Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 114710
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 114.710 de este Tribunal, caratulada “P. M., H. C. s/ recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN - NATIELLO , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los presentes actuados a conocimiento de este Tribunal como consecuencia del recurso de casación deducido por el Señor Defensor Oficial del Departamento Judicial Mercedes, Dr. Mariano Castro, contra la sentencia dictada con fecha 29 de octubre de 2021 por la que el Tribunal en lo Criminal n° 3 de esa misma Departamental, condenó a H. C. P. M. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y el pago de las costas del proceso, por haber sido encontrado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por ser cometido contra quien mantenía una relación de pareja y por mediar violencia de género, en función de lo normado por los arts. 45 y 80 inc. 1° y 11° del Código Penal.
II. El recurrente denuncia la defectuosa y arbitraria valoración de la prueba, a través de la cual el “a quo” tuvo por debidamente acreditada la materialidad infraccionaria del ilícito enrostrado, toda vez que considera que existe un cuadro de orfandad probatoria que impide mantener la imputación efectuada en cabeza de su defendido, en los términos propuestos por el acuse (arts. 1, 106, 210, 371 y 373 del C.P.P.), y como consecuencia directa de ello, entiende que el fallo en cuestión ha derivado en una errónea aplicación de la ley sustantiva, en lo referente a la significación jurídica otorgada a los eventos investigados.
En apoyo a su postura, indica que el Tribunal de Juicio se desentendió incausadamente del resultado del informe de operación de autopsia practicado a la víctima, en el que se dejó constancia que su fallecimiento se produjo como resultado de un proceso infeccioso generalizado, denominado “sepsis”, y que tanto este como la aludida “falla multiorgánica”, no quedan comprendidos bajo el ámbito de protección de la norma de lo que podría ser considerado un homicidio consumado.
Estima que los Magistrados de grado, omitieron de considerar, tal como lo postuló esa parte, que el curso causal que puso en marcha la conducta del imputado, consistente en agredir a la damnificada con una maza, experimentó un importante desvío de su curso, porque existió una disociación entre la conducta violenta y traumática del imputado, y el resultado muerte, cuya causa, según lo informado, lo constituyó un paro cardiorespiratorio no traumático, secundario a las ya mencionadas “sepsis” y “falla multiorgánica”.
En ese sentido, señala que resulta censurable el fallo recurrido puesto que no consideró que no estamos ante una conducta en la que, una vez culminado el proceso ejecutivo se produce el resultado, requerido por la figura del homicidio, sino que la causa que produjo la muerte, tuvo su génesis en un proceso generalizado de infección.
Alega que, de acuerdo a las reglas de la teoría de la imputación objetiva, los sentenciantes no analizaron si junto al comportamiento del imputado, concurrieron otros factores alternativos (causales o accidentales), que den inicio a un determinado curso causal, que en el caso en particular, estuvo constituido por una circunstancia sumamente relevante: el transcurso del tiempo entre la conducta y el resultado muerte (plazo cercano a los 60 días).
En este norte, aduce que el transcurso del tiempo introdujo dentro de ese proceso constelacional un factor (la sepsis generalizada y falla multiorgánica) que resultó ser la causa del paro cardiorespiratorio no traumático, experimentando un desvío por un factor de riesgo que no estaba al alcance del imputado gestionar, porque se trata de un “riesgo general”, que cualquiera puede experimentar.
Insiste en que el órgano de mérito incurrió en una arbitraria valoración de la prueba, al prescindir y malinterpretar las valiosas conclusiones contenidas en el informe de autopsia, porque a partir de allí, resultó claro que existió una interrupción del nexo causal, debido a que la víctima no falleció por el riesgo provocado por el autor, sino por otro riesgo de carácter general, nuevo y distinto al generado por el agente, explicando el resultado muerte, de modo tal que entiende que resultan aplicables las previsiones del art. 42 del Código Penal, con la consiguiente reducción de la escala penal, al mínimo de la pena previsto por el tipo penal enrostrado.
Subsidiariamente, discrepa con las conclusiones vertidas en el pronunciamiento puesto en crisis, en tanto considera que de la prueba producida y la incorporada por simple lectura al proceso, no es posible determinar que entre los protagonistas existiera una clara relación de desigualdad de poder que se materializara en actos físicos realizados por el varón hacia la mujer.
Advierte que tales extremos no han recibido el debido correlato probatorio, toda vez que de los testimonios de A. M. P. F. y A. P. F., no surge que previamente hubiesen presenciado actos de la naturaleza indicada, sumado al hecho que en la presente investigación no obran antecedentes de denuncias policiales por hechos de violencia, ni tampoco la intervención de algún organismo público o privado ligado a la prevención y tratamiento de la violencia de género.
