Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 110998
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 110998 caratulada “A. W. J. S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal, a raíz del recurso de casación interpuesto por la defensora de W. J. A. contra la sentencia dictada, con fecha 18 de mayo de 2021, por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de San Martín -con integración unipersonal y mediante el procedimiento de juicio abreviado-, a través de la cual se condenó al mencionado a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa (arts. 42 y 79, Cód. Penal).
En el recurso incorporado al expediente electrónico del legajo casatorio, la defensa denuncia la arbitrariedad en que habría incurrido el magistrado de la instancia al no haber acreditado la necesidad de imposición de pena y alega -en lo sustancial- que el tribunal no habría ajustado su decisión al resultado del tratamiento tutelar del joven.
En ese sentido, refiere que el magistrado afirmó la necesidad de imponer una sanción y, consecuentemente, estableció su monto considerando la gravedad del injusto cometido y efectuando un análisis sesgado y arbitrario de los informes del joven, que verificaban -en la apreciación de la recurrente- un progreso ajustado a los fines del fuero minoril.
Por ello, y en tanto entiende -además- que se aplicaron erróneamente los parámetros establecidos en la ley 22.278 y las directrices del Comité de Derechos del Niño y del resto de los instrumentos internacionales que rigen el proceso penal juvenil, solicita que se absuelva de pena a A. o, en subsidio, se reduzca la impuesta (cfr. art. 4, ley 22.278).
Practicado que fuera el sorteo de rigor y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala.
El representante del Ministerio Público Fiscal postuló el rechazo del recurso interpuesto por los argumentos que desarrolla en su dictamen -el cual se encuentra incorporado al expediente electrónico-.
Realizada la audiencia del art. 60 de la ley 13.634 y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de San Martín, luego de celebrar la audiencia en los términos del art. 4 de la ley 22.278, resolvió condenar a W. J. A. a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa; resultando dicha pena coincidente con la que fuera consentida oportunamente por la defensa, en el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes.
II. Los términos en que están formulados los agravios de la defensa me obligan a realizar una serie de aclaraciones para asegurar su correcto abordaje.
En primer lugar, observo que el tribunal anterior -en la primera cuestión de la sentencia-, luego de analizar las características del delito atribuido al joven y destacar aspectos que catalogó como negativos en el resultado de su tratamiento -en particular, la falta de sujeción al proceso-, resolvió la necesidad de imponerle una sanción, al estimar que los fines de integración social perseguidos en la intervención del fuero especial no estaban cumplidos.
Sobre el punto, recuerdo que en el proceso penal juvenil -una vez establecida la responsabilidad penal- rige la denominada "cesura de juicio" dedicada a determinar la necesidad de la sanción penal y, cuando corresponda, su individualización. En ese marco, se faculta al magistrado a examinar con mayor detenimiento la respuesta punitiva frente al delito y, en especial, evaluar la concreta posibilidad de que no resulte pertinente aplicarla (art. 4, ley 22.278).
Continuando con la sentencia impugnada, noto que, establecida la necesidad de la sanción penal, el colega de la instancia estimó adecuada la imposición de una pena de cuatro años de prisión “…teniendo en especial consideración la extrema gravedad del hecho imputado al joven W. J. A. y las características en las que se produjo dicho injusto, en el cual el aquí imputado exteriorizó un notorio menosprecio por la vida de la víctima…” (“segunda cuestión”, al final, de la sentencia en crisis).
Frente a ello, la defensora afirma que el tribunal omitió en la estimación de la pena el resultado del seguimiento institucional del joven y sin proponer la exclusión de la gravedad del injusto como parámetro para su determinación, exige que también se valoren los progresos del joven para eximirlo de pena o, en subsidio, reducir la aplicada.
En este punto, coincido con la defensa en que establecida la necesidad de imponer una sanción, el juicio sobre su determinación no puede estar desvinculado de los resultados del tratamiento tutelar del joven, en atención a las finalidades propias del fuero especializado, el cual se orienta a que “…asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas” (art. 33, ley 13.634); y en tanto todo el procedimiento judicial tiene que cumplir una función educativa (cfr. art. 36 inc. 3, ley cit.).
