Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 101054
En la ciudad de La Plata, sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 101.054, caratulada: “Z. J. E. y D. J. A. s/recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY-VIOLINI-CARRAL
En lo que aquí interesa destacar, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de San Martín, condenó a J. A. D. y a J. E. Z. a veinte años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautores de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por dos o más personas en concurso real con homicidio agravado por la causa.
Asimismo, se les impuso como reglas de conducta: continuar en su actual lugar de detención, bajo régimen cerrado; seguir el tratamiento psiquiátrico y psicológico especializado y entrevistas familiares; y hacer lo propio con la escolaridad formal y los talleres a los que concurren y abstenerse de consumir sustancias que provoquen dependencia o acostumbramiento.
Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación la Defensora Oficial, denunciando errónea aplicación de la ley (fs. 36/43 y vta.).
Concedido el recurso (fs. 7), radicado en Sala (fs. 10), el Defensor de Casación lo mantuvo y agregó argumentos (11/12 y vta.) y la Fiscal postuló el rechazo (fs. 13/16).
Finalmente, el Defensor de Casación desistió de la celebración de audiencia, acompañando sendas actas labradas que dan cuenta de las entrevistas por videoconferencia con sus asistidos, quienes expresaron sus circunstancias personales (fs. 49/50).
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se trataron y votaron las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
-I-
Oportunamente, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de San Martín, tuvo por probado que entre las últimas horas del 9 y las primeras del 10 de enero del año 2014, en la vivienda de calle La Quiaca y Guaraní de Bella Vista - San Miguel-, cuatro hombres, dos de ellos menores de edad, siendo que los otros dos mayores, uno falleció y el restante, individualizado, se encuentra prófugo, aprovechando el estado de indefensión de Natalia Rocha, provocado por la ingesta desmedida de alcohol que la privó de la posibilidad de consentir, rechazar o simplemente defenderse de algún tipo de relación sexual, no pudiendo por ello consentirlo libremente, procedieron por turnos sucesivos, previo haber atado sus manos con un cable por detrás de su espalda, a accederla carnalmente por ambas vías.
Posteriormente, para ocultar el delito precedentemente descripto, y lograr su impunidad, la golpearon en la cabeza, rostro y cuerpo, provocándole, por su reiteración y extremo dolor un estado de "shock", que le causó su muerte.
Así las cosas, se deshicieron del cuerpo, trasladándolo en un Ford Falcón verde claro o celeste, con la luneta trasera con inscripciones en letras blancas, propiedad del imputado prófugo, arrojándolo al arroyo Las Catonas, de Moreno, a la altura de las calles 2 de abril y El Jagüel, debajo del puente vehicular, donde lo ocultaron con basura por encima, cubriendo su cabeza con bolsas, intentando incendiar el cuerpo, lográndolo sólo parcialmente.
-II-
La defensa denuncia errónea aplicación de la ley.
Señala que la legislación internacional es clara en torno a que la prisión constituye el último recurso y por el periodo más breve posible.
Cita al respecto la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, como así también la Observación número 10 del Comité de los Derechos del Niño.
Refiere que la Corte Interamericana ha enfatizado que los Estados deben esforzarse para garantizar la rehabilitación de los jóvenes, siendo que el informe del Comité de los Derechos del Niño del 11 de junio de 2010 se refirió a la preocupación a la insuficiente implementación de alternativas a la privación de la libertad, dando una serie de recomendaciones.
Que la Observación 24 del Comité también se refiere a las oportunidades que deben brindar el sistema penal juvenil.
Que la ley 22.278 habla de la necesidad de la pena, y el fallo “Maldonado” de que la reacción punitiva debe ser menor a la que le correspondería a un adulto.
Que la Corte interamericana en “Mendoza c/ Argentina" señalo que el decreto ley resulta ser contrario al principio de proporcionalidad.
Considera que el Tribunal ha fundamentado superficialmente la necesidad de la sanción, pero no dio razones por las que entiende que el monto de 20 años puede lograr la resocialización de los jóvenes que tenían 17 al momento del suceso.
Que en ello radica la arbitrariedad y violación de derechos constitucionales.