Conforme lo expuesto, teniendo en cuenta la dinámica que tuvo el episodio denunciado, las características de la personalidad del imputado y la situación de declive de la relación entre la víctima y el justiciable, quien de acuerdo a lo declarado por su hijo sentía que “estaba perdiendo a la familia”, y quien también había hallado en el teléfono celular de aquella contactos y conversaciones con otros hombres, estima que corresponde que deben ser aplicadas al caso las circunstancias extraordinarias de atenuación, contenidas en el último párrafo del art. 80 del Código Penal.
Por todo ello, estima que la limitación normativa no debe regir en el caso que nos convoca, toda vez que al no verificarse en el supuesto analizado ninguno de estos factores, para considerar que hubiese mediado una situación de violencia contra la mujer, es que corresponde la atenuación prevista en el art. 80, último párrafo del C.P., solicitando se imponga al causante, el mínimo de la escala penal prevista en el art. 79 del Código de Fondo.
A todo evento, para el caso que los reclamos instaurados por esa Defensa Oficial no prosperen, solicita se declare la inconstitucionalidad de la pena prisión perpetua, por resultar la misma violatoria de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, mínima suficiencia, culpabilidad por el acto y de legalidad, además del mandato resocializador de la sanción y con la prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes (Conf. arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 26 de la D.A.D.H.; 5 inc. 2 y 5 de la C.A.D.H. y 10 inc. 3 del P.I.D.C.P.), requiriendo se imponga el mínimo legal de sanción, resultante de la escala prevista para el tipo contenido en el art. 79 del Código Penal. Cita jurisprudencia que abona su postura.
Finalmente, formula reserva del Caso Federal (art. 14 Ley 48).
III. Concedido el recurso por el “a quo” (25/11/2021), se dispuso su radicación en Sala, de lo que se notificó debidamente a las partes (1/2/2022 y 9/2/2022, respectivamente), oportunidad en que el Señor Defensor Oficial Adjunto ante este Tribunal, Dr. Nicolás Agustín Blanco, desistió expresamente de celebrar la respectiva audiencia de informes, optando por presentar el memorial sustitutivo, a través del cual mantuvo en un todo el recurso deducido, dada la autosuficiencia de la impugnación efectuada, remitiéndose a los fundamentos allí vertidos, peticionando en idéntico sentido (3/2/2022).
A su turno, la Sra. Fiscal Adjunta ante esta Casación, Dra. Daniela E. Bersi, hizo lo propio, postulando el rechazo de la totalidad de los agravios deducidos por la defensa técnica del encartado, al entender que no se evidencian las violaciones legales denunciadas (memorial del 15/2/2022).
Cumplido, los presentes obrados pasaron a estudio sin más trámites.
IV. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, los señores Jueces de la Sala IV del Tribunal, decidieron plantear y resolver las siguientes:
1ra.) ¿Resulta admisible el recurso de casación deducido?
2da.) ¿Procede el remedio procesal impetrado?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Entiendo que el recurso interpuesto a favor del acusado P. M. es admisible pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirige a cuestionar una sentencia definitiva que, por su carácter condenatorio, genera agravio al imputado y su defensa técnica (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
I.a. En relación al primer motivo de agravio, a través del cual el recurrente denuncia la absurda valoración de la prueba efectuada por el “a quo”, y como consecuencia directa de ello entiende erróneamente calificado el hecho enrostrado, considero que el mismo no puede prosperar.
En este sentido, vale la pena aclarar que la prueba rendida en el marco del presente proceso, dadas las peculiares características que presentan los eventos acaecidos, debe ser interpretada desde una perspectiva de género.
Es que, sin perjuicio de la interpretación que pudieran darle los Jueces de mérito a los hechos ventilados en el marco de la presente investigación (a partir de la opinión vertida por la mayoría en la cuestión primera de la sentencia en trato), ello no implica desconocer la magnitud del ataque desplegado por el incuso, circunstancia que impone que las probanzas arrimadas al contradictorio sean evaluadas en la forma propuesta.
Entiendo que ello es así, en virtud que la situación apuntada exige que, previo a adentrarme en el análisis de los distintos reclamos efectuados por el impugnante, resulta necesario formular ciertas precisiones, a los fines de poder lograr un cabal conocimiento de las particulares aristas que presentan procesos como éste, y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de efectuar la intelección de los sucesos que han de ser decididos, a efectos de arribar a una correcta solución del caso.
De esta manera, como ya lo he sostenido en la causa 75.136 y su acumulada 75.132 del registro de esta Sala IV, considero que, dadas las circunstancias que rodean a este delicado caso, que es traído a conocimiento de esta Alzada a través del presente libelo recursivo, resulta imperioso que sea evaluado desde una “perspectiva de género”, lo cual exige precisar en qué consiste tal enunciado.
