Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 112308
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky y Daniel Carral, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la presente causa nro. 112308 caratulada "ROJAS NICANDRO JOSE S/ RECURSO DE CASACION" , conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI - BORINSKY - CARRAL.
1. El Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino condenó a Nicandro José Rojas a prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor de homicidio calificado por su comisión con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual mantuvo una relación de pareja, homicidio simple y receptación sospechosa, todas las figuras en concurso real (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 55, 79, 80 inciso 12° y 277 inciso 2° del Código Penal).
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación la Defensa Oficial por el cauce de los arts. 448, 450, 451 y 454 inciso 1° del C.P.P.
Cuestiona la autoría decidida por considerar que se realizó una absurda valoración de la prueba, en franca violación al sistema de la sana crítica racional y a la racionalidad de los actos de gobierno.
Señala que no existen elementos suficientes para acreditar la participación de Rojas en los homicidios que terminaran con la vida de Pablo Caputa y de María Elsa Raffaele.
Alega que los elementos de prueba que se citan resultan indicios insuficientes y no tienen el grado de convicción necesario para fundar una sentencia condenatoria y conmover el estado de inocencia de su asistido.
Afirma que no existe ningún testigo presencial del hecho y que, si bien el testigo Altamirano dice que escucho gritos esa madrugada, al salir a la vereda no observó nada.
Sostiene, en cuanto al teléfono propiedad de Pablo Caputa desde el cual supuestamente Rojas habría enviado mensajes a varias personas, que no fue hallado en su poder ni fue secuestrado.
Pone en tela de juicio la fuerza probatoria del resto de los indicios que el sentenciante valoró, alega que resultan insuficientes y agrega que la fiscalía, sobre quien recae la carga de la prueba, omitió llevar a cabo medidas probatorias determinantes para la individualización del verdadero autor de los hechos.
Advierte que no se realizó una prueba esencial, que califica de categórica, sobre las posibles manchas hemáticas de la ropa que llevaba puesta Rojas al ser detenido el mismo día de los hechos, ni se procedió a cotejar las huellas del calzado encontradas en la escena del crimen con las pertenecientes a su defendido, ni tampoco se realizó una pericia para determinar si el cuchillo secuestrado guarda relación con el utilizado en el crimen, todas medidas que a su criterio serían dirimentes para esclarecer el verdadero causante del suceso.
Solicita, en conclusión, la absolución por la falta de certeza y la ausencia de comprobación suficiente de la autoría, en aplicación de los principios constitucionales de inocencia y del “in dubio pro reo”.
Como segundo agravio, cuestiona la calificación de la materialidad que tuviera como víctima a Pablo Caputa –entendido como un homicidio transversal o vinculado-, solicitando que se lo recalifique como homicidio simple.
Afirma que la acción no debe tomarse como un homicidio transversal por el solo hecho de tratarse del actual novio de su ex pareja, en tanto no se habría matado para castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual se ejerce dominación, y expone que no existiría esta condición.
Agrega que se está en presencia de una relación simétrica, comprobada por todas y cada una de las pruebas incorporadas por lectura o producidas en el debate, que detalla, y concluye que no se está frente a un contexto de violencia previa que amerite la aplicación de la agravante.
Aduna que tampoco está comprobada la ultrafinalidad requerida por la figura, ya que no se mató para causar sufrimiento a la ex cónyuge, puesto que Nicandro Rojas en ningún momento tuvo la intención de hacer sufrir a María Soledad Ortiz, encontrando avalada esta postura por la posición de la Licenciada Villanueva en el debate, quien manifestó que todas las actitudes de Rojas no tenían como finalidad un ánimo de venganza hacia la ex pareja .
En tercer término, ante el rechazo del tribunal de instancia, se reitera el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, por considerar violentado el principio resocializador y por tratarse de una sanción cruel, inhumana y degradante, que no respeta los principios de culpabilidad, de legalidad, ni el principio republicano de gobierno.
3. Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite común se expide el Defensor Oficial ante el Cuerpo y mantiene el recurso de origen, mientras que su par Fiscal propicia el rechazo de la presentación por los motivos que expone.
4. Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Resulta procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
-I-
El Tribunal tuvo por cierto y comprobado que: “…el día 27 de Marzo de 2.019, en un horario aproximado entre las 5.00 y las 6.00 horas, un sujeto del sexo masculino ingresó al domicilio ubicado en calle Conscripto Silva N° 508, esquina Maipú, de esta ciudad y, mediante golpes y utilizando un elemento corto punzante, asestó varias puñaladas a Pablo Caputa (con quien su ex mujer tenía una relación de noviazgo) y a su progenitora María Elsa Raffaele que se encontraba en el lugar, provocándole a ambos la muerte en forma inmediata por paro cardíaco, como consecuencia de shock hipovolémico.
