Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 110744
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, postulo al Acuerdo el rechazo del recurso traído, con costas (artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 448, 450, 465, 500, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
En su mérito, a esta cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.
En la ciudad de La Plata, sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver en la presente causa número 110.744 caratulada “GENILLINI, RODRIGO JAVIER S/RECURSO DE CASACIÓN” , conforme el siguiente orden de votación: BORINSKY - VIOLINI - CARRAL.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón confirmó el auto de primera instancia por el que se rechazó el pedido de revisión del cómputo de pena respecto a Rodrigo Javier Genillini.
Contra dicho pronunciamiento, el defensor de confianza deduce recurso de casación sosteniendo que la resolución impugnada es ajena a derecho y arbitraria, afectando la libertad ambulatoria de su asistido, dado que, de realizarse el nuevo cómputo de pena requerido por esa defensa, estaría en condiciones de recuperarla, razón por la cual resulta equiparable a definitiva.
Expresa que el rechazo del pedido de computar en favor de Genillini el tiempo sufrido en prisión preventiva en causas previas donde fuera absuelto afecta importantes garantías constitucionales (cita los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional y las garantías de debido proceso y defensa en juicio, importa una errónea y arbitraria interpretación de los artículos 24 y 58 del Código Penal y compromete dos de los pilares básicos de nuestro diseño constitucional: el respeto a la libertad de las personas y la obligación del Estado de reparar o compensar los daños ocasionados a los ciudadanos, aun cuando estos deriven de una actuación legítima.
Expresa que los artículos 7.3 de la C.A.D.H. y 9.1 del P.I.D.C.P. establecen que todo individuo tiene derecho a no ser detenido o sometido a prisión arbitrariamente; mientras que, precisamente, dichos instrumentos prevén el derecho a una reparación ante el supuesto de haber sufrido un menoscabo indebido en la libertad ambulatoria (10 de la C.A.D.H. y 9.5 del P.I.D.C.P.).
En consecuencia, solicita que se anulen las resoluciones dictadas en las dos instancias anteriores con reenvío a la de origen para que se realice un nuevo computo de pena conforme lo peticionado y hace expresa reserva de interposición del remedio extraordinario federal previsto por el art. 14 de la Ley 48.
Radicadas las actuaciones con noticia a las partes, la Sala se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Corresponde hacer lugar al recurso intentado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero. No debe pasarse por alto la doctrina de Sala según la cual la naturaleza administrativa del cómputo no hace cosa juzgada -y esto a propósito de los errores que pudieran producirse en su realización-, ni que la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal al referirse al cómputo de la pena resulta equiparable a sentencia definitiva pues, por su naturaleza y efectos integra el proceso de su ejecución, además de poner fin a la causa haciendo imposible su continuación.
Segundo. El recurso resulta improcedente.
He vendido sosteniendo en anteriores precedentes en compañía del doctor Carral (entre ellos el que cita el recurrente), que el tiempo en que una persona estuvo detenido en una causa en la que resultara finalmente absuelto o sobreseído, debe ser computado al momento de establecer el vencimiento de la pena única impuesta al nombrado.
Un nuevo análisis de la cuestión, sin embargo, me inclina a considerar que tal criterio no puede ser aplicado en forma absoluta, sino que debe encontrarse un límite razonable que permita compatibilizar la finalidad de las reglas sobre unificación de penas, con el derecho de quien ha pasado un tiempo en prisión preventiva sin posibilidad de obtener su descuento en el cumplimiento de la futura pena, a obtener una compensación.
Las reglas previstas por el artículo 58 del Código Penal, tienden asegurar y garantizan, a través de una sentencia única en la que deberán aplicarse las reglas del concurso real, la unidad penal en todo el ámbito del país, y de ellas se deriva que, cuando existan varios procesos simultáneos seguidos contra una misma persona, éstos deban ser investigados y juzgados por un único órgano judicial y sólo podrá ordenarse en relación a ese imputado una única medida cautelar que asegure el resultado de aquellos procesos (del voto del doctor Omar Palermo en el fallo dictado por la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el 28-12-20 en causa nro. 13-0540933-4) .
