Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 114699
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación incoada por el defensor particular, Dr. Tomás Carricart, en favor de Tomás Ignacio Erausquin y Roberto Machain.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto contra la resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Pergamino, con fecha 29 de octubre de 2021, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal efectuada por el recurrente, en los términos del art. 14 de la Ley 48.
Rigen los arts. 62, 67 y 94, segundo párrafo, del C.P.; 106, 210, 433, 448, 450, 530 y 531 del C.P.P. y 14 de la Ley 48.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 114699, caratulada “ERAUSQUIN, TOMAS IGNACIO Y MACHAIN, ROBERTO MARCELO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI .
El 29 de octubre del año 2021, la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal del Departamento Judicial de Pergamino resolvió revocar el pronunciamiento del Juzgado Correccional n° 1 de dicha jurisdicción, que había dispuesto declarar extinguida la acción penal por prescripción y sobreseer a Tomás Ignacio Erausquin y a Roberto Machain.
Contra dicha resolución, el defensor particular de ambos imputados, Dr. Tomás Carricart, interpuso recurso de casación.
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 21 de diciembre de 2021, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Habida cuenta que la presentación fue deducida por parte legitimada, abastece los recaudos formales previstos por el ordenamiento procesal y se dirige contra un auto dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal que revoca el sobreseimiento que declaró extinguida la acción penal, la impugnación se encuentra prevista en el art. 450, 2° párrafo in fine del C.P.P, por lo que el recurso es admisible.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor CARRAL dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor VIOLINI dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Afirma el impugnante que el fallo cuestionado ocasiona un perjuicio directo y de imposible reparación ulterior a sus defendidos, pues los obliga a seguir vinculados a un proceso, sin ningún derecho a justificación por parte del estado. Sostiene que, la interpretación que realizó el A-Quo en lo relativo a la prescripción de la acción en penas conjuntas, es irracional y vulnera el principio de legalidad, ya que, en primer lugar, habilita, en ciertos casos, la persecución delictiva para ilícitos más leves, por un término mayor al de la pena única de reclusión o prisión prevista para injustos más graves, por la sola circunstancia de contar la disposición penal mas leve con una pena de inhabilitación temporalmente mas extensa que la de reclusión o prisión, aun cuando aquellos sean de mayor entidad individual y social y, en segundo lugar, contraría el sentido expreso del art. 62, inc. 2° del Código Penal, pues aquel estipula que cuando se trate de hechos reprimidos con prisión o reclusión, la acción penal se prescribirá después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, con el tope de doce años, sin hacerlo depender del “plazo de prescripción de mayor duración”, por lo que en los casos de delitos reprimidos con estas especies de penas, ya sea en soledad o en conjunto con otras, aquél será el término de prescripción válido. Agrega que la cuestionada forma de interpretación no respeta el principio pro-homine y el derecho penal de ultima ratio pues implica una interpretación amplificadora de la punibilidad estatal. Invoca doctrina y jurisprudencia. En conclusión, entiende que se fuerza una interpretación inconstitucional, lesiva de principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, para mantener vigente una acción que objetivamente esta prescripta, solicita se haga lugar al recurso interpuesto, se deje sin efecto el pronunciamiento puesto en crisis y se declare formalmente extinguida la acción penal contra sus defendidos. Hace reserva del caso federal.
La fiscal adjunta de Casación, Dra. Maria Laura E. D Gregorio, propicia el rechazo del recurso presentado por el defensor particular, Dr. Tomás Carricart, de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen.
Limitados de tal modo los motivos de agravio presentados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos -art. 434 y cc. del CPP- (v. Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “Díaz Núñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El planteo que identifica al recurrente está centrado en determinar cuándo opera la prescripción de la acción penal en el supuesto de delitos en los que se prevén en forma conjunta la sanción de prisión e inhabilitación.
De acuerdo a los antecedentes traídos en la resolución impugnada, el 28 de septiembre de 2021, el Dr. Carlos Ariel Picco, titular del Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción y dictar el sobreseimiento de Tomas Ignacio Erausquin y Roberto Marcelo Maichan.
