-IV-2007, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
Por todo lo expuesto, el recurso resulta admisible (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
La Defensora Oficial plantea absurda valoración de la prueba a los efectos de tener por acreditada la autoría de Rodríguez. Señala que existen contradicciones entre el acta de procedimiento y las declaraciones testimoniales del personal policial interviniente respecto al rol que desempeño su asistida. Cuestiona la posibilidad de que el personal policial haya podido observar los movimientos en el interior de la residencia desde el exterior. Agrega que el testigo de actuación es convocado luego de realizado el procedimiento. Entiende que no expusieron razones valederas para descartar los dichos de su defendida, que se encuentran reforzados con la declaración de su hermana Yamila Rodríguez. Considera que no hay elementos de prueba objetivos fuera de los dichos del personal policial involucrado en el procedimiento que permitan afirmar que Rodríguez tenía relación con el domicilio donde se secuestró la droga. Por otro lado, cuestiona la calificación legal asignada, que no se encuentra acreditado el elemento subjetivo que requiere el tipo penal atribuido. Solicita la absolución de su defendido y, en subsidio, el cambio de calificación legal. Hace reserva del caso federal.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, mantiene en todos sus términos el recurso de casación.
Asimismo, plantea, como nuevo motivo de agravio, infracción del principio de legalidad penal y del principio de división de poderes, por delegarse en el Poder Ejecutivo la facultad de determinar el monto de la multa. Entiende que la remisión legislativa que efectúa la ley 27.302, de la escala penal a unidades fijas que determina el Poder Ejecutivo constituye una abierta delegación de facultades legislativas, porque deja librado a la sola voluntad política la elección de la entidad de la pena en relación a la gravedad del ilícito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Resalta la falta de conexión absoluta entre los aumentos de los montos de las multas ocurridos los últimos años y el fin constitucional de resocialización.
Por su parte, la Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi propicia el rechazo del recurso conforme a los argumentos que desarrolla en la presentación electrónica.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456, “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación”, sent. del 08 de noviembre de 2016, reg. 949/16; entre muchas otras).
El A Quo tuvo por acreditado el siguiente hecho: “ El día 11 de agosto de 2018, siendo las 21:00 horas aproximadamente, VERONICA RODRIGUEZ y Gisela Anahí Salome Palacios, en la vivienda sita en la calle San Roque nro. 963 de la localidad bonaerense de San Andrés, detentaron bajo sus esferas de poder y libre disposición con fines de comercialización, más precisamente en el primer cajón de una cajonera, junto a la puerta de entrada de una de las habitaciones de la vivienda en mención, un monedero de color marrón el cual reza la leyenda "Star First Street", el cual en su interior contenía, ochenta y cuatro (84) envoltorios de diferentes colores, con Cocaína en un peso total de treinta y nueve gramos (39 gramos), siendo la sustancia estupefaciente mencionada, considerada como de uso, tenencia y comercialización prohibida por la ley vigente. Asimismo, tenían sobre la mesa de la misma cajonera, una balanza de color blanco digital marca Tanita, modelo nro. 1475, una bolsa de nylon color negro y recortes del mismo material y color, así como de color blanco, utilizados para el fraccionamiento de la sustancia estupefaciente, así como sobre un sillón del living de la finca un teléfono celular Marca Samsung, Modelo Galaxy J2 Prime, Imei 352940092348680, con Chip de la empresa Personal, tarjeta de memoria marca Scandisk de 16 G ”.
El Juez utilizó, para tener por acreditados los extremos de la imputación, el acta de procedimiento de fs. 1/2vta., en la que se dejó constancia que: “ el día 11 de agosto de 2018, a la hora 21, personal policial en móvil identificable… recorrían la localidad… cuando… observan salir de una vivienda a una persona de sexo femenino la cual al notar la presencia policial se torna nerviosa esquivando la mirada, dando golpes de vista en dirección hacia los funcionarios policiales, razón por la cual estos proceden a descender del móvil dando la voz de alto, situación ante la cual la persona de sexo femenino ingresa corriendo a gran velocidad al domicilio vociferando "ABRI, ABRI, ABRI, ESTA LA GORRA" SIC. En ese instante, abre la puerta del domicilio desde el interior otra persona de sexo femenino…reiterando el personal policial la voz de ‘Alto policía’, ingresando la persona que luego fuera identificada como la propietaria de la vivienda quien corre e ingresa a una de las habitaciones del lugar y oculta un monedero de color marrón. Ante ello, se procede a requerir la presencia de un testigo hábil, en el caso Víctor Ricardo Iñiguez, tras lo cual y en presencia del mismo se procede a realizar la correcta identificación de la propietaria de la vivienda quien resulta ser GISELA ANAHI SALOMONE PALACIOS… Seguidamente se procede a identificar a la persona que ingresara a la carrera a la vivienda como VERONICA RODRIGUEZ… Con posterioridad junto al testigo y a la propietaria de la finca se procede a requisar la habitación donde momentos antes había ingresado y… se procede al secuestro de un monedero… el cual en su interior contiene… un total de ochenta y cuatro (84) envoltorios todos los cuales contenían una sustancia similar al clorhidrato de cocaína (que luego ante los test de orientación arrojaron resultado positivo sobre la presencia de tal estupefaciente), procediéndose al secuestro de dichos elementos… el pesaje de la sustancia incautada… arrojó un guarismo total de 39 gramos…” .
