Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 102405
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 102405 caratulada “NIEVAS JONATHAN EMANUEL S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL .
El 3 de diciembre del año 2019, el Tribunal en lo Criminal nº 5 del Departamento Judicial Morón, condenó a Jonathan Emanuel Nievas a la pena de once (11) años de prisión y demás declaraciones de la sentencia, por hallarlo autor responsable de los delitos de homicidio simple agravado por su comisión con un arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra en concurso real (arts. 5, 9, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis inc. 2 párrafo 4 del CP).
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 4 de diciembre de 2020, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en material criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El Dr. Gonzalo Emanuel Gamarra, abogado de confianza de Jonathan Emanuel Nievas plantea tres motivos de agravio: a) Inobservancia o errónea aplicación del art. 210 del CPP, denuncia que resulta arbitraria o absurda la valoración de la prueba que efectuó el Tribunal para afirmar acreditada la autoría responsable de Nievas en el hecho juzgado; da cuenta del tenor de los testimonios rendidos en el debate; critica la entidad que el A Quo le atribuyó a las declaraciones de Aguirre y Yensi –ambas introducidas por su lectura al juicio-. b) Errónea aplicación de la agravante prevista en el art. 41 bis del CP; cita doctrina y jurisprudencia que avalan su postura. c) Inobservancia o errónea calificación del evento en lo que respecta al modo concursal; señala que media un concurso aparente entre el delito de homicidio y el de portación ilegal de arma de guerra, o en su defecto ideal. Hizo reserva del caso federal.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra M. Moretti, postula el rechazo del remedio incoado de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fs. 76/79 vta. Sintéticamente considera que el agravio central de la defensa se trata de una mera disconformidad con lo resuelto por el Tribunal; sostiene que la prueba es suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado. Dictamina que la calificación asignada por el A Quo es correcta.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El Tribunal, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que “…el 12 de noviembre de 2014, alrededor de las 17, en las inmediaciones del estadio de Club Atlético Ituzaingó –en el que estaba previsto un partido, sin público visitante- en la intersección de las calles Rondeau y Pacheco del partido de Ituzaingó de esta Provincia, se inició una pelea entre dos bandos de la hinchada del club fútbol local. Intervino la policía y la pelea se trasladó a varios metros del lugar, ya que algunos se desplazaron a las corridas hasta las calles Rondeau y Gelpi. Allí un sujeto efectuó reiterados disparos con un arma de fuego calibre 9mm que portaba sin autorización legal, uno de los cuales impactó en la cabeza de Pablo Ariel Robledo y le provocó un traumatismo encéfalo craneano que ocasionó su muerte” (fs. 12).
La defensa centra su agravio a partir de considerar absurda y/o arbitraria la ponderación de la prueba reunida en el proceso, para alcanzar el grado de convicción propio de una sentencia condenatoria, en lo que respecta a la autoría atribuida a Jonathan Emanuel Nievas en el hecho juzgado.
De la lectura de la impugnación surge que la mayor parte de los puntos requeridos por la parte son una reedición de los realizados en la instancia pero desechados con acabado fundamentos, sin que ahora logre contrarrestar con su crítica lo afirmado al respecto por el A Quo (v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el peticionante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad y, por tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la parte prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia que ataca, su recurso deviene inidóneo para torcer la decisión que aquella contiene.
Sentado lo anterior, examinaré la prueba que sirvió de sustento al veredicto de condena.
Primeramente, corresponde señalar que la inmediación impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de percepción que hacen a la recepción oral de la prueba, y necesariamente otorga a los jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, ya que no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas.
También resulta relevante mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 “Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación” del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
Frente a ello, veamos que, contrario a la arbitrariedad interpretativa aducida por la defensa, el A Quo hizo una valorización pormenorizada del plexo probatorio reunido en el proceso que lo llevó a acreditar el extremo cuestionado en los términos establecidos en el fallo.
