Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 115393
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 115.393 de este Tribunal, caratulada “CASTRO, Matías Jairo s/ recurso de casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, en causa n° 7109, absolvió a Matías Jairo Castro por el delito por el cual vino acusado –abuso sexual con acceso carnal agravado por encontrarse a cargo de la guarda de la víctima y por tratarse de una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, hechos reiterados en al menos treinta oportunidades- y le impuso una medida de seguridad curativa por el término de diez (10) años, con controles trimestrales, a contar desde el 25 de octubre de 2017 –fecha en que fuera aprehendido-.
II. Contra dicho pronunciamiento interpone recurso de casación la Sra. Defensora Oficial, Dra. Karina Costas.
Denuncia la inobservancia de los arts. 1, 106 y 210 del Código Procesal Penal, los arts. 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20, 27, 28 de la ley de Salud Mental (Ley 26657); a la que adhiriera la Provincia de Buenos Aires por Ley 14580, y la errónea aplicación del art. 34, párrafo 3ro. del Código Penal.
Asimismo, sostiene que la decisión impugnada afecta el art. 14 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad; los principios 1.7, 9.1, 15.1, y 16 de los "Principios de Naciones Unidas para la protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental” y el principio 4 de los "Diez Principios de las Normas para la atención de la Salud Mental", de la Dirección de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud.
Aduce que se arribó erróneamente a la conclusión de que su asistido resultó peligroso para sí o para terceros, en los términos del art. 34 del C.P., equiparando vulnerabilidad con peligrosidad.
Explica que se inobservaron los criterios establecidos por la ley de Salud Mental y en el decreto reglamentario de la misma.
A su vez, ataca la conclusión respecto a que la única medida terapéutica procedente en el caso fuera la imposición de una medida de seguridad curativa, en la Unidad N° 34 del S.P.B., omitiendo la consideración de cualquier otra medida menos restrictiva, como sería la intervención a la justicia de familia o civil, especializada y/o en su caso la internación en un Hospital General, como lo establece la Ley de Salud Mental.
Del mismo modo, entiende que la medida impuesta resulta desproporcionada, a la luz de las condiciones personales de su defendido, cuyos familiares tramitaron el certificado de discapacidad, expresando su voluntad de brindarle apoyo y contención, y que al ser alojado en la Unidad N° 34 del S.P.B. se lo aleja de la misma, puesto que se encuentra en San Juan. Además, denuncia que Castro padece una privación de libertad en una Unidad que ni siquiera cuenta con intérprete oficial para que pueda comunicarse con otros internos o con personal penitenciario.
Reseña que la vulnerabilidad del imputado no puede ser equiparada al término de peligrosidad al que hace referencia el art. 34 del C.P. y que tal como fuera expuesto por los peritos en el juicio oral, se debió dar intervención, para el seguimiento de su pupilo, al Juzgado de Familia para en que en el caso autorizase su internación en una institución que contara con profesionales adecuados para su superivisión.
Agrega que si bien los médicos afirmaron que Castro requería una supervisión especializada, aclararon que su peligrosidad se encontraba directamente vinculada con una situación de vulnerabilidad y no con una situación de amenaza o perjuicio para él y para terceros.
Sostiene que el criterio de “peligrosidad” determinado en el art. 34 inc., 1 del C.P. debe sustituirse por existencia de riesgo cierto e inminente (art. 20 de la ley 26.657), interpretándose a la luz del decreto reglamentario de la norma en vigencia, riesgo éste que no puede presumirse sino deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada caso (art. 5 de la ley 26.657).
Considera que se han vulnerado los caracteres de recurso terapéutico y aplicación restrictiva que determina la ley sobre las internaciones involuntarias, pues en dicho caso, su asistido se encuentra privado de su libertad únicamente por su situación de vulnerabilidad, contradiciendo expresamente el art. 34 del C.P. y la Ley de Salud Mental, con lo cual resultaría imperioso la aplicación de una opción menos restrictiva de su libertad, en orden a los compromisos internacionales asumidos por el Estado federal argentino.
Por ello, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, entiende que la peligrosidad debe ser de tal grado que haga imprescindible la internación del paciente y sí, en cambio, como en el caso, los peritos consideraron que debía darse intervención a una institución especializada distinta a la Unidad N° 34 del S.P.B., debió darse intervención a la justicia de familia o a la justicia civil para que realizase el control y vigilancia de la persona.
