Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 117759
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 117759, caratulada “MISZTAL, MATIAS NICOLAS S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL .
El 26 de abril del año 2022, la Dra. Maria del Carmen González Molinari, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial San Martin, en integración unipersonal, previo acordar en forma conjunta el fiscal, el imputado y su defensora oficial el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, condenó a Matias Nicolás Misztal a la pena de siete (7) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra, hecho cometido el 9 de noviembre del año 2019 en Ciudadela Norte, partido de Tres de Febrero en la provincia de Buenos Aires, en perjuicio de Pedro Onassis Huaman Montes y de la seguridad pública y, en definitiva, a la pena única de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la dictada en la presente y de la impuesta el 24 de abril de 2018 en la causa n° 4294 por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 del mismo Departamento Judicial, en la que se lo condenó a tres (3) años de prisión de ejecución condicional y costas, cuya condicionalidad revocó (arts. 5, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 45, 55, 58, 79, 189 bis, inc. 2do., párrafo 4to. del CP y arts. 18, 371, 375, 398 último párrafo, 399, 530, 531 y 533 inc. 2do. del CPP).
Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, Dra. Diana Birch, interpuso recurso de casación, el que se encuentra incorporado en formato digital.
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 6 de junio de 2022, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana, dijo:
El recurso de casación fue interpuesto por parte legitimada, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio abreviado en materia criminal.
Al haberse escogido el procedimiento regulado por los arts. 395 c.c. y s.s. del CPP, la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el a quo , por existir par conditio entre éste y el ad quem , siendo que las actas sobre las cuales falló el primero y que constan instrumentalmente en el expediente, son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por ello, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo la sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de agravio (art. 434 cc. y ss. del CPP).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió de esa forma en "Aráoz, Héctor José”, con fecha 17/5/2011, causa nro. 10.410, A.941.XLV (328:3399), al señalar que: "... no se ha dado debido cumplimiento a la revisión de la condena […] y se ha lesionado el derecho de defensa del recurrente (art. 18, Constitución Nacional)”.
Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el cariz que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales, particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamientos de la Corte IDH, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el artículo 395 del CPP (v. causas P. 90.327, Ac. 1-III-2006, P. 87.176, Ac. 6 IX 2006, P. 83.339, Ac. 25 IV 2007, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
Por todo ello, el recurso resulta admisible (arts. 18 CN; 8.2.h CADH; 14.5. del PIDCyP; 20 inc. 1°, 401, 421, 450, 451 y 454 inc. 1° del CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la misma cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana , dijo:
Plantea la impugnante, en primer lugar, la inobservancia de los arts. 397, 398, 399 del CPP, art. 58 del CP y de las garantías del debido proceso y defensa en juicio por violación al principio acusatorio y de juez imparcial, pues la sentenciante valoró agravantes que no fueron solicitadas por el fiscal en el acuerdo de juicio abreviado e impuso un monto de pena única superior al acordado. En ese sentido, alega que si el Tribunal consideraba que el acuerdo de juicio abreviado era inadmisible, lo debió haber rechazado. Sin embargo, lo declaró admisible y se apartó de la regla estipulada por el art. 399 del CPP en cuanto establece que en el marco de un juicio abreviado no se podrá imponer una pena superior a la solicitada por la Fiscalía. En segundo lugar, denuncia la errónea aplicación del art. 27 del CP pues a criterio del Tribunal, la pena de ejecución condicional cuya condicionalidad se revoca y unifica debe ser cumplida en su totalidad. Refiere que si bien el mencionado artículo establece: “… si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que correspondiere por el segundo delito …”, ello no impide que la pena única pueda ser menor a la suma aritmética de las penas que se unifican. Invoca doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura. Por lo expuesto, solicita se case el fallo impugnado y se fije la pena única de 9 años de prisión como fuera pactado entre las partes, o en subsidio, se ordene que un juez imparcial se expida sobre dicha cuestión, dentro de los límites del acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes. Hacer reserva del caso federal.
