Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 111618
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 111618 caratulada “SILVA RODRIGUEZ, MATIAS FEDERICO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MADIANA - CARRAL - VIOLINI.
El 7 de julio del año 2021 el Tribunal en lo Criminal nº 4 del Departamento Judicial Morón, condenó a Matías Federico Silva Rodríguez, a la pena de doce (12) años de prisión y demás declaraciones de la sentencia, por hallarlo autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por quien estaba en la guarda de la víctima menor de trece años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravada por idéntica calidad del sujeto activo y contra un menor de 13 años (arts. 5, 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 119 párrafo segundo en función del párrafo cuarto “b” y “f”, y 125 párrafos segundo y tercero del CP).
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 23 de septiembre de 2021, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en material criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor VIOLINI , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El Defensor Oficial, Dr. Rodolfo Fabián Jorge, expone como motivos de agravio: a) errónea calificación. Entiende que no se acreditó que “los actos asumidos por el incuso, resultaron gravemente ultrajante para la niña, dada la prolongada continuidad temporal y la entidad”. Cuestiona que sobre tres ejes –tiempo de duración, relación de guarda y convivencia con la víctima y corta edad de la niña, hayan tenido por comprobado un grave ultraje. Afirma que según el relato de la víctima, fueron tres los hechos de abuso que padeció, por lo que resulta excesiva la interpretación del Tribunal respecto a la duración en el tiempo. Asimismo, cuestiona el vínculo considerado, pues la relación entre el imputado y víctima es de guarda, afirma que medió una doble valoración prohibida al calificar también la conducta en los términos del inciso b del cuarto párrafo del art. 119 del CP y la convivencia. b) falta de acreditación de la ultraintención en relación al delito de corrupción agravada de menores. c) arbitraria y absurda individualización de la pena, a la que califica de excesiva.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra M. Moretti, postula el rechazo del remedio incoado de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su presentación digital.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, propicia se declare la procedencia del recurso, remitiéndose a los fundamentos expuestos por su inferior.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a las exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456 “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación,” sent. del 8 de noviembre de 2016, reg. 949/16, entre otras).
El Tribunal luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que “En fechas que no se pueden determinar pero que ocurrieron a partir de los 7 u 8 años edad y continuaron hasta los 11 años de edad –entre 2014 y 2018- Z. J. S. –nacida el 20 de julio del 2006- en el interior del domicilio de la calle Montevideo 1285 de la localidad de Castelar, partido de Morón, el ahora acusado, a ese momento pareja conviviente de la madre de la niña y quien a su vez compartía su guarda, la abusó sexualmente tocándole sus pechos, cola y vagina, tanto por arriba como por debajo de la ropa. Conductas estas que se sucedían en distintos días y horarios en los momentos en que la niña quedaba a su cuidado (cuando la madre se ausentaba los fines de semana a estudiar o cuando se encontraba en otros sectores de la vivienda, o bien cuando todos se encontraban durmiendo en la misma cama, desarrollando también estas acciones en la vivienda de la calle Coronel Marín Paulino Lacara 1960 de igual ciudad y partido, a la que se habían mudado en el mes de febrero de 2017, hasta que una noche de un sábado del mes de enero de 2018, valiéndose que la hermana de la menor se había dormido y la madre de ellas no se encontraba, el nocente se acostó al lado de la víctima –ya se hallaba en la cama-, acariciándole las piernas, los brazos y la vagina, siendo éste el último episodio.
Los actos asumidos por el incuso, resultaron gravemente ultrajante para la niña, dada la prolongada continuidad temporal y entidad, a más de que por la significativa diferencia de edad y la cualidad por la que prevalía sobre la niña, implicaban una irrupción notoriamente precipitada en aspectos de la sexualidad al no estar de acuerdo con la edad de la víctima y el consecuente estadio de su desarrollo sexual; por lo cual, todo ello es razonablemente idóneo para promover o facilitar el desvío de la sana evolución psicosexual de la menor, entendida como la normalidad y rectitud del trato sexual, de lo que en este tiempo y en esta sociedad, así puede considerarse”.
La defensa cuestiona la significación jurídica, que no se probó el aspecto subjetivo que requiere el delito de corrupción de menores y el monto de pena establecido.
En contra del reclamo, el veredicto recreó en extenso la prueba ingresada por su lectura y/o exhibición al juicio –declaración de la damnificada rendida bajo el dispositivo de Cámara Gésell y dictámenes periciales, entre otros-; para luego evaluar los testimonios rendidos en el debate. A esa prolija presentación de la prueba disponible se sumó luego un análisis que, con parejo detalle, estructuró secuencialmente y a modo de recreación histórica lo acontecido.