En la segunda cuestión del veredicto el Tribunal, en esencia, analizó las declaraciones de las siguientes personas: Jonathan Misael González, Brian Adrián Pereyra, Hugo Emanuel Irigoitía, Jonathan Ezequiel Suasnavar Galucci, Mayra Giselle Espeche, Oscar Alberto Arias, Brian Alberto Laporta, Ivan Nicolás Vera, Carlos Oscar Félix, Nadir Ismael Alfaro Palacio, Jorge Hernán Galache, Lucas Ariel Godoy, Omar David Torres, Cristián Leandro Yensi, Sergio Nicolás Aguirre, y la versión rendida por el imputado conforme al derecho constitucional que le asiste. Advierto que, fueron recreadas las versiones prestadas en el debate, y las declaraciones que se produjeron durante el curso de la IPP – cuyo ingreso al proceso no fue objetado por la defensa-. A esa prolija presentación de la prueba disponible se sumó luego un análisis que con parejo detalle estructuró secuencialmente y a modo de recreación histórica lo acontecido.
Liminalmente, corresponde efectuar una serie de consideraciones para dar respuesta a los planteos esgrimidos por el Defensor.
La prueba basal para sustentar la autoría responsable adjudicada al acusado se erige desde el testimonio de Jonathan Misael Gónzalez. Ello no obstante las profusas declaraciones prestadas en el juicio por personas que también estuvieron presentes en el acontecimiento; como asimismo las declaraciones ingresadas al mismo por su lectura. Ahora bien, adelanto que, esta prueba no aparece desligada de hechos indicadores de carácter periférico que contribuyen a fortalecer la hipótesis que el A Quo tuvo por acreditada.
El Tribunal destacó que el citado testigo relató con detalle la intervención que le cupo a Nievas en el evento. En sustancia, dio cuenta de qué manera y bajo qué condiciones se produjo el hecho, y concretamente señaló al imputado como el autor del mismo. Sin hesitaciones, los magistrados consideraron que el plexo probatorio y en esencia la versión de González, tras su ponderación integral, permiten arribar a la conclusión de que el evento tuvo lugar conforme al contexto y las circunstancias que lucen descriptas desde el veredicto.
De acuerdo se desprende del pronunciamiento, el A Quo explicitó la impresión que, producto de la inmediación, le causaron los relatos rendidos en el debate, y en tal sentido percibió que el testimonio de González fue contundente.
Jonathan Misael González dijo que llegó tarde al estadio y visualizó a Nievas detrás de un árbol. Sostuvo que el nombrado disparaba hacia la gente, ocasión en la que un proyectil impactó en la zona de la nuca de Robledo, explicó que mientras permanecía atrás del árbol lloraba, motivo por el cual supuso que era amigo de la víctima. “…Nievas disparaba hacia la multitud y que el muchacho que falleció se cruzó en los disparos…”. De acuerdo a su percepción, estimó que había más de treinta personas arrojando piedras, esto es, entre dos facciones de la hinchada del Club Atlético de Ituzaingó. Resulta de interés destacar que, a pedido de la Fiscalía, el testigo efectuó un croquis con el propósito de explicar lo que observó.
En respuesta a las objeciones planteadas en la discusión final, el Tribunal sostuvo que la circunstancia de que el testigo no recordara la ropa que vestían, no desmerece su relato; aclaró que en ese entonces su visión era buena. Asimismo, los sentenciantes explicitaron que “…la distancia a la que vio el suceso fue imprecisa, sin embargo hizo un croquis que lo posicionaba de un modo en que sus dichos resultan verosímiles, en el que consignó dónde estaba Nievas, dónde cayó Robledo y dónde se encontraba él. Más allá de que no identificó a otros integrantes del grupo, el impacto de haber visto lo que vio toma también creíble que fijara esos recuerdos y no otros. Además, aclaró que él no pertenecía a ninguno de los dos grupos que se tiraban piedras y que iba circunstancialmente a la cancha. Se trata de un testigo imparcial que vio cuando Pablo Ariel Robledo recibió el disparo y cayó…” (fs. 24/vta.).
El Tribunal de la instancia enfatizó que en su mayoría los testigos no identificaron la procedencia del disparo que impactó en la víctima; en concreto, las personas que depusieron en el juicio dieron cuenta del contexto en que tuvo lugar la pelea entre los bandos, y no pudieron precisar quienes portaban armas, menos aún quién o quiénes dispararon. Advierto que el A Quo no pasó por alto que, en sustancia, los testigos afirmaron la presencia de Nievas, empero manifestaron que no percibieron que portara un arma de fuego.