Que se habló de la falta de admisión de los hechos, que no estudiaron y no aprovecharon los organismos que el fuero pone a su disposición para lograr la reinserción social y que la sanción es necesaria en el marco de una justicia restaurativa que tienda a fortalecer en el joven el proceso de reflexión.
Razona que valorar la no admisión de culpabilidad extrae un prejuicio en contra del derecho negarse a declarar.
Que la falta de aprovechamiento de los recursos no es real, dado que en el Centro Cerrado de Dolores y en Virrey del Pino continuaron la escolaridad y participaron de talleres
Que desde su traslado al servicio penitenciario no cuentan con ninguno de los recursos del sistema y por eso dejaron esas actividades
Que ello se patentiza en las pericias del cuerpo técnico auxiliar que se diferencia del servicio penitenciario.
Que mientras D. estuvo en un centro juvenil pudo estudiar y participó de tareas y en la cárcel está en un pabellón evangélico, no puede jugar rugby, estudiar, ni concurrir al psicólogo
Que Z. terminó primaria y secundaria y aspira a estudiar una carrera.
Que de ello queda claro que cuando se les dio la oportunidad de estudiar y progresar lo aprovecharon.
Que por ello la imposición de sanción y la consecuente continuidad de la privación de libertad en unidades penales no contribuye a su reinserción ni que asuman una función constructiva ante la sociedad.
Que en casi seis años de encierro no se ha aceptado ningún beneficio vinculado a la gradual reinserción en el medio social.
Entiende que es un contrasentido la motivación de la necesidad de la pena en el marco de una justicia restaurativa
Que la misma es definida desde Naciones Unidas como una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación a la víctima del infractor y de la comunidad
Que la justicia restaurativa se contrapone a la retributiva y sus características más importantes son la participación de todos los implicados con especial espacio a la comunidad, reparación o compensación, responsabilidad subjetiva reconciliación, acotando que en el país tenemos un protocolo de mediación penal juvenil y acuerdos restaurativos, que no fueron tenidos en cuenta en el fallo.
Respecto a la medida de la pena, entiende que se ha partido de una escala inapropiada y que no hay genuino acuerdo de los jueces ni fundamento para una sanción tan elevada.
Que la Fiscalía pidió 22 y 23 años, el primer voto se inclinó por la escala en el marco del artículo 9 del código Penal, pero con la reducción del 44 del mismo texto para la pena del articulo 6 haciendo una creación pretoriana prohibida.
Que el segundo voto con buen criterio, tomando en cuenta la normativa internacional, estimó que la escala penal debe oscilar entre diez y quince años, y en base a atenuantes, propuso el máximo.
Y el último, previo señalar que considera como atenuante la edad de los acusados adhirió al primero sin explicar porqué con una atenuante y sin agravantes extras llegó a la misma pena.
Que, en cuanto a la escala en el derecho juvenil, insiste que el Comité reconoció el daño que causa la privación de libertad a niños y los efectos negativos en su reintegración, recomienda que se establezca una pena máxima, pero que sea el por el periodo más corto posible, estimando que las penas mínimas obligatorias son incompatibles con el principio de proporcionalidad y con el requisito de que sea por el menor tiempo posible
Que si bien el Comité no expresa cual debería ser el máximo, por el derecho comparado se advierte que estamos muy lejos en el fallo en cuestión
Que como lo expresa el juez Peñoñori la Corte entiende que cuando a un adulto corresponde prisión perpetua se debe reducir a la escala tentada, por lo que una condena de veinte años excede el máximo posible
Que existiendo más de una atenuante y se ha demostrado que quien ideó el hecho fue un adulto y no los adolescentes, y que ambos tuvieron una gran vulnerabilidad en su niñez, sumado a los progresos reseñados, correspondería la disminución al mínimo.
Que por lo tanto, no habiendo acreditado el tribunal la necesidad de la pena, y las vulneraciones citadas, solicita la absolución y libertad de los nombrados.
-III-
La Defensa no cuestiona la base fáctica ni la calificación asignada a los hechos, radicando sus agravios en la imposición de la pena y su monto.
