Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires · Causa 112017
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Tribunal Pleno los señores jueces del Tribunal de Casación Penal, Dres. Daniel Carral, Ricardo Ramón Maidana, María Florencia Budiño, Fernando Luis María Mancini, Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini, Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, para resolver en la causa número 112.017 caratulada “Alonso, Alejo Raúl s/recurso de casación”.
Practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: BORINSKY – MANCINI – CARRAL – KOHAN – NATIELLO – VIOLINI – MAIDANA – BUDIÑO.
Cumplidos los trámites de rigor, corresponde plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
A los fines de su aplicación ¿Cómo debe interpretarse el alcance temporal de la Ley 24.390 y su modificatoria Ley 25.430, atento a las disposiciones de la Ley 27.362?
V O T A C IÓ N
A la única cuestión planteada, el señor Juez doctor Borinsky dijo:
Primero. A fin de mantener postura, no huelga recordar lo expuesto en otros Acuerdos generales acerca de la constitucionalidad de los Plenarios:
Si el Más Alto Tribunal de la Nación viene diciendo que sus pronunciamientos sólo deciden el caso y no obligan sino en él (ver Corte Suprema, Fallos: 16, 364), aunque los jueces inferiores tengan el deber moral de conformar sus decisiones en casos similares, sobre la base de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad que caracteriza a los magistrados que la componen, y la necesidad de evitar recursos inútiles, sin que ello les impida apreciar los casos con su personal criterio y apartarse de ellas cuando, a su juicio, no sean conformes a los preceptos claros del derecho, ya que ningún tribunal es infalible y no faltan precedentes en los que aquellos han vuelto contra resoluciones anteriores en casos análogos (ver Corte Suprema, Fallos idem ant.); no se me ocurriría imponer como obligatoria una doctrina que en el caso se aparta de los precedentes de la Suprema Corte.
Por lo demás, la Corte Suprema, cuyas decisiones son finales y sus pronunciamientos sí se hallan en una situación de singular privilegio institucional (cfr. Sagüés “Recurso Extraordinario. Astrea. Bs. As. 1989. I pág 180), tampoco expresa tenerla (cfr. Fallos 302:980), refiriendo que si sus sentencias impusieran dependencia más allá de los procesos en que se dictaran equivaldrían, cuando interpretaran leyes, a la ley misma, y cuando interpretaran a la Constitución, a esta última.
Pero el Poder Judicial no puede ejercer poderes legislativos ni constituyentes. Y no se advierte una zona intermedia: no bien la sentencia judicial fuese dotada de la imperatividad general, impersonal y objetiva resultaría provista, por ese solo hecho, de los caracteres que nuestro sistema republicano reserva a la Constitución y a la ley.
La diferencia existente entre las normas constitucionales y legales, y las sentencias judiciales es cualitativa y, en consecuencia, no puede obviarse por alta que sea la jerarquía institucional, moral y científica de un tribunal.
Es de la esencia de la función judicial el deber de aplicar directamente la Constitución y la ley, sin que estas normas deban ser previamente interpretadas, con efecto vinculante, en otras sentencias, en su momento dictadas para resolver otros casos concretos (conc. S.C.B.A. 29/09/92 en La Ley 1993-A-397).
El Reglamento, al imponer la obligatoriedad de la interpretación que se establezca mayoritariamente a todos los jueces del tribunal aunque no hayan participado en la votación (artículo 30°), aparece como una disposición superconstitucional que colisiona el principio republicano de la división de poderes, menoscaba el orden de prelación de las leyes (arts. 1, 5, 18 y 31 de la Constitución Nacional) e imposibilita el Servicio requerido en el artículo 8° incisos 1° y 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las que se pretende que un tribunal independiente no tenga, como tal, condicionamientos como el que resulta de la misma (conc. Sebastián Soler, “Derecho Penal Argentino”. Tea. Bs. As. 1963. To. I pág. 139 y siguientes), o lo que es igual, que no se le imponga ninguna forma determinada de entender la ley.
Por ello, siempre fui de la idea que la interpretación resultante del acuerdo de todos los jueces resultaba aplicable para nosotros a los casos pendientes, sin mengua de la independencia de los demás jueces, obligados sí a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle en legal forma, respetando los derechos de las partes.
