Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 115939
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 115939 caratulada “AGUIAR, MARIO RAUL; LLAFAR, MARIANO MARTIN; HALBERG, PABLO ANDRES; CIUCCI, CARLOS RODRIGO; QUEL, SALVADOR FLORENTINO S/ RECURSO DE CASACION”, CARRAL – MAIDANA.
I. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del departamento judicial de Bahía Blanca (integración unipersonal), mediante el pronunciamiento dictado el 17 de diciembre de 2021 (expte. n° 84, orden interno 3285 de su registro), condenó a Mariano Martín LLAFAR a la pena de seis (6) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de asociación ilícita en carácter de jefe, coautor de coacción cometida en seis oportunidades, coautor de daño en grado de tentativa, coautor de daño cometido en dos ocasiones, y autor de portación de arma atenuada sin la debida autorización legal, todos ellos en concurso material entre sí (arts. 42, 45, 55, 149 bis – párr. segundo-, 183, 184 inc. 4, 189 bis - párr. segundo- y 210 “in fine”, Cód. Penal); a Mario Raul AGUIAR , a la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de asociación ilícita, coautor y autor de coacción cometida en cinco oportunidades; coautor de daño, y autor de tenencia ilegítima de arma de uso civil, todos en concurso material entre sí (arts. 45, 55, 149 bis – párr. segundo-, 183, 189 – párr. cuarto- y 210, Cód. Penal); a Carlos Rodrigo CIUCCI a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de asociación ilícita, coautor de daño en grado de tentativa, coautor de coacción cometida en dos ocasiones, coautor de daño cometido en dos ocasiones, coautor de daño agravado cometido en dos ocasiones, todos en concurso material entre sí (arts. 42, 45, 55, 149 bis párr. segundo, 183, 184 inc. 4, 189 párr. cuarto, y 210, Cód. penal); a Pablo Andrés HALBERG a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, por resultar coautor del delito de asociación ilícita, coautor de coacción cometida en dos ocasiones, coautor de daño, coautor de daño agravado cometido en dos ocasiones, todos en concurso material entre sí (arts. 45, 55, 149 bis párr.. segundo, 183, 184 inc. 4, y 210, Cód. Penal); y a Salvador Florentino QUEL , a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional, por resultar coautor del delito de asociación ilícita (arts. 45 y 210, Cód. Penal).
II. La defensa de los cinco acusados interpuso recurso de casación contra el pronunciamiento aludido.
En el inicio de su presentación, en el apartado titulado “antecedentes”, relató las circunstancias vinculadas con el conflicto que derivó en el inicio de la causa, que tenían que ver con una disputa entre transportistas y empresarios de la ciudad de Bahía Blanca, y la afiliación de aproximadamente noventa personas (entre ellos los cinco acusados), al Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina.
Indicó que, en el contexto anteriormente descripto, se radicó la primera denuncia con la que se formó la causa, en el mes de mayo del año 2019, momento en el que Cristian Alejandro Verkuyl señaló que algunos de los acusados y otras personas que no identificó, le habrían impedido a su chofer (Juan Manuel Rodas) el ingreso a la planta “Sea White S.A.”.
Seguidamente describió el contenido de las distintas denuncias que se radicaron, vinculadas con el mismo conflicto entre empresarios y trabajadores.
Una vez descripta las características de la disputa en el marco de la cual se habrían producido los hechos atribuidos a los acusados, la parte recurrente criticó el veredicto condenatorio por haber valorado la prueba en forma parcial y arbitraria.
En ese orden de ideas, sostuvo que la magistrada de la instancia, “ luego de mencionar los hechos que el Sr. Agente Fiscal da por acreditados, comienza a relatar de manera solapada, alternada, y de alguna forma incluso, antojadiza, las declaraciones de los testigos acontecidas durante el debate oral ”.
En este punto, y luego de señalar las falencias que detectó en el análisis de los testimonios rendidos en el juicio, invocó el fallo “Stancanelli” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que hace a la crítica sobre la aplicación del delito contemplado en el art. 210 del ordenamiento adjetivo.
Por otro lado, sostuvo que la cantidad de hechos descriptos en el veredicto (daños a neumáticos y discusiones con choferes o titulares de camiones), no guarda relación alguna con la extensión del período de tiempo en el que – según el fallo- habría funcionado la organización delictiva, reiterando la defensa que en las consideraciones del pronunciamiento condenatorio se pasó por alto el análisis de la problemática “de fondo” subyacente en los acontecimientos en trato.