Asimismo, los funcionarios actuantes -Jorge Adrián Brítez y Carlos Oscar Gómez- en sus declaraciones de fs. 59/60 y 61/62, brindan mayor precisión sobre lo efectivamente sucedido.
Brítez manifestó que: “ veníamos recorriendo con el móvil…vemos salir a una femenina quien sale del numeral 963 y al vernos grita la gorra, la gorra y entra nuevamente al domicilio, que hay una reja que se encontraba abierta. Que golpea la puerta y le abre otra femenina quien resulta ser Verónica Rodríguez, que esta chica tenía en sus manos un monedero. Que nosotros mirábamos desde la calle de atrás de la reja que nosotros pensábamos que tenía un arma. Que ingresamos, que el domicilio estaba todo abierto que vemos que Verónica guarda el monedero en el primer cajón de una cajonera, la que se encontraba a simple vista en la habitación de ella. Por esta razón solicitamos la presencia de un testigo. Que revisamos el monedero en presencia de un testigo encontramos la sustancia estupefaciente cocaína en varias dosis o envoltorios… Que exhibida el acta de procedimiento de fs. 1/2vta. ratifica la misma…”.
Gómez afirmó que: “… salimos con Adrián Britez en un móvil identificable, vemos a una chica que estaba saliendo de un domicilio que al vernos se asusta, que nos mira y entra rápido en el domicilio que esta chica comienza a gritar ‘La Gorra, la gorra’. Que comenzó a golpear la puerta que le abre una femenina, que era un domicilio conocido como de venta de drogas que el mismo fue allanado anteriormente. Que cuando le abren la puerta, la chica que abre tenía en sus manos un monedero, que dejan todo abierto y salen corriendo que mi compañero y yo entramos en ese domicilio a la carrera, que esta chica ingresa a la pieza y vemos que guarda en el primer cajón un monedero que tenía como quince centímetros. Que luego abrimos el cajón vemos que estaba el monedero, que solicitamos a otro móvil un testigo. Que en presencia del testigo vemos el monedero con varios envoltorios con cocaína en su interior…Que exhibida el acta de procedimiento de fs. 1/2vta. ratifica la misma”
Si bien no fue motivo de agravio de la Defensora Oficial, se impone examinar la regularidad de los actos procesales en que el Juez sustentara su decisión.
Del procedimiento instrumentado y las testimoniales surge que el personal policial policial observó a una persona del sexo femenino salir de un domicilio quien, al advertir su presencia, adoptó una actitud nerviosa, por lo que le dieron la voz de alto –solo mencionada en el acta de procedimiento-.
Ante ello, dicha persona retornó al lugar diciendo: “abrí que está la gorra”, motivo por el cual al volver a entrar, la siguieron hasta que ingresó a una habitación y ocultó un monedero de color marrón .
Seguidamente, en presencia de un testigo, identificaron a las personas que allí estaban y requisaron el lugar, circunstancias en las que hallaron en el interior del monedero ochenta y cuatro (84) envoltorios de clorhidrato de cocaína.
Se trata de examinar la legitimidad del procedimiento que se documentara.
Los requisitos legales impuestos para la requisa personal por el Código Procesal Penal constituyen una reglamentación de las injerencias no arbitrarias y legales de la garantía constitucional a la intimidad, entendida como una esfera de la persona que está exenta del conocimiento generalizado de los demás (art. 18 de la Constitución Nacional, art. 11 incs. 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 17 incs. 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y arts. V, IX y X de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre).
Constituye una medida de coerción procesal que avanza sobre la intimidad, uno de los bastiones de la dignidad humana, que constituye un obstáculo que soporta la averiguación libre de la verdad como meta de procedimiento.
Este objetivo cede, aún hasta el límite de tolerar la ineficacia del procedimiento –tal como el Defensor Oficial lo pretende en autos-, ante los resguardos para la seguridad individual que impiden arribar a la verdad por algunos caminos posibles.
