Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 106328
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la presente causa Nro. 106328 caratulada "LOVERA RAFAEL Y ACOSTA E.SOLEDAD S/ RECURSO DE CASACIÓN" , conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI-BORINSKY.
1. El Tribunal en lo Criminal Nro. 1 de Mercedes condenó a Rafael Lovera a dieciocho (18) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, por haber sido cometido por el encargado de la guarda y por haber sido perpetrado contra un menor de dieciocho años de edad aprovechándose de la situación de convivencia preexistente, reiterado bajo la modalidad de delito continuado, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, por haber sido cometido por dos o más personas y por haber sido perpetrado contra un menor de dieciocho años de edad aprovechándose de la situación de convivencia preexistente, reiterado bajo la modalidad de delito continuado, y promoción de la prostitución agravada, los que a su vez concurren idealmente con el delito de corrupción de menores agravada; y a E. S. A. a doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas, como partícipe necesaria de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, agravados por el vínculo, por haber sido cometido por dos o más personas y por haber sido perpetrados contra un menor de dieciocho años de edad aprovechándose de la situación de convivencia preexistente, reiterado bajo la modalidad de delito continuado, y coautora de los delitos de promoción de la prostitución agravada en concurso ideal con corrupción de menores agravada.
2. Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de casación el Defensor General de Mercedes, Mariano Luis Bertelotti, y la Defensora Oficial, Gabriela Saldubehere (fs.87/106).
De forma preliminar, denuncian afectada la garantía del juez natural.
En ese sentido, sostienen que la integración del Tribunal con una Jueza en lo Civil y Comercial comportó una clara violación al mandato consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, pues la resolución 1644/2012 de la Suprema Corte de Justicia Provincial que amplía la nómina de magistrados a intervenir en los juicios criminales para los supuestos contenidos en el artículo 52 ter de la ley 5827 modifica indebidamente las normas de competencia establecidas en el Código Procesal Penal de esta Provincia.
Agregan que, aun admitiendo la validez de la norma en trato, la misma resultó erróneamente aplicada al caso de autos, pues el informe actuarial obrante a fs. 517 de los principales evidenció la disponibilidad de jueces en lo criminal y en lo correccional para integrar el Tribunal al momento en que se llevó a cabo el debate; destacando que la eventualidad de que el juez de ejecución se hallara subrogando no constituía un impedimento válido para su designación.
Se agravian de las razones brindadas por el órgano de grado para rechazar el pedido de nulidad articulado con base en los fundamentos antes mencionados, destacando que el planteo formulado no puede reputarse extemporáneo puesto que la Defensa fue notificada de la nueva integración del órgano de grado una vez abierto el debate, y a todo evento, se trata de una nulidad absoluta que puede ser planteada en cualquier estado el proceso; subrayando que, en el caso, el planteo formulado contó con la adhesión de la representante del Ministerio Publico Fiscal, que entienden vinculante.
Insisten que la integración del Tribunal Criminal con una jueza civil ha afectado el principio del juez natural “ingrediente principal de la garantía de imparcialidad” por lo que peticionan que se anule el debate y lo actuado en consecuencia, disponiéndose la absolución de los acusados ante la imposibilidad de llevar a cabo un nuevo juicio por aplicación del principio “ne bis in idem”.
En subsidio, invocan arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba.
Sostienen que la condena de Lovera por los hechos que damnificaron a B. M. se sustenta únicamente en los dichos de la víctima, los que estiman insuficientes para formar certeza; y agregan que la sentencia carece de adecuada motivación, pues los sentenciantes no explican cómo arriban al convencimiento sobre el acaecimiento de los hechos.
En la misma tónica controvierten la condena relativa a los hechos que tuvieron por víctima a T. L., argumentando que varias de las manifestaciones vertidas por la niña en diligencia de Cámara Gesell no pudieron ser acreditadas.
Destacan que el testimonio de la joven estuvo repleto de contradicciones que fueron soslayadas por el a quo, pero dan lugar a dudas sobre la existencia de los abusos denunciados; por lo que peticionan que se case la sentencia y se absuelva a los encartados.
Por el mismo derrotero cuestionan la parcela de la sentencia referida al delito de promoción de la corrupción de menores agravada, invocando que no se ha acreditado el elemento subjetivo especifico que exige la figura aplicada.
