Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 116410
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por la Defensora Defensora Particular, Dra. Flavia Karina Beatriz Astray.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto en favor de Claudio Jonathan Emanuel Ortiz Espejo, revocar el auto impugnado, declarar la inconstitucionalidad del art. 100 de la Ley 12.256 y consecuentemente, remitir la presente a la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial Mercedes para que dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo indicado precedentemente; sin costas.
Rigen los arts. 100 de la ley 12256, ley 48; 20 inc. 1, 106, 210, 421, 433, 450, 454 inc. 4, 530 y 531 CPP.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 116410 caratulada “ORTIZ ESPEJO CLAUDIO JONATHAN EMANUEL S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 16 de febrero del año 2022 la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Mercedes, con motivo de una remisión dispuesta por esta Sala en la causa 113.417, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 100 de la ley 12.256 y 56 bis de ley 24.660, y no hizo lugar a las salidas transitorias solicitadas en favor de Claudio Jonathan Emanuel Ortiz Espejo.
La Defensora Particular, Dra. Flavia Karina Beatriz Astray, interpuso recurso de casación.
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 06/04/2022, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver la siguiente:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Sostiene la Defensora Particular que la resolución impugnada es equiparable a sentencia definitiva pues ocasiona un perjuicio de imposible reparación ulterior. Cita los fallos "Strada" y "Di Mascio" de la CSJN. Señala que la Cámara omitió las recomendaciones realizadas por el Tribunal. Entiende que los arts. 100 de la ley 12.256, 56 bis de la ley 24.660 y 14 del CP, vedan la concesión de las salidas transitorias a las personas condenadas por determinado tipo de delito, vulnerando así los principios constitucionales de igualdad ante la ley, razonabilidad de los actos republicanos de gobierno, el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y el sistema progresivo para la consecución del fin preventivo. Que Ortiz lleva más de once años en prisión y que su pena vence en febrero de 2023. Que cuenta con un informe favorable del Servicio Penitenciario, conducta ejemplar "10", concepto bueno, se encuentra en un régimen abierto y participa de actividades tratamentales. Que posee colaboración de su familia y la posibilidad de trabajar extramuros. Invoca doctrina y jurisprudencia. Por todo lo expuesto, solicita se declare la inconstitucionalidad de los artículos citados y se disponga las salidas transitorias de su defendido. Hace reserva del caso federal.
La Fiscal ante el Tribunal de Casación, Dra. Daniela Bersi, propicia el rechazo del recurso interpuesto (trámite de fecha 25/03/2022).
Sin perjuicio que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 433 CPP, corresponde a la Cámara interviniente evaluar si la resolución era recurrible, junto a los demás requisitos que la norma prevé, a esta altura, se impone examinar lo resuelto por el A Quo .
A tal fin, es necesario determinar el alcance de la habilitación legal contenida en el último párrafo el artículo 450 del CPP que, en su redacción vigente, establece que podrá interponerse recurso de casación contra los autos dictados por la Alzada Departamental cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución.
El objetivo es garantizar el derecho al recurso en casos donde la libertad personal es denegada por primera vez por la Cámara y admitir su tratamiento, pese a que dicho derecho haya sido ejercido y exista doble conformidad judicial -como ocurre en autos-, cuando se verifique una situación de gravedad institucional o concurra alguna cuestión constitucional que posibilite la apertura de la instancia extraordinaria federal (ver Sala I TCPBA, c. 78.575 "Jaller Maximiliano Alberto s/ Recurso de Casación". rta. 15/9/2016, reg. 718/16, e/o.).
Aún cuando lo decidido carezca de definitividad, debe ser equiparado pues por sus efectos provoca agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiere tutela judicial inmediata (conf. causas P 119.663, resol de 15-X-2014; P 118.572, resol. de 4-XI-2015; P124.803, resol. de 29-XII-2015; P 127.121, resol. de 14-XII-2016, e.o.).
Si bien en el caso se encuentra satisfecha la garantía procesal del recurso, el Tribunal de Casación constituye un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, pues los agravios invocados aparecen claramente vinculados con una cuestión federal ( Fallos: 327:423, 1688 y 329:4058), por afectación de garantías constitucionales.
La materia involucra una cuestión federal cuyo planteo es útil para demostrar la infracción alegada, planteándose la inconstitucionalidad del artículo 100 de la Ley 12256 (arts. 14 y 15, ley 48).
Con ello, concurren cuestiones excepcionales que autorizan la intervención de esta instancia (TCPBA, Sala I, c. 80.819, rta. 14 de febrero 2017, reg. 144/17, entre otros).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor CARRAL dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
El motivo de agravio expuesto por la impugnante fue desarrollado al expedirme sobre la primera cuestión, por lo que lo doy por reproducido aquí, en honor a la brevedad.
El recurso habrá de prosperar.
En efecto, la disposición legal invocada como obstáculo para denegar las salidas transitorias, carece del efecto pretendido, tal como lo expusiera en extenso en el precedente "Suarez Bouza" (TCPBA, Sala VI, causa n° 56.934, reg. 544/13).
El análisis de la validez supralegal de una norma de jerarquía inferior constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y la declaración de inconstitucionalidad debe ser estimada como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino en casos de estricta necesidad (Fallos 260:156, 286:76; 288:325; 300:241; v. de la Sala VI, c. 55.418, “Beheran, Ana María s/Recurso de Casación”, sent. del 18/04/2013, reg. 83/13, entre otros).
Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados internacionales que la integran (Fallos 328:1491), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada (v. Fallos 315:923; 321:441 y SCBA, P. 70498, Ac. 29-XII-2004).