Se trata de verificar en qué casos y con qué justificativos funciona la facultad de examinar el cuerpo o el ámbito de custodia adherente, de una posesión dentro de la esfera personal, de la cosa cuya obtención se persigue.
En el caso, es claro que además de la intimidad, se vio afectada la libertad ambulatoria pues la requisa efectuada forzosamente trajo aparejada la privación de la libertad que se convirtió en aprehensión como resultado del primer acto.
Del texto constitucional surge el principio de legalidad: “Nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente". "El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación” (art. 18 CN), al que debe adunarse el de razonabilidad: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio” (art. 28 CN), por lo que la reglamentación de la garantía de intimidad no puede carecer de razonabilidad, es decir afectar o vulnerar el debido proceso sustantivo o material.
La norma aplicable -art. 225- autoriza al Juez a que, mediante decreto fundado, ordene a la requisa de una persona cuando haya motivos suficientes para presumir que oculta, en su cuerpo, cosas relacionadas con un delito, posibilidad que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 294 inciso 5 del C.P.P., se extiende a los funcionarios de policía cuando la medida sea urgente .
La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que la competencia para efectuar arrestos a que se refiere la norma constitucional sólo puede provenir de expreso mandato legislativo y debe, además, ejercerse en las formas y condiciones fijadas por esa disposición legal (CSJN fallos 317:1985 “Daray”).
También tuvo oportunidad de expedirse respecto de los motivos suficientes , al exigir la existencia previa de determinadas circunstancias que generen un grado de sospecha para llevar a cabo la detención o la requisa corporal, de modo que más allá de la interpretación que se haga del grado de sospecha exigido por la ley, no hay dudas que un policía no está autorizado a realizar detenciones indiscriminadas. Que una vez que el agente de prevención se encuentra ante alguna de esas hipótesis exigidas por la ley para proceder, es necesario que describa fundadamente cuáles son las conductas o actos –en especial actitudes del imputado- que generaron sus sospechas. Si la autoridad para llevar a cabo la requisa o detención, conforme a la ley, es el Juez y sólo en casos excepcionales y de urgencia las normas permiten delegarlo en la policía, la única forma de que luego el Juez pueda supervisar la legitimidad de la actuación policial, es que estos funcionarios funden circunstanciadamente las razones del procedimiento (CSJN fallos , 332:2397 “Ciraolo”).
De la sentencia recurrida, del acta de procedimiento y de la prueba producida no surgen los motivos de sospecha, “si esas circunstancias existieron, los agentes policiales las han mantenido in pectore” (CSJN fallos 317:1985), omisión que impide realizar un juicio de razonabilidad .
Como puede advertirse, los funcionarios policiales sólo indicaron que adoptó "una actitud nerviosa“, por lo que la falta de mayores detalles impide establecer que haya una descripción fundada sobre las conductas o actos que generaron sus sospechas.
La mención hecha en el documento, sólo da cuenta de una situación pero no explica qué actos concretos de la persona que, acto seguido interceptaron y requisaron, la provocaron, de modo tal que permita su control, es decir que no fundaron circunstanciadamente las razones del procedimiento.
Tampoco es posible advertir la existencia de un curso de prueba que, con independencia de la interceptación, requisa y aprehensión inválida permita arribar al secuestro del arma en cuestión (CSJN fallos 308:733 “Rayford”).
Finalmente, corresponde reiterar que no es posible aprovechar las pruebas obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales, aun cuando presenten utilidad para la investigación, pues ello compromete la administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícitos (fallos: 46:36; 3030:1938; 306:1752; 308:733; 310:1847).
Sin perjuicio que lo expuesto es suficiente para fulminar el acto en cuestión, la sanción también se extiende al ingreso al domicilio, al no concurrir las excepcionales circunstancias que la ley autoriza el ingreso sin orden (art. 222 del C.P.P.), pues sólo es posible entrometerse en la vida privada de una persona mediante el allanamiento de su domicilio siempre que se respete las condiciones y exigencias que para ello prevé la ley común.
Por todo ello, corresponde invalidar el procedimiento instrumentado a fs. 1/vta. y de todos los actos que de dicha diligencia dependen (art. 207 c.c. y s.s. del C.P.P), en consecuencia, casar la sentencia impugnada, sin costas, y absolver a Verónica Rodríguez, en orden al hecho por el que llega condenada a esta instancia y DISPONER SU INMEDIATA LIBERTAD; ENCOMENDANDO su instrumentación al Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial San Martín, previo verificar que no existan otros impedimentos legales (Artículos 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 14, ley 48; 45 del CP; 5° inc. C,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.