Luego, en un allanamiento realizado para proceder a la detención del acusado, se procedió al secuestro en el lugar de un oxímetro de pulso previamente sustraído del Hospital San José de Pergamino”.
II.-
Como primer ariete de ataque, la Defensa la emprende contra la autoría decidida para Rojas, en reiteración de los argumentos esgrimidos ante la instancia.
Afirma que no se produjo prueba dirimente para dilucidar la cuestión, y que con las restantes valoradas por el sentenciante no se alcanza a satisfacer la certeza apodíctica que una sentencia condenatoria requiere para fundar el vínculo de atribución.
Por lo tanto, a tenor de lo dispuesto en el fallo “Casal” emitido por el Superior Nacional, y en respeto a la garantía establecida por el art. 8 inciso 2° h) de la C.A.D.H., incorporada a nuestra Carta Magna por el art. 75 inciso 22°, es que se procederá a revisar los fundamentos del fallo puesto en crisis, incluidos los que hacen a la prueba del hecho, con el único límite de los que están ligados a la inmediación.
En tren de dar respuesta a esta parte del reclamo, cabe mencionar que la función de esta Sala no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del tribunal de instancia, sino verificar si en el caso, éste contó con prueba legal y suficiente para justificar, con lógico raciocinio, la comisión de los hechos y la intervención responsable que en éstos le cupo al encartado para dictar su condena, y considero que así lo hizo.
La recurrente no se hace cargo de la sólida fundamentación existente, mayormente de naturaleza indiciaria, testimonial, pericial, documental e informativa, para dar por comprobado el vínculo de autoría puesto en cabeza de Rojas, en tanto advierto que la prueba producida y valorada permite sostener la condena dictada en consecuencia.
Para dar fundamento legal a esta afirmación, y analizando ahora el plexo probatorio existente, se tiene que en primer lugar el sentenciante valoró el acta de inicio, describiéndola detalladamente, que comprueba el cuerpo del delito que no llega cuestionado a estos estrados.
De ella se desprende, mayormente, el hallazgo de los cuerpos de Pablo Martín Caputa de 37 años de edad y de su madre, María Elisa Raffaele de 64 años de edad, ambos domiciliados en el lugar de los hechos, así como se menciona a los presentes que dieron aviso a la policía, Natalia Yanina Caputa, Angel Caputa –familiares- y el compañero de trabajo de Pablo Martín, Joaquín Ignacio Maldonado.
Se dejó consignado que el médico de Policía que se hizo allí presente, quien también declaró en debate, constató la muerte de ambos a raíz de las heridas recibidas con un arma blanca -paro cardiorespiratorio traumático como consecuencia de shock hipovolémico por heridas de arma blanca-, así como el gran desorden en toda la casa y gran cantidad de sangre producto de los acometimientos a las víctimas, ratificado por las actas de necropsia y por el técnico en criminalística Flavio De la Casa, quien también brindó en juicio detalles de toda la escena del crimen, por caso el gran desorden existente, la gran cantidad de rastro de sangre y los intentos de limpieza del lugar en paredes y piso.
Se consignó que si bien los cuerpos fueron hallados a las 15:40 hs, el hecho ocurrió entre las 5 y las 6 horas del 27 de marzo de 2019, ya que dos testigos –Sres. Altamirano y Sardi, vecinos de lugar-, escucharon gritos, en simultáneo, de un varón y de una mujer, que trataban de parar un ataque y de dolor o sufrimiento, expresiones tales como “pará loco, pará, ya está”.
Incuestionada esta parte de la materialidad, luego de una atenta lectura de los actuados se puede concordar con los sentenciantes que, aunque no existe prueba directa, la conducta anterior, concomitante y posterior del enjuiciado brinda múltiples y sólidos indicios, de gran envergadura, como para conformar un plexo probatorio sólido, contundente e incriminante.
Voy por las razones. Como marco inicial, de la sentencia surge que el imputado estuvo casado con María Soledad Ortiz, que tuvieron dos hijos y que por las desavenencias del matrimonio se produjo la interrupción de la unión, siendo que el carácter violento de Rojas originó numerosas causas judiciales, en un número aproximado a veinte, todas con el denominador común de la violencia de género e intra familiar.
El Tribunal dio por comprobado, a partir del informe de la perito psicóloga de la Fiscalía de Violencia de Género realizado pocos días antes del hecho, que si bien la pareja estaba separada, los episodios de violencia continuaban, lo que motivó la imposición de perímetro de contacto para con Rojas, detallándose también que la situación de violencia se agravó luego de que éste tomara conocimiento que su ex pareja había comenzado otra relación con Pablo Caputa.