En el caso a estudio, el art. 100 de la ley 12.256 consagra el impedimento a los condenados por el delito previsto en el art. 165 del Código Penal de ser incluidos en el régimen ordinario de salidas transitorias, por lo que somete a un régimen de ejecución más gravoso a los condenados en base a dicha figura.
De igual forma, el art. 56 bis de la Ley 24.660, que en la especie opera como piso mínimo sobre el cual deben erigirse los ordenamientos provinciales (conf. CSJN, fallos 328:1146 , TCP, Sala VI, C. 55347, “M.R., M.G. s/hábeas corpus”, rta. 6/10/12, reg. 10/12), determina que los internos que se hallan en la condición prevista en la norma se encuentran compelidos a cumplir íntegramente las sanciones que les sean aplicadas y recién, una vez agotadas, pueden egresar al medio libre en forma abrupta (con la única excepción de aquellos que accedan al beneficio del párr. 6to del art. 100 de la Ley 12.256).
Se advierte una restricción más intensa de la libertad, una contradicción intrasistemática y una fuerte tensión con los fines previstos para el encierro por las normas fundamentales.
La creciente tendencia a profundizar el análisis de la etapa de ejecución de la pena privativa de libertad a través del fortalecimiento del modelo penitenciario progresivo (art. 6 ley 24.660) y la “judicialización” o “jurisdiccionalización” de la ejecución permiten advertir la trascendencia de la decisión que se pretende, por el valor que habrá de tener para reconfigurar la pena impuesta judicialmente (CSJN 9/3/04 fallos 327:388 ).
La norma en cuestión (art. 100 ley 12.256), al no atender la situación de la persona en concreto, pues el ingreso a una prisión, en tal calidad, no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos 318:1894), consagra una categoría de personas que, por haber realizado el tipo indicado (165 CP), habrán de ser inocuizados o neutralizadas, al no permitirles gozar la posibilidad de salidas transitorias, estableciendo de modo general un fin propio de las teorías de la prevención general negativa de la pena (ajena a la prevista con jerarquía constitucional).
Sostener que la ley de ejecución establece supuestos donde el egreso definitivo de la persona privada de su libertad no se produce hasta el vencimiento de la pena, en consecuencia, no sólo hace coexistir junto al régimen progresivo, uno lineal y despojado de posibilidades, sino que resulta inconsistente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado y con una concepción que pretenda tomarlos con seriedad y brindarles un contenido verdaderamente operativo.
No puede dejarse de señalar que esta inteligencia de las cláusulas en juego también es defendida por la CSJN que ha sostenido que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor y a la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado, y que nuestra Constitución impone desde siempre un derecho penal de acto, rechazando toda forma de reproche ajena a dicha consideración. En este sentido, la Corte ha afirmado que “ lo contrario sería consagrar una discriminación entre los seres humanos, jerarquizarlos, considerar a unos inferiores a otros; y penar esa pretendida inferioridad de la persona, en el fondo, cancelaría directamente el concepto mismo de persona ” (Fallos 328:4343).
Se advierte con claridad que, aunque los fines perseguidos por el art. 100 de la Ley 12.256 son atendibles, no puede predicarse que los obstáculos que interpone al acceso de condenados, como Ortiz Espejo, a casi la totalidad de las formas de libertad anticipada, por el sólo hecho de la ofensa cometida, sean razonables o adecuados a una comunidad como la que pretende nuestra Constitución, en tanto tiende a prolongar la segregación de individuos por sí repudiados por la sociedad y seleccionados, comúnmente, de sus estratos más postergados.
En la medida en que la norma consagra una prohibición prácticamente absoluta e impide toda consideración individual relativa al peligro efectivo que emanaría del afectado, y no permite la aplicación de un medio menos lesivo, la formulación de la regla no satisface requisitos mínimos que aseguren la adecuación de la injerencia al principio de proporcionalidad (voto del juez Petracchi, en cit., cons. 40).
Como consecuencia de lo expuesto, la norma en examen parte de una concepción de la ejecución penal reñida con previsiones de distinta jerarquía, responde a una teoría de la pena censurable e inconciliable con nuestro ordenamiento, se apoya en nociones propias del derecho penal de autor y propone una diferenciación insostenible entre sujetos sometidos la más grave de las sanciones admitidas en democracia, por lo que ante la imposibilidad de reconducirla de manera que le permita salvar estas dificultades, debe inexorablemente postularse su incompatibilidad con la CN.
En base a lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto en favor de Claudio Jonathan Emanuel Ortiz Espejo, revocar el auto impugnado, declarar la inconstitucionalidad del art. 100 de la Ley 12.256 y consecuentemente, remitir la presente a la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial Mercedes para que dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo indicado precedentemente; sin costas (art. 100 de la ley 12256, ley 48; 20 inc. 1, 106, 210, 421, 433, 450, 454 inc. 4, 530 y 531 CPP).
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por el mismo fundamento.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por la Defensora Defensora Particular, Dra. Flavia Karina Beatriz Astray.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto en favor de Claudio Jonathan Emanuel Ortiz Espejo, revocar el auto impugnado, declarar la inconstitucionalidad del art. 100 de la Ley 12.256 y consecuentemente, remitir la presente a la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial Mercedes para que dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo indicado precedentemente; sin costas.
Rigen los arts. 100 de la ley 12256, ley 48; 20 inc. 1, 106, 210, 421, 433, 450, 454 inc. 4, 530 y 531 CPP.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2022 09:06:38 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 24/05/2022 11:33:44 - MAIDANA Ricardo Ramón - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 11:40:55 - GONZÁLEZ Pablo Gastón - AUXILIAR LETRADO RELATOR DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 24/05/2022 11:43:29 hs. bajo el número RS-562-2022 por GONZALEZ PABLO GASTON.
Fin de la sentencia