Para así decidir, valoró que transcurrieron los tres años de prisión previstos en el delito reprochado (art. 94, segundo párrafo del C.P.) desde el requerimiento de elevación a juicio -27 de marzo de 2018-, plazo que, desde su perspectiva, haría viable dicha tesitura conforme lo normado por el artículo 62, inciso 2° del Código Penal.
En sustento de la decisión, invocó el inciso segundo y cuarto del art. 62 del Código Penal y señaló que: “ la normativa citada solo hace mención al término de la prescripción de la pena de inhabilitación temporal cuando esta fuera prevista como pena única, sin hacer referencia explícita para casos como el de autos, en que la misma se establece como pena conjunta…deberá estarse al término indicado para la pena mas grave que es la de prisión …”.
Asimismo, destacó que: “ al regular el plazo de prescripción para le pena de prisión, el legislador no ha sujetado al requisito de que ésta sea pena única, como si lo hace en los incisos posteriores para los casos de inhabilitación y multa, lo cual permite inferir que el inciso mencionado también resulta para los casos de pena de prisión o reclusión sea aplicada conjuntamente con otra, siguiendo todas la suerte de la nombrada, por ser la pena de naturaleza más grave, acorde con el orden previsto en el art. 5 del Código Penal .”
Contra esa resolución, el Dr. Jose Ignacio Villanueva, en su carácter de letrado patrocinante de la particular damnificada, Sra. Etelvina Lorena Spena, y el fiscal, Dr. Nelson Mastorchio, interpusieron recurso de apelación.
El fiscal general del Departamento Judicial de Pergamino, Dr. Mario Daniel Gomez, mantuvo en su totalidad la impugnación introducida por su colega de la instancia, en los términos expuestos en su presentación electrónica de fecha 7 de octubre de 2021.
El 29 de octubre de 2021, la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal del Departamento Judicial de Pergamino resolvió revocar el pronunciamiento.
La mayoría de los Jueces de Cámara señalaron que: “… cuando se trata de casos donde el código penal prevé la aplicación de penas conjuntas, alternativas o accesorias el plazo de prescripción no se rige por la pena de mayor gravedad sino por la de mayor término de prescripción, ya que la acción penal que surge de un delito es única, por lo que, mientras ella no se haya extinguido todas las penas previstas para el delito deben ser aplicadas aún cuando alguna hubiere considerarse prescripta.”
Finalmente, el defensor particular, Dr. Tomás Carricart, presentó contra dicha resolución el remedio impetrado que es materia de estudio ante esta instancia.
El recurso no habrá de prosperar.
La garantía constitucional de defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que defina su posición frente a la ley y la sociedad, liberándolo del estado de sospecha que resulta de la acusación de haber cometido un delito, y ponga término del modo más breve posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal.
El instituto de la prescripción de la acción, precisamente, viene a garantizar este cometido fijando un límite temporal al poder persecutorio del Estado. Es una causa de extinción de la pretensión represiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión del delito. Así, nuestro Código Penal establece plazos para la tramitación de las acciones penales y prevé causales suspensivas e interruptivas de su curso (arts. 62 y 67 C.P.), cuya operatividad incluso puede ceder cuando la extensión del proceso se torne irrazonable (arts. 8.1 CADH, 14.3.c del PIDCyP, XXXV de la DADyDH, 18 CN y 15 de la Const. provincial).
El fundamento común a toda prescripción es la irracionalidad concreta de la pena, sea la impuesta (prescripción de la pena) o la conminada (prescripción de la acción), no porque antes fuera racional (conforme a cualquier discurso legitimante), sino porque el transcurso del tiempo pone de manifiesto una mayor crisis de racionalidad y, además, lo hace en acto (ejercicio material del poder punitivo). (Zaffaroni E. R. Derecho Penal. Parte General. Ediar, Bs. As., 2000, p. 844.)