Finalmente se agravian de la pena impuesta a sus defendidos, tildándola de excesiva al apartarse del mínimo legal, con base en la valoración de agravantes que entienden no han sido debidamente fundadas.
3. Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite ordinario y noticia a las partes, aquellas desistieron de la facultad de informar oralmente, acompañando sendos memoriales, por medio de los cuales el Defensor Adjunto peticionó que se declare la procedencia del recurso intentado (fs. 118); mientras la representante del Ministerio Público Fiscal ante este Tribunal, argumentó su rechazo.
4. Encontrándose la causa en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes,
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
I.-
Al término del debate, el Tribunal estimó legalmente acreditados los hechos seguidamente detallados:
HECHO MOTIVO DE LA I.P.P. NRO 09-01-64-16 (víctima B. M.): En el periodo temporal comprendido entre comienzos del año 2015 y el mes octubre de ese mismo año, B. N. M. fue abusada sexualmente por su abuelo materno RAFAEL LOVERA, mediante tocamientos impúdicos en los pechos y por debajo de sus prendas, en la zona vaginal y anal, acaeciendo ello en reiteradas oportunidades cuando la entonces menor de siete años de edad quedaba a su cuidado en la vivienda correspondiente al frigorífico “E. R.”, sito en calle S. R. Nro. xxx del barrio “E. C.”, de la localidad de L., donde la niña convivía con su madre, un hermano, y el propio Lovera.
HECHOS MOTIVO DE LAS I.P.P. NRO 09-01-8323-12, 09-01-9373-13 y 09-01-8273-14 (víctima T. A. L.):
En el periodo temporal comprendido entre comienzos del año 2012 y mediados de noviembre de ese mismo año, RAFAEL LOVERA abusó sexualmente de su hija T. A. L., de por entonces 11 años, efectuándole en forma sistemática tocamientos inverecundos en sus partes pudendas, aprovechándose para ello de la situación de convivencia prexistente en el domicilio sito en la calle S. R. N. del barrio “E. C.”, de la localidad de L. .
Con posterioridad a ello, y en el periodo de tiempo en que la joven víctima convivió con su madre E. S. A. en el inmueble emplazado sobre las calles I. y L. J., del B. S. P., el susodicho LOVERA continuó abusando sexualmente de la niña, efectuándole manoseos en sus partes pudendas y comenzando a accederla carnalmente vía vaginal; todo ello con el consentimiento y cooperación de ACOSTA, quien conociendo las pretensiones de Lovera lo convocaba a la vivienda y se llevaba a los hermanos de la víctima a la casa de una tía o de la abuela, o bien cerraba la puerta de la habitación para que nadie escuchara lo que pasaba en su interior, permitiendo así que LOVERA perpetrara los ataques contra la integridad sexual de su hija, y recibiendo a cambio una suma de dinero.
Las conductas desarrolladas por los progenitores de la víctima que luego de todo ello, comenzaron a llevar al domicilio señalado a dos sujetos del sexo masculino mayores de edad que a cambio de una retribución dineraria, mantenían relaciones carnales con la misma, resultando suficientemente idóneas para afectar el desarrollo psicosexual de T..
II.-
El planteo de nulidad articulado no puede ser receptado.
En primer lugar, se impone hacer notar que la designación de la Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial Nro. 10 de Mercedes, Cintia Carolina Soto, a los fines de integrar el Tribunal en lo Criminal Nro. 1 de ese mismo departamento judicial en reemplazo del doctor Jorge Pablo Vieiro, fue resuelta por el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de Mercedes, el día 5 de febrero de 2020, como surge del informe anexado a fs. 45 del presente legajo.
Ahora bien, como dijera el doctor Ameigeiras al abordar el tratamiento del planteo nulificante, la Defensa nada dijo sobre el punto en la presentación que data del 12 de febrero, ni en la entrevista con el encartado formalizada días más tarde, pese a que en dicha oportunidad, la doctora Soto ya había aceptado su designación como integrante del Tribunal.
Por su parte, de la lectura de la pieza procesal obrante fs.46/58 del presente legajo se desprende que, previo al inicio del debate, los recurrentes fueron concretamente interpelados sobre la existencia de objeciones respecto a la integración del Tribunal, la que fue consentida expresamente por los recurrentes; por lo que el planteo articulado luego de que se declarase abierto el debate, luce extemporáneo y hasta contrario a los propios actos de los impugnantes.