En efecto, si el tribunal estima que los fines reeducativos y de integración social perseguidos con la intervención del fuero especializado no están cumplidos y se decide por la continuidad de las medidas tendientes a promover el logro de aquellos fines, los resultados del tratamiento del sujeto -favorables o desfavorables- deberán ser un parámetro a considerar al determinar lo que resta de intervención, en relación con la meta propuesta.
En ese sentido, el apego o desapego del joven a las pautas impuestas, la existencia o inexistencia de proyectos, su posicionamiento subjetivo frente a la infracción a la norma penal y -en general- los aspectos positivos o negativos informados, serán datos que permitirán efectuar una razonable prognosis sobre la posibilidad cierta de cumplir los fines propuestos y calibrar la medida de la sanción impuesta.
Así, los resultados de la intervención judicial no solo permiten objetivar el juicio sobre la necesidad de la sanción, sino sobre su extensión, pues la imposición de una pena -traducida en el mantenimiento del encierro y proporcional al delito cometido- implica también la continuidad del abordaje institucional que todavía se considera necesario para lograr la reintegración del joven en la sociedad.
Desde esa perspectiva, los datos que arroje el abordaje interdisciplinario del joven será la información más fiable para conocer su progreso, es decir, si las herramientas puestas a su disposición fueron efectivamente aprovechadas y se encaminan al cumplimiento de los fines del fuero.
III. Con esta aclaración preliminar, observo que los informes citados por la recurrente dieron cuenta del progreso del joven en las distintas áreas evaluadas.
En ese sentido, el informe realizado por el Grupo de Admisión y Seguimiento del Servicio Penitenciario Bonaerense (S.P.B.), de fecha 11 de noviembre de 2020, indicó que el joven se encuentra alojado en un régimen cerrado; y destacó que no presenta dificultades para adaptarse a las normas “para la sana convivencia y el normal desenvolvimiento de las actividades diarias”, y que mantiene una buena relación con sus pares, así como con el personal del S.P.B. (V. Informe Integral, el cual se encuentra agregado al expediente electrónico).
Además, se informa que no registra sanciones disciplinarias, ni “actuaciones administrativas circunstanciadas” (V. Informe cit.).
En lo que respecta al aspecto educativo, la institución penitenciaria comunica que A. se encuentra en lista de espera para futuras actividades; en cuanto a lo laboral, no se encuentra inscripto en ninguna tarea; y en lo referido al “Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos” (PIATJA), se encuentra realizando rugby y, además, se resalta “el proceso sostenido por el joven en relación a los objetivos propuestos, compromiso y responsabilidades asumidas con las tareas” (V. Informe cit.).
Finalmente, en lo referido al aspecto psicológico, se destaca que A. muestra conciencia tanto acerca de su accionar como del daño ocasionado y, por otro lado, que no se observan signos ni indicadores de ansiedad o angustia con relevancia clínica (V. Informe cit.).
Por su parte, el informe realizado por el Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero -con fecha 3 de mayo de 2021- señala que el joven se muestra dispuesto a las evaluaciones realizadas; que conserva su autonomía psíquica, su capacidad para comprender y, por ende, obrar en consecuencia; y que “puede proyectarse en una vida futura continuando el buen proceso que venía llevando a cabo desde el momento de su externación” (V. Informe efectuado por la Perito Trabajadora Social Daulte y por la Perito Psicóloga Peruzzi, también incorporado al expediente electrónico).
Respecto a la falta de sujeción al proceso destacada por el colega de la instancia -como un aspecto central para afirmar la necesidad de pena y, al mismo tiempo, para denegar la petición de reducción, en los términos del mentado art. 4-, se indica que:
“…cabe detallar que el joven cumplió con todos los dispositivos indicados por el juzgado y que si no se presentó a firmar fue porque en el CESOC de Tigre le dijeron a él y la madre que se comunicarían ellos con V.S. para informar la situación de jornada extendida laboral y que también se [l]o informarían a su defensora. Esto no se produjo y el joven quedó privado de su libertad. Esto ya fue informado por las peritos intervinientes en el mes de junio de 2020, quienes luego de varias comunicaciones telefónicas consiguieron que el CESOC de Tigre elevara un informe sobre el joven, el cual dejó sin especificar esta omisión por ellos efectuada.
Su proyecto, de conseguir la libertad, es volver a vivir con sus padres en Tortuguitas, continuar con los estudios secundarios en un CENS (centro para adultos) cercano al domicilio, podría trabajar en una verdulería con un tío y continuar con el oficio de peluquería…” (Informe antes cit.).
