Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 111552
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas el recurso de casación interpuesto. Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.H de la CADH; 12, 19, 29 inciso tercero, 40 y 41, del Código Penal, y 210, 448, 451, 454 inciso 1°, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal; y 5 inciso “c” de la ley 23.737.
En la ciudad de La Plata, sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario, los señores jueces doctores Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia definitiva en la causa número 111.552 caratulada: “Cabrera, Edgardo José s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY-VIOLINI
El Tribunal en lo Criminal número 1 de Campana condenó –por juicio abreviado e integración unipersonal- a Edgardo José Cabrera a cuatro años de prisión, multa de 45 unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autor de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.
Contra dicho pronunciamiento, según surge del Sistema Informático Augusta, interpuso recurso de casación la Defensa Oficial, denunciando la inconstitucionalidad de la pena de multa, por resultar violatoria del principio de proporcionalidad de la pena con la gravedad del hecho imputado y la culpabilidad de Cabrera, que el excesivo monto impuesto deviene de imposible cumplimiento, omitiendo la racionalidad y proporcionalidad que debe regir en materia de punición, y subsidiariamente, se convierta la multa en prisión, con cita de un fallo de Córdoba que así lo dispuso.
Concedido el recurso, radicado en Sala con noticia a las partes, el Fiscal Adjunto postuló su rechazo.
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se trataron y votaron las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero. El tribunal tuvo por cierto que el día 26 de junio de 2.019, siendo las 12.30 horas aproximadamente, en el Hospital San José de Campana, Edgardo José Cabrera tenía en su poder y bajo su ámbito de custodia, material estupefaciente -clorhidrato de cocaína-, con la finalidad de ser comercializado.-
Asimismo, tuvo por acreditado que, Edgardo José Cabrera, quien habitaba la vivienda ubicada en la calle Balcarce Nro. 585 de la ciudad de Campana, partido de Campana, tenía cocaína para su comercialización, lo que fue constatado el 26 de junio de 2.019 a razón del allanamiento realizado por necesidad y urgencia.
La base fáctica y autoría, y el correcto encaje llegan firmes a esta instancia, denunciando la defensa la inconstitucionalidad de la pena de multa.
Segundo. De la pena de multa:
Los agravios levantados contra la pena de multa no proceden.
Voy a las razones.
Conforme surge del sistema informático, las partes acordaron la pena de multa que ahora la recurrente considera inconstitucional, siendo ello homologado por el tribunal.
Cabe señalar que las leyes se presumen constitucionales, y por ende impera el criterio restrictivo para una eventual declaración de inconstitucionalidad.
Además, no se puede soslayar que la multa se puede amortizar mediante trabajo o pago en cuotas, todo lo cual será autorizado según la condición económica de cada condenado (artículo 21 del Código Penal).
Tampoco se observa que el mínimo legal previsto por la norma revele una pena cruel o degradante, que exceda los límites de culpabilidad.
Lo que la recurrente no ve, es que se trata de una cuestión de política criminal, y como lo sostuviera el máximo Tribunal del país, “La inteligencia de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y con ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma" (CSJN, 26-10-1999, “Dryndak, Víctor Hugo”).
La norma que en el caso impone la multa elegida, sanciona la posesión de estupefacientes, en cantidad y disposición suficiente para la venta, que no se compadece ni con la mera tenencia ni con el consumo personal, sino con una ultra intención comercializadora que agrava las escalas penales que se encuentran expresamente tasadas en la ley, por lo que mal puede sostenerse violación alguna del principio de proporcionalidad si las mismas van aumentando en función de la mayor afectación de los bienes jurídicos.
Tampoco puede sostenerse que se vulnera el principio de legalidad, ya que este exige la clara y total descripción de la conducta punible en la ley penal, antes del hecho del proceso, siendo que lo se delega es la actualización de la pena de multa con un valor de referencia.
Aquí no se trata de buscar apoyo en el valor de otros índices, ni de comparar las penas de otros delitos, sino de asumir las consecuencias de su conducta delictiva, reiterando que la ley permite afrontar su pago en cuotas o con trabajo comunitario, por lo que la denunciada prisión por deudas no es tal.
Finalmente, la multa ha sido discernida, en el mínimo legal previsto para la figura, sin que resulte irracional o desproporcionado con el disvalor de acción y resultado verificado en autos.
En ese camino, mal podría sostenerse que los mínimos establecidos en el Código Penal resultan ser meramente indiciarios, pues constituyen parte de la “ley” en sentido formal y sustancial, y por ende, poseen carácter vinculante, constituyendo, además, la imposición por debajo del tope, el delito de prevaricato -artículo 269 del Código Penal-.
En consecuencia, sin afectación de garantías ni principio constitucional alguno, los motivos que buscan la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1 y 9 de la ley 27.302 en relación a la 23.737 y el desplazamiento del monto de multa impuesto que coincide con el mínimo posible, no progresan.
Sobreabundando, corresponde señalar que el recurrente no acredita la imposibilidad económica que alega al peticionar aquélla declaración de inconstitucionalidad.
De la pena de prisión:
Individualizada la pena de prisión impuesta en el mínimo legal posible, resulta ocioso pronunciarse sobre sus baremos.
Sin más que agregar, postulo al Acuerdo rechazar el recurso, con costas (artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 210, 448, 451, 454 inciso 1°, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal, y 5 inc. “c” de la ley 23737). ASI LO VOTO.
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Borinsky, y a esta primera cuestión, también VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde, rechazar el recurso interpuesto, con costas (artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.H de la CADH; 12, 19, 29 inciso tercero, 40 y 41, del Código Penal; 210, 448, 451, 454 inciso 1°, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 5 inciso “c” de la ley 23.737. ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Que vota en igual sentido que el doctor Borinsky. ASI LO VOTA.
Con lo que no siendo para más se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
S E N T E N C I A Rechazar, con costas el recurso de casación interpuesto. Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.H de la CADH; 12, 19, 29 inciso tercero, 40 y 41, del Código Penal, y 210, 448, 451, 454 inciso 1°, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal; y 5 inciso “c” de la ley 23.737. Regístrese electrónicamente, notifíquese y oportunamente radíquese en el organismo de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2022 12:10:51 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 12:18:36 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 12:22:08 - ECHENIQUE Andrea Karina - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 24/05/2022 12:55:51 hs. bajo el número RS-646-2022 por ECHENIQUE ANDREA KARINA.
Fin de la sentencia