Cuando la norma prevé la aplicación conjunta de penas de prisión e inhabilitación, teniendo en cuenta que de la comisión del delito surge una única acción, se impone la existencia de un único plazo de prescripción: cuando haya transcurrido el término que el artículo 62 señala para la de prescripción más prolongada.
Ello así pues el código penal no ha previsto expresamente un término, o una forma de conmutar ese término, para los delitos en que la pena de inhabilitación no sea la única prevista como sanción.
Incluso cuando se trate de una pena principal y otra accesoria, rige el mismo principio en virtud de la unidad de acción, que recién se extingue cuando no puede operar ninguno de sus efectos penales.
Autores como Soler, Vera Barros, Nuñez, Creus y Fontán Balestra han sostenido dicho temperamento (Soler, Sebastian, Derecho Penal argentino, t. III, p.468; Vera Barros, O ., Prescripción penal , Buenos Aires, 1960, p. 169; Nuñez, Ricardo C., Derecho Penal argentino , Buenos Aires, 1959, p. 544, t. II; Creus, Carlos; Derecho Penal Parte General. 3ª ed. Actualizada y ampliada . Ed. Astrea. Bs. As. 1994, p. 383; Fontán Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal , Buenos Aires, 1966, t. III, p. 435.), como así también lo ha hecho Lascano: “Si el delito imputado está conminado con penas alternativas o conjuntas o si una de las penas es principal y la otra accesoria, el plazo de prescripción es único y no se rige por la pena de naturaleza más grave según el orden del art. 5° del Código Penal, sino por la pena de mayor término de prescripción, porque de ella depende la mayor subsistencia de la acción penal” (Zaffaroni, Eugenio R.. Código Penal , t. 2., 3ª Edición, Hammurabi, 2019.)
En el mismo sentido se ha pronunciado la Cámara Nacional de Casación Penal en reiteradas oportunidades sosteniendo que en el caso de penas conjuntas el plazo de prescripción se rige por el término mayor. (Causas n° 8045 caratulada "Aguilar, Cristian Eduardo s/ recurso de casación" Reg. 1078, del 13/8/07 -Sala I-; n°3928 "Marcolongo, Héctor Edgardo Dante s/recurso de casación" Reg. 4920.1-Sala I-; n° 2515 "Telis, José María s/rec. de casación" Reg. 3363.2- Sala II-; n° 1549 "Flores Apala, Lidia s/rec. de casación" Reg. 2211.4- Sala IV-, entre otras.).
Por lo expuesto, propongo confirmar el criterio utilizado por el A-Quo , tratándose del delito previsto en el artículo 94, "2do. párr." del Código Penal, reprimido con penas de prisión, inhabilitación temporal y multa, el plazo de prescripción necesariamente habrá de regirse por el plazo de la pena que tiene mayor duración, en este caso, el correspondiente al tiempo de la pena de inhabilitación.
En esa línea, cabe afirmar que desde el último acto interruptivo, ocurrido el 27 de marzo de 2018,- extremo sobre el cual no hay controversia- no habría transcurrido el plazo de la pena de inhabilitación que legisla el art. 94 del Código Penal -cuatro años-, por lo cual, no puede asegurarse que la acción penal no esté vigente.
Observo, además, que el recurrente no ha utilizado argumentos que permitan apartarme de lo resuelto por los camaristas o impongan un nuevo examen de la cuestión, al tiempo que se observa que los precedentes reseñados a lo largo de su presentación, no tienen el alcance que se les atribuye. En efecto, los distintos casos de la CSJN que aparecen mencionados se expiden sobre las pautas de interpretación y, no, sobre el alcance de las normas citada.
En consecuencia, propongo rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto por el defensor particular, Dr. Tomás Carricart, en favor de Tomás Ignacio Erausquin y Roberto Machain, con costas (arts. 62, 67 y 94, segundo párrafo, del C.P.; 106, 210, 433, 448, 450, 530 y 531 del C.P.P.). Asimismo deberá tenerse presente la reserva del caso federal formulada en los términos del art. 14 de la Ley 48.