También encuentro un escollo para la construcción de la doctrina plenaria, y que surge de la advertencia de Elías P. Guastavino en “Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad” que interpola Atilio C. González en “Doctrina plenaria obligatoria ‘versus’ pronunciamiento descalificatorio de la Corte” (La Ley 2.000.E-953), respecto a que “ninguna exégesis jurisprudencial, ni aún la establecida por tribunales plenarios con fuerza legal vinculante, exhibe inmunidad frente al control de constitucionalidad; cualquier precepto, legal o reglamentario, y cualquier hermenéutica judicial, puede incurrir en inconstitucionalidad, cuya admisibilidad se encuentra subordinada a la concurrencia de los requisitos o presupuestos genéricos y específicos previstos al expresado efecto; por lo que no me parece que podamos consagrar una doctrina plenaria que terminaría acotando el control de constitucionalidad que le pertenece al Alto Tribunal de la Provincia.
Por ello, decidida la convocatoria, salvo el voto en este punto y paso al tema del Acuerdo.
Segundo. He venido sosteniendo, siguiendo la hasta ahora vigente doctrina plenaria de este Tribunal, que “..[l]as disposiciones de la ley 24.390 resultan aplicables a imputados y condenados detenidos 'por hechos cometidos' durante su vigencia...”.
Un nuevo análisis de la cuestión me conduce, sin embargo, a mudar de criterio, pues la opinión citada ha quedado superada con el dictado de la ley 27.362 (B.O. 12/5/17) que, en su artículo 2°, dispone: “El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430- será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley”.
Luego, si los propios legisladores han asignado a la nueva ley el carácter de “interpretación auténtica”, sostener lo contrario supondría un avance sobre facultades que resultan privativas del Congreso Nacional (arg. del artículo 75 inciso 12° de la Constitución Nacional) del que no corresponde presumir imprevisión, salvo que surja de modo indubitable la irracionalidad o incongruencia de la norma con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con idéntica jerarquía, que no es el caso.
La intención de asignar a la nueva ley el alcance mencionado surge expresamente del debate llevado a cabo en la Cámara de Diputados del que basta citar como ejemplos las opiniones de los legisladores Pablo Tonelli y Cecilia Moreau. Así, en lo que interesa, el primero expresó que: “...Como queda en evidencia, la derogación de la norma no alcanza como solución, porque en la medida en que siga siendo la ley penal más benigna será nuevamente aplicada por los tribunales. //Creemos, en cambio, que la solución consiste en sancionar una norma que constituya una interpretación auténtica de la ley 24.390.//Nos parece que no hay nadie más autorizado que el propio legislador que aprueba la ley, al cabo de un tiempo y a la luz de los resultados que se han producido, porque la norma tiene el carácter de interpretación auténtica para que los tribunales la sigan y la apliquen...”
La restante, por su parte dijo: “...hoy debemos sancionar un proyecto de ley de interpretación auténtica del artículo 7° de la ya derogada ley 24.390. El “2 x 1” fue una mala ley; esto no está en discusión. Se trata de una norma que lastima a la sociedad argentina respecto de cualquier delito; ni qué decir si hablamos de genocidas o de delitos de lesa humanidad. Es una ley que en vez de otorgar justicia garantiza impunidad”.
A ello debe agregarse que, como bien señala la Fiscal recurrente, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse en el fallo “Batalla” (CSJN, FLP 91003389/2012/TO1/93/1/RH11 Hidalgo Garzón, Carlos del Señor y otros, sent. del 4-XII-18), ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto a la naturaleza “interpretativa auténtica” de la ley 27.362 desarrollando extensamente los argumentos por los que, como consecuencia, la aplicación retroactiva de la nueva norma exegética no resultaba contraria a norma constitucional alguna.
Y si bien la cuestión debatida en el precedente de mentas estaba relacionada con la interpretación del artículo 1° de esa norma, que establece la inaplicabilidad retroactiva del artículo 7° de la derogada ley 24.390 “...a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”, sus argumentos respecto al carácter de la norma resultan también aplicables al caso que nos convoca.
Así el Máximo Tribunal Federal ha expresado que:
“ [...] 10) Que para iniciar el análisis respecto de la naturaleza jurídica de la ley 27.362 es preciso recordar las siguientes pautas:
a) el Congreso Nacional tiene la prerrogativa de dictar leyes aclaratorias o interpretativas de otras anteriores con el objeto de despejar dudas sobre conceptos oscuros, equívocos o dudosos (doctrina de Fallos: 134:57; entre otros), o frente a la existencia de interpretaciones judiciales contradictorias (Fallos: 187:352, 360; 311:290 y 2073).