Conforme he adelantado, los magistrados examinaron de manera exhaustiva cada uno de los testimonios reunidos en el proceso. Con el propósito de lograr un mejor orden expositivo, ponderaron de manera integral las versiones que, según consideraron, pretendieron apoyar la hipótesis sostenida por el acusado; a saber: Mayra Giselle Espeche, Iván Nicolás Vera, Lucas Ariel Godoy, y Jorge Hernán Galache.
La nombrada Espeche, pareja del damnificado, en lo que interesa reseñar, expuso que en el marco de la reyerta corrían su marido, Nievas y la deponente –en ese orden-; oportunidad en la que logró ver que Robledo se agarró la cabeza y cayó. Dijo que no observó que el acusado manipulara un arma de fuego. El A Quo estimó que la testigo “…se mostró incómoda y contrariada mientras declaraba..” (fs. 26).
A su turno Vera declaró que escuchó tiros, y que no vio a Nievas armado. Sostuvo que se ocultó debajo de un automóvil, desde donde no pudo ver los sucesos. El Tribunal agregó que el testigo tras manifestar que los tiros provenían desde el lado norte, reconoció que no tenía modo de afirmar tal aseveración.
Godoy, en semejantes términos refirió que percibió detonaciones, se escondió, y luego observó a Robledo en el piso.
Por su parte, Galache dijo que las detonaciones venían desde los árboles, aclaró que no vio armas de fuego. Sostuvo que tampoco divisó a Nievas. Sobre tal aspecto el A Quo destacó que “…si dijo que no vio dónde estaba Nievas mal puede aseverar que no estaba armado. No vio dónde estaba cuando vio caer al imputado. Además, cuando se retiraba de la sala le hizo un guiño al imputado confirmando la parcialidad de sus dichos y restándole crédito”. (fs. 26/vta.).
En resumidas cuentas, los testimonios analizados ubicaron a los protagonistas en el lugar en que aconteció el hecho, y ninguna versión contradice la declaración de González.
Además, el Tribunal evaluó los dichos prestados por el acusado, y consideró que frente al caudal cargoso ponderado, su versión que, en resumidas cuentas, transitó por manifestarse ajeno al evento intimado, toda vez que se limitó a correr junto a sus amigos a los integrantes de fracción contraria; carece por completo de respaldo en las constancias reunidas en el proceso.
De acuerdo surge del pronunciamiento puesto en crisis ingresaron por su lectura al juicio y fueron ponderadas las versiones prestadas por Nicolás Aguirre y Cristián Leandro Yensi –coimputado-; diligencias en la que no participó la asistencia técnica del imputado; por lo que no tuvo una oportunidad útil y eficaz para controlar las mismas.
Ahora, si bien en consonancia con lo ya analizado estamos en condiciones de afirmar que tales declaraciones no resultan elementos “dirimentes” para la atribución de la autoría responsable en cabeza de Nievas, resulta de interés efectuar algunas consideraciones.
En efecto, el Tribunal procedió a la incorporación por lectura de las referidas declaraciones, de conformidad con la excepción establecida por el art. 366, cuarto párr. del CPP, sin oposición de la defensa.
De lo hasta aquí sentado se desprende que no toda restricción del derecho de interrogar es incompatible con un juicio justo siempre que se mantenga el equilibrio que debe mediar entre la acusación y la defensa. Claro está, hablamos de la posibilidad de que el relato integre el material disponible, y no sobre su entidad convictiva.
No hay dudas que cuando no es posible ejercer un contenido mínimo de derechos que garantiza nuestro texto constitucional, se está frente a un supuesto que vulnera la efectiva defensa en juicio y el debido proceso.
En lo que respecta a la versión prestada en el curso de la etapa preliminar por un acusado en una audiencia en la que tampoco participó el sujeto aquí imputado, ni su correspondiente asistencia técnica; la entidad convictiva que el juzgador le asigne a tal versión se encuentra supeditada a la observancia de diversos extremos.
En rigor, el magistrado se enfrenta a dos vallas infranqueables, me refiero al juramento o promesa formal de decir verdad y, la protección penal respecto de la posible falsedad de los asertos. De allí, la menguada convicción que puedan suscitar en el ánimo del magistrado.
Por otra parte, también se evidencian
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.