Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 112403
C- 112.403
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, reunidos los Jueces designados para integrar la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello, con el objeto de dictar sentencia en la presente causa N º 112.403 caratulada “DUTRA ALEJANDRO SEBASTIÁN S/ RECURSO DE CASACIÓN”, y habiéndose efectuado el sorteo para establecer el orden en que los señores jueces emitirán sus votos, resultó el siguiente orden de votación: BUDIÑO – NATIELLO.
El Tribunal en lo Criminal Nro. 1 del Departamento Judicial La Matanza pronunció veredicto condenatorio en el marco de la causa n° 140 y, en lo que aquí interesa, decidió imponer a Alejandro Sebastian Dutra, la pena de treinta y seis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, según hecho cometido el 9 de marzo de 2020 en la localidad de Villa Madero del Partido de La Matanza en perjuicio de quienes en vida fueran Mauricio Ezequiel Miño, Daniela Montero, Raúl Ibarra y Mariana Vilardo (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 41 quáter, 45, 165 del CP, 375, 530 y sgtes. del CPP).
Asimismo, dispuso formar causa por separado por el “hecho 2” y, de acuerdo con lo normado por el art. 15 a contrario del CPP y 18 y concordantes del CPPN, girarla a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, para que desinsacule el Tribunal en lo Criminal que deberá seguir conociendo en el mismo (arts. 25 y concordantes del CPPN).
Contra dicho resolutorio interpuso recurso de casación la Dra. Analía Gaggero, Defensora Oficial interinamente a cargo de la Unidad Funcional de Defensa Nro. 10 del Departamento Judicial La Matanza.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
A la primera cuestión planteada la señora jueza doctora Budiño dijo:
El recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por los artículos 451 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que la impugnante se encuentra legitimada para recurrir y la resolución objeto del recurso es sentencia definitiva por lo que se enmarca dentro de las resoluciones que el Código de Rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía.
En consecuencia, considero que el recurso interpuesto es admisible, debiendo el Tribunal expedirse sobre su fundabilidad y procedencia.
Voto, entonces, por la afirmativa.
Arts. 421, 448, 450, 451, 454 inc. 1° del C.P.P.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada la señora jueza doctora Budiño dijo:
I. a) Como primer motivo de agravio, la recurrente cuestiona la decisión del tribunal anterior de declararse incompetente para pronunciarse con respecto al “Hecho 2”, planteando que la misma resulta desatinada en virtud del momento procesal en que se resuelve; lo que atenta contra los principios constitucionales de debido proceso, preclusión y ne bis in ídem.
Refiere que se elevó la causa a juicio determinando la materialidad infraccionaria configurativa del delito de portación ilegal de arma de guerra y que el Tribunal en lo Criminal Nro. 1 Departamental recibió los actuados, analizó su competencia, citó a juicio, proveyó las pruebas, designó fecha de debate y llevó a cabo ese juicio posibilitando que la Vindicta pública acuse por ese hecho, sin ni siquiera mencionar su carencia de aptitud para juzgar. En tal sentido, con cita del precedente “Polak”, considera vulnerado el principio de preclusión, desde que, en todas las instancias en que hubiera sido posible decidir la incompetencia de la justicia provincial -esto es, en principio, la elevación a juicio y la citación a juicio- no se lo hizo, con lo cual ello ya no sería posible en la sentencia so pena de incurrir en la violación del principio ne bis in dem.
Agrega que la prohibición de la múltiple persecución penal por un mismo hecho funciona como un escudo frente a situaciones como la de autos en la que, al encontrarse los juzgadores ante la imposibilidad de condenar con la plataforma fáctica que arrojó la producción de prueba que –en función de la exclusión probatoria propiciada por la parte en los alegatos- obligaría a excluir del material probatorio la totalidad de la prueba incriminante, los juzgadores encuentran otra oportunidad en otra jurisdicción para sortear este escollo.
Señala que se viola la mentada garantía cuando, culminado el juicio, se ordena la iniciación de un nuevo proceso por un delito no juzgado pero afianzado en un hecho conocido desde un comienzo.
En definitiva, en el entendimiento que la decisión cuestionada genera un perjuicio para el imputado que deberá afrontar un nuevo proceso, solicita se revoque la resolución en cuanto a que el Tribunal a quo se declaró incompetente en relación al hecho contra la seguridad pública y, teniendo en cuenta la solicitud de exclusión probatoria formulada al alegar (art. 211 del C.P.P.), se arribe a la absolución de Dutra (art. 448 inc. 1ro y 461 del C.P.P.)
b) 1- En segundo término, la defensa se agravia ante lo que entiende ha importado una arbitraria valoración de los elementos de prueba en orden a la acreditación de los hechos y a la atribución de responsabilidad en grado de coautor a Dutra en el desapoderamiento.