Por otro lado, se hace hincapié en que ya desde el comienzo del proceso y, además, al momento de la revisión de la medida a los tres meses de su detención:
"el joven no presentaba situaciones vinculadas al espacio delictivo, como así tampoco características propias de los jóvenes que suelen habitar las instituciones de este sistema, lo que conllevaba a que el joven se encontrara en una situación de angustia permanente y que la permanencia del joven en un dispositivo del sistema penal juvenil no resultaría favorable en tanto adscripción de conductas y códigos que nunca le fueron familiares ni propios".
También, del mismo Informe surge que desde el “CESOC de San Isidro, Equipo Tigre” se evaluó como muy buena la evolución del joven en libertad y al ajuste a las pautas indicadas al momento de su egreso, con cumplimiento permanente de las mismas. El último informe de evaluación expresa que el joven "se presentó de manera regular y cada vez que ha sido citado a este centro, lo hizo con buena predisposición y abierto al diálogo".
Asimismo, el Equipo mencionado resalta que:
“…se trabajó profundamente en el Eje de la Responsabilidad subjetiva pudiendo mostrarse reflexivo al respecto y que asimismo pueden dar cuenta que pudo: Sostener la escolaridad (Presento Certificados), Continuar con el curso de Peluquería (Presento Certificados), Realizar un tratamiento psicológico, (Presento Certificado), realizarse chequeos médicos correspondientes (sacando turnos) Sostener las entrevistas pautadas con este CESOC y presentarse al juzgado de manera regular…” (Informe antes cit.).
Por último, es importante señalar que las peritos de referencia indicaron que “la problemática base de este joven en sus problemas conductuales y consumos, estaba contenida con seguimiento de CESOC de Tigre”; que “es consciente de sus conductas y las consecuencias de las mismas, actualmente habiendo realizado un cambio de conciencia en sus decisiones”; y concluyeron -categóricamente, en mi opinión- que:
“…queremos destacar que coincidiendo con lo evaluado en diciembre 2018, junio de 2020 y en noviembre de 2020, las peritos intervinientes estiman que ante la buena evolución de W. J. A., quien jamás entendió que estaba incumpliendo una norma [en relación con sus incomparecencias al tribunal interviniente], en nada podrá ayudar a que se cumplan con las pautas del Fuero, que el mismo quede detenido en el sistema de adultos…”.
A mi juicio, las conclusiones expuestas por las profesionales que evaluaron la situación de A. coincidieron en señalar una buena inserción institucional y, sobre todo, el trabajo reflexivo emprendido por el joven a partir del hecho cometido.
No escapa a mi análisis que la falta de presentación al órgano jurisdiccional interviniente, por parte del joven imputado, se encuentra sobradamente acreditada en la sentencia en crisis.
Sin embargo, observo que, al momento de evaluar los resultados del tratamiento tutelar, dicha circunstancia fue sobreestimada por el juez de la instancia anterior para justificar su decisión contraria a la opinión subyacente en los párrafos precedentes, lo cual resulta -desde mi óptica- indicativo de la arbitrariedad denunciada.
En efecto, al resolver en sentido contrario al pretendido por la defensa, el magistrado si bien advirtió “algunos aspectos positivos de su tratamiento” -y se refirió a que el joven es consciente de sus conductas y sus consecuencias, demostrando un cambio de conciencia en sus decisiones-, los confrontó con otros “aspectos negativos”, destacando la gravedad del hecho y, como dije antes, “su falta de sujeción al proceso, evidenciada por sus reiteradas incomparecencias ante las citaciones que le fueran cursadas desde esta Sede, circunstancia que derivó en la posterior declaración de rebeldía procesal decretada a su respecto, constituye, a mi entender un hito negativo insoslayable…” (V. “primera cuestión” de la sentencia atacada).
En mi apreciación, insisto, los datos y conclusiones emergentes de los informes practicados por los profesionales intervinientes, las cuales permiten verificar un progreso en el tratamiento tutelar -tal como quedara expuesto en los párrafos precedentes-, fueron subestimados o, en cierto punto, invisibilizados por el colega del tribunal anterior y, al mismo tiempo, las incomparecencias al órgano jurisdiccional fueron exageradamente ponderadas al erigirlas como un “hito negativo insoslayable”.