Concluye que la situación de vulnerabilidad de su asistido, por su discapacidad auditiva y su retraso mental moderados, no pueden convalidar su privación de libertad en una institución como la Unidad N° 34 del S.P.B., que no cuenta con una persona permanente que pueda comunicarse con su defendido a través del lenguaje pertinente, sino que resulta imperioso que un equipo interdisciplinario especializado o en su caso la autoridad administrativa, determine su inclusión en programas sociales y dispositivos específicos con la colaboración de la familia.
Finalmente, teniendo en cuenta que Castro carece de antecedentes condenatorios previos, su discapacidad, la insuficiencia de sus facultades mentales, el desarraigo que implica su detención en la provincia de Buenos Aires, cuando toda su familia se encuentra en la provincia de San Juan, considera que el plazo de diez años impuesto por el “a quo”, resulta desproporcionado.
Por ello, solicita se case la sentencia impugnada y se de intervención a la justicia especializada, a efectos de analizar la necesidad de incluir al imputado, previa evaluación multidisciplinaria, en un dispositivo específico. O, en su caso, se libre oficio a la Autoridad Administrativa, a efectos que de conformidad con lo normado por los arts. 28 y 36 de la Ley de Salud Mental, determine cuál es el programa o dispositivo específico que debe supervisar y tratar a Castro.
En subsidio, se disminuya el plazo de la medida de seguridad impuesta.
Formula formal reserva del caso federal.
III. Concedido el remedio por el “a quo”, radicado el mismo por ante esta Sala Cuarta y notificadas las partes, se presenta el Sr. Defensor Adjunto de Casación, Dr. Nicolás Agustín Blanco, quien desiste de la audiencia para informar en derecho y sostiene en todos sus términos el remedio deducido por su par de instancia.
A continuación, dictamina el Sr. Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, consintiendo la no realización de la audiencia de informe y contesta agravios propiciando el rechazo completo del recurso incoado.
IV. Habiéndose dispuesto el pase del presente al Acuerdo y encontrándose en estado de dictar sentencia, la Sala Cuarte del Tribunal decidió plantear y resolver las siguientes
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
2da.) En su caso, ¿resulta procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
A la deducción en tiempo y forma con invocación de motivos del art. 448 del C.P.P., se suma en el presente que se trata de una sentencia definitiva (arts. 105 y 450 del C.P.P.) que, impone una medida de seguridad, generando agravio al imputado y su defensa (art. 8 inc. 2º "h" de la C.A.D.H. y 454 inc. 2 del C.P.P.).
Así, voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adelanto que el recurso deducido por la batalladora Defensora Oficial no podrá prosperar.
La impugnante centra el embate del remedio deducido en objetar la medida de seguridad impuesta por el Tribunal Oral.
Concretamente, impugna la necesidad de imposición de la misma, sosteniendo que el “a quo” equiparó vulnerabilidad a peligrosidad.
No coincido con dicha tesitura.
En la materia, rige el sistema denominado como de “doble vía” o “binario”, por el cual en el ámbito del derecho penal no sólo pueden imponerse penas, sino también medidas de seguridad, tal como condice con el texto del art. 34 del Código Penal.
Este sistema implica por un lado la posibilidad de imponer pena, como consecuencia de la reprochabilidad del autor culpable, como respuesta al hecho perpetrado, a más de su función de prevención general y especial. Por el otro, la medida de seguridad, que se impone al sujeto que ha cometido un hecho en estado de inimputabilidad, con el fin de curarlo y al mismo tiempo evitar que la posibilidad de generar daños para sí o para terceros (De la Fuente, Javier E. “ Medidas de seguridad para inimputables ”, en Separata de Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, año IV, n° 8 Buenos Aires, Ed. Ad Hoc, 1998, p.287 y ss.).
En consecuencia, no cabe ninguna duda de que aún con la vigencia de la Ley de Salud Mental 26.657, sigue existiendo la posibilidad de una respuesta penal, frente a las personas inimputables que hayan cometido un ilícito.
En esa faena, el “a quo” fundó claramente el por qué de la imposición de la medida de seguridad, ante la posibilidad de que Castro pudiera generar un riesgo para sí y para terceros, apoyado en lo testimoniado en la audiencia de debate por la Dra. Carmen Susana Mansilla –psiquiatra- y el Dr. Ricardo Alfredo Sokol –también psiquiatra- y la Licenciada Valeria Verónica Vivas –psicóloga-, todos de la Asesoría Pericial Departamental.
Los profesionales de mención declararon de manera conjunta, luego de peritar al imputado en presencia de un intérprete de lengua de señas de ADAJUS.