La fiscal adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, solicita el rechazo del recurso interpuesto, por los argumentos que desarrolla en su presentación electrónica del 26 de mayo de 2022.
Limitados de tal modo los motivos de agravio presentados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos -art. 434 y cc. del CPP- (v. Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “Díaz Núñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
Liminarmente, no puede soslayarse que, como fuera mencionado, la defensa y el imputado acordaron el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del C.P.P., por lo que prestaron conformidad con la calificación legal y la pena solicitada, consintieron así el empleo de la evidencia colectada y renunciaron al ejercicio de las facultades propias del debate (v. TCP, Sala I, c. 78.705, "Acevedo Vélez y otro s/ Recurso de Casación", sent. del 1 de diciembre de 2016, reg. 1033/16, entre otras).
En el caso, el fiscal de la instancia solicitó el dictado de la pena única de nueve (9) años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la requerida por el hecho bajo juzgamiento en la presente y de la dictada oportunamente por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial San Martin.
El imputado prestó conformidad.
Ahora bien, conforme se desprende del pronunciamiento impugnado, advierto que la jueza al decidir la sanción única, computó la pena de siete (7) años de prisión respecto del hecho juzgado en la presente -de conformidad con lo solicitado en el acuerdo de juicio abreviado formulado por las partes-, pero unificó la restante sanción impuesta a Misztal en diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas.
Sobre el punto, la sentenciante se pronunció sobre el criterio que considera que rige en la hipótesis de unificación de penas y, en concreto, sostuvo que: “… el monto acordado por las partes no vincula a la magistrada a la hora de mensurar la pena única a imponer, en razón de que el acuerdo previsto en el artículo 395 del C.P.P.B.A. se ciñe a los hechos ventilados en esta causa: por otra parte la valoración de los hechos, con sus circunstancias atenuantes y agravantes resultan resorte exclusivo de valoración de los magistrados; aspecto sobre el cual las partes no han opinado en el marco del acuerdo, y tampoco corresponde que así lo hicieran, dado que se trata de una facultad ajena a su ministerio (cf. Arts. 40 y 41 del C.P.) …”
Sentado lo expuesto, se vislumbra que la jueza se apartó de los términos de la pretensión punitiva expresada por parte de la acusación en el acuerdo de juicio abreviado que declaró admisible y, por lo demás, elevó en un (1) año la sanción única solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Tal como surge de los antecedentes reseñados, el motivo de agravio se circunscribe a determinar si, en el marco de un juicio abreviado, el órgano jurisdiccional puede aplicar un monto de pena única superior a la requerida por el acusador.
Se impone la respuesta negativa. No obstante, la cuestión no pasa por determinar si la regla que limita a la jurisdicción en el procedimiento abreviado (art. 399, CPP) es extensible cuando, en dicho marco, se “acuerda” un monto de pena única.
La Sala se ha expedido al respecto (cfr. TCPBA, Sala I, c. 76.781 caratulada: “Perez Matías Martin s/ recurso de casación, reg. 925/2016) por lo que vale aquí reiterar los fundamentos que avalan mi posición.
A mi modo de ver, con independencia de la clase de procedimiento de que se trate, al momento de fijar pena –sea la que se establece en un único proceso o bien la determinada de conformidad a las reglas del art. 58 CP- la jurisdicción tiene un doble límite, ya no sólo el derivado del principio de legalidad, sino a la vez el impuesto por quien esgrime la acusación. Para poder explicarlo, conviene hacer algunas consideraciones preliminares.
Una Constitución fija una determinada forma de organización política de una Nación, definiendo de alguna u otra forma la ordenación del poder y la relación del Estado con los ciudadanos, con lo cual, consagra ciertas garantías básicas en pos de evitar abusos autoritarios. Bajo este prisma, una Constitución constituye, de alguna manera, un catálogo de restricciones, es decir, límites protectorios del ciudadano frente al abuso estatal de poder.