En consecuencia, cuando correspondiera la aplicación de las reglas del concurso y se hubiese verificado el cumplimiento de encarcelamiento preventivo en períodos diferenciados, corresponderá que los mismos sean computadas en la pena única que, en definitiva, se imponga al condenado. Y es en este caso que deberán tenerse en cuenta los períodos de privación de libertad sufridos por el imputado aún en aquellos procesos en que resultare absuelto o sobreseído.
Diverso es el caso, en cambio, de aquella persona que, habiendo cumplido prisión preventiva en una causa finalizada mediante absolución o sobreseimiento, luego de su conclusión, comete un nuevo delito que da lugar al inicio de un nuevo proceso en su contra pues, en tal caso, se trataría de procesos sucesivos, y no sólo su situación no estaría abarcada por la mencionada finalidad del artículo 58 del Código Penal sino que, además, ello supondría, como consecuencia, afirmar la posibilidad de que la persona pudiese acumular días de privación de libertad a ser descontados de una posterior condena a reclusión o prisión, como una suerte de crédito para delitos futuros, a la par que la ubicaría en una mejor situación que aquel que, habiendo sido sobreseído o absuelto por un hecho delictivo, no vuelve a cometer otros, lo que no parece razonable.
Luego, si conforme se desprende de los antecedentes del caso que se reseñan en el recurso y la resolución impugnada, Genillini pretende que le sean computados los tiempos de detención preventiva sufridos entre el 23 de marzo de 2007 y el 24 de octubre de 2008 en la causa número 3876/1462/07 del Tribunal Criminal N° 2 de Mercedes en la que fuera absuelto por sentencia que adquirió firmeza el 3 de noviembre de 2008 y entre el 30 de abril de 2009 y el 3 de septiembre de 2011 en la causa número 2283 del Juzgado en lo Correccional N° 3 de Morón, en la que fuera absuelto por la Cámara de Apelación y Garantías del mismo Departamento el 3 de septiembre de 2011; mientras que el expediente que diera origen al presente, actualmente en trámite ante el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Morón, se inició por un hecho que se dice cometido el 26 de marzo de 2016, es decir, más de cuatro años después del último pronunciamiento absolutorio, va de suyo que no existe la conexidad que conduciría a una eventual aplicación de la reglas del artículo 58 del Código Penal, por lo que la pretensión defensista no puede tener andamiento favorable.
Por ello, postulo al Acuerdo el rechazo del recurso traído, con costas (artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 448, 450, 465, 500, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
En su mérito, a esta cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
En oportunidad de expedirme en las causas nro. 77.694, "Ramírez, Miguel Ángel", del 20 de diciembre de 2016, y nro. 82.446 "Zapata, Diego Darío" y su acumulada nro. 82.554, del 16 de junio de 2017, ambas de la Sala I de este Tribunal, adherí al voto del doctor Maidana, en cuanto desestimaba pretensiones como la aquí traída. Y aunque en los precedentes mencionados el agravio hacía pie en la disposición convencional que prevé una indemnización en caso de condena en sentencia firme por error judicial (artículo 10 CADH), de todos modos el criterio interpretativo resulta de aplicación en esta causa, toda vez que en aquella oportunidad se sostuvo también que la télesis del artículo 24 del Código Penal no permite una solución como la propiciada por el recurrente, por lo que abro disidencia para postular el rechazo del recurso intentado, con costas. ASÍ LO VOTO.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Borinsky, por sus fundamentos, y a esta cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde rechazar el recurso traído, con costas (artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 448, 450, 465, 500, 530 y 531 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión, los señores jueces doctores Violini y Carral dijo:
Votan en igual sentido que el doctor Borinsky.
Con lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
R E S O L U C IÓ N
RECHAZAR el recurso traído, con costas.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 448, 450, 465, 500, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese electrónicamente y radíquese en el órgano de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2022 10:34:34 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/06/2022 10:38:18 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/06/2022 10:50:05 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 02/06/2022 11:21:15 - ECHENIQUE Andrea Karina - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/06/2022 11:39:40 hs. bajo el número RS-738-2022 por ECHENIQUE ANDREA KARINA.
Fin de la sentencia