De la lectura de la impugnación, surge que la mayor parte de los reclamos fueron objeto de tratamiento por el A-Quo , quien los evaluó y dió respuesta (cfr. fs. fs. 45vta./56), por lo que el defensor insiste sin lograr controvertir los fundamentos (v. Sala VI, c. N° 56.386, caratulada “BUSTAMANTE, Sergio Gustavo s/ Recurso de Casación”, sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. N° 56.644, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación” y su acum., c. N° 56.647, “GONZÁLEZ, Pamela Elizabeth y SAAVEDRA, Sebastián Ezequiel s/ Recurso de Casación interpuesto por part. damnif.”, sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13, c. 58.518 “REQUITO, Alfredo Enrique s/Recurso de Casación, reg. 227/14).
La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución cuestionada, sea para destruir sus premisas y conclusiones o para demostrar su ilegalidad y, por lo tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra los argumentos desarrollados en la sentencia, el recurso deviene inidóneo para alterar la decisión.
Si bien la inmediación impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de percepción que hacen a la recepción oral de la prueba, y necesariamente otorga a los jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, ya que no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas.
La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación. Esta clase de violencia se caracteriza generalmente por consumarse dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario. Se trata de un tipo de delito en el que, a diferencia de otros, en muchas ocasiones no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional (“entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados” conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 904/2008 – Anexo).
En consecuencia, se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 “Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación,” sent. del 19 de mayo de 2016, entre muchas otras).
Todo esto supone la necesidad de que todos los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
También resulta relevante mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, lo que procura afianzar la búsqueda de la verdad como objeto del proceso, e impide sostener que sus reglas sometan la convicción acerca de un determinado hecho o circunstancia, a su comprobación por un medio de prueba específico. Por ésta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, el A Quo edifique la imputación con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 “Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación” del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
Ello debido a que se entiende que la palabra de quien ha sido víctima directa del delito es hoy una prueba de gran valor en el proceso penal, sobre todo en casos como el que nos ocupa donde, como es sabido, el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso. La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de la declaración de la víctima puede surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Por lo expuesto, la declaración de la niña, no es solamente útil e imprescindible en el contexto de la justificación (motivación de la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal) sino en el contexto del descubrimiento, por cuanto contribuyen a la obtención de otras pruebas que puedan servir para confirmar (o descartar) la hipótesis de la acusación.
Sin embargo, la complejidad de los testimonios vinculados con ataques a la integridad sexual requiere una valoración minuciosa, con la mayor severidad y rigor crítico posibles, efectuadas con métodos múltiples y en fuentes de información diversas, con el fin de desentrañar el mérito o la inconsistencia de las declaraciones mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa.
El A Quo hizo una valorización pormenorizada del plexo probatorio reunido en el proceso que lo llevó a acreditar los extremos cuestionados en los términos establecidos en el fallo.
Consideró que los hechos intimados a Silva, y que fueran descriptos en la materialidad ilícita constituyen los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por ser cometido por quien estaba a cargo de la guarda de la víctima menor de 13 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en concurso ideal, con el delito de corrupción de menores agravada por idéntica calidad del sujeto activo y contra una menor de 13 años; en los términos de los arts. 54, 119 párrafo segundo en función del cuarto “b” y “f”, y 125 párrafos "2do." y "3ro." del CP.
Con relación al primero delito, entendió que el ataque a la integridad sexual contra la menor tuvo inicio cuando tenía 7 u 8 años y se prolongó hasta sus 11 años; tuvo en cuenta el espacio en el que se cometieron, a saber: en los domicilios en los que convivía junto al acusado. Asimismo, enfatizó en que la agresión que padeció la víctima fue constante.
El Tribunal, luego de citar profusa doctrina, de manera apropiada ponderó el lapso de dominación sexual, y “… tomando en cuenta el vínculo de cercanía y confianza preexistente, aprovechándose de ello cuando la niña permanecía con el agresor en el hogar y la corta edad de ésta al momento de sufrir los acometimientos sexuales, pues todo este conjunto de condiciones configura, sin lugar a dudas una grave ofensa a la integridad sexual de quien lo ha padecido y un acto humillante a su dignidad como ser humano. La magnitud de la humillación de la víctima determina una diferencia cualitativa en la entidad del ultraje y esto desborda el ámbito de aplicación de la figura básica del abuso sexual, ingresando en la letra del párrafo segundo del art. 119 del CP ”.