La intervención estatal más significativa en el ámbito de libertad del individuo se da en el ejercicio del ius puniendi : la pena representa la medida más grave de todas las posibles intervenciones en un Estado de Derecho (cfr. ROXIN, DPP , 25° ed. alemana trad. por G. E. Córdoba y D. R. Pastor, p. 10).
Como el derecho de penar está hoy reservado al Estado (cfr. ROXIN, DPP cit., p. 2), hay normas que instituyen y organizan los órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos que integran el procedimiento necesario para ejercer dicho monopolio (v. sobre ello, MAIER, DPP , t. I, 2004, p. 75).
Queda claro entonces que el derecho procesal penal crea las condiciones necesarias para que el derecho penal material pueda realizarse. Dicho en otras palabras, el ejercicio del ius puniendi estatal está supeditado al desarrollo de un proceso previo: nadie puede ser penado sin juicio previo, dice el art. 18 de la Constitución.
De este modo, puede afirmarse que el Derecho procesal penal es el único medio legítimo para la realización penal ( nulla poena sine iuditio , reza el aforismo), puesto que todos los conflictos que atañen al Derecho penal encuentran una única vía de solución a través de las reglas del Derecho procesal penal (cfr. MAIER, DPP , t. I cit., p. 85).
Pero, a la vez, no puede soslayarse que la reglamentación de toda esta actividad estatal se encuentra enmarcada dentro del cuadro regulatorio establecido por las garantías constitucionales (arts. 5 y 28, CN). En un Estado de Derecho, el poder de la pena se materializa en un ámbito reglado cuyo diseño estructural se encuentra en la Ley Fundamental.
En tal sentido, es dable afirmar que existe una dependencia entre el sistema de enjuiciamiento penal y la ideología que funda la organización política de un país (cfr. MAIER, DPP , t. I cit., p. 163 y véase el capítulo histórico que ilustra al respecto; v. tamb. ROXIN, DPP cit., p. 10), de ahí que metafóricamente se ha dicho que “el Derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado” (ROXIN, DPP cit., p. 10), o con más precisión: Derecho constitucional reglamentado, en el sentido del art. 28 de nuestra Constitución Nacional (cfr. MAIER, DPP , t. I, p. 163).
Desde siempre, en el Derecho procesal penal, se han antepuesto dos modelos de enjuiciamiento divergentes: el acusatorio, por un lado, y el inquisitivo, por el otro. Cada uno de ellos, tiene un diseño propio que lo identifica y lo diferencia notoriamente del otro (v., a modo de resumen, MAIER, DPP , t. I cit., p. 443 y ss.), sin embargo, al decir de Cafferata Nores, ni en el pasado ni en la actualidad es posible encontrar a alguno de aquellos dos paradigmas procesales en estado “químicamente puro”, pues todos son algo “mixtos” ( El proceso penal según el sistema constitucional , en CAFFERATA NORES, Cuestiones actuales sobre el proceso penal , 1998, p. 3; sobre las características del inquisitivo reformado o “sistema mixto”, v. MAIER, DPP , t. I cit., p. 449 y ss.).
Nuestra Constitución Nacional establece un programa liberal que reconoce la autonomía de las personas (art. 19, CN), consagrando un sistema de garantías protectorio de las injerencias estatales arbitrarias (arts. 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19 y 24, CN; sobre la noción del jurado como garantía del imputado, v. TCPBA, SALA VI, c. 71.912, “ López, Mauro Gabriel s/ Recurso de queja (art. 433 CPP) interpuesto por Agente Fiscal ”, reg. 37 del 04/02/2016). Esta idea es nuestro punto de partida.