En esa misma línea debo señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Leiva, María Cecilia s/ homicidio simple”, rta. el 1/9/2011, ya tuvo la oportunidad de establecer algunas aproximaciones respecto a qué debemos hacer referencia cuando hablamos de violencia de género, en el que el Cimero Tribunal compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del Señor Procurador Fiscal, declarando procedente el recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia apelada.
En el fallo citado se destaca el voto de la Dra. Highton de Nolasco, quien en la oportunidad reseñó que: “…3) Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer -“Convención de Belem do Pará” (aprobada a través de la ley 24.632), en su preámbulo sostiene que la violencia contra la mujer constituye “…una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales…”, “…una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres…”. Asimismo, al referirse a cuáles son los derechos que se pretende proteger a través del instrumento, menciona en primer término que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 3°)…, …4) Que por otra parte, la ley 26.485 de “Protección Integral de la Mujer (reglamentada mediante el decreto 1011/2010), que apunta a erradicar cualquier tipo de discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas últimas el derecho a vivir una vida sin violencia, declara que sus disposiciones son de orden público (artículo 1°) y define los diversos tipos de violencia a la que puede ser sometida una mujer así como también las distintas modalidades en que suele ser ejercida (artículos 5° y 6°); pone en cabeza de los poderes del estado la obligación de adoptar políticas y generar los medios necesarios para lograr los fines perseguidos por la norma (artículo 7°); y finalmente establece un principio de amplitud probatoria “…para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos…”, tanto para tener por acreditados los hechos cuanto para resolver en un fallo al respecto (artículos 6° y 31)…, …5) …en consecuencia, aquella afirmación del a quo para descartar un supuesto de legítima defensa, que a partir del mero hecho de la permanencia de la imputada en el domicilio en que convivía con el occiso -a la cual asigna, sin más, un carácter voluntario-, deriva que Leiva se sometió libremente a una hipotética agresión ilegítima, no solo soslaya las disposiciones de convenciones internacionales y normas internas que avanzan sobre la materia, sino que lisa y llanamente aparece en colisión con su contenido…” .
El Máximo Tribunal Nacional a través de lo resuelto estableció la obligación de analizar en cada caso en concreto la aplicación de aquellos instrumentos internacionales que han incorporado esa “perspectiva de género”. Es dable destacar que dicho criterio luego fue recogido por diversos fallos locales, entre los que cabe destacar -entre muchos otros más- el temperamento adoptado por el Superior Tribunal de Justicia de San Luis en “Gómez, María Laura s/ Homicidio simple”, sentencia n° 10/12 del 28 de febrero de 2012, por la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, de la Provincia de Tucumán en sentencia del 28 de abril de 2014, y por la Corte de Justicia de Catamarca, sentencia nº 23, con fecha 31 de mayo de 2012, organismo que precisamente debió dictar un nuevo pronunciamiento con los alcances señalados por la Corte Nacional, en el mencionado precedente “Leiva, María Cecilia s/ Homicidio Simple”.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el cuadro que se presenta a resolver es en relación a una mujer que aduce ser víctima de violencia (de género y doméstica), debe incorporarse la “perspectiva de género” como pauta hermenéutica constitucional y como principio rector para la solución de este tipo de casos, a efectos que no se ignore la complejidad de esta problemática que afecta a miles de mujeres en el ámbito de nuestra República, exigiendo para ello un análisis integral tanto de la normativa internacional como de la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que “… como lo señala la Convención de Belém do Pará… la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es 'una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres', que 'trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupoétnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases…' ” (Cfr. Corte I.D.H., Caso “Rosendo Cantú y otra Vs. México”, sentencia del 31 de agosto de 2.010).
Encontramos entonces, en primer lugar, la Convención de la O.N.U. sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, firmada y ratificada por nuestro país en 1980 y 1985, respectivamente. La misma resalta que a pesar de los esfuerzos de los instrumentos internacionales por garantizar al hombre y a la mujer igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, se ha comprobado que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones.
Asimismo, pone en evidencia que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. La Convención define la expresión “discriminación contra la mujer” como “… toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera… ” (art. 1).
En ese sentido, establece que los Estados partes se comprometen a “… Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio… ” (art. 2, inc. a), a reconocer “… a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley …” (art. 15) y a adoptar “… todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer… ” (art. 16).
Por su lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) -firmada el 9 de junio de 1994 e incorporada a nuestro bloque constitucional mediante la sanción de la ley N° 24.632 (publicada con fecha 9 de abril de 1996)- establece las obligaciones del Estado respecto de la erradicación de la violencia de género. Ésta afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Reconoce -como se adelantó anteriormente- que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y la antes apuntada manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
En esa inteligencia establece que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social, y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.
Hay que poner de relieve que en su art. 1 se define a la violencia contra la mujer, como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Por otro lado, dispone que este tipo de acciones contempla la posibilidad que: a) tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual
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