Es decir que, con la violencia instalada en la pareja aún después de disuelta, quedó informado que este estado violento se agravó por la llegada de otra persona a la vida amorosa de Ortiz, a la sazón, el fallecido Caputa.
Ahora bien, la obsesión que Rojas tenía con su ex mujer y la falta aceptación de que ésta reinicie su vida sentimental con otras personas no era nueva, en tanto ya habían existido precedentes de violencia del justiciable hacia los hombres que se vincularon con ella –ciudadanos Sobelli y Casenave-, a tenor de las constancias tomadas en consideración por el sentenciante, como ser las remisiones al informe de fs. 316/348 del principal y de las IPP 3372/17 y 63/16.
Luego, se valoraron los relevantes dichos de María Soledad Ortiz y de su hermano Diego Ortiz, efectuados en debate, que dan cuenta de la relación y de la actitud de Rojas en tiempo previo al luctuoso suceso.
Así, se lee que María Soledad Ortiz declaró que como había tenido problemas con Rojas cuando intentó salir con otras personas, trató que no tomara conocimiento del inicio de la relación con Pablo Caputa, pero que al hacerlo, comenzaron las amenazas por parte del imputado.
Luego, se valoró que el hermano relató los distintos episodios graves de violencia que tuvo su hermana por parte de Rojas, mencionando que si no estaba con el imputado, no podía estar con nadie, habiéndola acompañado a hacer la denuncia policial, y siendo testigo de los gruesos insultos que Rojas profirió a María Soledad, a la vez que le manifestó que ella no tenía que estar con nadie más, excepto con él.
Se detalló que le escuchó decir que quien era Pablo, que ya lo iba a agarrar, y que los iba a matar a los dos -por Ma. Soledad y por Pablo Caputa-, ratificando la captura de pantalla de su celular del 21/3/2019, incorporada por lectura, que muestra un mensaje de Rojas que le refirió que no sabía cuando pero que iba a correr sangre.
A esta clara manifestación de la intención de matar, se aduna la valoración de los informes que dan cuenta las numerosas causas judiciales en trámite que tenía a Rojas como imputado, efectuadas por María Soledad Ortiz, por su hermano Diego –concordantes con lo relatado supra- y de singular importancia, la toma en consideración de un informe sobre la IPP 1469/19, en la que Pablo Caputa el 24/2/19 denunció haber sido amenazado por Rojas en su lugar de trabajo.
Con lógica acumulativa también se consideró lo dicho por el padre y esposo de las víctimas, Omar Cristóbal Caputa, quien fue testigo cuando Rojas llegó a su casa, preguntó a él si allí vivía Pablo Caputa, se identificó como el marido de Ma. Soledad y le manifestó: "Digale que la próxima vez lo mato". Agregó que le comentó el incidente al hijo, y que éste le dijo que ya lo había denunciado porque también lo había amenazado en la estación de servicios donde trabajaba.
Luego, consta lo manifestado por el testigo Joaquín Maldonado, compañero de trabajo de Pablo Caputa, quien anotició que éste le contó, días antes de su muerte, que Rojas concurrió a la estación de servicios y lo amenazó, y que por ello realizó la denuncia en sede policial.
Como se puede apreciar, ya la conducta anterior al luctuoso episodio dejaba entrever lo que por sentencia se la achaca al enjuiciado.
Ahora bien, también como indicios de relevancia se tienen que del lugar del hecho faltaron dos elementos, a saber, el teléfono de Pablo Caputa y un par de zapatillas que recientemente Ortiz le había regalado.
Respecto del primer elemento, se valoraron las capturas de pantalla, ratificadas por Ortiz en debate, de las cuales surge que desde las 5:25 de la mañana en adelante, desde aquel aparato, se le enviaron varios mensajes diciéndole que se daba por terminada la relación por existir otra novia, que ella tenía que volver con el padre de sus hijos y profiriéndole insultos, siendo que se dejó aclarado que Ortiz no reconoció la forma de los mensajes, contenido y redacción como pertenecientes a Pablo, por lo que comenzó a inquietarse.
Como se advierte, quien se apoderó del teléfono tenía como intención que Pablo Caputa quedara fuera de la relación, que Ortiz volviera con el padre de los hijos –Rojas-, además de quedar plasmada la violencia que ya Ortiz padecía de la anterior relación.
Soy de la opinión que este singular indicio resulta relevante no sólo a nivel de la autoría –porque que otra persona sino el enjuiciado tendría interés en que sucediera lo que manifestaban los mensajes- sino también a nivel de la calificación, sobre lo cual volveré.