En cuanto al establecimiento de la materialidad ilícita, alega que tanto la narración de los hechos como el razonamiento de la sentencia se encuentran plagados de afirmaciones carentes de sustento probatorio y aparecen como fruto de meras conjeturas reñidas con el sistema de las libres convicciones. En concreto, cuestiona la forma “jalonada y parcial” con que fueron valorados los dichos de Dutra, habiéndose extractado arbitrariamente algunas partes de los mismos a efectos de dar sustento a lo que –en opinión de la impugnante- es una imaginaria reconstrucción de los hechos en la sentencia.
En lo atinente a los fundamentos del fallo para establecer la coautoría de Dutra en los hechos, aduce que no fueron tenidas en cuenta las explicaciones brindadas por el nombrado al declarar en los términos del art. 308 del C.P.P. Dice que, en dicha oportunidad, su asistido contó que se encontraba desempeñando como remisero, se le encargó un viaje, lo realizó y, luego de que sus pasajeros bajaron del vehículo en la zona de Villa Madero, se escucharon detonaciones de arma de fuego, regresando raudamente los sujetos al automotor quienes lo amenazaron para llevarlos de regreso a la Capital Federal.
Asimismo, destaca que las conductas que el sentenciante valoró como indicadoras de culpabilidad (quitar el distintivo del vehículo que lo relacionaba con la agencia que prestaba servicios, no denunciar el hecho ni aportar datos de los menores), habrían tenido fundamento en el temor de su asistido por conocer la peligrosidad de las personas involucradas.
En cuanto al otro indicio de culpabilidad meritado por el tribunal de juicio relativo al contexto de fuga evidenciado por Dutra al momento de su detención en CABA en virtud de los elementos secuestrados en su poder (ropa, comida, alimentos no perecederos), en primer término, cuestiona que el sentenciante haya eludido el planteo de exclusión probatoria de la diligencia que culminó con el secuestro de esos objetos a través la declaración de incompetencia, no obstante lo cual ponderó esta probanza; por otro lado, arguye que los enseres incautados no darían cuenta de una situación de fuga sino de la compra de productos para el consumo diario; y, en tercer lugar, refiere que la diligencia en cuestión no se habría llevado a cabo al día siguiente del hecho como surge de la sentencia.
Por otro lado, discrepa con el criterio valorativo del a quo en la valoración de ciertos testimonios, toda vez que, por un lado, sólo se marcó una contradicción entre ambas declaraciones de Dutra, (la que –según su juicio- pudo haberse debido al paso del tiempo) y, por el otro, se descreyó del testigo Monzón por sobre los dichos de la inexperimentada recepcionista de la remisería quien refirió haber trabajado allí por algunos días solamente y, quien contaba al momento del juicio tan solo 17 años.
Considera, contrariamente a lo sostenido por el tribunal de grado, que no se han acreditado los extremos de una coautoría funcional en cabeza de su asistido, no habiendo logra demostrar la sentencia que el desapoderamiento haya tenido lugar merced a una decisión común (plan sceleris) con división de roles, ya que –agrega- no puede hablarse de la realización de actos típicos que tiendan al resultado por parte Dutra.
b) 2- De manera subsidiaria, postula la configuración de un supuesto de participación secundaria en los términos del art. 46 del C.P., en el entendimiento de que, si se suprimiera el supuesto aporte Dutra al hecho en trato, no se hubiera modificado la realidad fáctica.
c) También subsidiariamente, plantea la aplicación de lo normado por el art. 47 del C.P., bajo el criterio de que Dutra habría aceptado participar en el robo, importando el desenlace mortal un exceso del plan que no puede serle reprochado, sino que fue una acción desplegada unilateralmente por uno de los menores que ingresó a la casa (“D.”) que –a su entender- debió haberse subsumido dentro de los límites típicos del homicidio criminis causae del art. 80 inc. 7°, C.P. En tal sentido, efectúa una serie de disquisiciones dogmáticas con plurales citas jurisprudenciales en torno a las diferentes notas típicas de los delitos previstos y reprimidos por los arts. 165 y 80 inc. 7° del C.P.