De todos modos, no puedo dejar de señalar que la designación de la doctora Cintia Carolina Soto fue realizada de conformidad con el procedimiento establecido en la ley Orgánica Nro. 5827, y la resolución 1644/12 de la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia que la complementa, cuyo primer artículo reza “Cuando un Tribunal en lo Criminal deba ser integrado por cualquier motivo, una vez agotadas las previsiones del art. 52 ter de la ley 5827 (texto conf. ley 12060), lo será de la siguiente manera:
a.- Con los Titulares de los Juzgados de Ejecución Penal y los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil, en ese orden, que tengan asiento en el mismo Departamento Judicial.
b.- En los casos en que no hubiere número suficiente u operadas las sucesivas sustituciones, persistiera el impedimento, se recurrirá por sorteo a los Jueces que conforman la siguiente lista y en el siguiente orden: magistrados de Primera Instancia del fuero Civil y Comercial, Contencioso-Administrativo, Laboral, Familia, y de Paz. Los magistrados no serán convocados a integrar los Tribunales en una nueva causa, hasta tanto se agote la totalidad de los Jueces que integran la lista”.
En el caso analizado, y como fue reconocido por los propios impugantes, el informe labrado por la actuaria de la Cámara departamental consignó puntualmente la imposibilidad de cubrir la vacante del doctor Vieiro con magistrados de los restantes Tribunales Criminales y de los Juzgados Correccionales de ese departamento judicial, quienes registraban juicios en sus propios órganos y/o integrando otros. También asentó los impedimentos materiales que obstaban a la integración del órgano de grado con el Titular del Juzgado de Ejecución Penal Nro. 2, quien se hallaba al mismo tiempo interinamente a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nro. 1, o por el titular del Juzgado de Garantías del Joven Nro. 1, quien se encontraba bajo licencia médica; dejando constancia de que se procedió al sorteo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 apartado “b” de la resolución 1644/12 de la S.C.J.B.A., resultando designada la Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial Nro. 10 de Mercedes.
De lo expuesto, convengo que la integración del Tribunal con la Jueza Soto no resulta ilegítima en función de lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución citada, pues como se consignó en el informe mencionado, al momento de practicarse el sorteo, no había otros magistrados en condiciones de integrar el órgano jurisdiccional que debía llevar a cabo el debate oral el 19 de febrero de 2020; siendo aquél el momento en que correspondía analizar la existencia de los impedimentos y proceder del modo en que se hiciera.
De todos modos, reitero que si la defensa tenía cuestionamientos a ese respecto, debió haberlos articulado cuanto menos al momento de ser notificada de la integración del Tribunal, y no consentirla sin reservas, como hizo, aguardando a la apertura del debate, para formular sus críticas, amparándose en la presunta afectación de garantías constitucionales que, en rigor de verdad, no se observan violentadas.
En este sentido, me permito recordar que el concepto de “juez natural” es un concepto institucional y no personal, que se orienta a enfrentar una posible actuación arbitraria del poder punitivo del Estado, que podría facilitarse mediante la designación de un juez, especialmente para el caso (“ad hoc”), con posterioridad a los hechos en presunta infracción (“ex post facto”).
Precisamente por ello, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “ningún habitante de la Nación puede (...) ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”, lo que se encuentra replicado, a su vez, en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional y dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída... por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley" .
Por el mismo derrotero, el artículo 1 del Código Procesal Penal prescribe que " Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según sus leyes reglamentarias (...)".
De lo expuesto, se colige que para cumplir debidamente con la referida garantía, el Tribunal debe ser creado por una ley, dictada con anterioridad al hecho que originó la causa, que determine la competencia (en razón del territorio, materia, etc.) para entender y juzgar determinada categoría de delitos o personas.
En el caso analizado, la garantía mencionada se ha visto plenamente respetada, pues los acusados fueron juzgados por un Tribunal creado con anterioridad al hecho que originó la causa, con competencia material y territorial para juzgar los delitos; y que fue integrado de conformidad con el procedimiento legal establecido en la propia ley, y la resolución que la reglamenta, que establecen la posibilidad de que un juez civil cubra la vacancia de un Tribunal en lo Criminal.
Lo expuesto, asimismo, me lleva a rechazar los reclamos articulados contra la validez de la resolución 1644/12 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que pretenden asentarse en la exorbitancia de la misma respecto de los límites legales impuestos por la ley 5827, en razón de atribuírsele competencia en materia penal a jueces que según la ley 12060, no la tendrían.