En definitiva, encuentro que desde el área psicológica pudo afirmarse el progreso del joven y similares conclusiones cabe sostener en relación con el área social evaluada, por lo que la posición de la defensa en este punto debe confirmarse.
IV. Ahora bien, no obstante el déficit advertido en el razonamiento del tribunal al evaluar los alcances de los informes institucionales señalados, coincido en que la gravedad del injusto cometido por A. es un parámetro que debe incluirse en el juicio relativo a la necesidad de la sanción, junto con el resto de los indicados en el art. 4 de la ley 22.278, lo cual permite convalidar ese extremo de la decisión.
En ese sentido, considero que el hecho de haber apuñalado -con dos cuchillas de carnicero, según se indica en la sentencia- a la víctima, luego de que su progenitor le hubiera aplicado a este sujeto un golpe en la espalda con un “fierro de pileta”, provocándole -en definitiva- herida en la región del tórax anterior, neumotórax herida en región tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, lesiones caracterizadas como graves, resulta un baremo insoslayable en el sentido antes señalado.
Sin embargo, aquel análisis permite verificar que el tribunal omitió los avances del joven en las distintas áreas evaluadas al momento de ajustar la respuesta punitiva, que -como se explicó más arriba- debían incluirse si consideramos que la “necesidad de la sanción” fundamenta la aplicación de una pena pero también, en su extensión, tiende a cumplir las finalidades específicas perseguidas en el fuero juvenil, que en el caso concreto y según las profesionales intervinientes cuenta con un pronóstico favorable.
Cabe recordar, como ha explicado la Corte Federal en el precedente “Maldonado, Daniel E. y otro” (Fallos 328:4343, consid. 22) que:
“…la razón por la que la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a ‘la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad’ (art. 40, inc. 1°)…”.
También estimo importante señalar en este punto que el joven lleva detenido más de un año y ocho meses a la fecha, no habiendo disminuido su compromiso en el tratamiento.
Ello surge del Informe del C.T.A., de fecha 3 de mayo de 2021 -ya mencionado-, donde se informa que A. participa en un proyecto de rugby llamado “Los Gladiadores” -actividad deportiva diaria de 7.30 a 11-, aclarándose que durante el año 2020 realizó la actividad escolar a través de cuadernillos (primer año de secundaria) y que en los cuatro meses que habían transcurrido del 2021 aún no había comenzado la escolaridad; agregando que como sabe cortar el pelo suele asistir a sus compañeros en esa actividad.
En similar sentido -y en forma complementaria-, destaco el contacto que posibilitó la audiencia del art. 60 de la ley 13.634 (foja 8 del Legajo Casatorio), donde el joven mencionado describió su situación actual, que incluye la continuidad de la actividad deportiva señalada y comentó que no está recibiendo tratamiento psicológico porque dicho servicio no se encuentra disponible en la Unidad Penitenciaria.
En definitiva, considero que el progreso demostrado por el joven y la finalidad eminentemente educativa que debe primar en todo el proceso penal juvenil (art. 36 inc. 3, ley 13.634) conlleva a examinar con mayor detenimiento la proporcionalidad de la sanción punitiva a imponer.
En ese sentido, se ha señalado que:
"…cuando el aparato estatal tenga que intervenir ante infracciones cometidas por menores de edad, debe hacer los mayores esfuerzos para garantizar la rehabilitación de los mismos, en orden a permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad…" (Corte IDH, Caso "Villagrán Morales", sent. del 19/11/99).
Por ello, y considerando que un reenvío para que un nuevo tribunal sustancie y decida la cuestión relativa a la pena, sujeta a la interpretación delineada, constituiría una dilación que debemos evitar (arts. 15, Const. Pcial; y 2, CPP), propicio asumir competencia positiva, especialmente a fin de no afectar el proceso cumplido por W. J. A. y fomentar su continuidad.
Establecido lo anterior, destaco inicialmente que la escala punitiva que -en abstracto- resulta aplicable, conforme la figura en la cual fue subsumido el hecho atribuido al joven mencionado, parte de un mínimo de cuatro años de prisión -conforme lo previsto en los artículos 42 y 79 del Código Penal-.
Por otro lado, el art. 4 de la ley 22.278 faculta al juez para reducir la pena a imponer en la “forma prevista para la tentativa”. Su aplicación y remisión a los arts. 42 y 44 del código sustantivo co
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