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez doctor CARRAL , dijo:
Abro respetuosa disidencia con mi colega Dr. Maidana, puesto que en mi opinión, corresponde casar el fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Pergamino, y estar al resolutorio del Juzgado Correccional n° 1 de la mencionada jurisdicción, que había declarado la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de los acusados.
En efecto, en el requerimiento de elevación a juicio formulado el día 27 de marzo de 2018, la fiscalía les atribuyó a Tomas Ignacio Erausquin y Roberto Marcelo Maichan una conducta ilícita que consideró constitutiva del delito previsto en el segundo párrafo del art. 94 del Código Penal (lesiones culposas).
La norma citada prevé una pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años o multa de tres mil a quince mil pesos, e inhabilitación especial por dieciocho (18) meses a cuatro (4) años.
Si se tienen en consideración las circunstancias señaladas en los dos párrafos anteriores, cabe concluir que la acción penal se encuentra prescripta, puesto que desde el último acto interruptivo de la prescripción (requerimiento de elevación a juicio, conf. art. 67, Cód. Penal), ha transcurrido el máximo de duración de la pena de prisión prevista para el delito (tres años).
En mi opinión, la existencia de una pena conjunta (inhabilitación) prevista para el delito en trato no cambia el lapso temporal que debe considerarse a la hora de establecer la vigencia o prescripción de la acción penal, puesto que en el supuesto de la norma que rige en el caso analizado (art. 62, inc. 2, Cód. Penal) no se estableció distinción alguna, y sólo se contempló un lapso temporal de prescripción distinto para los casos en los que esté contemplada únicamente la pena de inhabilitación perpetua o temporal (incs. 3 y 4).
De allí que una interpretación razonable de la letra de la ley permita considerar que en supuestos como el que se presenta en este legajo (penas alternativas o conjuntas), a los efectos de establecer la vigencia de la acción penal, deba tenerse en consideración el máximo de duración de la pena más grave, esto es, la de prisión o reclusión (art. 5, Cód. Penal), puesto que así lo estableció taxativamente el legislador (inc. 2 del art. 62), sin que pueda presumirse un olvido de su parte, en tanto la misma norma contempló otros supuestos y soluciones para los casos de delitos contemplados únicamente con penas diferentes a las de prisión o reclusión.
Entiendo que esta es la posición que debe inferirse hasta el momento de la jurisprudencia mayoritaria, puesto que ha sido el plazo máximo de duración de la pena de prisión o reclusión el que se ha tenido en consideración a la hora de resolver planteos vinculados con la prescripción de la acción penal, aun en casos que contemplaban penas alternativas o conjuntas.
Por tales motivos, considero que corresponde hacer lugar al recurso deducido por la defensa, casar el pronunciamiento dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Garantía, y estar al resolutorio del Juzgado Correccional n° 1 de la mencionada jurisdicción, que había declarado la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de los acusados. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor VIOLINI dijo:
Adhiero al voto del señor Juez doctor Maidana, en igual sentido y por los mismos fundamentos. Así lo voto .
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisible la impugnación incoada por el defensor particular, Dr. Tomás Carricart, en favor de Tomás Ignacio Erausquin y Roberto Machain.
II. Rechazar, por improcedente , el recurso de casación interpuesto contra la resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Pergamino, con fecha 29 de octubre de 2021, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal efectuada por el recurrente, en los términos del art. 14 de la Ley 48.
Rigen los arts. 62, 67 y 94, segundo párrafo, del C.P.; 106, 210, 433, 448, 450, 530 y 531 del C.P.P. y 14 de la Ley 48.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2022 08:42:49 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 08/02/2022 09:47:36 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2022 10:39:10 - MAIDANA Ricardo Ramón - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2022 10:41:21 - GONZÁLEZ Pablo Gastón - AUXILIAR LETRADO RELATOR DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 08/02/2022 10:48:18 hs. bajo el número RS-58-2022 por GONZALEZ PABLO GASTON.
Fin de la sentencia