El modelo acusatorio de enjuiciamiento es el que mejor se compagina con ese ideario constitucional ya que el acusado no representa, como sucede en el procedimiento de corte inquisitivo, un objeto de persecución, sino un sujeto de derechos colocado en una posición de igualdad con el acusador (cfr. MAIER, DPP , t. I cit., ps. 447 y 445). En efecto, la Constitución Nacional optó por un proceso penal abiertamente acusatorio (CSJN, in re “Casal”, considerando 15°) porque ella establece una tajante separación entre las funciones estatales de acusar y juzgar en los juicios de contenido político (cfr. entre sí los arts. 53 y 59, por un lado, y 114 inc. 5° y 115, por el otro), y porque prevé el juicio por jurados para causas criminales (24, 75, inc. 12, y 118), institución –dicho sea de paso- incompatible con un modelo inquisitorial ya que implica un juicio necesariamente oral y público (para su comprensión de acuerdo a la ideología histórico-política de la constitución, cfr. MAIER, DPP , t. I cit., p. 777). Pero, además, tal forma de entender el diseño constitucional del procedimiento penal, se ve fortalecida con la reforma operada en el año 1994, a partir de la cual se otorgó jerarquía constitucional a ciertos Instrumentos sobre Derechos Humanos (art. 75, inc. 22, CN), y con ello, la receptación constitucional de ciertos principios de neto corte acusatorio -por lo menos en la etapa de debate; en este sentido, CSJN, in re “Amodio”, considerando 11° del voto concurrente de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni- como la oralidad, continuidad, publicidad y contradictorio (arts. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
A mi modo de ver, resulta evidente que la Constitución supedita la realización del poder penal del Estado al desarrollo de un juicio previo en el cual las funciones de acusar y juzgar se hallan asignadas a distintos órganos estatales: ya dijimos que el diseño de los juicios de contenido político es una muestra cabal de ello, como también que resulta consustancial al juicio por jurados en el cual los ciudadanos, mediante su veredicto, deciden acoger o rechazar una acusación específica. De hecho, la propia Constitución ha instaurado un órgano extra-poder con el cometido de promover la actuación de la justicia (art. 120, CN), persiguiendo y requiriendo la aplicación de la ley penal, y en aras de lograr que el proceso albergue un genuino diálogo, en el que las partes tengan amplia posibilidad de justificar sus pretensiones, percibiéndose a la decisión final como la conclusión que refleja el balance de las razones ofrecidas, de suerte que el juez deba mantener una posición equidistante entre aquellos intereses controvertidos (cfr. NINO, Fundamentos de derecho constitucional , 2002, p. 450).
Por lo demás, la Corte Federal –intérprete final de la CN-, al precisar qué debe entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del art. 18 de la Constitución Nacional, ha dicho que esa norma exige observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (CSJN, Fallos : 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557; entre otros), dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, en consecuencia, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (CSJN, Fallos : 234:270).
La ley procesal provincial, en consonancia con el mandato del constituyente (arts. 5 y 28, CN), recepta el núcleo duro de dicho paradigma procesal, aún cuando la acción penal sea esencialmente pública pues la persecución se encuentra en manos de un órgano del estado y pese a que cuenta con una etapa de investigación en mayor medida escrituraria aunque no absoluta pues la oralidad se encuentra actualmente en un proceso de expansión en las etapas previas al juicio (v. a modo de ejemplo los arts. 105, último párrafo, 168 bis, y 330 del CPP; vale mencionar a los mecanismos alternativos de solución pues también se desarrollan en mayor o menor medida oralmente: suspensión del juicio a prueba, art. 404, primer párrafo, CPP; hábeas corpus, art. 412, CPP; v. tamb. procedimiento de flagrancia, ley 13.811).
Ello así, en la medida que el código de procedimientos recepta el principio de bilateralidad al separar tajantemente las funciones de acusar y juzgar en todas las etapas del proceso, instituye al Fiscal como encargado de la investigación penal preparatoria (art. 267, CPP), teniendo que formular sus requerimientos con el cometido de promover y ejercer la acción penal (vgr. arts. 56, 334 y 368 último párrafo, CPP; tamb. las medidas cautelares más gravosas se dictan a instancia de la solicitud fiscal, v. a modo de ejemplo los arts. 151, 152 y 158, CPP), al punto tal que l
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