Resulta conocido que en la legislación específica que rige el fuero penal juvenil, la parte final del artículo 4 de la ley 22.278, prevé que “… si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa.
Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del requisito del inciso segundo”.
Cabe señalar que cuando se habla de la imposición de una pena privativa de libertad, siempre estará direccionada a la resocialización de la persona, pero cuando se trata de menores de edad ello se potencia aún más y hablamos de “reinserción”.
En el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Maldonado” (M. 1022. XXXIX.RECURSO DE HECHO Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado causa N°1174C), se estableció que en lo referente a la necesidad de imponer una pena a una persona menor de edad, no debe decidirse por la gravedad del hecho, ni la peligrosidad demostrada por el autor. Por el contrario, la sanción penal juvenil debe atender preponderantemente al fin resocializador, que en términos de la CIDN que es “…promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad…”.
En consecuencia, la sanción penal juvenil debe cumplir una finalidad de prevención especial positiva.
En el ámbito internacional, se encuentra en primer lugar la Convención Internacional de los Derechos del Niño en cuyo artículo 37 establece que: “Los Estados Partes velarán porque: …b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda…”.
Por su parte, entre las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, se encuentra la número 17, que se ocupa de los Principios rectores de la sentencia y la resolución y la 17.1, establece que: “La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios:
a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad;
b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible.
c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada;
d) En el examen de los casos se considerará primordial el bienestar del menor…”.
Luego, en el ámbito local, se encuentra el artículo 68 de la ley 13.634:
“Comprobada la participación del niño en el hecho punible y declarada su responsabilidad, o en los casos de inimputabilidad, el Juez o, en los casos que corresponda el Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación de fondo podrá disponer las siguientes medidas:
1. Orientación y Apoyo socio-familiar.
2. Obligación de reparar el daño.
3.-Prestación de Servicios a la Comunidad
4. Asistencia especializada.
5. Inserción escolar.
6. Inclusión prioritaria en los programas estatales de reinserción social.
7. Derivación a los Servicios Locales de Protección de Derechos.
8. Imposición de reglas de conducta.
Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación nº 44/07 de la presente Ley.
El artículo 70, legisla que para determinar la medida aplicable se deberá tener en cuenta:
“1.- La comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado.
2. La comprobación de que el niño ha participado en el hecho delictivo.
3. La naturaleza y gravedad de los hechos.
4. El grado de responsabilidad del niño.
5. La proporcionalidad e idoneidad de la medida.
6. La capacidad del niño para cumplir la medida.
7. Los esfuerzos del niño por reparar los daños.
De todas formas, sin desconocer la legislación citada, el Tribunal estimó que en el caso la pena resultaba necesaria.
En ese sentido, tuvo en cuenta, en relación a D. los diversos informes efectuados durante el “tratamiento tutelar”, sobresaliendo el interdisciplinario efectuado por el Cuerpo Técnico Auxiliar del fuero de responsabilidad penal juvenil, que da cuenta de la ausencia de actitudes reflexivas del joven respecto de los hechos que lo llevaron al contexto de encierro, trayendo a colación asimismo lo dictaminado por la perito psicóloga quien describe que el nombrado sigue negando la intervención endilgada y no ha subjetivado la autocrítica por los mismos.
No muy diferente resulta ser la situación de Z., en quien también se habla de falta de conciencia y admisión de los hechos por los cuales fuera declarado penalmente responsable.
Asimismo, contempló que los jóvenes no se encontraban estudiando en sus lugares de alojamiento, ni realizan los talleres que en las unidades en las que se encuentra se dictan, concluyendo que el tratamiento tutelar no había culminado, siendo necesario mayor tiempo de sujeción y el control de los diversos organismos que el fuero pone al servicio de los jóvenes para lograr su reinserción social, destacando que ello no opera como castigo sino que son los medios de los que deben asirse para continuar saliendo adelante, los que actúan como resorte a partir del cual debe eyectarse eficazmente hacia su futuro.