Abonando esta posición también se tiene lo transcripto respecto del testigo Martín Stamponi, encargado de la estación de servicio y compañero de trabajo de Pablo, quien acompañó una captura de pantalla, incorporada al plexo y reconocida, de los diálogos que había mantenido con el teléfono del segundo aquella mañana, por los cuales Pablo le decía que renunciaba al trabajo, que si iba una mujer de nombre Soledad le dijera que estaba de novio con otra mujer y que la denunciara, a lo cual Stamponi agregó que no era la forma de escribir de Pablo, quien nunca renunciaría por mensaje de texto ya que era muy cumplidor y responsable, y que nunca se dirigiría en aquellos términos.
A su vez, se valoró lo que se publicó en el perfil de Pablo Caputa de la red social abierta Facebook del 27 de marzo a las 13.45 hs., cuando aparecieron varias fotos de María Soledad Ortiz con un texto que aclaraba su nombre exacto, y advertía a los potenciales “muchachos” acerca de los inconvenientes de relacionarse con ella, detractándola gravemente, además de pedir que se compartiera el mensaje en las redes sociales.
Como se puede apreciar, la principal intención del autor de todos los mensajes y publicaciones era que María Soledad Ortiz no tuviera contacto amoroso con otros individuos excepto Rojas, brindando este dato mayor convicción para ratificar lo decidido en la instancia.
Ahora bien, respecto del par de zapatillas faltantes –de marca Nike color blancas-, comprobado por las constancias que Ortiz se las había regalado a Caputa tres días antes, la sentencia es clara en advertir que fueron reconocidas por la empleadora del imputado, Eliana Benítez, como en poder de Rojas momentos después del hecho, cuando éste pasó por su comercio y las dejó allí.
Luego, consta que advertida respecto del homicidio, acercó el par a la comisaría, fueron incorporadas al plexo probatorio y fueron reconocidas en debate tanto por Benítez, como el par que Rojas había dejado en su comercio, como por Ortiz, como el par que le había regalado a Pablo.
Cabe agregar que si bien son de uso generalizado, como lo afirma la defensa, resultaría extraordinaria coincidencia que fueran exactamente las mismas que las regaladas a Pablo Caputa por Ortiz -como si ambos varones hubieran decidido adquirir el mismo par, misma talla, simultánea y concomitantemente y ese día Rojas hubiera decidido no llevarlas puestas sino cargarlas-, por lo que sólo cabe concluir que resultan un único par y que pasaron a poder de Rojas cuando las sustrajo del domicilio donde había ultimado a dos personas, con lo cual se va cerrando un plexo convictivo que luce sólido y sin fisuras.
Pero hay más. También resulta de enorme relevancia el hecho que Benítez reconoció en debate que ese día, cuando Rojas la visitó en el comercio, tenías tres teléfonos, dos de su propiedad y un tercero que no había visto nunca. Se aclaró que esta testigo manifestó que en presencia de ella Rojas envió desde el nuevo teléfono un mensaje a Ortiz, haciéndose pasar por una supuesta novia del fallecido Caputa, diciéndole, "soy la novia".
Hay que concordar con el argumento que este testimonio reviste vital importancia, pues autoriza a conectar dos objetos que eran propiedad de una de las víctimas (Pablo Caputa) en poder del acusado momentos después del hecho.
También se dejó aclarado que esta testigo afirmó que Rojas era muy buen empleado, reconoció que tenía una gran habilidad en el manejo de los cuchillos y que en su faz personal, estaba obsesionado con su ex mujer, todo lo que ayuda a confirmar el sentido de la conducta de Rojas, de querer rearmar la pareja, de estar obsesionado con Ortiz y de tratar de aventar cualquier contacto de ésta con otros hombres.
La sentencia también valoró que esta obsesión de Rojas con su ex mujer tiene correlato con varios extremos, a saber, con un altar encontrado en el domicilio donde se lo aprehendió –comprobado por acta de procedimiento y por declaración del policía Palacios- que consistía en un plato con una vela, una especie de ritual o altar con una foto invertida de una pareja, cosida; también con el análisis de los teléfonos secuestrados en poder de Rojas que dan cuenta de la gran cantidad de llamadas a Ortiz y con la constancia de un giro de dinero al exterior a una persona supuesta "maestra o chamán" que en un audio de 47 segundos le explicó a Rojas como debía armar el santuario con la foto de su ex mujer.
Por otra parte, la valoración de la pericia psicológica psiquiátrica realizada al enjuiciado, donde consta que tiene tendencia a actuar de manera impulsiva ante situaciones que se le presentan por fuera de lo esperado y que demuestra una inclinación a interpretar los hechos y formar sus juicios más orientado por sus propias impresiones afectivas internas, brinda más solidez a lo en
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