Fueron contestes en cuanto a que Castro padece un retraso mental moderado, debido a una rubéola congénita, la cual le generó el retraso, como así también la hipoacusia y la discapacidad visual de uno de sus ojos.
Refirieron, en relación a la conciencia de la enfermedad, que Castro no está conectado socialmente con el mundo que lo rodea, no tiene grandes problemas, pero tuvo una rubeola congénita, que le acarreó dificultad visual, y auditiva, que puede caminar, mover sus manos, trabajar en carpintería, pero que no es consciente de que tiene una enfermedad, ya que está sin conciencia de la discapacidad que le provoca esta enfermedad de base. Sabía que estaba mal estar encerrado, no entendía por qué estaba detenido, pero no tenía conciencia que cometió un hecho ilícito, el déficit cognitivo lo trae consigo desde que nació.
Agregaron que el retraso mental moderado, no solo es con relación a su coeficiente intelectual, sino que tiene falta de habilidades para entender otras cosas, no puede aprender por medio de la experiencia. Informaron que no pudo acceder a una lectoescritura normal, sin perjuicio que hay gente sordomuda que entiende el lenguaje escrito, lo que él no puede.
Explicaron que el oficio era algo que podía copiarse, por ejemplo, agarrar el cuter y utilizarlo, porque copia, lo que hace es imitar. Es decir, si le dicen vamos a pintar, pinta, vamos a coser, cose; pero, no hay voluntad. Lleva a cabo tareas mecánicas que copia, las ve, las enlaza y las reproduce, pero no hay conciencia.
Aclararon que todo le fue preguntado a través de la intérprete, que no tiene tratamiento, que fue a una escuela especial pero que no tenía garantizado el lenguaje especial. No tenía lenguaje gestual, nadie le hablaba y decía 2 más 2, son 4. Antes podía copiar, pero no puede hacer cálculo, porque no lo aprendió, no tuvo acceso a la escolaridad.
Señalaron que tuvo una rubeola congénita, no tiene conciencia, agregando que una educación con intérprete no garantiza que haya podido aprender, por su problema de base, el retraso mental moderado.
Afirmaron que no tiene capacidad de planificar, es mucho más impulso o instinto, se mueve bajo esa consigna. Las experiencias no le dejan nada, sólo puede copiar.
A preguntas formuladas por la defensa, la Dra. Mansilla aclaró que si bien la reforma de la ley de salud mental y el Código Civil descartan el termino de peligrosidad y si el de riesgo cierto e inminente, el Código Penal no fue modificado en tal sentido, encontrándose vigente el artículo 34, y que Castro resulta ser peligroso para sí y para terceros, dado su vulnerabilidad (los subrayados me pertenecen).
Sostuvo que cuando hablaban de peligrosidad tiene que ver con su vulnerabilidad de estar en el mundo, donde aprendió cosas, imita cosas, se maneja de manera instintiva, lo convierte en una persona peligrosa en el mundo, no tiene la posibilidad de estar solo en el mundo, necesita alguien constantemente con él, no puede saber que es bueno o malo.
Del mismo modo, agregaron que ni siquiera tenía capacidad civil como refería el viejo Código Civil, que necesitaba un curador, cada dos años se podía ir habilitando, y que, mientras que no tuviera un tratamiento no iba a cambiar, que tenía que haber alguien que lo cuide constantemente, ya que actúa sin comprensión, sería socialmente peligroso, la patología no se iba a profundizar, pero, siempre necesitará a alguien para su contención, si tuviera un componente externo con un psicótico sería más peligroso, no hay un freno. No tiene un juicio de realidad igual que el nuestro. Funciona con impulso.
De lo expuesto por los profesionales, puede colegirse que si bien la Dra. Mansilla respondió a la defensora, expresándose en relación a la vulnerabilidad de Castro, lo cierto es que no fue esta circunstancia la que motivó la imposición de la medida de seguridad; sino, que se consideraron las conclusiones –por demás contundentes- de los profesionales intervinientes –dos psiquiatras y una psicóloga-, que evaluaron a Castro y finalizaron su examen concluyendo que éste carecía de la posibilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, su incapacidad para vivir de manera independiente y sin acompañamiento, y por sobre todas las cosas, su accionar impulsivo, para el cual carecía por completo de frenos inhibitorios.
En efecto, ello resulta claro como consecuencia del hecho enrostrado por el cual se llegó a juicio, resultando, inclusive, incapaz de comprender que las acciones desplegadas contra su hijastra constituyeran delito.