Bajo dicha hermenéutica, propicia la condena de Dutra como coautor del delito de robo agravado por el uso de armas (en los términos del art. 166 inciso segundo y art. 47 del C.P.)
d) En otro andarivel, cuestiona el proceso de mensuración de la pena llevado a cabo por el a quo particularmente en cuanto a la estimación como agravantes de la nocturnidad (no se habría acreditado que fue intencionalmente a los fines de facilitar la comisión del hecho) y la pluralidad de intervinientes (no surgiría que haya sido determinante en el suceso investigado o que haya sido buscada, ello sumado a la existencia de pluralidad de víctimas).
e) Reitera el planteo de inaplicabilidad de la agravante genérica del art. 41 bis del C.P. en los delitos de homicidio y postula la inconstitucionalidad de la norma. Asimismo, insiste con la desaplicación de la agravante del art. 41 quáter del C.P. por entender que las constancias valoradas no sirven “per se” para justificar la predeterminación del sujeto mayor de edad respecto del menor, ello sumado a la presunta ignorancia de Dutra sobre las edades de los consortes.
Solicita se haga lugar al recurso y deja expresamente planteada reserva del caso federal (art. 14, ley 48).
II. A su turno, tomó intervención el Señor Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández quien mantuvo en todos sus términos el recurso traído por su par de la instancia peticionando en igual sentido.
III. Por su parte, la Sra. Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, quien postuló el íntegro rechazo del recurso incoado por la defensa oficial.
Con respecto a las críticas en torno a la decisión del a quo sobre la competencia del ilícito cometido contra la seguridad pública, sostuvo la inadmisibilidad del planteo porque aquello no resulta cuestionable ante esta sede casatoria desde que no configura ninguno de los supuestos previstos en el art. 450 del C.P.P., constituyendo un reenvío de una causa por cuestiones de competencia territorial. Sin perjuicio de ello, también propició la improcedencia del agravio por cuanto las cuestiones de jurisdicción y competencia son de orden público e improrrogables (art. 15 del C.P.P.B.A.), y garantizan el derecho fundamental del Juez Natural.
En segundo lugar, propugnó el rechazo de la pretensión absolutoria fundada en la alegada inexistencia de una coautoría funcional, así como del planteo subsidiario de que el accionar de Dutra debió valorarse como el de un partícipe secundario. Al respecto, dijo que se trata de una reedición de los cuestionamientos efectuados en la instancia anterior y que se encuentran desentendidos de los fundamentos brindados en el fallo impugnado. Sin perjuicio de ello, efectuó su propia interpretación de la prueba y compartió los fundamentos que edificaron el temperamento condenatorio adoptado por el Tribunal de grado.
También discrepó con la hipótesis alternativa de la recurrente en cuanto a la aplicación del art. 47 del C.P. en función de que Dutra habría aceptado participar del robo mas no del homicidio, desde que –a su entender- quedó debidamente acreditado que el mismo, junto con tres masculinos, concurrió a efectuar un despojo con el empleo de armas de fuego y durante el desarrollo del mismo uno de ellos disparó contra la humanidad de una de las víctimas ocasionándole su deceso. Sobre el punto añadió que resulta razonable pensar que dirigirse a un domicilio a perpetrar un robo munido con armas de fuego, importa cuanto menos su exhibición a modo intimidatorio y, eventualmente, su utilización en perjuicio de quien pretendiera neutralizar la acción; ello como parte de un plan asumido en común.
Por último, propició el rechazo de los cuestionamientos a la aplicación de las agravantes nocturnidad y pluralidad de intervinientes.
IV. Adelanto que los agravios traídos no habrán de prosperar, aunque propondré la casación parcial del fallo en cuanto al proceso de individualización de la pena llevado a cabo por el a quo .
En primer término, observo que no merece reparos el temperamento adoptado por el Tribunal de grado al dar respuesta a la cuestión preliminar planteada en el veredicto, resultando ajustada a derecho la declinatoria de su competencia para entender en el “Hecho 2” en función de su incuestionado acaecimiento en el barrio porteño de Mataderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recordemos que, en rigor, el planteo defensista no giró en torno a la razonabilidad de la decisión sino, más bien, en función de lo “desatinada” de la misma al haber sido adoptada luego de llevado a cabo el juicio y de establecida, entre otras cosas, la acusación de la Fiscalía.
En línea con lo sostenido sobre el punto por la Dra, Moretti en la mejora, corresponde destacar que, tratándose las reglas sobre la competencia de una cuestión de orden público e indisponible por las partes y siendo la jurisdicción improrrogable, puede el juez o tribunal de Alzada declarar la falta de jurisdicción o la incompetencia en cualquier estado de trámite.
