Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 118851
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el señor defensor particular, doctor Héctor Marcelo Gentili, contra el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamento Judicial Quilmes, confirmó el pronunciamiento dictado por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 departamental, que resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley N° 12.256 y, consecuentemente, la solicitud de prisión discontinua, formulada en favor del condenado Esteban Raúl.
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión. Con costas en esta instancia.
Rigen los artículos 16, 18, 28 y 75, inc. 12 CN; 100 de la ley 12.256, 448, 450, 451, 464, 530 y concs., CPP, 14 y 15 ley 48.
En la ciudad de La Plata sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctora María Florencia Budiño y doctor Fernando Luis María Mancini, para resolver en la presente causa 118.851 caratulada "ESTEBAN RAUL S/ RECURSO DE CASACIÓN" . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden BUDIÑO-MANCINI.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamento Judicial Quilmes, confirmó el pronunciamiento dictado por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 departamental, que resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley N° 12.256 y, consecuentemente, la solicitud de prisión discontinua, formulada en favor del condenado Esteban Raúl.
Contra esa decisión el defensor particular, Héctor Marcelo Gentili, interpuso recurso de casación.
La señora Fiscal Adjunta ante este Tribunal, doctora Daniela Bersi, se notificó de la radicación y consintió la integración dispuesta.
Cumplidos los trámites de rigor, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación intentado?
Segunda: ¿Es procedente?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. El recurrente fundó la admisibilidad de la instancia casatoria de conformidad con lo normado en los arts. arts. 433, 448 inciso 1º, 450, 451, 454, 456, 460 y 461 del CPP.
Señaló que el remedio intentado se funda en la inconstitucionalidad del art. 100 de la Ley de Ejecución Penal de acuerdo a lo normado en los art. 1, 14, 16, 18, 19, 22, 28, 31, 33, 43, 75 y 121 de la Constitución Nacional; 1, 2, 3, 10, 11, 15, 20, 25, 26, 30, 45, 56, 57 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; 1, 5.6, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10.3 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 2 de la ley 24.660; 1, 4 y 5 de la ley 12.256; 462, 530 y 531 del Código Procesal Penal y; la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en Causa N° 15.324 (Reg. de Pres. Nº 51.310), caratulada “A., M. E. s/ recurso de casación”, rta. 13 de septiembre 2012 y; Sala I de este Tribunal de Casación Penal de la provincia, en el marco de la N° 43.933, caratulada “R., J.C. s/ recurso de queja”, con fecha 15 de julio del año 2011.
Remarcó que la resolución impugnada genera un gravamen insusceptible de reparación ulterior y violenta el principio de “resocialización” que debe caracterizar al régimen del cumplimiento de la pena, como así también los principios de legalidad, culpabilidad, y proporcionalidad, y los dispuesto en el artículo 16 de la CN, por tratarse, a su entender, de un supuesto de derecho penal de autor.
Indicó que la norma que prohíbe la concesión de cualquiera de los beneficios que implican el ingreso al período de prueba a los condenados, por la exclusiva razón de la naturaleza de los delitos que allí se indican -en el caso particular el homicidio en ocasión de robo- “…violan los principios constitucionales de igualdad ante la ley (CN, 16 y 75 inc. 22; CADH, 24; PIDCyP 14 y CPBA, 11) el de razonabilidad (CN, 28), en tanto y en cuanto, contradicen, por un lado, el fin específico que dicha pena privativa de la libertad, de acuerdo con lo que disponen normas de jerarquía constitucional superior y aquellas mismas leyes, tiene en la etapa ejecutiva: la resocialización o readaptación social de los penados; y por el otro, el sistema de progresividad y prueba que, para la consecución de dicho fin preventivo especial positivo, impone la ley 24.660… ”._
Indicó que los Jueces de grado tiene el deber de aplicar la doctrina legal emanada de éste Tribunal de Casación y, en virtud de ello, decretar la inconstitucionalidad del art.100 de la Ley 12.256.
Señaló que la Cámara, solo se limitó a argumentar sobre las cuestiones planteadas, omitiendo efectuar toda consideración acerca de la doctrina legal citada por el impugnante.
Hizo reserva del caso federal.
Por último, solicitó se haga lugar al recurso, y se case la sentencia atacada.
II. El recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y ccdtes., CPP, a la vez que la recurrente se encuentra legitimada para impugnar.