En rigor, al fijar el sentido de normas dictadas, estableciendo preceptos interpretativos que complementan y/o explicitan los alcances de aquellas, el Poder Legislativo no hace sino preservar la intangibilidad de los mandatos legales puestos en vigencia como expresión de la genuina voluntad de los representantes del pueblo de la Nación. No hay en ello anomalía alguna, sino -por el contrario- una clara manifestación de la separación de poderes contenida en nuestra Constitución, que se sintetiza en la fórmula de su art. 1º, complementada aquí con las concretas atribuciones del art. 75 de la Ley Suprema. [...]
b) en principio, corresponde al Congreso decidir per se cuál es la índole de las potestades que ejerce en el desempeño de su función específica , y si dicho órgano dice haber actuado en uso de la atribución que lo faculta a formular la interpretación auténtica de la ley, los jueces -en oportunidad de ejercer su función jurisdiccional- no pueden rectificarlo o desconocerla, salvo que medie una clara infracción a normas constitucionales (Fallos: 241:128, voto disidente de los jueces Aráoz de Lamadrid y Oyhanarte).
Durante el debate parlamentario de la ley 27.362 quedó plasmada con claridad, en varias de las exposiciones de los legisladores, la voluntad inequívoca de establecer cuál debía ser la interpretación de la ley 24.390 [...] Surge evidente que el legislador ha querido dar a la ley 27.362 el carácter de interpretación auténtica del art. 7° de la ley 24.390; lo dice explícitamente el art. 3° de la norma citada en primer término y también distintas participaciones de parlamentarios en ambas Cámaras del Congreso [...].
c) a los fines de predicar el carácter interpretativo de una previsión legislativa no solo corresponde atenerse a su literalidad, sino también a la naturaleza de los elementos que el novel enunciado normativo expone con el objetivo de desentrañar el sentido de la legislación anterior . Es atribución del Poder Judicial determinar el carácter de la norma cualquiera hubiese sido la calificación asignada por el legislador (Fallos: 184:621; 234:717; 241:128; 267:297; 311:2073; 328:1476), privilegiando la realidad por sobre la denominación en caso de ausencia de correlación (Fallos: 21:498; 289:67 y 318:676), con el fin de establecer si so pretexto de aclarar se concreta una reforma legislativa (Fallos: 234:717; 267:297; 274:207; 307:305; 327:769) y/o se afectan derechos legítimamente adquiridos bajo el amparo de la ley anterior (Fallos: 311:2073; 324:933; 327:769).
d) verificada la naturaleza interpretativa de la norma legislativa, se deriva -en principio- su aplicación a situaciones anteriores a su dictado (Fallos: 108:389; 268:446; 274:207; 285:447, entre otros) [...]
17. Que en síntesis de lo hasta aquí dicho, puede concluirse que el art. 3° de la ley 27.362 expresa un razonable ejercicio de la potestad interpretativa auténtica del Congreso de la Nación. A través de este mecanismo el parlamento argentino, único sujeto jurídico habilitado para hacerlo, estableció una diferenciación que con anterioridad no podía haber sido realizada por los jueces sin desorbitar el ámbito de su competencia [...].
e. Vigencia temporal
18. Que sorteados los “tests de consistencia y de razonabilidad” del art. 3° de la ley 27.362, que permiten convalidarla como ley interpretativa del art. 7° de la ley 24.390, restaría ponderar si es jurídicamente aceptable que se aplique a las causas en trámite, tal como lo estipula el mencionado art. 3°, o si tal previsión contradice el criterio de la aplicación de la ley penal más benigna [...].
Una vez determinado el carácter “interpretativo” de una ley, y la potestad del Congreso para su dictado, se concluye seguidamente que ambas normas, interpretada e interpretativa, confluyen aportando la solución jurídica al espectro de situaciones que abarcan, constituyendo textos que exigen una lectura sistémica y articulada. Ambas leyes se aplican necesariamente de manera conjunta, por lo que el efecto temporal de la ley interpretativa se yuxtapone al tiempo de adopción de la interpretada. Así, se reputa que la norma interpretada ha regido siempre en los términos y con igual significado al establecido en la disposición interpretativa, con lo cual no hay conceptualmente aplicación retroactiva de esta disposición complementaria.
La conclusión referida no distingue según el contenido de la norma que se interpreta, por lo que, obviamente, resulta aplicable en aquellas que atienden a asuntos de naturaleza penal [...]