Tiene dicho invariablemente la Suprema Corte de Justicia bonaerense que “ La forma o manera de determinar y fijar la competencia o la capacidad del juez para conocer de un determinado litigio, es materia de fundamental importancia para la correcta instrucción y decisión y tiene raíces constitucionales (art. 18 de la Constitución Nacional; 10 y 15 de la Constitución de la Provincia). La competencia importa una distribución de la actividad jurisdiccional entre los distintos jueces con arreglo a determinados criterios y por lo tanto, es una cuestión de orden público (Morello, Augusto M. y Vallefín, Carlos A. “El Amparo. Régimen procesal”, Librería Editora Platense, La Plata, 2000, pág. 96). Así, la competencia del juez es un presupuesto del proceso que puede ser discutido in limine litis y sobre el cual debe pronunciarse el juez de oficio (arts. 4 y 336 del C.P.C.C.; 8 y 31 ley 12.008 -texto según ley 13.101-) [B-69213 "Consorcio Propiedad Edificio Rubli Alsina C/ Municipalidad De General Pueyrredon S/ Amparo. --Conflicto De Competencia Art. 7º Inc. 1º, Ley 12.008”; Sent. 25/11/2009].
Así, no hallándose bajo discusión que el “Hecho 2” tuvo lugar en jurisdicción capitalina, no existía otro cauce decisorio que el de la declinatoria de competencia de los magistrados de la justicia provincial.
Por otro lado, no obsta “ la múltiple persecución penal de una misma persona por un mismo hecho, cuando la primera persecución, o una de ellas, no haya podido arribar a una decisión de mérito o no haya podido examinar la imputación (el 'mismo hecho') objeto de ambos procesos, desde todos los puntos de vista jurídico-penales que merece, debido a ‘obstáculos jurídicos’, es decir, cuando el escollo no finca en que ‘el tribunal o el acusador, por error, no agotaron aquello que pudieron agotar, según reglas jurídicas’, sino, precisamente, en el supuesto inverso, que se da cuando “una regla jurídica impide agotar el caso porque inhibe la sentencia de mérito o bien porque impide 'unificar procesalmente la pretensión punitiva' " (cfr., MAIER , Julio B. J., DPP , t. I, 2ª ed., pp. 623/631).
Concretamente, existen casos, como el que nos ocupa, en que la "falta de jurisdicción o competencia, en un sentido amplio, significa la imposibilidad del juez de la primer sentencia para extender su conocimiento y su fallo a aspectos jurídicos que le están vedados por la existencia de un obstáculo procesal, la falta de instancia o de persecución penal por la persona legitimada, la falta de competencia en sentido estricto o la necesidad de seguir un procedimiento especial, incompatible con el que se sigue por la otra infracción: en definitiva, todo se traduce en una carencia de facultades para agotar todos los aspectos penales que el caso tiene o sugiere" (cfr., MAIER , ibídem).
Turno de abordar los cuestionamientos traídos por la recurrente en orden al proceso de apreciación de las pruebas llevado a cabo por el a quo para tener por demostrados los extremos de la imputación.
Adelanto que, luego de haber efectuado el máximo esfuerzo de revisión posible en la tarea de fiscalización del fallo condenatorio, no advierto en el mismo defecto invalidante alguno.
Contrariamente al planteo de arbitrariedad de la sentencia esgrimido por la Dra. Gaggero, observo que mis colegas de la instancia, expresaron su convicción sincera sobre la prueba de cargo que fundó el temperamento condenatorio adoptado. Así, surge del examen de las cuestiones de la sentencia la observancia por parte del Tribunal de las reglas legales atinentes a la formación de la convicción jurisdiccional y la racionalidad de su justificación al arribar a su conclusión.
Recordemos que, al igual que en sus alegatos expuestos en el debate, la defensa propugnó la absolución de Dutra en función de la escasez probatoria para arribar a un veredicto de condena, reiterando su hipótesis de que el nombrado no formaba parte del grupo perpetrador, sino que sólo había realizado un viaje encomendado con su auto en el marco de su trabajo como remisero.
El Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial La Matanza tuvo por acreditado que “... el día 9 de marzo del año 2020, siendo aproximadamente las 22 horas, al menos cuatro sujetos del sexo masculinos (tres de ellos, menores de edad), que se movilizaban a bordo del vehículo marca Chevrolet, modelo Agile de color negro, dominio JJP-094, manejado por el Alejandro Sebastián Dutra, detuvieron su marcha sobre la calle Paunero casi esquina Boulogne Sur Mer, de la localidad de Villa Madero, partido de La Matanza, dirigiéndose los tres acompañantes hasta la vivienda de la calle Paunero nro. 78 del mismo medio, donde mediante intimidación con armas de fuego, dos de ellos interceptaron a sus moradores Raúl Ibarra y Mariana Vilardo haciéndolos ingresar a la finca, mientras que el tercero interceptó a dos ocasionales visitantes Daniela Montero, Mauricio Ezequiel Miño y a sus tres hijos menores de edad, cuando intentaban subir a su rodado marca Volkswagen modelo Gol que se hallaba estacionado en la vereda. Así las cosas, el tercer sujeto apuntó con su arma a
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