Si bien el pronunciamiento de la alzada departamental resulta confirmatorio del dictado en la instancia de origen, abasteciéndose formalmente la garantía de la doble conformidad, en el caso de autos, entiendo que la admisibilidad de la vía intentada que justifica la apertura de la competencia de esta instancia para entender por la vía de excepción resulta de los planteos de la recurrente que solicita la inconstitucionalidad del artículo 100 de la ley Ejecución Penal, cuestionado la interpretación efectuada por el a quo con afectación al principio de resocialización, legalidad, culpabilidad, y proporcionalidad y el art. 16 de la CN..
De modo que, frente al tema de la impugnación y las particularidades del caso, corresponde declarar admisible el recurso de casación deducido (arts. 421, 448, 450, 451, 454, 464 y ccdtes.; CPP).
Voto por la afirmativa .
A la misma cuestión planteada el doctor Mancini, dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño , dijo:
I. El impugnante se agravia de que se resolvió no hacer lugar a la prisión discontinua solicitada en favor de Raúl Esteban, en función del delito homicidio en ocasión de robo, teniendo en cuenta la prohibición del art. 100 de la ley 12.256.
Señaló que tanto el Juzgado como la Cámara, solo se limitaron a argumentar sobre las cuestiones planteadas, dejando sentada su posición, pero omitiendo efectuar consideración alguna sobre la doctrina citada por la parte emanada por este Tribunal de Casación, por lo que la resolución, a su entender, no se encuentra ajustada a derecho.
Remarcó que si bien, la norma cuestionada, tanto su creación como modificación es tarea del poder legislativo, ello no exime a los Magistrados a ejercer el control constitucional.
Con fundamento en lo expresado solicitó que se haga lugar al recurso y se case la resolución impugnada.
II. Adelanto mi opinión con relación a que el recurso de casación planteado no puede prosperar.
En primer lugar, debo señalar que el impugnante sólo expresa el fundamento dogmático de la solución propiciada, pero en modo alguno evidencia que el caso las circunstancias particulares del caso habiliten la solución propiciada, todo lo cual evidencia la ineficacia del planteo al limitarse a comparaciones en abstracto y a citas jurisprudenciales, inhabilitando así el ingreso de un procedimiento de excepción.
Quizás no sobre agregar, a modo de resumen, que para dejar expedita la posibilidad jurisdiccional de no aplicar una ley por entenderla inconstitucional, es menester -precisamente- que se expliciten y demuestren las peculiaridades objetivas o subjetivas que el caso muestra para ser extrañado de la cobertura que la generalidad de la norma, por definición, atrapa.
Y esto es sólo el primer paso.
A partir de ello, corresponderá puntualizar, además, los motivos por los cuales ese desajuste entre la previsión general y el caso concreto terminan por evidenciar que un acontecimiento así encapsulado, ubica a la ley que lo está englobando en un enfrentamiento de incompatibilidad (contradicción) con una disposición constitucional, lo cual provocará entonces que, en la medida de dicha oposición, la norma inferior sea inaplicada por inconstitucional.
Es decir, habrá que exponer los datos que hacen que la previsión general de la ley se muestre distorsionada al bajar al caso concreto, el cual, aunque nominalmente no deje de pertenecer a aquello que genéricamente se pretendió regular, materialmente, en cambio, aparece desacomodado en la especie.
En tal sentido, debo señalar que no se logra explicar por qué motivo o de qué forma el cumplimiento de la pena de 14 años y 9 meses de prisión impuesta a Esteban -en orden al delito robo en poblado y banda en 16 hechos, robo, homicidio en ocasión de robo, robo con arma blanca en grado de tentativa todos en concurso real- desatendería a la meta resocializadora que, como aspiración, se asigna a la pena privativa de la libertad, el cual sólo se cristalizaría -a criterio del impugnante- en caso de hacerse lugar la prisión discontinua.
Ello así pues no ha quedado demostrado en el caso traído a revisión, de qué modo se le niega al condenado la progresividad en el régimen y la resocialización, quien tiene oportunidad concreta y firme de reintegrarse a la sociedad, a partir del uso de otros institutos y herramientas como progresividad en el régimen de detención, acceso a trabajo y estudio, salidas a prueba y demás beneficios previstos en la ley de ejecución.
Fue por decisión del legislador que se estableció la existencia de dicha figura liberatoria, y está dentro de sus facultades reglamentar razonablemente cuándo y en qué casos procede y a qué condiciones habrá de someterse al liberado; así como prever los supuestos de su improcedencia siempre que el criterio de exclusión resulte atendible y justificado.