En la causa "Andino" nro. 91331 del 11/12/2018, de la Sala 1, se indicaron algunas precisiones sobre el tipo.
En efecto, denota una mayor severidad de las conductas que, sin llegar a la penetración, resultan más lesivas para la víctima que el abuso sexual simple, sea por prolongarse en el tiempo o realizarse bajo circunstancias especiales que tengan como fin un sometimiento sexual de dichas características (TCP, Sala VI, c. N° 55.215, “A., J. S. s/ Recurso de Casación”, Reg. 131, rta. 10/05/2013).
Los tipos penales previstos en el artículo 119 del Código Penal se encuentran estructurados sobre el abuso del “1er. párr.”, los demás contienen alguna circunstancia que agrava el tipo básico.
En el abuso sexual gravemente ultrajante se describen conductas que, sin llegar a la penetración de la víctima, constituyen una mayor injerencia en el bien jurídico protegido, al que lesionan con mayor intensidad, por la forma en que se realiza.
Además de actos que objetivamente carecen de pudor o recato, realizados en las circunstancias del “1er. párr.” del artículo 119, se prolongan en el tiempo o se perpetran bajo circunstancias especiales, cuyo fin consiste en un sometimiento sexual gravemente ultrajante.
En efecto, constituye un vejamen innecesario para la víctima y un mayor peligro para la integridad física que se produzcan los actos durante una excesiva prolongación temporal, sea porque dure más que el requerido para el acto de abuso o bien se trate de una modalidad reiterada o continuada a través del tiempo.
Lo propio ocurre cuando existe un acto único altamente ofensivo del bien jurídico protegido, por el carácter degradante o por el peligro que trae aparejado. Se trata de actos que son intrínsecamente escandalosos, humillantes, peligrosos, de alto contenido vejatorio para quien los sufre.
Naturalmente se trata de conductas objetivamente desproporcionadas respecto de las contempladas en la figura básica, que no dependen de la sensibilidad extrema del sujeto pasivo.
La progresividad con que el Código Penal tipifica las diferentes agresiones sexuales demuestra que el abuso sexual gravemente ultrajante alude a hechos que violentan severamente la dignidad de la víctima, de una ofensa grande o injuria de mucha entidad, y lo ubican, por tanto, en una posición intermedia entre el abuso sexual simple y la violación (TCPBA, Sala VI, causa n° 58.920 “Sanchez, Pablo Héctor y Klenk, Esteban Gabriel s/Recurso de Casación,” sent. del 14 de marzo de 2016).
A partir de lo expuesto, tomando como base los hechos que se tuvieran por acreditados en el caso de autos, el abuso sexual protagonizado por Silva, hacia la menor Z.J.S de entre siete u ocho años y hasta sus once años, consistente en tocamientos –por encima y debajo de la ropa- en los pechos, cola y vagina, durante un período que oscila entre tres y cuatros años, configuran conductas que, por su prolongación, importan un sometimiento sexual agravado en los términos del segundo párrafo del artículo 119 del Código Penal.
La defensa cuestiona la extensión adjudicada a los hechos abusivos, desde que la víctima relató tres episodios.
El reclamo no habrá de prosperar.
Del testimonio surge que la menor pudo circunscribir con relativa precisión el día en que tuvo lugar el primer hecho que la damnificó. A partir de entonces dijo que los episodios continuaron en distintos lugares de la vivienda que compartían, también aclaró que en ocasiones le tocaba dos partes íntimas, mientras que en otras tres. Del relato se desprende que, la aparente dificultad que –según invoca la parte- presentó la damnificada para detallar algún aspecto distintivo de los sucesos, sin hesitaciones se vincula con la semejante modalidad que tenían las conductas abusivas desplegadas por Silva.
El Tribunal con acierto consideró probada las calificantes relativas a la situación de convivencia y la calidad de guardador del autor.
En contra de lo invocado por la defensa, ha quedado acreditado que el imputado convivía con Z.J.S. Conforme fue analizado en el veredicto. Observo que, como bien se desprende del fallo, las características de tal convivencia se encuentran abarcadas por el tipo penal, cuya nota sobresaliente es la cercanía con la víctima, como la confianza que puede dispensársele por razón de la cohabitación, sea cuales fueren sus cualidades.
De igual modo, estimo con prudencia comprobada la calidad de guardador del autor. De acuerdo he examinado, particularmente en las oportunidades en las que la progenitora se ausentaba del domicilio para concurrir a estudiar, la niña quedaba –en exclusiva- a cuidado del imputado.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.