Dada la naturaleza aclaratoria de la ley 27.362, su aplicación a situaciones previas a su dictado se corresponde con la de la ley interpretada auténticamente (24.390) en su dimensión temporal propia (Fallos: 285:447, considerando 10). La tipificación y consecuencias atribuibles a la ley interpretativa deben entenderse restringidas solo a aquellas normas sancionadas por el Poder Legislativo que satisfagan el estricto control de consistencia y razonabilidad a efectuar por el Poder Judicial, en particular a la luz de las excepcionales circunstancias que las califican y que han recibido desarrollo expreso en los considerandos anteriores.
19. Que el reconocimiento del ámbito temporal de aplicación de la ley interpretativa no constituye afrenta a derechos constitucionales (Fallos: 267:297; 274:207; 285:447, entre otros).
Con particular referencia al tema penal, la aplicación temporal de la pauta de interpretación auténtica brindada por el Congreso con el dictado de la ley 27.362 no implica afectar los principios constitucionales de irretroactividad de la ley penal ni de ultraactividad de la ley penal más benigna. Ello así, pues el principio consagrado por el art. 2° del Código Penal, al disponer que "si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna” , refiere a “la ley” en cuanto texto normativo sujeto a la actividad hermenéutica de los órganos legislativo y judicial, no al enunciado privado de toda exégesis y aislado del sistema normativo que compone.
Respecto de la potestad hermenéutica del Congreso por vía de la ley interpretativa ya se ha argumentado suficientemente ut supra. Respecto de tal potestad en el ámbito jurisdiccional, cuadra recordar que esta Corte, al considerar el principio de legalidad contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sostuvo que si bien “proscribe… la aplicación analógica o extensiva de la ley penal… no impide la interpretación de sus normas que, en cuanto legales, requieren también la determinación de su sentido jurídico, que es tema específico del Poder Judicial e indispensable para el ejercicio de su ministerio” (Fallos: 254:315). Luego, en la labor exegética a realizar por el juez para desentrañar el sentido de las normas que confluyen en un caso, a fin de determinar su benignidad y su aplicación en el marco del art. 2° del Código Penal, el Tribunal no puede excluir a normas del mismo rango declaradas formalmente “interpretativas” o “aclaratorias” por el propio Congreso de la Nación y promulgadas sin objeciones por el Poder Ejecutivo [...] Y así como el juez no puede reemplazar al legislador creando una ley que no existe, tampoco puede ignorar la consideración de una ley que el Congreso ha dictado y cuyo contenido juzga compatible con la Constitución” .
Como puede advertirse, entonces, existen suficientes razones que conducen a la aplicación de la ley interpretativa auténtica número 27.362 de manera que, conforme lo expresado en su artículo 2° no cabe sino establecer que: “El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430- será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley”. TAL ES MI VOTO.
A la única cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega Dr. Borinsky, con excepción de lo volcado en el punto "Primero" de su voto, lo cual excede la cuestión sometida a votación. (De todos modos, ya dije antes que el resultado de un plenario no tiene fuerza vinculante sino exclusivamente para los firmantes del mismo).
Coincido en cuanto a que, tal como surge del art. 2 de la ley Nº 27.362: El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430- será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley.
Me permito añadir que la norma requiere la detención preventiva durante la vigencia de la ley vulgarmente conocida como "dos por uno", esto es entre los años 1994 y 2001, superando los dos años de prisión preventiva durante dicho período.
La ley, como se dijo, requiere la detención preventiva durante la vigencia de la norma, ello así, a los fines de que se pueda establecer el cómputo privilegiado, que no es otro que el de los mencionados dos años, por lo tanto, ese cumplimiento (y su superación) en dicho período se torna condición para el cálculo beneficiante.
Por último, no sobra puntualizar que la denominada "interpretación auténtica" pretendida por leyes merecerá siempre, y en cada caso, una apreciación bajo lupa que permita auspiciar su validez, sobre todo cuando la cuestión esté inserta en el campo del derecho penal de fondo dentro del cual frecuentemente aparecen las alertas relativas al principio de legalidad y a la aplicación de la ley más benigna, entre otros.
Obvio es que mi análisis fue realizado en esos términos.
Así lo voto.
A la única cuestión planteada, el señor Juez doctor Carral dijo:
Sobre la cuestión a examinar me he expedido en las causas N° 90.150 “M., E. s/recurso de casación” y N° 94.138 “A., A. R. s/recurso de Casación”, entre otras.
Allí dije que “estimo que, para una correcta exégesis de la controvertida ley, parcialmente tachada de inconstitucional, es conveniente recordar que la norma contiene solo tres artículos de prescripciones y un cuarto de forma.
El primero de esos artículos se encuentra aco
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