Que es doctrina de la Corte Federal que " el principio de igualdad no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal de que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de ellas aunque su fundamento sea opinable" (C.S.J.N. Fallos. 299:146; 300:1049 y 1087; 301:1185), siendo que nada de ello puede predicarse sobre el criterio de política criminal que restringe el ingreso de Raúl Esteban al instituto previsto en el art. 100 de la Ley 12.256.
En tal sentido nuestro máximo Tribunal provincial se expidió sobre los planteos efectuados por la defensa al pronunciarse en las causas P.126.187 y P. 130.112: "(...)Cuando el legislador exige que la pena impuesta en esos casos se cumpla en su totalidad no selecciona ningún grupo de personas por su condición, sino por lo que han hecho. Además, como acertadamente lo señala el señor Subprocurador General, en principio, las penas que imponen los jueces dentro de las escalas legales son para ser cumplidas en la extensión que fija la sentencia. Que la ley, de modo general, haga una distinción entre delitos más y menos graves, y que estos últimos tengan reglas más severas, limitadas por supuesto al término de la condena dictada con todas las garantías en el juicio correspondiente, no establece una diferencia que viole el art. 16 de la Constitución nacional. Caso contrario debería también caer por inválido el diverso régimen -más severo- que tiene la pena de reclusión. Me remito a los numerosos precedentes en los que esta Suprema Corte ha rechazado la pretensión de tener por derogada la pena de reclusión, precisamente en razón del régimen diferente que ella conlleva (P. 108.840, sent. del 21/III/2012; P. 110.660, sent. del 6/XI/2013; P. 109.864, sent. del 13/XI/2013; P. 106.500, sent. del 8/VII/2014; P. 112.596, sent. del 16/VII/2014, P. 109.652, sent. del 8/IV/2015; entre otros".
Continúa diciendo la SCBA que, en cuanto al restante argumento de la defensa, acerca de la reinserción social del penado que "La liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización...".
Por ello, con sujeción al caso en juzgamiento, no advierto que la aplicación de la disposición de los artículos denunciados resulte violatoria del principio de igualdad o afecte el principio de resocialización de la ejecución de la pena, sino que, antes bien, se trata de una elección razonable del legislador que busca fomentar una política penitenciaria y criminal específica, que, en estas condiciones, no puede ser invalidada.
Por todo lo expuesto, propicio el rechazo del motivo (arts. 16, 18, 28 y 75, inc. 12 CN; 100 de la ley 12.256, 448, 450, 451, 464, 530 y concs., CPP).
Así lo voto.
A la misma cuestió n planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada, la doctora Budiño , dijo:
Conforme quedara resuelta la primera cuestión, corresponde declarar admisible el recurso de casación traído por el señor defensor particular, doctor Héctor Marcelo Gentili, contra el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamento Judicial Quilmes, confirmó el pronunciamiento dictado por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 departamental, que resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley N° 12.256 y, consecuentemente, la solicitud de prisión discontinua, formulada en favor del condenado Esteban Raúl, y rechazar el recurso de casación por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión. Con costas (arts. 16, 18, 28 y 75, inc. 12 CN; 100 de la ley 12.256, 448, 450, 451, 464, 530 y concs., CPP, 14 y 15 ley 48).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por el señor defensor particular, doctor Héctor Marcelo Gentili, contra el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamento Judicial Quilmes, confirmó el pronunciamiento dictado por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 departamental, que resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley N° 12.256 y, consecuentemente, la solicitud de prisión discontinua, formulada en favor del condenado Esteban Raúl.
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión. Con costas en esta instancia.
Rigen los artículos 16, 18, 28 y 75, inc. 12 CN; 100 de la ley 12.256, 448, 450, 451, 464, 530 y concs., CPP, 14 y 15 ley 48.
Regístrese, notifíquese y encomiéndese al Servicio Penitenciario la notificación personal del imputado, con entrega de copia íntegra de la presente. Una vez agotado ese cometido, se solicita que dichas diligencias sean remitidas a esta Alzada. Oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
lo
Firmas
Funcionario Firmante: 30/08/2022 14:03:26 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2022 14:16:02 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2022 14:29:31 - MORANDI Diego Enrique
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 31/08/2022 12:02:22 hs. bajo el número RS-1104-2022 por PEREZ PESADO NICANOR.
Fin de la sentencia