Una crítica similar esbozó respecto de la valoración de la información que surgió de las comunicaciones telefónicas. En ese sentido, expresó que la acusación presentó esa prueba “ dándole el carácter de incesantes, de algo rutinario, de un problema de todos los días ”, cuando en rigor de verdad, al momento de analizarlas con detalle, se observa que el contenido de las mismas no revela actividad ilícita alguna, además de advertirse que no existió tal habitualidad, puesto que se producían con una diferencia de mes a mes.
A continuación, expuso que la arbitraria valoración de la prueba por parte de la señora jueza de la instancia, llevó a la magistrada a sostener que los acusados utilizaron la “violencia física sobre los choferes y sus camiones ”, cuando en rigor de verdad “ ningún testigo ni antes ni ahora, habló de violencia física; en efecto, jamás se imputó nada relacionado con esa situación ”.
Una falencia similar en la ponderación probatoria advirtió, respecto de los hechos que en el fallo se identificaron con los números 6 y 7, vinculados con los dichos del testigo Diego Darío Díaz.
Otro ejemplo que la defensa cita como demostración de la falencia que le adjudica al fallo en crisis, tiene que ver con un mensaje enviado por el acusado Mariano Llafar, cuya transcripción – en la visión de la defensa.- permite apreciar que el nombrado sólo estaba comunicando los problemas laborales que enfrentaba, y la necesidad que tenía de salir a trabajar, sin que sea razonable inferir de esa comunicación una organización delictiva ni nada por el estilo: “ Compañeros les comento que así como voy me estoy fundiendo x lo pronto el lunes salgo a sacar camiones y que me den carga si alguno quiere venir bienvenido sino todo bien yo voy a ir solo igual los quería poner en conocimiento ”.
En los párrafos subsiguientes desarrolló las críticas en torno a la valoración de la prueba sobre los hechos considerados constitutivos de los delitos de amenazas, daño y portación ilegítima de arma de fuego; como así también volvió sobre la cuestión vinculada con la asociación ilícita cuya integración se les adjudicó a los acusados, reiterando que no existió una organización con tales objetivos, sino una organización sindical con fines lícitos.
La defensa concluyó su presentación de la siguiente manera: “ La sentencia atacada deviene irrazonable y arbitraria, carece de fundamentación al momento de analizar individualmente cada hecho, abarcando todos ellos con la figura de una organización delictiva inexistente, cuando el acuerdo de voluntades existió, pero no con el afán de perpetrar hechos ilícitos en forma indeterminada; se desprende claramente que se ha dado situaciones en las que algunas personas pueden haber cometido errores, que pueden configurar un ilícito penal, pero no un reparto funcional, no a través de un plan criminal, desconociendo por completo una lo que podría estar haciendo o padeciendo la otra, no existió acuerdo. Además de ello, en la sentencia se hace referencia a la aplicación de atenuantes, que luego al momento de imponer la pena a cada uno de mis asistidos, es dejada de lado, deja de considerarse, y dicha atenuante debe ser considerada sin más ”.
En función de todo lo expuesto, solicitó que se haga lugar a la impugnación deducida, y se absuelva a los acusados de todos aquellos delitos en los que no se demostró su intervención, imponiéndosele el mínimo legal contemplado en los casos en los que se considera probada su participación.
III. Con la adjudicación por sorteo de los recursos en la Sala, se notificó a las partes.
El señor fiscal ante esta instancia solicitó el rechazo de la impugnación deducida por la defensa, por las razones que desarrolló en la presentación electrónica de fecha 16 de marzo del corriente año.
Con posterioridad, se llevó a cabo la audiencia de informes realizada en los términos del art. 458 del ritual, cuyo registro audiovisual se encuentra reservado en el sistema “Augusta”.
El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
I. La señora jueza de la instancia, luego de celebrado el debate, tuvo por comprobadas las siguientes materialidades infraccionarias:
“(…) en la ciudad de Bahía Blanca, desde principios del mes de noviembre de 2018 y – al menos- hasta el día 22 de junio de 2020, cinco sujetos, bajo el liderazgo y coordinación de uno de ellos, contando con la colaboración de otras personas aún no identificadas y valiéndose de la representación del SINDICATO ÚNICO DE FLETEROS (Seccional Bahía Blanca), conformaron una organización delictiva destinada a amenazar y/o coaccionar a los choferes de camiones, a los propietarios de éstos y/o a los representantes de empresas con sede en distintas ciudades del país – excluida la ciudad de Bahía Blanca-, dedicadas a la producción y/o transporte de cereales y fertilizantes. Ello con el propósito de obligar a los tomadores de carga, ya sea a los dueños de la mercadería transportada o a las empresas dedicadas al transporte, a contratar los servicios de transporte ofrecidos por los miembros de la organización – o de terceros vinculados a ellos- para el traslado de productos que adquieren a empresas locales o bien, para el traslado de cereales desde sus localidades de origen hasta las terminales portuarias de esta ciudad.