No caben dudas, entonces, de que para imponer una medida de seguridad en nuestro ámbito penal, es necesario acreditar que el sujeto haya cometido un delito –lo que surgió claro de la segunda cuestión del veredicto atacado- y examinar las características de la situación que lo tornan inimputable a saber: origen, evolución y tratamiento adecuado –lo que también se ha verificado- y a partir de allí, establecer la existencia de riesgo para sí y para terceros, cuestión que también se ha acreditado.
En este sentido, al ser abordada por la defensa, la respuesta de la Dra. Mansilla fue categórica: Castro resulta ser peligroso para sí y para terceros .
Con lo cual no abrigo duda alguno de la certeza a la que arribó el “a quo” en la necesidad de imponer la medida de seguridad.
Por otro lado, la Dra. Costas considera que no se encuentra justificada la imposición de la medida de seguridad curativa en la Unidad n° 34 del S.P.B. y requiriendo el pase de las actuaciones al fuero de familia o en su defecto, al civil.
Cabe destacar que nos encontramos en el sub lite , frente a una medida de seguridad impuesta de conformidad con lo establecido por el art. 34 inc. 1 del C.P. y, no, frente a una internación involuntaria de las establecidas por el art. 21 y concordantes de la Ley de Salud Mental.
Tal como lo pone de resalto el Sr. Fiscal ante estos estrados en su dictamen, la internación del incapaz -competencia exclusiva del Fuero de Familia en nuestro medio- es una medida de última ratio orientada al tratamiento de la problemática de base que aqueja a la persona; en tanto que la medida de seguridad tiene como presupuesto la existencia de riesgo para sí o para terceros de aquella persona que -se ha comprobado en juicio- ha cometido un delito en virtud de la insuficiencia o alteración de su facultades mentales -en los términos del art. 34 inc 1° C.P.-.
La medida de seguridad solo podrá extenderse hasta el punto en el que se verifique la desaparición de la peligrosidad que ha motivado su dictado, con independencia de la subsistencia de la problemática de base. En caso de que los problemas de salud mental se prolonguen más allá de la desaparición de este riesgo, debe necesariamente disponerse el cese de la medida de seguridad y dar intervención al fuero especializado en salud mental para la continuidad del seguimiento bajo las modalidades menos restrictivas posibles.
Hecha dicha disquisición, corresponde señalar que el “a quo”, en su resolutorio señaló que resultaba de aplicación la correspondiente medida de seguridad, sin que sea una intromisión que afecte el derecho individual de la persona, sino como una cuestión curativa de su salud y teniendo en cuenta el tipo legal del delito por el que vino acusado y el daño ocurrido a la niña, el tiempo estipulado de la misma sería de diez (10) años como medida de seguridad curativa, con controles trimestrales, a contar desde el momento de su aprehensión, bajo las prescripciones previstas en el segundo párrafo del artículo 34, inciso 1, del Código Penal, y una vez concluido dicho lapso temporal deberá quedar sometido, en su caso, al régimen de las restricciones a la capacidad del derecho civil -Libro Primero, Título I, Capítulo 2 del CCCN-, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 31, 32 y ss; 41, 42 y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación -t.o. ley nº 26.994-, Ley Nacional de Salud Mental 26.657, en un establecimiento o ámbito acorde a las necesidades del nombrado; y sin perjuicio de lo que resulte del control de internación que el Juez de Ejecución efectúe sobre la necesidad de mantenerla hasta el vencimiento del término fijado, teniendo en cuenta la peligrosidad para sí o para terceros que revista el nombrado, y lo surgente del dictamen de los peritos de intervención.
De ello puede colegirse lo siguiente: que se fundó la medida en la posibilidad de que Castro pudiera generar daño para terceros, que se estableció la duración temporal de la medida y el control de la misma en manos del Juez de Ejecución, con la posibilidad de mantenerla o no hasta el vencimiento del término fijado, de conformidad con los dictámenes periciales pertinentes y pudiendo ser sometido al fuero correspondiente luego del término de la medida.
Con lo cual entiendo también que se hayan abastecidos los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Antuña”.
Es pacífico el criterio acerca de que el contralor jurisdiccional de la medida de seguridad corresponde al Juez de Ejecución Penal, en los términos de los arts. 25 inciso 6° y 517 del Código Procesal Penal. Ello así desde que la ley 26.657 de Salud Mental, no sólo no reformó el artículo mencionado sino que, en su artículo 23, estableció que el alta, externación o permisos de salida son una facultad del equipo de salud que no requiere la autorización del juez, pero exceptuó expresa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.