Ello así, pues no puede obviarse que el planteo el articulado en los términos referenciados, se alza, en definitiva, como un cuestionamiento contra la constitucionalidad de la manda citada; lo que obliga a ponderar el planteo con sobriedad y prudencia, en el entendimiento de que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto constituye la última ratio del ordenamiento jurídico (conf. doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.).
Desde esa arista, no encuentro que los dogmáticos alegatos del recurrente propongan un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, pues, como dije antes, las alegaciones de la Defensa no demuestran que la norma mencionada afecte la garantía del juez natural.
El recurrente tampoco evidencia que la norma en cuestión reglamente de forma irrazonable la regla contenida en el artículo 52 ter de la ley 5827 sobre el modo en que deben integrarse los Tribunales Criminales frente a los supuestos de licencias o vacancias, estableciendo un orden de prioridades que se hará efectivo una vez agotadas las previsiones del mentado artículo, con el objeto de dar solución a una problemática que no ha sido prevista en aquella manda, pero que no altera indebidamente su contenido, como lo pretende la Defensa, pues el derecho se presume por todos conocido; siendo oportuno recordar que la nómina establecida en el inciso “b” del artículo 1 de la resolución 1644/12 de la Suprema Corte se integra por magistrados que, aunque tradicionalmente abocados al tratamiento de otras temáticas, han sido debidamente formados e instruidos sobre el régimen legal imperante en nuestro país, y en particular, en esta Provincia, en la que desempeñan sus cargos.
Luego, y aunque lo expuesto basta para sellar la suerte adversa del planteo, no puedo dejar de reparar en el carácter teórico de los cuestionamientos esbozados por la Defensa, que no evidencian –ni intentan hacerlo- el perjuicio real y concreto que habría acarreado a los imputados la integración del Tribunal con una jueza civil, máxime si se observa que la condena de los encausados ha sido pronunciada de forma unánime; por lo que, a partir de lo expuesto, y en el entendimiento de que la decisión no afecta el principio acusatorio que rige en nuestro ordenamiento, pues el mismo guarda exclusiva relación con el ejercicio de la acción, y no con el orden del proceso, que ha sido encomendado al Tribunal, corresponde rechazar las pretensiones del recurrente de que se anule el pronunciamiento (artículos 201 parte final, 338, 448, 450, 451, 454 inciso 1° y 459 del Código Procesal Penal).
III.-
Ingresando al control de constitucionalidad de las pruebas, el veredicto resiste adecuadamente los embates contra la condena de Lovera por los ataques contra la integridad sexual de B. M..
Veamos.
El Tribunal principió valorando la declaración vertida por la joven víctima en diligencia de Cámara Gesell ; oportunidad en la que contó que tenía siete años de edad y que desde hacía ya varios días se encontraba residiendo junto a su padre y su pareja, precisando que el año anterior a ese, había vivido con su madre y su hermano Alexander en la casa de su abuelo paterno, apodado Pepi, quien le hacía cosas que no le gustaban.
Detalló que el nombrado le tocaba la cola y la “chucha” por debajo del pantalón, y agregó que también le manoseaba “las tetitas”, precisando que todo eso lo hacía cuando ella se quedaba en su cuarto por la noche mirando alguna película; recordando que le amenazaba con golpearla para que no contara nada.
Dijo la joven B. que los hechos ocurrieron muchas veces, puntualizando que el imputado aprovechaba los momentos en los que se quedaban solos en su cuarto mientras su madre miraba televisión con su hermano en la otra habitación, o cuando la nombrada se marchaba de la casa con Alexander -sea para visitar a alguien o ir a comprar algo- para toquetearla, y repitió que cuando no había nadie, ella gritaba pidiendo ayuda pero cuando estaban, el imputado le decía que “lo hiciera despacito”, insistiendo en que la amenazaba con “cagarla a palos” si hablaba.
Los sentenciantes se explayaron sobre las razones por las que estimaron creíble el relato brindado por la damnificada, enfatizando que B. proyectó una imagen de “entereza, con actitudes propias de una niña, inclusive en los instantes en que quedaba sola en la Sala, bajo proyección de la cámara”; y que no se mostró temerosa ni brindó una narración orquestada, reflejando en su actitud “una dosis de ingenuidad y sencillez” que tornaba “inimaginable un relato perg
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