Para alcanzar tales fines, cuatro de estas personas se instalaron en las puertas de acceso al depósito de la empresa Sea White S.A., sita en calle Facundo Zuviría 401 de esta ciudad (concretamente en la zona aledaña al ingreso de camiones, ubicada en una calle sin número paralela a la calle 18 de julio de Bahía Blanca; o bien recorrían el sector aledaño al depósito de la firma Bunge Argentina S.A., sito en Ruta Nacional 3 Km. 673 (en el sector conocido como playa de camiones), desde donde controlaban el acceso y salida de camiones a las plantas mencionadas. A su vez, se valieron de distintos métodos de intimidación dirigidos a los representantes de las empresas tomadoras de carga – de otras zonas del país-, con el objeto que accedan a sus exigencias, entre ellas: mensajes de texto y llamados telefónicos persistentes, realizados a los dueños de las empresas imponiéndoles la obligación de compartir viajes, al tiempo que – en caso de no acceder- les hacían saber que no permitirían el acceso de sus camiones a retirar productos de los depósitos señalados; o bien les comunicaban que sus camiones se volvían vacíos.
En el marco de la citada asociación ilícita, sus integrantes cometieron – al menos- los hechos que se describen como el número 2 al 6 ” (en el fallo se identificó con el número “1” a la material infraccionaria transcripta).
“(…) en la ciudad de Bahía Blanca, en fecha no precisada con exactitud, pero con posterioridad al mes de noviembre de 2018, uno de los sujetos mantuvo distintas conversaciones telefónicas con Cristian Alejandro Verkuyl, productor agropecuario y dueño de un camión NSW-172 y tolva NOC-409, en las que le exigió que, para poder retirar fertilizante de la planta de la empresa Sea White S.A., debía contratar los servicios de logística y transporte a los miembros de la organización que él decía liderar – Sindicato Único de Fleteros- o bien compartir viajes con ellos. Ante la negativa de Verkuyl a sus exigencias, el día 18 de mayo de 2019, por la tarde, esta persona y otros sujetos no identificados aún, impidieron el acceso a la planta de la firma Sea White S.A. a Juan Manuel Rodas, chofer que manejaba el camión de Verkuyl, cuando se disponía a retirar fertilizante.
Posteriormente, el día 23 de mayo de 2019, con posterioridad a las 11:00 horas, cuando el señor Cristian Alejandro Verkuyl concurrió a la sede de la firma Sea White S.A. – sita en calle Facundo Zuviría 401 de la ciudad de Bahía Blanca- en compañía del funcionario policial sargento Ismael Cabral, cuando fue interceptado en la zona de acceso de camiones – situada sobre una calle sin nombre que corre paralela a la calle 18 de julio de esta ciudad, por un grupo de personas entre las que se encontraba el sujeto referido en primer término y tres sujetos no identificados, quienes, con intimidación, le exigieron a Verkuyl que, para poder retirar la mercadería adquirida y transportarla con su propio vehículo, debía compartir viajes con los miembros de la organización liderada por uno de ellos, es decir contratarlos para el transporte de parte de su producción.
“(…) en la ciudad de Bahía Blanca, en fecha no precisada con exactitud, pero a partir del mes de noviembre de 2018 y hasta el 24 de mayo de 2019, dos de los sujetos integrantes de la asociación, actuando de consuno y previo reparto funcional de roles, desarrollaron distintas acciones dirigidas a intimidar a Francisco Mario Díaz – encargado de logística de la firma Agropecuaria Catriló S.A. y Lartirigoyen S.A.-, con el propósito de obligarlo a contratar los servicios de transporte ofrecidos por miembros de la organización que decían liderar – Sindicato Único de Fleteros Seccional Bahía Blanca-, para el transporte de fertilizante que la firma Agropecuaria Catriló debía retirar del depósito de Sea White S.A., sita en calle Facundo Zuviría 401 de esta ciudad, o bien para que los contraten para el traslado de cereales desde otras ciudades hasta el puerto local. Con este propósito, uno de los sujetos – líde
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