En esos términos no resulta casual la mención de la justicia restaurativa “que tienda a fortalecer en el joven –debió decir en los jóvenes- este proceso reflexivo que viene evidenciándose para asegurar a esta judicatura que los principios rectores para la aplicación e interpretación de las normas del proceso penal, plasmados en el artículo 33 de la ley 13634, repitiendo que aún no cumplimentó con ese proceso y que debe dársele consideración preponderante en la asistencia de los mismos, toda vez que indica un proceso de creciente responsabilidad personal asumiendo la actitud constructiva ante la sociedad, según los objetivos de la ley nombrada y en la regla 5.1 de las Reglas de Beijing, siendo el fomento del bienestar del menor y el principio de proporcionalidad, en los que la sanción debe fundarse, no solo en la gravedad y característica del delito sino en las circunstancias personales de los jóvenes y en los esfuerzos de estos para reparar a la víctima o canalizad su inclinaciones hacia una vida socialmente útil”.
Por esas razones, reitero, el Tribunal estimó adecuada la pena, aunque, no se puede soslayar que la misma estuvo acompañada de las siguientes medidas: continuar el tratamiento psiquiátrico y psicológico especializado y entrevistas familiares, con la obligación de notificar e involucrar a sus familiares; continuar con la escolaridad formal y los talleres a los que concurren y abstenerse de consumir sustancias que provoquen dependencia o acostumbramiento.
Dicho con otras palabras, la pena fue acompañada de medidas tendientes a culminar la reintegración social de los jóvenes.
Es que aquí no se trata de extender en el tiempo el tratamiento tutelar de los jóvenes como lo menciona el Defensor de Casación en la mejora (fs. 1112 y vta.).
Repárese que la declaración de responsabilidad de los nombrados fue el diez de noviembre de 2014 y la imposición de pena el 30 de octubre de 2019, es decir casi cinco años después.
Lo real es que se encontraban cumplidos los requisitos del artículo 4 del decreto-ley 22278, la defensa, ante el Tribunal, nada dijo al respecto, y ciertamente sería, cuanto menos llamativo, mantener un estado de incertidumbre, respecto al tiempo en que deben permanecer privados de libertad los acusados, sobre todo, si durante la ejecución de la pena, podrán acceder a diversos beneficios, a medida que evidencien algún tipo de avance en su proceso de reintegración social, puesto que en los casos de menores de edad, y su condición de persona en desarrollo, ello aparece con más laxitud que respecto a un adulto.
En ese sentido, considero que cuando se habla de asumir una actitud reflexiva o de reflexión por los hechos que se les endilgan, no se vulnera la prohibición de negarse a declarar, ni de la autoincriminación.
En verdad, en esta etapa, en la que ya dejamos a un lado la probabilidad para pasar a la certeza, el posicionamiento subjetivo ante los hechos juzgados, resulta ser el puntapié inicial para el ya nombrado proceso de resocialización.
Por otra parte, la imposición de una pena en el marco de una justicia restaurativa no resulta incompatible como lo menciona el recurrente.
En efecto, la cita que hace el Tribunal del artículo 33 de la ley 13.634 que establece que “ Son principios rectores para la interpretación y aplicación de las normas del proceso penal: la protección integral de los derechos del niño, su formación plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, la mínima intervención, la subsidiariedad, la solución de los conflictos y la participación de la víctima; también que el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.”, no se contrapone al dictado de una pena privativa de libertad, pues será la evolución de los jóvenes las que definirán su futuro y el acceso a los distintos regímenes y beneficios que la ley prevé.
Ahora bien, homologada la decisión del Tribunal respecto a la necesidad de la pena, resta ocuparme del monto de la misma.
El Tribunal ponderó a tal fin la evidente gravedad y entidad de los hechos endilgados, evidenciada de las correctas agravantes recogidas.
Así pues, al amparo de la nocturnidad, los autores primero pudieron desplegar la agresión sexual, toda vez que, si bien se produjo dentro de una vivienda, los posibles pedidos de ayuda, griteríos o ruidos del grupo durante la feroz golpiza propinada a la víctima, no llamaron la atención de extraños, dada la lógica disminución del tránsito peatonal y vehicular.
Asimismo, dicha circunstancia l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.